La cultura constitucional que viene

Dr.Fernando Zamora Castellanos

Abogado constitucionalista

Publicado en el Periódico Español El Imparcial bajo la dirección:

http://www.elimparcial.es/america/la-cultura-constitucional-que-viene-52896.html

Sucesora directa de la revolución industrial, la revolución digital de los últimos cincuenta años prepara un escenario pasmosamente diferente. Ante la magnitud del desafío, el Estado costarricense debe repensar estrategias graves que permitan sentar las bases de una nueva cultura constitucional. Resumo aquí ideas que pude aguzar gracias a la gentil invitación que me fue hecha para disertar en el reciente Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho Público. En la expresión política de este fenómeno -denominado democracia interactiva o participativa-, gracias a los medios electrónicos, el ciudadano deja de ser convidado de piedra y empieza a interactuar directamente en el proceso democrático. El empuje provocado por este nuevo paradigma, está detonando las bases mismas de la democracia de representación y la hace tambalear en dirección hacia su inexorable sustitución. Este novedoso escenario ofrece fortalecer las garantías e ideales contenidos en el derecho de la Constitución. Es la materialización -ante nuestros ojos-, del vaticinio orteguiano contenido en la Rebelión de las Masas y una transformación de tal magnitud, que hace soñar el retorno del arquetipo democrático de la Grecia antigua, pero dimensionado en la realidad de sociedades con millones de habitantes. Al poseer la administración pública electrónica una capacidad comunicativa instantánea de tipo bidireccional, -en la que el habitante accede fácilmente a la información y puede accionar en relación con ella-, una adecuada sistematización jurídica catalizaría esa mayor y mejor interacción de los ciudadanos con el Estado en función de resolver sus inquietudes. Y facilitará el control del administrado sobre materias como la contratación administrativa o en general, de recursos fiscales. Fortalecer la democracia digital permitiría auditar la actividad pública de forma tan eficaz, que institutos constitucionales como el censo revocatorio electrónico y el referendo cibernético, deberán contemplarse en las constituciones occidentales tan forzosamente, como sucede con otros derechos que hoy ya son indudablemente reconocidos. Cambios constitucionales que en una democracia consolidada como la nuestra deberían estar valorándose. Desde tiempo atrás los europeos desarrollan proyectos como Cybervote, en el que empresas y entidades ensayan diseños prototipo en materia de encriptación y seguridad de sufragios y datos. Investigan para determinar los requerimientos técnicos que permitan cambios legislativos que hagan segura la emisión de sufragios desde computadoras base o móviles. El descomunal ahorro de recursos materiales que generarían administraciones públicas sustentadas en la red, alentarían la igualdad de condiciones para sus administrados, lo que es fundamental en procedimientos jurídicos como los electorales o las licitaciones. Igualmente aumentará el protagonismo ciudadano en razón de la facilidad asociativa que permiten las redes sociales cibernéticas. Es la necesaria transformación de ese estado burocratizado, vertical, distante y costoso, en uno cercano y dinámico gracias a la eficacia que la digitalización conlleva, con información permanente -sin restricciones horarias ni de espacio físico-, y donde los requerimientos de traslado se reducen drásticamente. O sea, la concreción del anhelado ideal descentralizador. Cuatro son los obstáculos a vencer para determinar cuánto tardará en consolidarse plenamente esta nueva cultura democrática. Dependerá del tiempo que tome al Estado entender que es su responsabilidad educarla y habituarla a la actividad digital. De la disposición de este y del mercado para facilitarle a la población el acceso masivo a los medios tecnológicos básicos, pues como ocurrió con la televisión, dichas herramientas requieren algún período para que sean accesibles a todos. También depende del apoyo que se dé a las entidades que buscan concretar la implementación de mecanismos tecnológicos que garanticen la seguridad de la participación electrónica del ciudadano. Dudas con los conteos electrónicos han desprestigiado democracias, pues fallas o sabotajes en el sistema pueden provocar alteración de resultados, dobles sufragios, irregularidades con la identidad de los participantes, o la finalización de éstos antes de lo previsto, todo lo cual hace desconfiar de su implementación hasta que no se conquisten mejores garantías en la materia. El último obstáculo es la resistencia de los estamentos políticos para promover los cambios, pues aparte de la implementación de los nuevos institutos constitucionales que ya mencioné, enfrentar jurídicamente el reto de la digitalización administrativa requiere además de una ley marco que establezca un régimen integral de gobierno digital y una verdadera sistematización de la actividad. La ley de Certificados, firmas digitales y documentos electrónicos es un esfuerzo encomiable, pero insuficiente ante el desafío. fzamora@abogados.or.cr