lunes, 24 de febrero de 2014

LA IDEOLOGIA COMO AMENAZA



Dr. Fernando Zamora C.
Abogado constitucionalista

Publicado en el periódico La Nación bajo la dirección: 

Después de muchos lustros, ha renacido en Costa Rica un partido de filosofía Demócrata Cristiana. Lo logró un solitario quijote cartaginés, de apellidos Redondo Poveda, quien fue electo único congresista en representación de la nueva Alianza Demócrata Cristiana (ADC). Reflexionando sobre ello, recordé los escritos de Luis Barahona Jiménez, filósofo y padre intelectual de la democracia cristiana costarricense. Don Luis sostenía que no es posible un estadista, si antes éste no domina el conocimiento de los principios filosóficos sobre los que se basa la actividad política, la organización del Estado y la sociedad.

Como buen filósofo, Don Luis había optado por la democracia cristiana porque prefería las filosofías políticas abiertas antes que las ideologías. Sabía que solo las sanas corrientes filosóficas ofrecían el saber práctico que se requiere para resolver los problemas que el devenir histórico impone. Y que la política no debe sujetarse a un recetario supersticioso de fórmulas, como sucede con las ideologías. Una filosofía política sensata no ofrece recetas. Solo es guía para discernir el camino y escoger de todo el conjunto de arbitrios que, -para cada caso concreto-, se ponen en práctica intentando el bien común. Se limita a ofrecer un marco dentro del cual se desata la inspiración de un buen estadista, que es el poder extraordinario con el que el gobernante intuye el destino de los pueblos y atisba las sendas para transitarlo. Al final del camino, solo el tiempo lo puede juzgar. Pero esa inspiración es imposible en una mente obnubilada por los prejuicios y las supersticiones ideológicas. Porque la ideología es un condicionamiento. Es una programación mental. Independientemente de que sus enunciados se ajusten o no a la realidad, lo esencial es que cumplan una función directiva del comportamiento. Sean o no justificados sus predicados, al final resultan un conjunto prescriptivo y sistemático de conductas condicionadas por una fuerte carga emotiva.

Como bien lo reclamó el pensador mexicano Luis Villoro, la ideología es un conjunto de creencias que responden al interés particular de grupos afanados en obtener poder. Aunque éstas no siempre son irracionales, no pueden invocar una justificación suficiente para que su supuesta verdad se acepte con razonable seguridad. Sabemos que existen creencias falsas, incluso algunas que, por injustas, son evidentemente falsas y por eso, no tienen fuerza social. Pero en el caso de la generalidad de las falacias ideológicas, éstas sí se aceptan como verdades incuestionables solo por el objetivo político que arrebatan.  

Las ideologías dan por sentadas convicciones que en la gran mayoría de los casos no tienen fundamento en la realidad. A pesar de ello, los activistas de las ideologías logran que sus razones venzan a otras mejores, como son por ejemplo, las razones estadísticas. La falacia ideológica no necesariamente se levanta intencionalmente. No siempre es un engaño consciente. Por eso es difícil confrontarla. Quien está sometido a las supersticiones ideológicas, las abraza con sincera ingenuidad. Por eso son un yugo difícil de vencer. La única forma de desenmascarar la falacia ideológica es descubriendo los intereses propios de quienes las promueven.

La ideología es un espejismo que satisface las necesidades de identidad colectiva, de reconocimiento y cobijo. Por eso los jóvenes son quienes fácilmente caen presa de las redes que los ideólogos echan. Ahora bien, para que la superstición ideológica alcance éxito social y justifique su intención de acceder al poder político, es necesario que quienes las prohíjan estén convencidos de que aquello en lo que creen será en beneficio de todos. Y por promover quimeras que al final del camino solo son intereses, la ideología es un engaño. Dichos intereses político-ideológicos llegan al extremo de presentar como verdades, creencias que la misma realidad contradice, o que son incluso irracionales.

