Dr. Fernando Zamora Castellanos.
Abogado constitucionalista
Publicado en El diario Español el Imparcial bajo el link:
En la era de la
información, ya no es posible ejercer con eficacia el mandato constitucional,
si éste no se fundamenta en la fuerza moral de las políticas públicas que se pretenden
imponer. Es un fenómeno mundial. Por eso Barbara Tuchman, se preguntaba el porqué
de tanto disparate en la toma de decisiones políticas. La lección esencial que
nos han dejado muchos de los proyectos recientemente frenados por la irresistible
resistencia de los pueblos, es la necesidad de que las políticas públicas cuenten
con sólido sustento moral. Tal sustento surge a partir de la claridad de una
visión nacional, y tal visión es hoy, más que nunca, la diferencia que hace al
estadista. El líder podrá sostener su quimera hasta convertirla en realidad si
ese fundamento existe, pero si las políticas públicas carecen de éste, insistir
en ellas degenera en obstinado suicidio político. Más que por el atropello del
derecho administrativo y constitucional, es por esta realidad, -propia de la
era del conocimiento- que proyectos políticos en los que gobiernos se empeñan son
reprobados.
Aunque es novedosa la
forma en que se manifiesta el fenómeno del poder ciudadano, la esencia del
problema permanece intacta. Los filósofos clásicos de la teoría del Estado plantearon
la salida desde hace más de dos siglos. Por una parte, la que Hobbes advirtió:
la riesgosa creencia de que la coerción que se impone desde la autoridad, es la
vía para solucionar los problemas de la sociedad. El sustento ideológico que hoy
gradualmente nos lleva hacia una peligrosa espiral ultrareguladora en todos los
órdenes de nuestra existencia; una incultura contra la libertad. La otra salida,
la confianza en nuestra capacidad para regirnos por medio de contratos
sociales. Por esta razón no es viable una política pública que carezca de
fuerza moral, pues careciendo de tal insuflo, el gobernante no puede convencer
al pueblo que suscriba el contrato social indispensable para ejecutar su visión.
Para enunciar un
marco de consenso social que dé viabilidad a las políticas públicas, me aboqué
a analizar con detenimiento las conclusiones de diversas mesas ciudadanas, - en
una de las cuales tuve el honor de colaborar-, y que durante el último año han aportado
ideas a la región. Pues bien, todos los foros llegan al convencimiento que
existen al menos cinco parámetros dentro de los cuales las iniciativas
políticas deben transitar. El primero de ellos, el de la evolución hacia la
democracia participativa. Cualquier iniciativa política que ofrezca un mayor
poder de decisión a la ciudadanía, tendrá un poderoso soporte que lo hará
viable. Un segundo parámetro tiene que ver con la promoción de la renovación
energética y la protección ambiental, que implica, entre otros aspectos, la
implementación de energías limpias, una política de vivienda vertical que
promueva el repoblamiento en los centros urbanos y desincentive la invasión
urbana de zonas tanto naturales como agrícolas, y una política agresiva de
reforestación.
Un tercer consenso es
el de la necesidad de que las economías domésticas estén plenamente insertas en
la global, pero no por el hecho de que participemos de una subasta de regalías
de los bienes nacionales, sino por la vía digna del valor agregado en innovación
y educación tecnológica. Otra inquietud de todas las mesas ciudadanas es la urgente necesidad
de mejorar la infraestructura pública para el desarrollo. La realidad de
nuestros estados nacionales obliga a que, -en función de ello-, ciertamente
exista una alianza público-privada en la consecución de este cometido. Sin
embargo en adelante, esta necesidad deberá subordinarse tanto a las necesidades
reales de la visión país de cada Estado, como a los principios fundamentales de
la sana administración. Siendo esto así, ¿por qué los últimos acontecimientos
referidos a inversión en infraestructura, han convertido a éste neurálgico tema
en algo controversial? En este último
sentido, malas experiencias, como el excesivo precio final pagado a las concesionarias
han minado la fuerza moral del concepto de “alianza público-privada”. Lo cual es
peligroso en las actuales circunstancias de necesidad en que América Latina se encuentra.
Por tal razón, en cualquier nueva propuesta de desarrollo de infraestructura
que en adelante se plantee, nuestros gobernantes
están hoy obligados a cumplir con estos dos requisitos de viabilidad: por una parte, que el
proyecto sea coincidente con la visión país que la sociedad exige, y por otra,
que sea cual sea la vía de ejecución que se escoja, se respete de forma celosa
la ética propia de una sana administración. El último vector es el de la
transformación de un estado ejecutor y burocrático en función de un estado
rector. Esto significa liberar la potencia y la iniciativa de la misma sociedad
civil a través de organizaciones no gubernamentales, asociaciones y colectivos
cívicos que progresivamente lo sustituyan en la ejecución de acciones que
ordinariamente ha venido realizando el Estado, con cada día mayor costo y menor
eficacia.
Ahora bien, una
nación que se precie de serlo, tiene plena comprensión que su principal
creación es la cultura. Todo lo ya escrito es letra muerta si la nación no
resguarda su capital social. Su capacidad de resolver los problemas colectivos
ampliando las posibilidades vitales de sus ciudadanos. Es su más preciado
valor. Como bien lo plantea José Antonio Marina, por el contrario, las
sociedades sin inteligencia social, no empoderan a sus individuos y así
destruyen su capital comunitario, encanallando a sus ciudadanos y degradando la
cultura. La cultura es indispensable en la creación de la inteligencia social. Es
el acervo existente en el subsuelo de la historia de nuestra nación. Principios
de los cuales el grupo social “echa mano” para escoger el conjunto de
soluciones a implementar, la herencia social. Y quiérase o no aceptar, en ello
también existen grados de calidad. Por eso existen culturas fracasadas y
culturas exitosas. Por ello además, veo en la rabiosa ofensiva que exige
importar cuanto fenómeno social se ponga en boga en las sociedades de consumo, una
peligrosa tendencia que amenaza dilapidar nuestra herencia cultural. fzamora@abogados.or.cr
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