Dr. Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista.
Publicado en el periódico La Nación:
Aparte de lo que es esencial, la cultura de sus
ciudadanos, ¿qué es lo que de forma directa produce la riqueza de una nación? es
un conjunto de elementos que, como una mesa, se sostiene sobre cuatro pilares.
Esos fundamentos son: las inversiones en infraestructura, en tecnología, en
buena educación y finalmente, la planificación y ejecución nacional de
políticas productivas. Es hacia esos cuatro elementos que esencialmente debe
destinarse el grueso de los recursos tributarios. Así la raíz del problema
tributario costarricense radica en el hecho de que, la enorme mayoría de los
recursos recaudados, no se destinan con prioridad a esos cuatro aspectos que
producen riqueza. Esto provoca la paradoja de que el Estado esté quebrado pese
al hecho de que los costarricenses soportan una de las cargas públicas más
altas del mundo. Según el último informe realizado por el Banco Mundial para el
año 2017, denominado “Paying Taxes”, los
ciudadanos costarricenses tienen una carga impositiva superior al promedio de
Europa, de Norteamérica y en general de los países de la OCDE. Nuestra carga del
58% sólo la superan los franceses con el 62%.
Nuestro sector público es un barril sin fondo y en
crudo lo demuestran las estadísticas: sin contar el incremento previsto para el
2019, el gasto en pagar los intereses de la deuda consume uno de cada tres
colones que le entran al gobierno. Al extremo que, según recientemente confesaron
nuestras autoridades de Hacienda, ya ese único rubro supera lo que se destina a
aspectos como Educación, u obra pública. Y si bien es mejor destinar presupuesto
en salarios que en intereses, la realidad es que las remuneraciones son otro
aspecto que devora desproporcionadamente el presupuesto público. Solo un dato
emanado del último informe de la Contraloría de la República sobre presupuestos
públicos, para demostrar
el desequilibrio del gasto desproporcionado en este rubro: del monto que en
el sector público se paga por conceptos salariales, un 41% (¢5,8 millones de millones) corresponde solo
a incentivos. Que paradójicamente representan una magnitud incluso mayor que la
de los mismos salarios ordinarios, los cuales equivalen al 37,1% de la
totalidad de las partidas previstas para el rubro anual de remuneraciones.
Pero resulta que nuestra crisis no solo
radica en lo anterior, o sea en el mal gasto, sino además en el hecho de que
muchos de los recursos que se invierten en rubros que sí deberían generar
riqueza, -como lo es el de la educación-, no están generando los réditos
esperados. Esto a pesar de la fuerte inyección de capital que hacemos en esto.
Lo anterior lo afirmo sustentado en el último informe de la Organización
internacional para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), quienes
determinaron una situación decepcionante. Pese al hecho de que Costa Rica
invierte un mayor porcentaje de su presupuesto en el ítem educativo, en
relación al que invierten los demás países desarrollados de la OCDE, tal
inversión no se traduce en buena educación, pues nuestros estudiantes presentan
muy bajos niveles en función de los estándares de competitividad internacional.
La organización diagnosticó lo anterior sustentándose en nuestro rendimiento
país según lo evaluado por el sistema “PISA”, un programa mundial que evalúa el
rendimiento escolar. Según la más reciente valoración internacional, nuestros
estudiantes no solo mantuvieron su bajo nivel en la escala, sino que, en
relación con las evaluaciones trasanteriores, retrocedimos en el rendimiento de
materias esenciales para el desarrollo socioeconómico, como la comprensión de
lectura, las ciencias o la matemática. Lo alarmante del asunto es que incluso
las puntuaciones de nuestros estudiantes resultaron inferiores a los de países
que, pese a invertir mucho menos en el rubro formativo, nos superaron. El
informe cierra con una sentencia lapidaria: “…la
productividad apenas ha aumentado, las carencias de habilidades son aparentes y
la desigualdad está aumentando (aquí la desigualdad que se refiere es en
relación con estudiantes de otros países); la
inversión en educación requiere un enfoque definido en resultados más que en
insumos y procesos.” Por demás está
anotar que nuestro estado de crisis indicado en materia educativa, también fue
reconocido por el informe del Estado de la nación del 2017. No solo se trata de
un asunto de dinero.
Y en materia de infraestructura, el actual
Estado costarricense ha resultado igualmente estéril utilizando los recursos
tributarios. Hoy resulta evidente para la ciudadanía, que éste es incapaz de
ejecutar los grandes proyectos de obra pública. Los poquísimos proyectos de
alto calado realizados en los últimos años, por ejemplo el nuevo puerto
Atlántico, la finalización de la ruta a Caldera, o la remodelación del
aeropuerto internacional de Alajuela, son resultado de concesión. Allí se
financia la obra mediante pagos diferenciados, directos y ajenos a los tributos
ordinarios.