Abogado constitucionalista.
Publicado en el Periódico La Nación
https://www.nacion.com/opinion/columnistas/postura-incoherente/EEW3TUWWCFFMHKHCMICTVA5W4E/story/
La Nación informó que la Cancillería
costarricense no se
adhirió a la demanda que siete países le hicieron a la Fiscalía de la Corte
Penal Internacional (CPI) para que investigue a la dictadura venezolana por
crímenes de lesa humanidad. A raíz del hecho, y a solicitud de otros medios
informativos, declaré que esta omisión es una de las páginas más vergonzosas de
la historia diplomática de Costa Rica. ¿Por qué? Lo resumo en tres razones
claves. En primer término, por la actitud incoherente del gobierno
costarricense, que por una parte envía un comunicado, afirmando a la prensa que
expresaba su “apoyo” a la petitoria de los siete países, para después, negarse
a firmar la misma. El colega Manuel Ventura, amplio conocedor del mundo de la
diplomacia, calificó el hecho, -por decirlo de la manera más generosa-, como
una total “informalidad”.
La segunda razón radica en el hecho de que
esa actitud, agazapada y ambigua, contradice nuestra valiente tradición
diplomática en favor de los oprimidos frente al poder. El manual de principios de
nuestra política exterior contemporánea lo forjó José Figueres Ferrer en los
años cincuenta, cuando asume el liderazgo latinoamericano contra lo que
entonces daban en llamar la “internacional
de las espadas”, que era el conjunto de dictaduras militares que entonces
dominaban el continente americano. Fue un valeroso enfrentamiento contra
sátrapas peligrosos de la ralea de Somoza, Marcos Pérez Jiménez o Trujillo, que
incluso intentó asesinar a Don Pepe por ello. Salvo el apoyo de algunas figuras
prestigiosas de la oposición política latinoamericana, como lo eran Rómulo
Betancourt, Muñoz Marín, o Haya de la Torre, el gobierno de Costa Rica se
encontraba prácticamente solo frente aquellas dictaduras. Años después enfrentamos
otra gran crisis, la de la guerra centroamericana. Y la posición del gobierno
fue igualmente valiente, enfrentando de forma directa la política belicista de
la administración Reagan.
El tercer factor se refiere a lo que significa esa
denuncia internacional para la lucha por la liberación del pueblo venezolano. La Corte Penal Internacional, es un Tribunal internacional
cuya jurisdicción comprende los países adheridos al Estatuto de Roma de 1998,
que es su pacto fundacional, y atiende lo que en derecho penal internacional se
conoce como delitos de lesa humanidad. En esencia, el concepto se refiere a crímenes
relacionados con violencia física en contra de colectivos humanos. Tales como
los exterminios, torturas y asesinatos de adversarios o disidentes políticos,
desapariciones selectivas, políticas de segregación racial, y la esclavitud
grupal, entre otras fechorías. Hasta los juicios de Nuremberg en 1946, la
represión judicial de los delitos cometidos por los dictadores era una práctica
inexistente. Es hasta hace muy pocos años que el sistema judicial internacional
decidió atreverse a procesar a quienes detentan el poder. Y la verdad es que sólo
por esta vía es posible juzgar a los tiranos, pues mientras detentan el poder, sus
regímenes no son verdaderas repúblicas, donde los jueces actúan con independencia.
“Dictadura judicial, perversión del
Estado de derecho” y “Consolidación
de la tiranía judicial” son dos libros del jurista Allan Brewer-Carías que describe
la ruta del delito hacia la destrucción del Estado venezolano. Y donde la
república desaparece, es imposible juzgar al opresor que la controla. Cuando
los países dejan de ser Estados de derecho, la justicia internacional se ve
obligada a actuar. Y como en algunos casos el sistema legal internacional sí
evoluciona para bien, debemos reconocer que ha mejorado el sistema mundial de
represión criminal sobre la clase política, pues en los últimos años la Corte
Penal Internacional ha sido proclive a procesar a aquellos líderes que cometen
crímenes de lesa humanidad, pese al hecho de que éstos aún conserven el poder.
Tal es el caso del filipino Rodrigo Duterte, hoy investigado por asesinatos de
civiles, o el del Presidente sudanés Omar Hasan el Bashir, contra quien se emitió
orden de detención en el año 2009 por los crímenes de guerra en Darfur. Si
perteneciera Siria a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, no me
cabe la menor duda de que dicho Tribunal ya habría procesado al Presidente Al
Assad por el ataque químico contra la población civil de la provincia de Idlib,
donde era fuerte la oposición al régimen.
Pero Venezuela es parte signataria del
Estatuto de Roma, por lo que dicha nación está bajo la jurisdicción del Tribunal.
Esto significa que los crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del
territorio venezolano pueden ser juzgados. De hecho, la gambiana Fatou
Bensouda, -fiscal de esa jurisdicción-, inició la formal apertura de examen
preliminar contra el Presidente Nicolás Maduro y la denuncia que se negó
rubricar la Canciller Campbell, es fundamental para el impulso del proceso. De
momento se le investiga por los asesinatos cometidos por el régimen suramericano
entre marzo y agosto del año 2017. Según la Oficina del
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), al 31 de julio de ese año, se documentó la masacre de
124 personas en el contexto de las protestas. De ellas, 46 se consideran obra
de las fuerzas de seguridad, y 27, de los grupos paramilitares del régimen, llamados
colectivos bolivarianos. Otras causas de lesa humanidad, son los
encarcelamientos masivos de disidentes políticos; un hecho harto documentado
por la ONU y otras organizaciones de prestigio. Tan solo durante ese período señalado, se cuenta con
más de 5.000 detenidos, muchos de ellos menores de edad. Súmense
múltiples casos de desapariciones forzadas. El prestigioso Foro Penal
Venezolano, registra la estadística reciente de más de 1300 presos políticos encarcelados por el delito de oponerse al régimen. Derivado
de los encarcelamientos antes señalados, la ONU, a través de su Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos (ACNUDH), documentó que el régimen ha ejecutado detenciones
arbitrarias que incluyen tortura con cloro y sal, con instrumentos de descarga
eléctrica, asfixias parciales y golpizas contra los detenidos. Leopoldo López,
el reo más célebre, denunció que durante su encierro en la prisión de Ramo
Verde, se vio sometido a palizas durante la madrugada, lanzamiento de
excremento por parte de autoridades penitenciarias, largas supresiones de la luz
solar, y encierro en calabozos diminutos, entre otras torturas. Además fue
testigo de ese tipo de suplicios contra otros presos. La omisión de la
Cancillería, es una grave falta que atenta contra nuestro hoy devaluado
prestigio.
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