Recordando a Rodolfo Piza

Dr.Fernando Zamora Castellanos

Abogado constitucionalista

Publicado en La República bajo la dirección:
http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=31110
Recorriendo mis primeros pasos como abogado —allá por el año 92—, requería consejo para superar cierto acertijo profesional. Algún buen samaritano me recomendó que preguntara por un tal Fernando Castillo Víquez y que lo buscara en los alrededores del jardín moro del Congreso, donde él tenía una pequeña oficina de asesor parlamentario. Desde entonces lo conocí y comprobé —por experiencia propia—, que era un jurista sabio e intelectualmente sólido. Con el tiempo además, que tenía una integridad reconocida por tirios y troyanos —y sobre todo— una humildad y sencillez personal poco común, combinada con una disciplina de vida espartana y frugal. Con los años le descubrí una virtud adicional. Por sus sólidas convicciones cristianas, es de una fe blindada. Hombres como él no transitan los corrillos rogando por las gracias y favores del poder de turno. Son de aquellos a quienes se debe buscar en sus despachos para solicitarles que acepten las posiciones vacantes de la función pública. Aunque rondo los 40 años, jovencillo sí atestigüé épocas —no muy lejanas—, en las que era usual en la política reconocer la dignidad de los hombres de valía. A ellos se les buscaba para ofrecerles las posiciones —y antes de aceptarlas—, meditaban. Asumían con dignidad los cargos. Eran épocas en las que no existían comisiones de nombramientos, ni los aspirantes debían someterse a procedimientos antojadizos. Tampoco las designaciones eran resultado de los grados de sumisión al poder que tuviesen. Aunque aclaro, no es que sea pecado haber participado del poder, como algunos creen con mojigato fanatismo. El problema es cuando subsumimos nuestras propias convicciones en función de ser complacientes con aquel. Y creo que, de aquel tipo de gente, hoy está ayuna la función pública. ¡Qué escasos hoy los hombres de carácter en ella! ¿Será que la cultura light ya nos conquistó? Cuando hacía estas reflexiones fue que vino a la memoria mi querido maestro Rodolfo Piza Escalante. Si había algo que jamás pudieron reprocharle a don Rodolfo, era que fuese un hombre ingrávido. Por ello, mientras estuvo en la función pública, su carácter, su ardor, su independencia de criterio y su firmeza de espíritu para defender la justicia —aun frente al legalismo obtuso— le dieron brillo a nuestro Tribunal Constitucional. Sé —porque lo sé— que hoy vuelve a la Sala un hombre de convicciones. E igualmente humilde. De independencia de criterio, y de fe. Su responsabilidad tiene el tamaño que implica sentarse en el mismo salón en el que otrora, celosamente, blandía sus argumentos aquel gigante ya ido de nuestro derecho constitucional. Tengo la confianza de que también el Dr. Castillo será digno portaestandarte de esas banderas. Conociendo sus convicciones y su integridad de carácter, siento una suerte de alivio al saberlo allí sentado. El sinsabor que me queda se resume en una pregunta: ¿Cómo es posible que un reconocido profesional de ese valor, fuese electo —por mezquindad— con tanta tardanza desde el momento procesal en que debió ser nombrado? La respuesta a esa pregunta se devuelve como una sentencia contra la decadencia de nuestra clase política. Es que Dios escribe recto en nuestras torcidas líneas de hombres. fzamora@abogados.or.cr

Ante el desafío del constitucionalismo social

Dr.Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista

Publicado en el Diario español El Imparcial bajo la siguiente dirección:
http://www.elimparcial.es/america/ante-el-desafio-del-constitucionalismo-social-51552.html

