SOCIALDEMOCRACIA, LO ESENCIAL Y LO TRANSITORIO

Dr.Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista
http://www.nacion.com/2010-12-06/Opinion/Foro/Opinion2613139.aspx

La socialdemocracia surge en el Siglo XIX como respuesta a un esquema capitalista industrial sin contenido social que arrastraba a las masas obreras a la pobreza. Cuando nace la socialdemocracia, el socialismo utópico ya había sido descartado, no así el marxismo. Sin embargo, sobre la base de importantes obras marxistas, entre otras, El Capital, los trabajadores buscaban nuevas herramientas conceptuales que les permitieran instrumentalizar la lucha por sus legítimas demandas. El debate político en la Europa de entonces se blandía entre dos visiones antagónicas. Por una parte, el capitalismo intentaba sostenerse asiéndose de un liberalismo duro y sin concesiones. Por la otra, estaba la propuesta que hacía el marxismo a Europa. El problema consistía en que la primera de las posibilidades ya tenía sumido en la división social a varios países del continente, y la segunda alternativa, -la que Marx y Engels ofrecían al mundo-, el materialismo dialéctico e histórico, desde la tesis de la lucha de clases, proclamaba que “sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente.” Sumado a ese método de lucha, su mensaje claro estaba impreso por Marx y Engels en su Manifiesto Comunista, proclamado en diciembre de 1847: “los comunistas podemos resumir la teoría en esta fórmula única: la abolición de la propiedad privada.” Este era el antagónico escenario ante el que se encontraban Bernstein y los padres fundadores de la socialdemocracia que desde sus orígenes se le denominó también “revisionistas”, pues sus bases doctrinales representaron una revisión profunda de lo que se conocía como “socialismo científico” o marxista. Nadie ha puesto en tela de duda que para elaborar la construcción doctrinal alternativa al marxismo, las tesis de la socialdemocracia o revisionismo, debieron abrevar de diversas fuentes como lo fue la revolución francesa o lo fue el marxismo. Este último para entonces era dominante entre los activistas de la clase trabajadora. Las graves discrepancias revisionistas fueron formuladas dentro del escenario de la Primera Internacional, y ya para la Segunda, la consolidación del revisionismo como una alternativa al marxismo fue inobjetable. Lo primero que hacen los socialdemócratas con Bernstein a la cabeza es contradecir el determinismo marxista. Sustentado en un fundamento kantiano, confrontan el reduccionismo dialéctico de la lucha de clases levantando la bandera de la evolución orgánica gradual, a partir de la voluntad humana sustentada en los ideales de la ética social. Tal y como Bernstein afirmó, no sobre la dialéctica Hegeliana, sino más bien sustentado en las bases que echara Kant, el sabio de Königsberg. Y desde ese siglo, los reformistas primigenios niegan la calificación de “científico”, que se atribuía al socialismo. Sostenían que el marxismo, como cualquier doctrina, podía echar mano de la ciencia, pero no podía concebirse ciencia en sí misma. Como inspirador primario de la socialdemocracia Bernstein reconoce el papel esencial de la evolución de la estructura económica en el desenvolvimiento de los fenómenos históricos, pero lo rechaza como factor absoluto. Reconoce que en esos fenómenos también influyen la incidencia de otros factores de orden intelectual y moral. Si tuviésemos que resumir la crítica fundamental de las tesis socialdemócratas originarias, podemos enumerar en primer término que representaron A) un rechazo a la definición dogmática marxista de la división de clases entendida limitadamente como lucha entre ellas. B) En el rechazo a la concepción marxista del elemento económico como factor determinante absoluto. C) En el rechazo a la concepción reduccionista que funda una teoría económico social limitada a la noción de la plusvalía directamente resultante del valor-trabajo. D) Así mismo, en relación a las posibilidades de acceso a la propiedad, Bernstein afirmó sin ambages: “donde el Estado opere menos eficientemente que la industria privada, sería contra la socialdemocracia dar preferencia al Estado sobre la empresa privada”. E) Rechazo de la violencia y la concepción de la dictadura proletaria sustituyéndola por el proceso de cambio gradual y pacífico, a través de los instrumentos que ofrecen las instituciones democráticas, uno de los cuales era el sufragio libre. La socialdemocracia entendió que el esfuerzo político coordinado por la vía pacífica de las instituciones democráticas podía permitir a las mayorías trabajadoras el acceso al poder que permitiesen la consecución de sus demandas. F) El estímulo de la educación y sus motivaciones éticas sobre la base del compromiso social fue otra diferencia conceptual grave con la concepción marxista de la educación, que la concebía como un elemento que debía subordinarse a los intereses de clase. En esto la socialdemocracia se distanció de los utópicos que la hacían depender exclusivamente del altruismo. Como vemos pues, fue un abismo conceptual lo que separó a la socialdemocracia del marxismo. No cabe duda que la socialdemocracia nace como alternativa al marxismo. Por cierto, en esta sección un articulista obstinadamente insiste en refutarme esta realidad inobjetable. Enrique Benavides acertaba cuando recordaba que el problema del dogmatismo es epistemológico. Solo se tienen un ángulo de observación. Como no hay visión en color, la falta de matices reduce los enfoques a estériles esquemas librescos. La defensa de los conceptos anteriores, que la socialdemocracia defendió, se sustentan en los valores permanentes sobre los que ella misma se asentó: libertad, igualdad y solidaridad, y en la convicción de que los instrumentos para alcanzar los ideales que estos valores inspiran, no son estáticos ni invariables. Por ello, tal y como señalé en mis anteriores artículos publicados en esta sección, “Socialdemocracia y Fuerzas Morales” e “Ideario Socialdemócrata del Siglo XXI”, es indispensable separar lo esencial de lo transitorio, más que añorar con paralizar nuestro reloj ideológico, es la hora de insistir en las nuevas formas de alcanzar los objetivos de siempre. fzamora@abogados.or.cr

DERECHOS HUMANOS: UN CONCEPTO DEVALUADO

Dr.Fernando Zamora Castellanos

Abogado constitucionalista.

Publicado en Pagina Abierta:
http://www.diarioextra.com/2010/noviembre/30/opinion15.php

Tal y como el materialismo marxista surgió de la Europa del siglo XIX, de ese continente nos continúan remitiendo, para consumo inmediato, otras corrientes culturales materialistas. Pero estas nuevas tendencias no son inconformidad contra la miseria, como sucedió con el marxismo, sino por el contrario, son una versión light resultado de la abundancia económica propia de las actuales sociedades de consumo. Y como aquí deglutimos lo importado sin cuestionar, hay quienes pretenden imponerlas a la brava. Cuentan con la connivencia de personas educadas para quienes les parece consecuente imitar las tendencias internacionales, siempre y cuando hayan llegado arrastradas por la última ola ideológica del mundo desarrollado. Corrientes culturales alimentadas por multiplicidad de fuentes y medios. Si hubiese que resumirlas en una frase, podríamos afirmar que -desde la perspectiva filosófica- se enfocan en una cosmovisión materialista de la existencia; desde la cultural, en el goce de los sentidos y su retribución inmediata.
Como no tendría espacio para detallar cada una de sus manifestaciones, me limitaré a denunciar una de sus más perniciosas facetas: la perversión del concepto de derechos humanos y civiles, del que estas corrientes han abusado, desnaturalizándolos. Un ejemplo para ilustrar la idea. La filósofa post estructuralista Judith Butler declaró a medios de prensa internacionales, que el siguiente paso de la lucha por “la igualdad de los derechos” consiste en la ruptura del concepto actual de dependencia, parentesco y alianza sexual. Entre otras ocurrencias, confronta el concepto de matrimonio restringido a dos personas, por considerarla contrario a “la igualdad de los derechos”. El mismo silogismo absurdo que ha prohibido en ciertas naciones europeas la educación formal de los valores espirituales y que, contra el criterio del 84% de la población, llevó a la Corte Europea de Derechos Humanos a prohibir los símbolos cristianos en las escuelas “por considerarlos violatorios de los derechos humanos”. Así secuestró ese Tribunal la constitucionalidad europea.
Gran paradoja. Sobre esa línea se encarrila también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ahora pretende una condena al país dictando juicio absoluto sobre un debate tan inconcluso e incierto como el de la vida de los embriones. Y aquí en Costa Rica, un concepto tan fundamental para una nación como lo es la definición de lo que la sociedad decide comprender por familia -por acuerdo de la Sala- ahora no podrá ser consultado al soberano poder de la ciudadanía. Y la gran paradoja es que si se ha impedido al mismo soberano resolver esta crucial definición, por necesaria consecuencia tampoco lo podrá hacer el poder delegado. ¿Quién pretenderá hacerlo entonces? Todo ello invocando una desnaturalizada protección de los derechos fundamentales. Es una corriente que arbitrariamente ha decidido desconocer el verdadero origen de los derechos humanos, prohijando la falacia de que son una derivación de una suerte de moral secular autocontenida en sí misma. Así, se niega una verdad histórica indiscutible: que la piedra angular de los derechos humanos se funda en una convicción absolutamente espiritual, la de la dignidad humana derivada del concepto judeocristiano de igualdad moral. Algo que hoy ha sido olvidado. fzamora@abogados.or.cr

RETOS SOCIALDEMOCRATAS DE HOY

Dr. Fernando Zamora C.
Abogado constitucionalista.