Surgidas a partir del marxismo del siglo XIX, las doctrinas ideológicas más peligrosas tienen su matriz en las teorías del materialismo determinista y de la lucha de clases. El denominador común de todas sus variantes está en dos elementos. Mal conciben el desarrollo humano a partir de la progresiva acumulación de poder en el Estado. Por otra parte, son doctrinas omnicomprensivas de la historia y de la sociedad, lo que las hace necesariamente falaces. Para sus adeptos, esos dogmas materialistas son un recetario indispensable para ejercer el poder. Tanto para alcanzarlo como para mantenerlo. Para los políticos dominados por esas supersticiones, las políticas públicas son eficaces en el tanto apliquen al pie de la letra tal recetario. Antes que surgieran los materialismos de la época moderna, la humanidad no conocía tal culto por una razón totalizadora. No existían las complejas y omniabarcadoras teorías que imponen los materialismos de hoy.

Las naciones gobernadas por corrientes de pensamiento sustentadas en sanas filosofías políticas abiertas, -como la democracia cristiana, la moderna socialdemocracia de raíz europea, o el socialcristianismo-, han aspirado siempre a establecer el equilibrio que mantenga a raya esa voraz propensión totalizadora del Estado. Sin perder de vista la perspectiva de su responsabilidad rectora, una sana filosofía política abraza firmemente la idea de un Estado de dimensiones y gasto controlados. De tal forma que se estimule el emprendedurismo empresarial y la iniciativa de los ciudadanos fuera del Estado. Sin embargo, en un 40% de la conformación de nuestro nuevo parlamento, detecto con profunda preocupación un discurso contaminado de ideología. Tengo la percepción de que muchos pretenden ir en contravía del camino sensato, hacia una mayor acumulación de poder público. Todo en daño del ciudadano que lucha desde fuera del Estado y que, al final, se ve obligado a sostener dicha incontenible entelequia devoradora en crecimiento. Por esa preocupación, -y en relación con la definición presidencial aún pendiente-, me parece importante que Don Luis Guillermo Solís, -a quien en lo personal le guardo un especial aprecio-,  de alguna forma aclare con mayor precisión las declaraciones que dio a este periódico el pasado 13 de diciembre. En ellas alude a las supuestas bondades de un Estado grande. Conocedor de la sensatez de Luis Guillermo, y de la potencial influencia que sus declaraciones tienen en la educación del pueblo, es importante que deje claro a qué se refiere con ello.  fzamora@abogados.or.cr

martes, 4 de febrero de 2014

CONTRA LEVIATAN



Dr. Fernando Zamora Castellanos.
Abogado constitucionalista

Publicado en el Periódico La Nación bajo la siguiente dirección:

El constitucionalismo moderno existe para contraponer la tendencia del poder de invadir progresiva y sutilmente las libertades ciudadanas. Si bien es cierto la Constitución es el enunciado de los ideales comunes que como sociedad abrazamos,  ante todo, es la garantía que los ciudadanos tenemos para asegurar nuestras libertades frente al poder constituido. Por ello, a partir del filósofo Thomas Hobbes, se le llama Leviatán, a esa enfermiza vocación omnímoda del poder estatal.

Si esta campaña electoral fuese un termómetro respecto de esa peligrosa tendencia, la conclusión que extraigo es la de que, -salvo pocas excepciones-, en nuestra clase política existe una perniciosa incultura contra la libertad. Una de tantas ilustraciones de esta realidad, son las recientes declaraciones que a este diario ofreció la candidata que encabeza la papeleta al Congreso del Partido Frente Amplio. Cuando la aspirante planteó que promovería reformas para regular la labor de los medios, el periodista Alvaro Murillo le cuestionó acerca de cómo se pondrían en práctica tales regulaciones. Puntualmente, Murillo le preguntó sobre ¿quién diría cuál medio de comunicación falla? Su respuesta fue que, de triunfar el Partido Frente Amplio, se crearían “instancias ciudadanas” para ello.