¿Qué agregar al constitucionalismo social para enfrentar el desafío de la pobreza? Sabemos que dicho constitucionalismo nace como respuesta a la necesidad estatal de fomentar los derechos humanos de segunda generación, que son básicamente garantías de adecuado acceso a los servicios públicos esenciales, además de educación, vivienda y asistencia médica, entre otros. Sintéticamente, es el reconocimiento que hace la doctrina jurídica respecto de los remedios que el Estado debe ofrecer al ciudadano frente al drama de la pobreza. Dada la profusa literatura y estudios al respecto, en América Latina el tema de sus causas y soluciones está diagnosticado y ante la magnitud del desafío, debe proseguirse con el esfuerzo. Entre los estudiosos del tema, parece existir un tácito acuerdo sobre qué la origina y cuáles son las alternativas frente a la pobreza. Causas en las que existe consenso son: a) el exceso de mano de obra no calificada. Como la era del conocimiento requiere cada día menor proporción de ésta -la no calificada-, su exceso provoca el sostenido desempleo, la profusión de la economía informal y la depreciación del salario del trabajador no calificado frente al de aquel sí calificado, aún en las altas de los cíclicos períodos bonanza-crisis, lo que también estimula la desigualdad social. B) Las inmigraciones masivas provocadas por los ciclos económicos de prosperidad, y con ello, la recurrencia del problema de mano de obra no calificada. La tercera causa en la que convergen los estudiosos es la que denominan c) marginalidad, esencialmente, un implacable estado de desesperanza asumida ante la cronicidad de su condición. Un tercer elemento dentro de esa “no declarada” sinopsis a la que han llegado los especialistas es el c) de la doble vía de desconfianza en el aporte del capital social, cuyas dos caras de la moneda son, por una parte, la desconfianza que tiene el contribuyente ante la ineficiencia de la administración pública. A la percepción de negligencia de los administradores públicos se suma la picardía o “viveza” de los receptores de la asistencia social cuando engañan al sistema en los casos que no son merecedores de ella. Esto mina los esfuerzos de inversión pública, y obliga además al endeudamiento público para paliar las necesidades sociales no resueltas. Finalmente, otra razón de la pobreza, en la que existe total coincidencia, radica en d) el problema ético, esto es, el de la corrupción en la función pública. Y resulta impertinente recordar sus funestas consecuencias. Igualmente existe un tácito acuerdo respecto de cuales son las soluciones de la pobreza. Como no es el propósito de este artículo enfocarse en aquellas en las que ya existe consenso, las resumiré someramente. Primeramente, la vital importancia de la inversión pública en educación formal, vocacional y la adecuada capacitación sectorializada. En segundo término, la necesidad de incentivar la iniciativa privada a través de políticas que estimulen un crecimiento económico alternado con medidas distributivas de la riqueza, pues sabemos que el crecimiento, -por sí solo-, no resuelve el dilema de los sectores desposeídos. Así mismo, procurar la sostenibilidad de las medidas tendientes a lograr salarios crecientes y finalmente, políticas públicas solidarias en función de la promoción de la organización social dentro de las comunidades marginales, que incluyan además iniciativas asistenciales a la actividad microempresarial. Quien quiera escrutar de propia cuenta la realidad de los consensos que lacónicamente he enumerado, puede estudiarlos seleccionando de las diversas investigaciones académicas y diagnósticos serios sobre combate a la pobreza, y encontrará la certeza de que -como causas y soluciones a la desigualdad-, existe un acuerdo general en al menos los aspectos precitados. Por supuesto que existen otras innumerables propuestas, pero en ellas no existe una convergencia contundente. Sin embargo, llegó a mis manos un libro publicado por la Universidad Monteávila, el cual es un riguroso estudio denominado La erradicación drástica de la pobreza, elaborado por el destacado doctor en economía Carlos Urdaneta Finucci, de nacionalidad venezolana y actualmente jubilado en Costa Rica. El trabajo expone un inusual elemento del que siempre he estado convencido, como importante salida a la pobreza. Aunque el enfoque de su análisis ya ha sido tratado por otros pensadores como Max Weber, lo que más llamó mi atención es que un elemento de esa naturaleza fuera invocado en el diagnóstico académico de un economista latinoamericano. Se trata de lo que el Dr. Urdaneta sintetiza como el capital moral que debe subyacer en los valores espirituales de la comunidad o individuo que pretenda superar su estado de pobreza. Es la sincera asunción de valores espirituales y morales por parte del individuo, así como la existencia en la comunidad de lo que llama “modelos-testimonio” -o sea referentes a emular-, personas que al lograr mejorar su condición de postración gracias a su transformación espiritual, con su ejemplo persuaden a otras. En un proceso integral y sostenible que pretenda superar permanentemente el estado de miseria, este “capital” moral y espiritual es primordial. Trátese de un individuo, o de una comunidad, de no existir éste, todo esfuerzo resulta, al final del camino, nugatorio. fzamora@abogados.or.cr