Publicado en el Periódico La Nación bajo la dirección:
http://www.nacion.com/2010-11-27/Opinion/Foro/Opinion2604071.aspx

Afirmé con total convicción histórica, que desde sus orígenes la socialdemocracia fue alternativa frente a las tesis marxistas del siglo XIX. Por este hecho un articulista me lanza en esta sección una invectiva (E.Gomáriz- Justicia social y democracia, La Nación, foro 16/11/2010) afirmando que dicha afirmación es una falsedad. Como no pretendo utilizar este escaso espacio extendiéndome en disquisiciones, me limitaré a referirlo al Dr. Alfonso Carro, prohombre de la socialdemocracia costarricense, quien resume sin ambages lo que me resultó una cita oportuna que permite contestar lacónicamente: “Los que desconocen la historia de las ideas políticas ignoran que las más importantes reacciones contra ciertas formas de socialismo, no vinieron del liberalismo o del despotismo, sino del seno del propio socialismo. El fabianismo, Kautsky y Bernstein, que están en la base de la socialdemocracia, fueron los primeros más importantes críticos y adversarios del marxismo,..” (El pensamiento socialdemócrata, 1986). Esa afirmación del Dr. Carro es una realidad inobjetable del pensamiento político y que históricamente se tradujo en sangrientos enfrentamientos. Pero más que contestar devaneos argumentativos impertinentes, reafirmo otras observaciones que podrían ser de provecho al país. El decimosexto Informe del Estado de la Nación, nos plantea importantes retos dentro de un contexto de deterioro fiscal, desempleo y frágil crecimiento. Como esencialmente el sistema fiscal es un instrumento del desarrollo, así el problema de nuevos impuestos y más carga tributaria, bajo dichas condiciones solo se justifican si están indisolublemente asociadas a la proposición y ejecución de objetivos de desarrollo a gran escala. De ahí que, si además hay condiciones de parálisis política, cualquier objeción hecha a propuestas de nuevos impuestos cae en tierra fértil. Pensar en imponerle más impuestos a una economía deteriorada, -e inmersa en un contexto económico internacional aún peor-, puede ser una apuesta riesgosa si la nueva carga tributaria no está condicionada en virtud de metas específicas de desarrollo, traducidas en proyectos concretos. Para ilustrar el punto una anécdota. En su segunda administración de 1953, José Figueres quería extender la oferta de enseñanza secundaria del país que para entonces estaba limitada a poco más de cinco colegios en toda la nación. Durante un Concejo de gobierno, preguntó a su ministro de Hacienda las posibilidades financieras de construir un número determinado de nuevos colegios, a lo que su ministro contestó que la cantidad que el Presidente proponía era inviable, pues la edificación de dicho número de centros provocaría un agudo problema fiscal. Refiere la leyenda política que, -en media sesión ministerial-, Don Pepe espetó a su ministro: “pues si a esto se lo va a llevar carajo, ¡que sea por algo!, ¡construyan el doble!” Como resultado de aquella singular determinación, durante los gobiernos socialdemócratas de la década de 1950 y 1960, el crecimiento de la oferta académica secundaria creció exponencialmente en mucho más del cien por ciento. Y el país no se derrumbó, sino que creció. Dicha anécdota nos ilustra un principio político fundamental de la socialdemocracia: que el sistema tributario debe subordinarse al ideal político genuino, siempre y cuando éste se traduzca en la proposición y ejecución de verdaderos objetivos de desarrollo. Como si fuese un buen baquiano, el decimosexto informe nos orienta cuáles son las necesidades más urgentes de nuestro desarrollo, y por tanto hacia donde debe dirigir sus esfuerzos nuestro actual gobierno socialdemócrata. Pese a que somos una nación internacionalmente reconocida como defensora del ambiente, mostramos una deuda ecológica creciente. Solo entre el 2002 y el 2009, el déficit de territorio para satisfacer la biocapacidad de cada costarricense aumentó en 13 hectáreas. El informe acierta en señalar que buena parte de este problema lo generan nuestros patrones de emisión de contaminantes por transportes. De esta estadística se infiere que la decisión de cerrar la operación de los ferrocarriles eléctricos, -tomada en la administración 1994-1998-, fue un error en cuya reversión hoy se debe continuar con mucho más impulso. La reactivación total y modernización de los ferrocarriles debe ser prioridad nacional. Incluso debe valorarse con seriedad la viabilidad del mega proyecto de inversión internacional, al que se denomina “Canal seco”, que pretende establecer un conjunto de líneas férreas que unan el océano Atlántico con el Pacífico, -entre Parismina y Cuajiniquil-, y creando un polo de desarrollo en el norte del país. Igualmente ésta administración debe proponerse la definitiva ejecución de la hidroeléctrica Diquis. En un escrito reciente, el Dr. Juan José Sobrado denuncia que -de no operar Diquis-, las plantas térmicas que sustituirían a la hidroeléctica, necesitarían consumir bosque nuevo por una cantidad cercana al 5% de nuestra extensión total. Esto para poder absorber la cantidad de carbono que ellas lanzarían. Si sumamos la anterior denuncia y las estimaciones alcistas de nuestra huella de carbono documentadas por el decimosexto informe, otra conclusión es que un tercer objetivo indispensable de nuestro desarrollo, debe ser una más agresiva política pública de reforestación del territorio nacional. Sabemos que buena parte del deterioro forestal está determinado por las necesidades de crecimiento tanto de la frontera agrícola como de la urbana. Entre otros requerimientos, aquello además obliga desarrollar, por una parte, políticas públicas habitacionales que rompan con nuestro paradigma cultural de vivienda horizontal. Cuando tuve la oportunidad de servir al país como directivo del Banco Hipotecario de la Vivienda, pude constatar la resistencia del sistema para promover la ejecución de proyectos habitacionales verticales que mitiguen el problema de la extensión de la frontera urbana. Y por otra parte, dentro del esfuerzo por detener el crecimiento de la frontera agrícola, igualmente es urgente que nuestras autoridades agropecuarias establezcan políticas públicas más agresivas que estimulen la aplicación de alta tecnología, tanto en la agricultura intensiva como en la ganadería intensiva. fzamora@abogados.or.cr

IDEARIO SOCIALDEMOCRATA EN EL SIGLO XXI

Dr.Fernando Zamora C.

Abogado constitucionalista

http://www.nacion.com/2010-10-10/Opinion/Foro/Opinion2549776.aspx

José Figueres afirmaba que hacer política sin filosofía era construir puentes sin ingeniería. Lo decía porque para él la socialdemocracia solo era filosofía política, aunque los que nacimos en los albores de la década de 1970 creíamos que era ideología. El problema principal de nuestra democracia, radica en el hecho de que los pocos partidos programáticos existentes, carecen de períodos de vida reflexiva. Están sometidos en la espiral de una vorágine de activismo permanente. Como los seres humanos, las organizaciones sociales deben detenerse para hacer introspección. Son los momentos que le permiten a los movimientos meditar el ideario común a ofrecer. Ser faro para sus naciones. De lo contrario, resultan colectivos sin consensos sobre lo que se cree o piensa. Torres de Babel donde cada quien habla un idioma distinto. Es preocupante que el estudio político serio se ha limitado hoy a ciertas élites académicas y el debate que lo sucede solo está presente en las páginas de opinión de ciertos diarios. Amén de que los partidos políticos deben ser más que la suma de sus coincidencias programáticas, por lo que aún si tuviesen serios períodos de reflexión, por sí solo ello sería insuficiente, pues lo que acrisola una generación partidaria, es el compañerismo y convivencia que se forja al calor de la brega común por el ideal político. De ahí que hoy la socialdemocracia debe redefinir con claridad cuáles son sus convicciones. Y salir con valentía a ofrecer al pueblo un ideario homogéneo. Así, en el Siglo XXI, ¿en qué debe creer un socialdemócrata? Lo primero en lo que debe creer, es que una nación crece solo si se propone, planifica y ejecuta objetivos de desarrollo a gran escala. El segundo elemento del ideario, es que el Estado moderno debe continuar interviniendo en la consecución de las políticas de desarrollo, pero ya no ejecutando de propia mano. Ahora debe lograr sus objetivos dirigiendo la iniciativa privada, de tal forma que las fuerzas económicas libres coadyuven en la consecución de los objetivos gubernamentales, mediante lineamientos dirigidos hacia esos agentes económicos. Y promoviendo figuras alternativas a la ejecución directa, como lo son por ejemplo las concesiones o los fideicomisos de inversión en obra. Lo que además debe permitir una política de impuesto decreciente o al menos estable, dando pie a otras figuras de retribución por servicios, como son las tasas. El tercer principio: como el Estado es para el hombre y no el hombre para el Estado, el socialdemócrata debe creer que el presupuesto público ideal, debe destinar cada día más recursos para inversión del que aplica a gasto corriente. Así la razón de ser de los tributos se enfoca en la obra y la política pública concreta. Para ilustrar el punto me valgo de un principio espiritual: cuando en 1882 Gaudí inicia en Barcelona la Sagrada Familia, el caudal de recursos que ha permitido construirla llegó gradualmente después. Antes que el dinero, primero fue su sueño inspirador. Un cuarto principio, de ayer y de siempre, radica en su aversión a la lucha de clases como estrategia para alcanzar los objetivos sociales. Desde sus orígenes, la socialdemocracia fue alternativa frente a las tesis marxistas en boga, que reducían la explicación de la historia como un determinismo dialéctico de tipo materialista. Un análisis que explica el devenir de los acontecimientos, reduciéndolos al odio y al conflicto entre los hombres, y que niega su potencial de grandeza espiritual. Por eso, si de promover la organización del trabajador se trata, ante la disyuntiva que ofrece el solidarismo frente al sindicalismo, el socialdemócrata debe inclinarse entusiasta ante el primero. El quinto principio que informa a la socialdemocracia, es su firme confrontación de las tendencias oligo y monopólicas. Antónimos de la libertad económica y comercial, son amenaza para la equidad social, y por tanto, enemigas del Estado. Por ello el socialdemócrata debe ser un promotor de las organizaciones económicas que indirectamente colaboran con el objetivo de que la propiedad se distribuya en libertad, optando preferentemente por las cooperativas, las mutuales, las sociedades laborales (SAL), y la pequeña empresa. Quien distribuye la propiedad en tiranía, desalienta y provoca pobreza, más genera riqueza el que lo hace dentro de las reglas de juego de la libertad. Debe saber que la libertad comercial es óptima, sea a lo interno de una economía doméstica, como entre las naciones. Un principio final atiende a la política internacional. El verdadero socialdemócrata no debe regirse por dogmas sino por valores, por lo que no debe abrazar una política internacional subordinada a reclutamiento ideológico alguno. Frente al conflicto que se le presenta, no ha tomado previo partido motivado en prejuicios ni intereses espurios, sino colocando cada caso concreto en la balanza de las premisas de la civilidad que el derecho internacional ha forjado. En ese sentido la única regla no escrita que debe respetar, en aspectos tan indiscutibles como lo era enfrentar al despotismo totalitario de ayer o a la amenaza del terrorismo islámico de hoy, ha sido la de alinearse con la causa de las naciones libres. Sabido es que en temas espinosos de la historia reciente, algunos Presidentes latinoamericanos han esperado la reacción de Caracas para -conscriptos y obedientes-, imitarla. Sabemos que la mayoría de estas premisas son día a día adversadas por los grupos ideológicos que están en las antípodas del espectro. En un extremo el neoliberalismo, que esencialmente adversa cualquier tipo de intervención o regulación estatal. Para ellos, el escenario ideal es aquel donde las fuerzas del mercado interactúan vesánicas e ingobernadas. En el polo opuesto están quienes añoran al viejo Estado que por sí mismo todo lo podía. Vale reconocer sin embargo, que ambos grupos ideológicos han confrontado sus equivocadas ideas con honestidad. Es que el adversario temible está oculto. Son los mercaderes que por negocio se han involucrado en la actividad política. Hacen un daño superlativo, pues su avaricia encarece la obra pública y pervierte las herramientas novedosas e indispensables para las políticas públicas de hoy. fzamora@abogados.or.cr