El problema es que, -para desgracia de la historia humana-, este tipo de iniciativas en las que un Partido oficial controla grupos ciudadanos en apoyo de un gobierno, no son una idea original. Nacieron concebidas por los totalitarismos en la Europa de principios del Siglo XX. Son un mecanismo mediante el cual, ciudadanos adeptos al Partido del gobierno, controlan la libertad de expresión y el comportamiento político de los ciudadanos independientes. La historia reciente de América latina también ha conocido ya este mecanismo de control ciudadano. Por ejemplo, en la Cuba socialista, tales instancias ciudadanas se denominan “Comités de defensa revolucionaria”. Al igual que la idea planteada por la candidata, tales comités ciudadanos fueron creados por el Partido en el poder para desempeñar tareas de control ciudadano. Los comités ciudadanos resultan un mecanismo que, -aunque perverso-, es eficiente para controlar el poder político. En los regímenes que lo han implementado, la estructura de tales organizaciones ciudadanas es centralizada y opera en forma piramidal, según los grados de división territorial administrativa. Por ejemplo si se tratase de Costa Rica, de acuerdo a la conformación de nuestra división territorial, tales “iniciativas ciudadanas” deberían funcionar a partir de nuestros caseríos, -y desde allí-, con una organización de mando por distritos, cantones y provincias, hasta culminar con una jerarquía a nivel nacional. Tal estrategia también se usó con similar eficacia a partir de 1980 durante el régimen sandinista, que en ese año creó los denominados “comités de defensa sandinista.” Eran un mecanismo de vigilancia de la vida de aquellos ciudadanos nicaragüenses que disentían del régimen dirigido entonces por Daniel Ortega.

En el pasado reciente, ese antecedente de control de la prensa a partir de “grupos ciudadanos” ha tenido trágicas consecuencias. Es de público conocimiento que, tras los múltiples ataques físicos a la prensa venezolana independiente,  ha estado la mano enardecida de hordas civiles organizadas por el partido del gobierno. Como ilustración de lo que afirmo, se documentó que los ataques con granadas del año 2009 contra TV Globovisión, fueron dirigidos por grupos organizados del Partido oficial. De hecho, se descubrió que el ataque de ese año había sido ejecutado por reconocidos partidarios, entre ellos Lina Ron, dirigente de la Unidad Popular Venezolana (UPV). En ese país, una modalidad de tales grupos organizados de la población, son, por una parte, los denominados “colectivos”, y por otra, las “milicias bolivarianas”.  Aunque se denominan así, no están incorporados en el Ejército de Venezuela, sino que son mantenidos estratégicamente como grupos ciudadanos. Sin embargo, son acólitos al Partido del régimen socialista venezolano y son provistos de armas por el mismo gobierno. En el caso de los colectivos, usualmente la actuación también ha sido violenta, como sucedió cuando uno de esos “colectivos ciudadanos” intentó incendiar el autobús en que se desplazaba Henrique Capriles. Siendo conocedor de tales razones históricas, y ante la amenaza velada contra la libertad que se desprende de las intenciones de la candidata del Frente Amplio, -como abogado constitucionalista-, no puedo acallar la única arma con la que cuento, que es mi pluma.

Aún más. De las declaraciones de la candidata se desprenden otros agravios a nuestros ideales constitucionales. La segunda de tales embestidas, es su afirmación sobre la necesidad de implementar lo que eufemísticamente llamó “interrupción del embarazo”, que como sabemos, es la manera disimulada de referirse a la reconocida violación del derecho constitucional a la vida de nuestros menores. La tercera arremetida es la abierta transgresión del principio constitucional de seguridad jurídica, tal y como se desprende de las intenciones anunciadas en relación con la inversión y la iniciativa privada ya afincada en Costa Rica. En resumen, lo que parece promoverse es ciertamente un frente amplio, un muy amplio frente contra los valores de la constitucionalidad costarricense.

Más como indiqué al inicio, siento que la incultura contra la libertad, no es un mal que se detecte exclusivamente en partidos contaminados de ideología. Reconozcamos que la tendencia se ha generalizado en una parte importante de nuestra clase política. Se ha instaurado un discurso homogéneo que es peligroso. Una mala filosofía política en el debate nacional. Si tuviésemos que condensarla en una expresión crítica, lo que se deduce del discurso general con el que se maleduca al ciudadano, es que nuestra prosperidad debe depender de un Estado clientelar voraz que, -a costa del ciudadano que está fuera de ese Estado-, reclame cada día más poder, recursos y prerrogativas. Un cruel espejismo que nos está llevando hacia lo más profundo del desierto. Y el contrapeso de tan mala idea es muy débil, pues pese a que somos el país de la región donde crecen con mayor fuerza los tentáculos del poder estatal, percibo muy pocas voces disidentes a favor de la libertad.
 fzamora@abogados.or.cr