Dr. Fernando Zamora C.
Abogado Constitucionalista
Cuando mi asistente ingresó al despacho para que revisara
la escritura en la que se constituía una empresa de turismo costarricense, me
generó curiosidad al comprobar la nacionalidad y el buen nivel educativo del
cliente que nos la solicitaba. ¿Qué razones habrían motivado a un sudafricano educado
para emigrar hasta Costa Rica y establecer una empresa de turismo aquí? ¿No es
acaso Sudáfrica un país grande e igualmente pletórico en maravillas naturales? Al
momento de conversar con el cliente, aproveché la circunstancia para
preguntarle la razón del porqué decidió trasladarse miles de kilómetros lejos
de su tierra natal e instalar aquí una empresa turística, siendo que Sudáfrica
ofrece tantas bellezas naturales. La respuesta fue lacónica y no solo motivó un
amplio diálogo, sino mi personal investigación sobre el caso que él narraba. “Para los sudafricanos blancos -me dijo
apesadumbrado-, las condiciones ahora son
adversas.” Al final del interesante intercambio, advertí que su situación de
emigración derivaba de una serie de políticas públicas y cambios jurídicos en aquella
nación, y mi curiosidad provocó que me avocara a la investigación del caso. Veamos.
Como es generalmente reconocido, uno de las consecuencias
fundamentales de la política segregacionista del Apartheid sudafricano, fue la
orquestada discriminación económica que los blancos hicieron contra los
sudafricanos de raza negra. Para ello, la población negra era excluida de una
forma sistemática de toda posibilidad de ejercer el “emprendedurismo”, o sea,
crear empresas por cuenta propia. Durante el apartheid, para un ciudadano sudafricano
de raza negra, era imposible establecer su propia empresa. Esta fue una de las
más perversas estrategias implementadas por el poder blanco, pues condenó a
gran parte de la población sudafricana limitándolos a ejercer únicamente
actividad proletaria sin posibilidad práctica de acceso a la propiedad y la
riqueza. De ahí que, esas mayorías, debieron conformarse con residir en
miserables guetos en los que, si acaso, existían formas muy elementales de
actividad comercial. Sobre la
población negra, eran implacables las restricciones para adquirir propiedades, -y
de tenerlas-, se les impedía la posibilidad de aplicarlas como garantía bancaria.
A inicios de la década de 1990, y con el inicio del gradual
desmantelamiento del odioso sistema del Apartheid, en la economía sudafricana
se empezó a generar la venta de importantes empresas a una pequeña élite de
ciudadanos sudafricanos negros. Muchos de estos ciudadanos eran nuevos ricos
empoderados al amparo de la emergente clase política del Congreso Nacional
Africano (CNA), principal movimiento político gestor de la igualdad racial en
esa nación. El problema de fondo, fue que dichas transacciones comerciales no representaron
un empoderamiento económico democrático, sino simplemente el hecho de que, -en
algunas empresas élite del país-, parte de su oligarquía empresarial se limitó
a cambiar el color de su piel. Como era de esperar, este fenómeno no implicó el
mejoramiento de la calidad de vida de las amplias mayorías negras, sino que
-por el contrario-, las nuevas oligarquías de ciudadanos negros empoderados
desde el control de la cosa pública sudafricana, iniciaron una estrategia
jurídico-política para desplazar a los empresarios blancos. Medidas de tipo
legal que solo han significado otra suerte de racismo, pero en sentido inverso.
Este tipo de estrategias no han honrado el portentoso legado de concordia que
originalmente sembró Mandela, quien sentó el magnánimo precedente de perdón
nacional contra sus torturadores. Por el contrario, se ha creado una nueva
élite a partir de la colusión entre el nuevo poder político post-apartheid,
donde las amplias mayorías negras siguen marginadas por la falta de
oportunidades.
La llamada Black
Economic Empowerment, (Potenciación económica negra) ha supuesto la
entronización de un número de empresarios convertidos rápidamente en
millonarios, muchos de ellos curiosamente ligados al CNA. Como una estrategia
de desplazamiento de los sectores económicos tradicionales, dicha nueva élite
de poder ha obligado legalmente a establecer cuotas raciales en el control de
las empresas sudafricanas. Sin embargo, este tipo de medidas no han
representado ninguna mejora, pues, si el acceso a los medios productivos no es
consecuencia de un proceso educativo sistemático en beneficio de las poblaciones
excluidas, simplemente lo que sucede es que se reiteran las prácticas
excluyentes que tanto daño hicieron a esa nación. Precisamente contra lo que
combatió Mandela toda su vida. En otras palabras, más que con insistir en
medidas raciales que pretendan potenciar artificialmente el nivel político y económico
de ciertas minorías negras, lo que el gobierno sudafricano debe procurar es
elevar su nivel educativo. Sin duda no es sabio excluir a cierta parte
calificada de la población, -esta vez por el color pálido de su piel-, pues se
cae en un revanchismo que está provocando un importante éxodo de mano de obra
calificada hacia otras naciones, como Nueva Zelanda o Australia. Lo que sin
dudas va en detrimento de la economía sudafricana. Por demás está decir que toda
discriminación sustentada en prejuicios raciales o políticos, irá siempre en perjuicio
de la economía. Que lo digan los venezolanos.
Dicha política del Black Economic Empowerment, ha dado lugar a toda suerte de medidas arbitrarias.
Una de ellas es la inclusión, en dicho privilegiado segmento, de los ciudadanos
chinos, pero manteniendo excluidos a los mestizos, o a los hindús, o a
ciudadanos de otras naciones orientales. Los analistas sostienen que la razón
de tal privilegio está sustentada en presiones del gobierno de la República
Popular China, quien mantiene fuertes intereses económicos en el país.
En la era post apartheid, el camino debió ser,
-desde ese nuevo inicio-, el que señaló Mandela: la concordia nacional
traducida en la confluencia de esfuerzos entre todas las razas. Sin embargo, este nuevo sistema de exclusión
tanto racial como económico, lejos de promover esa concordia, -y por
consecuencia-, la prosperidad que ella trae,
está reavivando el odio entre las razas y provocando un éxodo de
población económicamente activa que es inconveniente para Sudáfrica. Sin duda, el ideal de la igualdad jurídica de los sudafricanos se creyó
conquistar con la finalización del Apartheid, sin embargo hoy la gran nación
sudafricana debe insistir en la total abolición de los prejuicios y secuelas de
esa antigua discriminación social y económica. fzamora@abogados.or.cr