DE ABUSOS INCONSTITUCIONALES

Dr.Fernando Zamora Castellanos
Doctor en derecho constitucional

Publicado en Pagina Abierta bajo la dirección:
http://www.diarioextra.com/2010/octubre/05/opinion09.php

Por desproporcionada e irrazonable, la actual ley de tránsito es inconstitucional. Para que la ley sea constitucionalmente razonable, la sanción impuesta por el Estado debe guardar proporción con el daño que la conducta provoca a la sociedad. Y salvo la conducción bajo ebriedad, donde la amenaza al interés colectivo sí amerita una pena muy alta, las demás sanciones pecuniarias que ella establece, no guardan proporción entre el castigo que se impone al ciudadano y la amenaza que la infracción representa contra los intereses de la colectividad. El 99% de sus sanciones son abiertamente confiscatorias. Son impuestos disfrazados y descomunales. Un trabajador que conduce el vehículo de su patrono, -naturalmente propenso a cometer cualquiera de las infracciones allí estipuladas-, muchas de ellas nimias, se expone a pagarle al Estado un equivalente mayor al salario con el que alimentaría ese mes a sus hijos. Multas superiores a las previstas en una mayoría de naciones con ingresos per cápita muy superiores al que exhibe nuestro país. Un correcto discernimiento de las verdaderas transgresiones a los derechos ciudadanos, permitirá a la Sala declarar la inconstitucionalidad de esta reforma. No sucede igual con el voto constitucional 14821-2010 que declaró la inconstitucionalidad del control policial preventivo a vehículos. La pregunta de fondo es ¿son realmente dichos controles, ataques contra las libertades individuales de los ciudadanos? conviene antes referirse brevemente a tres principios constitucionales que están en la liza de discusión, derivados todos del valor de la libertad individual: la libertad de tránsito, la prohibición de la detención arbitraria y el respeto a la intimidad personal. La defensa de la libertad de transito y de la proscripción de la detención arbitraria, tiene sus orígenes en el derecho inglés del Siglo XVII, cuando el 27 de mayo de 1679 el Consejo de la nobleza inglesa, -enlace entre la monarquía y el parlamento-, decretan que todo inglés hecho prisionero, podía reclamar a un juez que ordenara a sus guardianes conducirlo ante el Tribunal dentro de un plazo no mayor de veinte días. Desacatar la disposición implicaba una multa sustanciosa. Para garantizar dicho principio, nace la más cara institución del derecho constitucional: el Habeas Corpus, cuyo objetivo es evitar la detención injusta, o la injusta prolongación de ésta. Respecto del derecho al disfrute de la propia intimidad, no hay mejor definición que la que hace la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual dispone: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia... Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas ingerencias o esos ataques”. Hoy nadie duda que la libertad individual, -como derecho fundamental-, es inseparable de la dignidad humana y es básica para que subsistan otras libertades públicas esenciales. Es claro que no se trata de una graciosa concesión otorgada por la autoridad, sino un derecho absoluto y anterior al Estado, simplemente reconocido por la Constitución. Ahora bien, el problema suscitado por esta nueva interpretación de la Sala, radica en el hecho de que la facultad estatal de ejecutar controles preventivos por medio de interrupciones breves a la circulación, no debe interpretarse como la típica detención que profana el espíritu de esos ideales constitucionales aludidos. Lo que se deduce de anteriores resoluciones donde ese mismo Tribunal las ha avalado, aún en circunstancias mucho menos graves. Tal cual sucede en materia de controles viales, sanitarios, aduaneros, de seguridad aeroportuaria, de control de vida silvestre, controles migratorios internos, o identificación ciudadana. Todas ellas medidas de menor gravedad en relación con la actividad delictiva violenta, y a pesar de lo cual es usual el control preventivo. De una simple revisión del derecho internacional comparado, sabemos además que son prácticas aceptadas en la mayoría de las democracias constitucionales del mundo desarrollado. Aunque el fallo de la Sala es bien intencionado, al hacer una interpretación ultra restrictiva y excesivamente celosa de los principios que pretende proteger, los desnaturaliza. Una apreciación desproporcionada de un valor causa el efecto inverso de depreciarlo. Un ejemplo ilustrativo de la facultad estatal de realizar sin “noticia criminal”, interrupciones temporales a la circulación vehicular, lo ofrecen los procedimientos viales para verificar la sobriedad de un conductor. Es una disposición preventiva que el Estado no solo está en la facultad, sino incluso en la obligación de realizar. Y una aplicación respetuosa de este tipo de controles, no tiene porqué reputarse como una agresión a la dignidad. Por el contrario, la colaboración ciudadana con la autoridad, es un deber cívico sobre el cual debe existir una cultura de respeto mutuo y un proceso educativo. Tanto de las autoridades responsables de aplicar los controles, como de la ciudadanía. Sin embargo, de mantenerse esa conservadora valoración de la Sala, necesariamente está en entredicho la constitucionalidad de los protocolos de control que se aplican en las materias menores -pero igualmente vitales-, como el ya citado ejemplo de la prevención de la conducción en estado de ebriedad. Lo paradójico es, que si la interrupción de la circulación para efectos de control en materia tan delicada como la prevención de la actividad delictiva violenta es considerado un ataque a la intimidad y la libertad ciudadana, entonces su aplicación en los demás aspectos de menor monta habría de reputarse aún más censurable. Lo que nos conduciría a un vacío de autoridad en el resto de gradualidades inferiores de la seguridad. fzamora@abogados.or.cr

LAS PREMISAS DEL DESARROLLO

Dr.Fernando Zamora Castellanos.Abogado constitucionalista

En La paradoja europea, Noam Chomsky señala que un estado organizativo de alta complejidad solo se alcanza cuando los individuos proceden mediante formas y capacidades similares. La certeza de esa observación amerita repasar los principios del desarrollo, escudriñándolos de la historia de las naciones que lo han logrado en libertad. No sin antes advertir que Vaclav Havel afirmaba que el político solamente puede ofrecer un número muy limitado de cosas, básicamente ciertas condiciones para que tengamos una vida más digna y proteger las libertades genuinas. Pero garantizar un paraíso terrenal no es posible, porque hay un límite donde el ideal degenera en utopía. De ahí la necesidad de distinguirlos, pues los ideales son necesarios, más las utopías son delusorios y peligrosos espejismos. Madres de los regímenes absolutistas de la humanidad. El primer condicionante esencial del desarrollo depende de la calidad de la cultura de la nación. Esta sola enunciación provoca la pregunta inmediata sobre cuáles parámetros determinan esa calidad, de los cuales al menos cuatro son esenciales: a) Que la población resguarde y practique coherentemente sus consensos éticos. b) Que la población eleve sostenidamente sus niveles de complejidad educativa y de conocimiento, c) También dependerá de la dimensión de los objetivos nacionales y de la conciencia que exista en la comunidad para alcanzarlos. Argamasa que elabora el común sentido de destino. d) Finalmente por la noción igualitaria de su convivencia. Aclaro esto último: Carlos A. Montaner se lamentaba preguntando cómo era posible nuestro atraso, si cuando se estableció la Universidad San Marcos de Lima, Boston aún era pantanos. Parte de la respuesta radica en que, a diferencia de la gradual colonización de Boston, muchas de nuestras sociedades, -como la limeña-, se establecieron a través de sangrientas conquistas que derivaron en comunidades con abismales distancias socio culturales. Y esta pauta ha marcado diferencia entre aquel norte y nuestro sur. Los expertos en historia estadounidense Nevins y Commager, señalaban que al ser sus colonizadores hombres que transplantaron al nuevo mundo una ancestral civilización sustentada en la práctica coherente de los elevados valores éticos de la judeocristiandad, aquella nación aprovechó desde su fundación seis mil años de cultura. A escena entraron maduros y audaces. La segunda premisa del desarrollo consiste en que la ciudadanía posea garantía de libertades delimitadas por fronteras morales claras. La libertad es el factor que estimula la iniciativa, y por ende la imaginación y cultura de los ciudadanos. Así la prosperidad la alcanzan solo sociedades cuyos habitantes disfruten mejores condiciones de ejecutar lo que imaginan. Las naciones en proceso inflacionario de regulaciones y leyes, son cada día menos libres, pues existe una relación proporcionalmente inversa entre ambas. Todo estadista escoge si forja un país de libertades y normas coherentes, o uno excedido en leyes, pero sin libertades. Falaz es creer que la elevación cultural y espiritual de la nación depende de sus leyes. Y sin olvidar que, -tal como sucede con la cosecha del fruto-, el cual posee un punto de maduración que no debe ser traspasado, igualmente existe un frágil equilibrio entre las libertades y las fronteras morales que las delimitan. La tercera premisa: la sociedad que pretenda el desarrollo debe limitar el poder dentro de un equilibrado balance. Refiero que equilibrado pues, así como es claro que se le debe limitar el poder a quien lo ejerce para evitar abusos, los llamados a ser sus contrapesos no deben caer en la tentación de asumir el control del mismo, como lo ha venido mal haciendo aquí nuestra Sala constitucional. La cuarta condición del crecimiento depende de la equidad y estabilidad de las leyes del país. Demos por descontado que Estados con leyes desproporcionadas e irrazonables, o con regulaciones que constantemente están siendo variadas mediante una pertinaz alteración de las reglas del juego económico, repelen la voluntad de inversión. El quinto presupuesto del desarrollo dependerá de la vocación universal que tenga la comunidad. Las sociedades cerradas son autofágicas. El Estado debe proteger ese cáliz sagrado que es la identidad de los valores nacionales, pero no por ello debe ser hostil al mundo exterior. El desarrollo no depende exclusivamente de la comunidad nacional, sino también de cuan inteligente sea la inserción de ella en el mundo, de tal forma que le sea posible aprovechar lo positivo del progreso mundial en lo científico, técnico y comercial. A pesar de su pésima política social y de distribución del ingreso, no podemos negar que gracias a su vocación cosmopolita, Panamá tiene una economía dinámica que ha evitado caer en las graves honduras en las que se han sumido otros países centroamericanos. Por ello es que las políticas migratorias draconianas no son inteligentes. Estas deben ser selectivas, pero nunca injustamente hostiles con el buen migrante, que es motor de progreso. El postulado final de una prosperidad integral está sujeto al equilibrio entre crecimiento económico y adecuada distribución de la riqueza. Uno de los ejemplos históricos más dramáticos de esta verdad, lo protagonizaron los reformadores estadounidenses antimonopolio. Las cruzadas de estadistas como W.Wilson o los Roosevelt, salvaron a su nación de la quiebra económica y moral, y dejaron al mundo la lección acerca de la vital importancia de un sano equilibrio en la distribución de los bienes producidos. fzamora@abogados.or.cr

SALA IV: EL DEBATE NECESARIO

Dr.Fernando Zamora Castellanos

Abogado constitucionalista

Publicado en el Semanario Pagina Abierta bajo la dirección:

http://paginaabierta.cr/index.php/articulos/36-nacionales/979-sala-iv-el-debate-necesario.html

Un estudio reciente del Centro de Jurisprudencia Constitucional, determinó que entre octubre del 2009 y mayo del 2010, el 60% de los fallos constitucionales no se ejecutaron a cabalidad. En algunas materias se alcanzó un grado de incumplimiento hasta del 80%. Si bien es cierto que gran parte de ese incumplimiento debió estar motivado en la imposibilidad material que tiene la administración para acatar muchos de esos fallos, no por ello debemos concluir que esta sea la única razón. Escudriñar causas y soluciones del fenómeno, es un esfuerzo que debe realizarse en resguardo del sistema constitucional. Además del motivo ya señalado, otra causante de descrédito de la jurisdicción constitucional, -que acarrea con ello alguna velada resistencia contra sus resoluciones-, radica en la ilegitimidad de algunas de sus sentencias más sonadas, las cuales, -más que fallos contralores de constitucionalidad- han sido evidentes propuestas políticas. Lo que a esa sede le está constitucionalmente vetado. Desde Tomás de Aquino sabemos que toda autoridad sustenta su poder en el consenso moral que en torno a ella exista. Al cruzar límites que minan su credibilidad, con ello la Sala devalúa la contundencia de su capacidad coercitiva. Lo que no debe seguir ocurriendo. El más reciente ejemplo de lo que afirmo, lo ofrece la última polémica que desató la sentencia sobre el caso de la exdiputada Ballestero, en la que, -arrogándose facultades constituyentes-, la Sala conminó al Congreso a proceder en materia política según su parecer. Pero el grave punto de inflexión que marcó el inicio de esta inconveniente tendencia jurisdiccional, sin duda lo fue el polémico fallo de la reelección. A contrapelo de lo expresamente dispuesto por el artículo 76 de la ley que regula sus propios procedimientos, la Sala no solo se atrevió a retomar aquella acción, sino que, -posteriormente-, reformó por el fondo la Constitución, contradiciendo además su propia jurisprudencia emitida poco antes en materia de reelección. En factor tan delicado para la vida democrática costarricense, como la relacionada con los límites impuestos a quienes detentan el poder político, no cabe dudar que una decisión política de tal calibre sea competencia exclusiva del soberano. Uno de los grandes logros de la revolución mexicana de 1910, que costó la vida de millones de sus ciudadanos, fue la conquista del principio Democracia efectiva, no reelección. Era su lema y representaba la consigna estandarte que permitió desterrar, del marco constitucional de aquella nación, el monopolio político de Porfirio Díaz. La experiencia nacional había demostrado que el sistema de reelecciones estimulaba la concentración del poder, y de paso, la corrupción. Porque el espíritu que usualmente motiva las propuestas que facilitan la concentración del poder, se sustentan en la falacia de que la legitimidad del gobernante radica, -más que en la nobleza de sus ideales y coherencia de su práctica-, en la cantidad de poder real que concentre. El más grave corolario de aquella sentencia lo sufre ahora Nicaragua. En ese país, los magistrados “sandinistas”, han invocado el alambicado argumento de nuestra Sala, para justificar el continuismo de Ortega. Agregado a lo anterior, parece contraponerse un sinsabor de la ciudadanía, la cual observa que, por un lado se resuelven acciones que demandan un alto costo político para los magistrados, y por otro vemos estas estadísticas de una mala atención de justas demandas de amparo de la ciudadanía anónima. Sumado al hecho de que otras son rechazadas, aplicando criterios jurisprudenciales contradictorios. De la crisis que ha evidenciado la referida investigación del Centro de Jurisprudencia Constitucional, creo que es conveniente extraer cuatro posibles soluciones que lacónicamente enumero: 1) Debe reconocerse que existe una herida aún sangrante ocasionada por la inconveniente forma en que se invadió el tema de la reelección. Esta lesión, en el propio corazón de la democracia costarricense, conviene que sea cerrada con una solución contundente. Conforme al artículo 12 de la ley 8492, el Congreso debe convocar un referendo legislativo, de tal forma que sea la ciudadanía la que decida en tan delicada materia. 2) En protección del fortalecimiento de nuestra justicia constitucional y ante la alarmante estadística citada, una segunda propuesta es el establecimiento, -preferiblemente bajo la égida del OIJ-, de un departamento de seguimiento e investigación especializada de delitos concernientes a la desobediencia de sentencias de las máximas instancias jurisdiccionales. 3) Por otra parte, debe abrirse el debate sobre la posible inconveniencia de la actual redacción del numeral décimo constitucional, el cual faculta a nuestra jurisdicción, declarar inconstitucional los actos del derecho público y las normas “de cualquier naturaleza” 4) Finalmente, -volviendo a la lección que ofreció el polémico caso de la exdiputada Ballestero-, es conveniente abrir el debate a la posibilidad de la reforma del artículo 105 constitucional, de tal forma que se valore la posibilidad de establecer el plebiscito revocatorio de poder. Dicho instituto permitiría a la ciudadanía, -en casos de especial gravedad- revocar el nombramiento de los miembros de los supremos poderes. Lo que estimularía sin duda un ejercicio más sobrio del poder político. fzamora@abogados.or.cr

REFLEXIONES PARA LOS EDUCADORES

Dr.Fernando Zamora Castellanos

Abogado constitucionalista

Publicado en el Periódico La Nación bajo la dirección:

http://www.nacion.com/2010-08-15/Opinion/PaginaQuince/Opinion2484711.aspx

Durante la Segunda Guerra Mundial, el médico checoslovaco Otakar Sedlacek, había sido enterado del momento en el que los sabuesos de la Gestapo llegarían a confiscar la valiosa colección de relojes de su casa-museo, por lo que se preparó para la visita. Ya estando los oficiales alemanes adentro, una explosión devastó el lugar. Nada quedó en pie. La historia documenta que de entre los escombros, solo se halló la esfera quebrada de un viejo reloj, del cual, -inexplicablemente-, podía aún leerse: “una sola vez suena la hora para todos los hombres”. Esta frase me hizo recordar una premisa de nuestra condición humana: que la más vigorosa defensa de la verdadera libertad, radica en la comprensión de nuestra vida como misión con sentido trascendente. Donde el hombre se ve a sí mismo como peregrino que, en esta dimensión pasajera y breve, determina quien pretende ser para siempre. Entendiendo que la vida nos es otorgada, solo para que sea finalmente elaborada por nosotros mismos. Empresa o tarea inacabada, en función de realizar un propósito que es nuestra responsabilidad completar. Ortega y Gasset señalaba que es la razón por la que somos responsables y donde la vida del hombre es intrínsecamente moral. No solo porque debo elegir, sino porque además debo determinar el objetivo. Es una noción contraria al materialismo. Antídoto frente al “descompromiso” que impone la cultura del placer que promueven las sociedades posmodernas. De ahí que Frankl contestaba que la fuerza centrípeta que debía dirigir la existencia humana era el esfuerzo por descubrir el significado de la vida. Para sostenerse aún en grandes adversidades, nada tan eficaz que la certeza interior de ese conocimiento. Ante los recientes hechos de los que hemos sido testigos, la conclusión es que el verdadero drama de la juventud actual, es la devaluación de la idea de libertad que promueve hoy el materialismo. En todas sus manifestaciones. Lo que incluye la arremetida de sus cosmovisiones filosóficas. Como oleadas que evidencian alguna voluntad de degradar la idea del hombre, desde el Siglo XVIII, se han venido sucediendo relevos de ellas dedicadas a la tarea de reducir al ser humano como un organismo subordinado estrictamente al determinismo de las leyes naturales, sean físicas, económicas o biológicas. Pero todo determinismo es una negación, -o al menos un temor subconsciente-, a la responsabilidad que la libertad impone. Julián Marías la veía como una tendencia que suele estar acompañada de un extraño deseo de aniquilar el consenso social sobre la esperanza de la vida trascendente. Terror ante la idea de la supervivencia eterna y el compromiso que la fraternidad conlleva. Afirmaba que la incertidumbre es comprensible, lo que no entendía es “que se sienta hostilidad a algo que en todo caso sería admirable.” Por ello los determinismos materialistas con los que tan obsesivamente se adoctrina a las juventudes hoy, serán siempre una tentación contra la libertad. Y en Occidente esa compulsión se agrava cuando las sociedades abdican de sus ideales fundadores. Enfrentar el reto requiere identificar con claridad sus causas. Nuestros educadores de sincera vocación deben advertir que estamos enfrentando una contracultura que se alimenta de tres afluentes perversas: 1) De un implacable sentido de inmediatez existencial. Es una idolatría del presente y de la retribución inmediata que atropella cualquier noción del deber que se interponga. 2) En lo que a educación formal respecta, de un tenaz adoctrinamiento en función de las cosmovisiones materialistas. El fundamento del cual se construyen todas estas doctrinas, parte del principio de que es el azar la causa primigenia de la existencia. Lo que incuba en el alma de los jóvenes, no solo un grave sentido de despropósito, sino el sentido de inmediatez ya aludido. 3) La entronización social de una suerte de relativismo absolutista, que insiste en desacreditar la aceptación de la verdad aún como concepto, y cuya consecuencia es el languidecimiento de las fuerzas que sostienen los consensos morales. De ahí que, el reto de nuestro sistema educativo, sea el de alumbrar en los jóvenes el rastro hacia los ideales verdaderamente merecedores de un compromiso de vida. Todo lo demás es accesorio. Una respuesta que ninguna cosmovisión materialista puede ofrecer. Sin embargo, se percibe una disimulada indolencia del sistema a enfrentar esa contracultura con la misma determinación con la que ella se impone. Por el contrario, parece ceder en el sentido de acomodarse ante esa dañina corriente de límites inciertos. Tan inciertos que la gurú de la filosofía post estructuralista, Judith Butler, en reciente entrevista internacional, -por cierto también difundida en un medio universitario costarricense-, nos anuncia el próximo paso al que aspira la corriente de la que es activista: “Es un asunto de igualdad de derechos civiles…deberíamos preguntarnos, ¿porqué el matrimonio está restringido a dos personas?...¿porqué no estamos pensando en otros modos de dependencia, parentesco y alianza sexual?...” Inaudito desafío que ilustra el ciego afán por imponer el disenso contra los valores que hasta hoy han sostenido a Occidente. Esas cruzadas por quebrar los fundamentos sobre los que se han construido las sociedades libres, hacen aún más incierta y confusa la senda que deben hallar nuestros jóvenes en búsqueda de sus propias respuestas. Lo que además debe reputarse como problema de todos, pues cuando se minan los consensos constitucionales, no es posible construir nada grande en un escenario de paz. En esencia, nuestro problema se torna en uno de común sentido de destino. Que se resume en la comprensiva expresión con la que Julio Rodríguez cierra su columna del pasado 2 de agosto, pues sin duda “la aventura humana es un largo itinerario espiritual de fe y esperanza…” fzamora@abogados.or.cr

LA CULTURA CONSTITUCIONAL CRISTIANA

Dr.Fernando Zamora Castellanos

Doctor en derecho constitucional.

Publicado en Página Abierta bajo la dirección:

http://paginaabierta.cr/index.php/articulos/36-nacionales/929-la-cultura-constitucional-cristiana.html

La historia ha demostrado, -hasta la saciedad-, que si los sistemas constitucionales no se sustentan en consensos morales, las constituciones nacionales y el sistema de valores que ellas soportan, pasan a ser letra muerta. La prensa informó, que 11 países Europeos, le solicitaron a la Corte Europea de Derechos Humanos que revierta su impopular decisión de prohibir los símbolos cristianos en las escuelas públicas, lo que se había sumado a la prohibición de la enseñanza de los valores espirituales en las Escuelas europeas. Pese a que en Italia, solo como un ejemplo, existe un 84% de apoyo al reconocimiento de su herencia espiritual, la prohibición se había tomado por las presiones de ciertos grupos que consideraban que ese reconocimiento “viola los derechos humanos”. Situaciones como estas refieren a la pertinaz acometida para derrumbar todo rastro de la cultura constitucional cristiana de Occidente. La versión criolla del paroxismo de esta arremetida, fue un proyecto de reforma constitucional que pretendía eliminar toda referencia de Dios en la Constitución. Sus activistas lo hacen sustentados en diversas corrientes, -casi todas de cosmovisión materialista-, que han venido promoviendo -entre otros-, el mito de que los derechos humanos son una derivación de una suerte de moral secular, y así desnaturalizar los derechos humanos de su indiscutible raíz cristiana. Para ello se niega una verdad histórica indiscutible: que la piedra angular de los derechos humanos se funda en la idea de la dignidad humana, una convicción judeocristiana derivada de su concepto espiritual de igualdad moral. Hecho que usualmente es desconocido hoy. El historiador Sommerville relata que las culturas de la antigüedad no podían concebir el mensaje cristiano pues no entendían como las sociedades podían sobrevivir si no sustentaban su fuerza en el reconocimiento de la desigualdad humana. Por la realidad material de que los seres humanos poseemos diferentes condiciones y cualidades, las culturas pre cristianas no aceptaban la idea de igualdad que hoy nos parece tan indiscutible a los que hemos nacido en culturas de origen cristiano. Contrario al estereotipo popular, aún en las admiradas Grecia y Roma antiguas, la vida humana tenía poco valor. Por ejemplo, allí eran usuales y socialmente aceptadas, prácticas como el infanticidio, la crueldad contra los desventajados, o la pederastia. Fue el ascenso de la cristiandad lo que acabó con eso. De ahí que son las órdenes cristianas las fundadoras de los primeros hospitales, los hospicios, y la educación formal para toda clase social, lo que incluye las primeras universidades. Incluso el embrión filosófico del constitucionalismo y su sistema de garantías y limitación del poder, es una derivación tanto de la revolucionaria concepción cristiana del “líder como servidor”, como de la convicción de la igualdad humana en razón del concepto de hombre creado a imagen y semejanza de un Ser ético. Ambas desarrolladas después doctrinalmente por los pensadores clásicos. Sin embargo, hoy los valores cristianos parecen tan indiscutibles, que tenemos la ilusión que podemos deshacernos de la ética cristiana que los sustentó, sin que las culturas en ellos fundadas sean afectadas. Pero la historia demuestra que quitada su base cristiana estos valores también desaparecen. Por el contrario, las sociedades que han proscrito el cristianismo, o las que carecen de una cultura sustentada en sus vectores éticos, han erosionado el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Y si supuestamente hoy la cultura cristiana amenaza los derechos humanos, ¿por qué el avance de la libertad individual se le debe a ella? Antes del cristianismo, la valía humana se supeditaba en función de sus capacidades y posesiones. Todas las culturas precristianas se basaban en el orgullo por encima de la humildad, el dominio antes que el servicio, y el poder por encima de la civilidad pacífica. Es la cultura cristiana la que vuelca aquella concepción y promueve la moral individual como una virtud del carácter. No del intelecto, ni del poder. Esta ha sido la más grande revolución de la historia universal, ciertamente impulsada por el cristianismo. Por ello, con la moral cristiana, surgió el pleno ejercicio de la libertad individual, la cual no se concebía como hoy la conocemos. Hasta la forja de la ética cristiana, la antigüedad no conoció el concepto de libertad individual. La idea de libertad se supeditaba a la posibilidad que tenían algunos habitantes de las antiguas comunidades de participar de la decisión de ciertos asuntos comunes o de Estado, sin embargo, el consenso político precristiano concebía al ciudadano como una pertenencia del poder soberano. Ahora bien, lo que se oculta tras los ataques, es la objeción contra las fronteras morales que impone la ética cristiana. Cuando J. Ingenieros sostenía que “las manos que temblaban no podían levantar los estandartes”, con la metáfora afirmaba que las sociedades que eran vacilantes de su herencia espiritual estaban vencidas. La explicación de este fenómeno se resume en el hecho de que para expandir su zona de comfort, una incómoda barrera que enfrentan las actuales sociedades de bienestar, son los diques de contención que impone la ética cristiana. Por ello, a la posmoderna sociedad de consumo, conviene más una suerte de moral secular, cuya aceptación dependa, exclusivamente, de cálculos costo-beneficio inmediato para quienes decidan asumirla. De ahí lo conveniente que es caer en la tentación de que toda verdad sea relativizada e imponerle a la sociedad tal dogma. Así las cosas, la convicción de lo moral dependerá siempre de los procelosos criterios humanos y del capricho de las circunstancias. fzamora@abogados.or.cr

LA VERDAD, UN CONCEPTO A PROTEGER

Dr.Fernando Zamora Castellanos

Abogado constitucionalista

Publicado en el Diario Español el Imparcial bajo la dirección:

http://www.elimparcial.es/sociedad/la-verdad-un-concepto-a-proteger-67585.html

La historia ha demostrado, -hasta la saciedad-, que si los sistemas constitucionales no se sustentan en consensos morales, las constituciones nacionales y el sistema de valores que ellas sustentan, pasan a ser letra muerta. De ahí que la más grave amenaza que enfrenta nuestro orden constitucional, radica en una tendencia social que la posmodernidad está imponiendo: la devaluación del concepto de la verdad moral. De no revertir esa compulsión, amenaza convertirse en el mayor mal del Siglo XXI. El problema es que en occidente se está levantando una nueva intolerancia. Esta condena cualquier amago de defensa de las certezas morales. Cuando el Reverendo M. Luther King, -ante las escalinatas del Monumento a Lincoln-, declaró que soñaba con el día en que los seres humanos serían juzgados “no por el color de su piel sino por la condición de su carácter” ofrecía una pista sobre el trasfondo de uno de los grandes problemas de la sociedad contemporánea. La sociedad de bienestar actual ha forjado consigo -en consuno con el particular menosprecio al concepto de la verdad-, además, un desprecio igual hacia el valor del carácter como fundamento de la personalidad humana. Cuando J. Ingenieros sostenía que “las manos que temblaban no podían levantar los estandartes”, con la metáfora afirmaba que las sociedades que eran vacilantes de su herencia moral estaban vencidas. La explicación de este fenómeno se resume en el hecho de que para expandir su zona de comfort, una incómoda barrera que enfrentan las sociedades de bienestar, son las fronteras éticas absolutas. Por eso a la actual sociedad de bienestar posmoderna, conviene más una suerte de moral secular, cuya aceptación dependa exclusivamente de cálculos costo-beneficio inmediato para quienes decidan asumirla. De ahí lo conveniente que es caer en la tentación de relativizar toda verdad e imponerle a la sociedad ese dogma. El inconveniente para este afán, es que la verdad es excluyente. Relega toda otra alternativa aparente y falaz. Esto provoca el fenómeno de choque ante las posturas irreconciliables con ella. De esa clase de paradoja, uno de los ejemplos históricos más dramáticos lo protagonizó W. Churchill. En la década de los años 30’s del siglo pasado, él perturbó la solaz tranquilidad que disfrutaba Inglaterra, alertando a viva voz, que detrás de las pacifistas proclamas alemanas se escondían pérfidas intenciones. Como era un designio difícil de detectar, la aparente falsedad e impertinencia de su denuncia lo estigmatizó ante la sociedad europea de entonces. Quienes relativizaron el escenario que Alemania preparaba, calificaron como intolerantes las incómodas advertencias de Sir Winston. Fue marginado del protagonismo político hasta que la verdad salió a la luz plenamente. Lamentablemente ya era demasiado tarde para entonces. Aquel trauma del pasado nos ofrece otra enseñanza fundamental para estos tiempos. No por desconocer la verdad, estamos relevados de las consecuencias que conlleva desapercibirse de ella. Lo más feliz para Inglaterra, hubiese sido que los cantos de sirena del nazismo no hubiesen sido falaces y que ciertamente sus intenciones hubiesen sido pacíficas. Pero no por el hecho de que el pueblo inglés desconociera la realidad oculta detrás de la advertencia, se vio relevado de sufrir las terribles consecuencias que le ocasionó el desatenderla. El problema aquí, es que así igualmente sucede con todo ámbito de la realidad, incluido el de las verdades morales. Berger sostiene que el fundamento del relativismo radica en el hecho de que muchas personas creen que al estar atrapados en su localización histórica o cultural, les es imposible juzgar la veracidad o falsedad de una convicción, aunque ésta sea una verdad material no formal, -esto es-, una verdad no reconocida universalmente, pero verdad al fin. Este hecho provoca la paradoja de que la misma intolerancia del relativismo absoluto, se relativice a sí misma, pues su pretensión es convertirse en verdad, pero negándola, resultando como tal, en una evidente falsedad absoluta. Sabemos que vivimos épocas en las que los fanatismos de todo tipo le ha hecho mucho daño al mundo, sin embargo, no por eso debemos renunciar al propósito fundamental de la existencia humana, que es, esencialmente, la búsqueda de la verdad. fzamora@abogados.or.cr

SOCIALDEMOCRACIA Y LAS FUERZAS MORALES DE LA ECONOMIA

Dr.Fernando Zamora Castellanos

Abogado constitucionalista

Publicado en el Diario Español El Imparcial bajo la dirección:

http://www.elimparcial.es/sociedad/socialdemocracia-y-las-fuerzas-morales-de-la-economia-66107.html

Tambien en el periódico La Nación en la dirección

http://www.nacion.com/2010-06-27/Opinion/Foro/Opinion2424319.aspx

La pasada crisis financiera reveló el fracaso del monetarismo especulativo, el cual se sumó al anterior colapso del socialismo real. De las lecciones aprendidas se deduce la supremacía de la tesis socialdemócrata moderna, que propone que las fuerzas productivas libres deben ser conducidas de tal forma que éstas se conviertan en promotoras de soluciones ante los desafíos colectivos. Lo anterior no significa limitar la libertad de las fuerzas económicas, pues quienes abrazan ese dogma, creen que por sí sola la actividad productiva libre es perversa. Nada más errado. La socialdemocracia nació para orientar la libertad, nunca para devaluarla. Este es uno de sus postulados filosóficos esenciales. El buen socialdemócrata también es un amante de la libertad, pero reconoce que las políticas públicas pueden convertirse en conductoras de las fuerzas del capital, de tal forma que actúen como poderosos motores capaces de enfrentar los desafíos sociales. Por ello, en lugar de detener la mano invisible del mercado, el socialdemócrata afirma la necesidad de que esa mano exista, pero orientada. Por eso lo más censurable del monetarismo especulativo es su incapacidad para contestar hacia qué fines morales dirige todo el monumental esfuerzo productivo de la sociedad. Carece de respuestas y se limita en función de un despropósito, activar una maquinaria de consumo sin sentido teleológico. Lujo que ya el planeta no se puede dar. Pero el hecho de que el sistema de mercado sin dirección moral fracasara, no implica que por sí sola la herramienta no sea útil, como sí sucede cuando canaliza hacia fines éticos las potencias que desata. En esa diferencia se sostiene la esencia de una propuesta socialdemócrata moderna. Como la trágica Princesa de Argos, las fuerzas del mercado pueden ser tanto monstruosas como salvadoras. Dependerá de los fines hacia los cuales éstas sean conducidas. La descomunal capacidad que poseen las fuerzas del capital para conquistar logros colectivos, fue históricamente probada por la tenebrosa conducción del nacional socialismo alemán. Por desgracia, eran abyectos los fines de aquellas descomunales conquistas. Como en el mito de la caja de Pandora, cuando ellas son desatadas vesánicas e ingobernadas, son promotoras de muchos males. Pero si son conducidas moralmente, actúan como un Prometeo sin cadenas: en beneficio del hombre. Fidel Castro insiste en su discurso de que el planeta no sobrevivirá el ritmo actual de consumo mundial, pero la alternativa que ofrece es falaz: el socialismo real. Un atavismo que implica retroceder, -como lo hizo Cuba-, al arado con bueyes. Ante los descomunales desafíos mundiales en materia alimentaria, energética y ambiental, astutamente lleva agua a sus molinos y juega con el espejismo de que la solución es proscribir el mercado. Cuando el Presidente de los Estados Unidos exigió a Detroit que recondujera la producción de sus ineficientes vehículos en función de una producción automotriz ambientalmente amigable y energéticamente novedosa, insinuaba la vía correcta para enfrentar los retos. La instauración de políticas públicas que aspiren a dirigir las potencias del sistema de mercado hacia la solución de los grandes desafíos humanos. En ese caso, dando norte a las potencias de la industria automotriz, sujetándolas para que contribuyan al desarrollo de formas de locomoción energéticamente amigables. Exigencias como las que le hizo el gobierno estadounidense a sus compañías automotrices, habrán de implementarse a escala global y en muchas otras actividades económicas en las que se torna indispensable la investigación y el desarrollo de tecnologías que contribuyan a combatir los tres desafíos más acuciantes de la humanidad, en primer término el alimentario, el ambiental, y el energético. Si las fuerzas económicas que operan sobre el fundamento de la libertad individual, son éticamente dirigidas hacia los fines del desarrollo sostenible, éstas son capaces de logros sociales titánicos. Políticas públicas novedosas, -como por ejemplo la concesión de obra-, van permitiendo enfrentar los desafíos con los que se topan los Estados nacionales y que ya no pueden resolver por sí solos. Pese a ello, leo constantemente que en nuestra región, ciertos partidos y movimientos políticos, -que se autodenominan socialdemócratas-, satanizan el hecho de que las soluciones a los problemas públicos sean ejecutadas desde fuera de la burocracia directa del Estado. Ciertamente son socialdemócratas, pero sus bitácoras ideológicas se detuvieron en el año 1950. Partidos de hoy, con las soluciones de ayer. Que hubiesen producido buenos consejeros a los gobiernos de Betancourt, Figueres Ferrer, o Lázaro Cárdenas, pero nunca funcionales para las necesidades de esta era del conocimiento. El chantaje petrolero y la insuficiencia energética, por ejemplo, es uno de los más desafiantes retos que enfrentará latinoamérica en los próximos años. Países como Costa Rica o Colombia, -cuyas capacidades hídricas son envidiables-, habrán de desarrollar infraestructura hidroeléctrica de tal magnitud, que requerirán de la confluencia de buena parte de la iniciativa privada para conquistar obras de tal envergadura. Hacia esos loables objetivos habremos de conducir la capacidad productiva de nuestras comunidades nacionales. De esta necesidad se desprende otro gran desafío político: la implementación de eficientes mecanismos de control ético sobre la participación privada en la obra pública. Los diarios y los estrados judiciales de nuestros países han sido escenario de constantes escándalos sustentados por la corrupción existente alrededor de las intrincadas redes tejidas en derredor de los grupos de interés asociados a las contrataciones con el Estado, y el poder económico e influencia política que generan. Y esta depreciación del sistema republicano se ha entronizado de forma tan descarada, que hoy muchas de las posiciones del poder político no son ocupadas por individuos con genuinas inquietudes de servicio público, sino por ex funcionarios de empresas contratistas, sus asesores legales o miembros claramente asociados a esos intereses. Vicios que hacen daño a la libertad económica, pero que solo por la vía republicana habremos de corregir. fzamora@abogados.or.cr

UNA PROPUESTA ABSURDA

Dr.Fernando Zamora Castellanos

Abogado constitucionalista

Por razones sustentadas en la esencia misma de las instituciones del derecho familiar, las propuestas legislativas a favor de las uniones civiles homosexuales resultan en una incoherencia supina. A la luz del derecho expliquemos el sinsentido de ese despropósito. ¿Por qué y para qué fueron originalmente ideados la pensión alimenticia y los bienes gananciales matrimoniales? Ambos son institutos del derecho moderno que surgieron como una necesidad de reconocimiento de la división familiar del trabajo. Y por las razones que indicaremos, esa necesidad es imposible que en nuestro medio la tengan las parejas de un mismo sexo. Veamos. Sabemos que por razones naturales es al género femenino a quien corresponde el largo proceso de parto. Como derivación natural asociada a la continuidad de este proceso, es usual que a la madre corresponda la crianza y educación de los menores en el hogar. El hecho de que la labor doméstica de la madre en el hogar no sea remunerada, la coloca en una situación de clara desventaja que el derecho familiar remedió por la vía de los bienes gananciales y la pensión alimentaria a favor de la cónyuge o conviviente responsable de la labor doméstica. Esencialmente esas instituciones entonces nacen a raíz de la desventaja económica derivada de quien procrea y cría los hijos, pues el responsable de tal deber dentro del núcleo familiar debe sacrificar su desarrollo laboral que es económicamente remunerable, para dedicarse a la atención y formación de los menores. Dicho costo de oportunidad, -que casi siempre lo asume la madre-, ameritaba entonces y amerita hoy, ser reconocido y económicamente recompensado. De ahí que el derecho familiar moderno instituyera, por una parte, los derechos alimentarios y por otra, los derechos gananciales. Todo en protección de los intereses de la madre, que generalmente es la parte que se encuentra en la situación de desventaja ya descrita. Lo anterior solo es materialmente posible en las convivencias entre un hombre y una mujer, pues dos personas de un mismo sexo no pueden procrear hijos y se encuentran además en la misma igualdad de condiciones de género. Sumado a lo anterior, aquí dos personas de un mismo sexo están imposibilitadas de adoptar menores, por lo que no existe entonces ningún factor que justifique desigualdad alguna de un conviviente respecto del otro, que amerite el obligar a nuestro Estado a regular las convivencias entre homosexuales por esas razones. Ninguno de ambos debe responsabilizarse de la crianza de ningún menor y además, ambos se encuentran, por razones tanto de género como naturales, en absoluta igualdad de condiciones para trabajar y contribuir con la sociedad. Así las cosas, es absurdo trasladar este instituto del derecho familiar a las parejas del mismo sexo, ya que, -perteneciendo al mismo género y biológicamente impedidas de procrear-, se encuentran en absoluta igualdad de condiciones laboral-productivas. De ahí también el absurdo de pretender pensiones estatales por esos motivos. Creo que esta ocurrencia, que bastante cara nos va a salir a los costarricenses pues habrá de resolverse en referendo, en realidad oculta otras intenciones. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? El mismo que ya se ha implementado en otros países. Ir minando ante la opinión pública, los valores fundadores y la cultura constitucional de las naciones cristianas. Algunos países ricos, presionados por la convergencia del ateísmo, y adormecidos por el espejismo de la abundancia económica, han llevado al extremo ese fundamentalismo secular y han prohibido la formación espiritual cristiana en sus escuelas. El profesor de Oxford K.Ward, sostiene que, en la proclividad de una naturaleza egocéntrica del hombre -que busca eliminar todo cuanto amenaza la soberanía de sus deseos egoístas-, se encuentra la explicación de esta tendencia. El siglo XX conoció la cultura de la muerte derivada del apetito de poder y de riqueza, pero en el siglo XXI, esa misma cultura la estamos conociendo además, por el culto a un hedonismo feroz. Así como a los materialistas les parece inconcebible un propósito primigenio trascendente, a los cultores del hedonismo también les es inconcebible que pueda existir algún propósito detrás de un sacrificio incondicional. Por ejemplo, conservar la vida de un niño en el vientre, -pese al costo individual que eventualmente ello pueda conllevar-, es, para el hedonista contumaz, un sinsentido. Es que lamentablemente vivimos tiempos de desprecio hacia la noción o idea de lo que la verdad es. Casi con aires de pedantería intelectual, está en boga asegurar que la única certeza existente es la que la niega. Y esa convicción de despropósito con la que se mal forman grandes mayorías sociales, resulta en un grave problema contemporáneo con el que lidia hoy la humanidad, pues ya sea para resolver trivialidades, o para tomar las grandes decisiones morales que debe enfrentar un hombre en su existencia, resulta indispensable el conocimiento y constante aplicación de la verdad. Y como sociedad esa necesidad es igual de severa. Las generaciones que fundaron muchas de las naciones americanas eran conscientes de ello. Por eso las cimentaron sobre los valores cristianos, lo que es menester recordar en momentos en que -desde todo frente-, el cristianismo, está sometido a tan agresiva persecución. fzamora@abogados.or.cr

AMENAZA A NUESTRAS LIBERTADES

Dr.Fernando Zamora Castellanos

Abogado constitucionalista

Publicado en Suplemento Página Abierta bajo la dirección siguiente:

http://www.diarioextra.com/2010/abril/27/opinion07.php

La norma y la resolución irrazonable es un atentado contra las libertades. La ley desproporcionada es germen que carcome la libertad y que legitima una contracultura inconstitucional perversa. Esta pérfida tendencia ha sido casi una constante histórica en latinoamérica, y subterfugio para los tiranos de nuestro realismo mágico. Lo preocupante es que aún en Costa Rica, donde nos hemos caracterizado por ser históricos defensores de nuestro régimen de libertades, se esté entronizando, -a partir de resoluciones y normas irrazonables y desproporcionadas-, una incultura constitucional contra nuestras libertades. La Asamblea Legislativa y muchas de nuestras corporaciones municipales están siendo culpables de ello. Y una reciente resolución del TSE que arbitrariamente restringe los derechos electorales sin que la ley lo haga, -en relación con el domicilio de los candidatos a puestos de elección popular-, es solo un ejemplo más de ello. Un fundamento constitucional básico de cualquier sociedad libre es que sus leyes sean razonables. Si consentimos lo contrario, nos acercamos disimuladamente al precipicio del despotismo. En esencia, una norma es desproporcionada cuando las circunstancias sociales que motivaron al legislador a sancionarla, no guarda proporción con los fines perseguidos por ella, ni con los medios escogidos para alcanzarlos. Y es irrazonable cuando por inequidad no es idónea para alcanzar sus objetivos. Resumirlo en una frase coloquial, es afirmar que son resoluciones, actos y leyes carentes de sentido común. Como la ley de tránsito que, por una parte pretende penas laxas para faltas graves pero por otra contempla sanciones draconianas para faltas leves. Solo dos ejemplos. Si un obrero que conduce el vehículo de la empresa para la que trabaja, olvidó colocarse el cinturón al momento en que es detenido por el oficial, por esta omisión el Estado le castigará con una sanción de C220.000 colones, monto equivalente al salario mensual con el que debía alimentar a sus hijos. Un despotismo absurdo. Otra ilustración, pero en materia aduanera. El artículo 242 de la Ley de Aduanas establece que, si un agente aduanero comete una infracción, -que NO sea de carácter delictivo-, cuyo perjuicio sea superior a los cien pesos centroamericanos, (que equivalen a $100), se le castiga con una multa igual al valor aduanero declarado. Esto significa que, si la infracción es de $101 y la mercancía vale $100,000, el monto que el trabajador aduanero deberá cancelar al Estado -por ese error de solo $100-, es una sanción de $100,000. Son solo ejemplos, pero reflejan una tendencia a la arbitrariedad y a la desproporción de las normas, que se está imponiendo en todas las áreas de nuestro ordenamiento jurídico. Lo preocupante es que en los últimos años, los costarricenses estamos siendo testigos de una inflación de resoluciones y normas irracionales y desproporcionadas que reflejan la escasa cultura constitucional de nuestra burocracia respecto de las limitaciones al poder y la defensa de las libertades. Comentario generalizado entre el gremio de los abogados, es la tendencia cada vez más arbitraria de muchas de las resoluciones de las corporaciones municipales, que están convirtiendo a los ayuntamientos en pequeñas tiranías. Allí principios indiscutibles de las naciones libres como el de seguridad jurídica, irretroactividad de la ley, o aún el de propiedad privada, son atropellados con el primer argumento que esté al alcance; si no “por el inciso de aquel nuevo reglamento”, entonces por “ésta otra resolución”. La devaluación de una conciencia constitucional de libertad, en perjuicio de las futuras generaciones. ¡Advirtamos el germen que subrepticiamente está incubándose! Recordemos que estado de derecho y democracia no representan necesariamente lo mismo. El primero es sometimiento sin excepción de los ciudadanos a la ley, pero la historia es recurrente en mostrarnos listas extensas de estados de derecho sin democracia. Esta siempre degenera, como consecuencia del paulatino deterioro de las libertades sociales. En esencia, la democracia es control del poder. Si la arbitrariedad va ganando territorio, deja la democracia de responder las grandes preguntas que debe resolver todo sistema de libertad: ¿cómo controlar a quienes ejercen el poder? ¿cómo realizar cambios sin violencia? ¿cómo garantizar la consecución de las aspiraciones ciudadanas? Estas preguntas toman mayor relevancia en épocas de globalización, donde cada día son más las decisiones vitales que se toman en entidades ajenas a las democracias nacionales, como lo son el G-8, el Banco Mundial o la OTAN. Las grandes determinaciones que definen el destino de nuestras sociedades, van emigrando fuera del marco usual de acción de la democracia. Grandes definiciones tomadas en foros inalcanzables y por personas a quienes no podemos controlar, elegir ni sustituir, van desdibujando nuestra capacidad de dar respuesta a aquellas preguntas esenciales de la democracia. Y es precisamente, por esa tendencia, que debemos fortalecer el ejercicio de la libertad a lo interno de nuestras naciones-estado. Y esto no debe ser material para panfletos de izquierdas o derechas, pues en ambos polos del espectro, estas preocupaciones han sido usufructuadas para resucitar fanatismos enemigos de la libertad. Lo que está en juego es, si reafirmamos o deterioramos nuestra concepción de que el estado republicano de derecho es para proteger las libertades individuales y limitar el poder. Y nunca desechar de nuestro credo, la certeza de que la prosperidad dependerá de la estabilidad y equidad de nuestras normas. Los abusos de la corrupción son motivo para la acción concertada, no pretexto para la ley irracional que devalúa las garantías de un sistema de libertad como el que tanto ha costado forjar. Figueres Ferrer, señalaba que el peligro está cuando los caros conceptos de la política se vuelven palabras gastadas y Zagrebelsky, que el concepto “democracia” ya no divide. Es que hemos aceptado interpretaciones contradictorias para entenderla. De ella debemos servirnos pero a su vez servirla, y la han devaluado quienes de ella han usufructuado sin retribuirle. En todo este tinglado los Tribunales constitucionales juegan un papel primordial. Sé que, como toda institución democrática, se mueven en los procelosos vaivenes de las presiones y los intereses, sean de la opinión pública o de los distintos grupos de poder. Pero un Tribunal Constitucional es luz para una nación cuando es fuerte y sus jueces son, -ante todo-, amantes de la libertad. Por eso una tarea impostergable de las jurisdicciones constitucionales latinoamericanas es retomar ahora una muy seria fiscalización de la irrazonable desproporción de muchas resoluciones y normas. fzamora@abogados.or.cr

2010-2014 LAS TAREAS URGENTES

Dr.Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista

Publicado en el Periódico La Nación bajo la dirección:
http://www.nacion.com/2010-03-07/Opinion/Foro/Opinion2292772.aspx

El reto esencial con el que se enfrenta la futura mandataria radica en gobernar a partir de la política grande, que implica inspirar en esta un nuevo espíritu. Una vocación asociada a un sostenido entusiasmo en el servicio del bien. Para ello será indispensable el ancla del carácter, que –como afirmaba Brenes Mesén– es don del corazón más que de la inteligencia. Es una pertinaz e inflexible determinación de la voluntad.
Lamentablemente parte de la clase política costarricense devaluó el verdadero concepto de la moral política y la interpretó como lo hacían los fariseos. Una anécdota política que ilustra lo anterior, fue la que tiempo atrás protagonizó un líder criollo que se dedicó a atacar a los funcionarios de cierto directorio legislativo con ocasión del gasto en la organización de sus recepciones. El incidente fue bautizado por la sátira partidista como “la ética de las galletas”. Como en la enseñanza contenida en la moraleja dela adúltera que pretendían apedrear cerca del templo, la lección de la anterior jornada electoral es que la moral política que exige la patria no es la que condena, sino la que inspira.
Si sabemos que asfixiar la libertad es la más maligna tentación de un gobernante, entonces igual reconocemos que una moral política sublime se sustenta desde la libertad. Por ello, en las sociedades fundadas a partir de esos ideales, la política solo puede hallar el rumbo aferrada a esas raíces. En el nuevo Gobierno socialdemócrata, el gran desafío será alcanzar los objetivos de la justicia, sin caer en la tentación de eclipsar el fuego de la libertad. Porque la mayor responsabilidad de un gobernante, es la de saber distinguir lo esencial y permanente cuando ello tiende a confundirse en la distorsión que trae lo pasajero. Saber impulsar el carro de la patria hacia la modernidad, sin atropellar los ideales que la hicieron posible.
Programa mínimo. Días antes del anterior cambio de Gobierno, –en el año 2006–, el periódico La Nación publicó un artículo en el que opiné sobre la necesidad de un programa mínimo ante el desafío de entonces. En aquel momento afirmé textualmente lo siguiente: “Un programa mínimo deberá implicar, al menos, la determinación absoluta del gobierno para sacar adelante cuatro tareas concretas urgentes: 1) concluir con rapidez las obras de la carretera –en proceso de construcción desde hace más de 30 años–, que comunicará el Valle Central y todo el Pacífico, con la frontera sur. 2) La modernización de los puertos. 3) La aprobación, ahora pendiente, de los acuerdos de promoción comercial' y.., 4)' una apertura de nuestra legislación en materia de infocomunicaciones que permita que en esa materia suceda con el ICE lo que sucedió con la Banca estatal en los Gobiernos socialdemócratas de la década de los ochenta. Así como ha podido coexistir una Banca estatal con una pujante Banca privada, será posible que un ICE moderno coexista con empresas privadas de info- y telecomunicación” .
Hoy, cuatro años después, recordando ese programa mínimo, sabemos que –tomando en cuenta el esfuerzo que todavía se hace en Limón en materia de puertos–, la tarea se alcanzó con denuedo. Pese a ello, sabemos que no es suficiente. De acuerdo con el Reporte de Competitividad Global 2009-10, creado por el Foro Económico Mundial, Costa Rica se rezaga frente a los esfuerzos de otras naciones centroamericanas –Panamá, Guatemala y El Salvador–, que nos están superando en la materia. Ahora el programa mínimo debe ser otro. Lo resumo sobre la base de cuatro prioridades urgentes.
Infraestructura. 1) En infraestructura la atención debe priorizarse en materia de producción energética. En un mundo en el que la producción de energía limpia es cada día más vital, desarrollar nuestro máximo potencial hidroeléctrico es un asunto de supervivencia nacional y nos permitirá depender menos del chantaje petrolero. 2) En combate a la desigualdad, en materia educativa lo más urgente es recuperar la brecha cualitativa entre la educación general básica pública y la privada. Para que esto sea posible, se necesita concebir de forma distinta al Ministerio de Educación.
Una medida práctica es la de descentralizar todas sus funciones administrativas en favor de los centros educativos y enfocarse exclusivamente en la inversión y mejoramiento constante de la calidad de la enseñanza. En el rubro de inversión educativa, deberá aplicar una estrategia similar a la utilizada con los colegios científicos y crear en las distintas regiones del país polos de alta calidad educativa pública en centros de alto desarrollo demográfico, de forma que la enseñanza de alta calidad esté al alcance de más población de escasos recursos. 3) En materia hacendaria se sabe que la solución no es nuevos impuestos y lo urgente es cobrar debidamente los existentes.
Otra medida pragmática: en sus orígenes como nación, nuestro país conoció la institución de la mayordomía tributaria, que consistía en permitir la colaboración de entes no gubernamentales debidamente acreditados, en el control de la evasión tributaria. Como retribución a su esfuerzo recibirían porcentajes predeterminados por ley de aquello recaudado en multas. Este mecanismo existiría exclusivamente como un complemento de los procesos ordinarios de control y fiscalización ya existentes, que hace el Estado por sí mismo, y sin que la recaudación escape de sus manos.
Megaproyecto. 4) Finalmente –al igual que Panamá lo hizo con la ampliación del Canal–, Costa Rica debe implementar un megaproyecto complementario a aquel transporte interoceánico como activador de la economía nacional. Para ello la idea del “Canal Seco” es óptima. Tanto que Guatemala ya se nos adelantó y ha firmado convenios en ese sentido. Un megaproyecto de esas dimensiones no solo revolucionaría nuestra economía –como lo ha hecho el Canal en Panamá–, sino que nos conectaría con las necesidades estratégicas del mundo desarrollado. Pero nada de ello es posible desde las mezquindades de la política pequeña.
Tampoco si llenamos de mercaderes el templo de la política nacional. La verdad sea dicha: tanto daño le hacen al país los obstruccionistas profesionales henchidos de “celo patriótico”, como los legionarios de la actividad privada que hoy se han involucrado en la pública, por negocio. Tanto daño hacen los zelotes como los cambistas del templo. Y en ese sentido, la Sra. Presidenta debe poner atención a un clamor a voces ahogadas, que exige que las posiciones públicas sean producto de una vocación genuina de servicio, y no se importen más desde las firmas legales involucradas en las contrataciones con el Estado. fzamora@abogados.or.cr

Garantismo penal: una perspectiva constitucional

Publicado en el Diario Español El Imparcial

http://www.elimparcial.es/america/garantismo-penal-una-perspectiva-constitucional-56377.html

La prensa ha sido escenario de un intenso debate jurídico respecto del futuro del proceso penal en hispanoamérica y su relación con la alarmante escalada de violencia criminal en la región. Incluso la polémica se ha visto atizada por abogados que, desde los medios de comunicación, han invadido la actividad propiamente periodística para usufructuar del justificado malestar ciudadano contra la delincuencia y sacar ventaja en relación con casos concretos que ellos mismos patrocinan en sedes judiciales. Es un indebido protagonismo contra el sistema, cuando se hace para azuzar presión indebida sobre expedientes que allí se ventilan. Por cierto, conducta prohibida por la mayoría de los Colegios profesionales. Esa patología de la conducta gremial devalúa la discusión, pues estigmatiza a los defensores del debido proceso penal, como si fuesen una suerte de alcahuetes indiferentes ante la criminalidad. Lo cual no es cierto respecto de los distinguidos juristas que han participado en este tipo de discusiones con la sincera intención de defender la verdad académica. Por ello es importante enfocar el debate bajo la luz que ofrece la Constitución, pues solo de esta forma lo centraremos en su adecuada perspectiva. Durante la República de Weimar alemana, -período anterior a la segunda guerra mundial-, un viejo aforismo resumía la concepción que entonces se tenía respecto del constitucionalismo: “los derechos fundamentales del hombre, son hijos de la ley, y solo existen en el marco de ella.” Sin embargo, el horroroso drama sufrido por la humanidad en el Siglo XX, provocado por regímenes que impusieron normas legales y constitucionales brutalmente vejatorias de la dignidad humana, generó un drástico viraje en aquella limitada convicción. Y a partir de la segunda mitad de ese siglo, nuestro hemisferio entendió que los derechos fundamentales de los ciudadanos no son una graciosa concesión de la autoridad o de la ley, sino una inobjetable derivación de la dignidad del ser humano. Al margen, vale recordar que en la consolidación de esa noción, fueron fundamentales los milenios de revelación judeocristiana proclamando que el hombre era inherentemente digno por su condición de criatura surgida a imagen y semejanza de un Ser ético. Tanto aquel drama histórico, como dicha tradición espiritual de la humanidad, fue lo que confluyó para revolucionar la conciencia constitucional occidental, y consolidar así el Sistema internacional de derechos humanos. Por ello el hecho de que los derechos fundamentales sean un basamento inapelable de nuestro sistema constitucional, debe ser casi una verdad de perogrullo para todo abogado, y resulta curioso que el activismo de quienes se presentan ante los medios en su condición de profesionales del derecho, minen esas conquistas ante la opinión pública. Los principios constitucionales que informan el procedimiento penal no son una caprichosa licencia de alguna teoría o corriente de la doctrina penal, como pretenden hacer creer algunos intervinientes del debate, sino que son presupuestos de un sistema normativo superior al que deben someterse los ordenamientos, si sus sociedades pretenden ser parte de la comunidad de naciones libres. Ejemplo de estos principios, harto reconocidos tanto por la jurisprudencia constitucional occidental como la interamericana de derechos humanos son, -por citar ejemplos-, el de doble instancia, inocencia, audiencia, intimación, contradictorio, prueba, irretroactividad, causalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Y estos principios, discutibles solo para sociedades atávicas como las islámicas, nada tienen que ver con corrientes doctrinarias de la teoría penal, como lo es, por ejemplo, el polémico abolicionismo. Lo que sí atenta contra el debido proceso penal es la falta de sentido común de ciertos jueces penales, -o la abierta corrupción que los medios latinoamericanos han denunciado en algunos de ellos-, cuya conducta o insensatez agrede la sana aplicación del derecho al caso concreto, generando situaciones de impunidad e injusticia alarmantes. Mucho del justificado malestar ciudadano contra la administración de justicia, no tiene relación con el procedimiento penal establecido, -el cual es solo una herramienta-, ni con la adecuada aplicación de sus garantías, sino en aspectos perniciosos como ese, que deben atenderse para resolver el problema. Faltas recurrentes -maliciosas o no-, de algunos jueces penales, han obviado la adecuada aplicación de la ley, provocando la impunidad de delincuentes reincidentes o ejecutores de crímenes socialmente escandalosos y violentos. Aún tengo en la retina la libertad sin prisión preventiva que alguna juez otorgó para injusto beneficio de un sujeto que -a machetazo limpio-, había desfigurado a su moribunda conviviente. ¿Tiene una simpleza de esa ralea, algo que ver con las garantías constitucionales del derecho penal? ¿O las irregulares excarcelaciones de narcotraficantes dadas por ciertos jueces, son culpa de las garantías que contemplan los modernos sistemas constitucionales? No. Es un problema de valores y de idoneidad. Aún más, creo con seguridad que en la esencia del problema está la brutal decadencia de los valores espirituales de nuestras sociedades, hecho del que estamos siendo testigos las actuales generaciones. El exponencial aumento de la actividad delictiva es solo un reflejo de ello. De ese preocupante panorama, no culpemos a nuestro proceso penal, sino a la ingravidez moral propia de la codiciosa cultura que hemos abrazado, el “ideal” Voltaireano de la sociedad sin Dios. fzamora@abogados.or.cr