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lunes, 1 de febrero de 2010

Garantismo penal: una perspectiva constitucional

Publicado en el Diario Español El Imparcial

http://www.elimparcial.es/america/garantismo-penal-una-perspectiva-constitucional-56377.html

La prensa ha sido escenario de un intenso debate jurídico respecto del futuro del proceso penal en hispanoamérica y su relación con la alarmante escalada de violencia criminal en la región. Incluso la polémica se ha visto atizada por abogados que, desde los medios de comunicación, han invadido la actividad propiamente periodística para usufructuar del justificado malestar ciudadano contra la delincuencia y sacar ventaja en relación con casos concretos que ellos mismos patrocinan en sedes judiciales. Es un indebido protagonismo contra el sistema, cuando se hace para azuzar presión indebida sobre expedientes que allí se ventilan. Por cierto, conducta prohibida por la mayoría de los Colegios profesionales. Esa patología de la conducta gremial devalúa la discusión, pues estigmatiza a los defensores del debido proceso penal, como si fuesen una suerte de alcahuetes indiferentes ante la criminalidad. Lo cual no es cierto respecto de los distinguidos juristas que han participado en este tipo de discusiones con la sincera intención de defender la verdad académica. Por ello es importante enfocar el debate bajo la luz que ofrece la Constitución, pues solo de esta forma lo centraremos en su adecuada perspectiva. Durante la República de Weimar alemana, -período anterior a la segunda guerra mundial-, un viejo aforismo resumía la concepción que entonces se tenía respecto del constitucionalismo: “los derechos fundamentales del hombre, son hijos de la ley, y solo existen en el marco de ella.” Sin embargo, el horroroso drama sufrido por la humanidad en el Siglo XX, provocado por regímenes que impusieron normas legales y constitucionales brutalmente vejatorias de la dignidad humana, generó un drástico viraje en aquella limitada convicción. Y a partir de la segunda mitad de ese siglo, nuestro hemisferio entendió que los derechos fundamentales de los ciudadanos no son una graciosa concesión de la autoridad o de la ley, sino una inobjetable derivación de la dignidad del ser humano. Al margen, vale recordar que en la consolidación de esa noción, fueron fundamentales los milenios de revelación judeocristiana proclamando que el hombre era inherentemente digno por su condición de criatura surgida a imagen y semejanza de un Ser ético. Tanto aquel drama histórico, como dicha tradición espiritual de la humanidad, fue lo que confluyó para revolucionar la conciencia constitucional occidental, y consolidar así el Sistema internacional de derechos humanos. Por ello el hecho de que los derechos fundamentales sean un basamento inapelable de nuestro sistema constitucional, debe ser casi una verdad de perogrullo para todo abogado, y resulta curioso que el activismo de quienes se presentan ante los medios en su condición de profesionales del derecho, minen esas conquistas ante la opinión pública. Los principios constitucionales que informan el procedimiento penal no son una caprichosa licencia de alguna teoría o corriente de la doctrina penal, como pretenden hacer creer algunos intervinientes del debate, sino que son presupuestos de un sistema normativo superior al que deben someterse los ordenamientos, si sus sociedades pretenden ser parte de la comunidad de naciones libres. Ejemplo de estos principios, harto reconocidos tanto por la jurisprudencia constitucional occidental como la interamericana de derechos humanos son, -por citar ejemplos-, el de doble instancia, inocencia, audiencia, intimación, contradictorio, prueba, irretroactividad, causalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Y estos principios, discutibles solo para sociedades atávicas como las islámicas, nada tienen que ver con corrientes doctrinarias de la teoría penal, como lo es, por ejemplo, el polémico abolicionismo. Lo que sí atenta contra el debido proceso penal es la falta de sentido común de ciertos jueces penales, -o la abierta corrupción que los medios latinoamericanos han denunciado en algunos de ellos-, cuya conducta o insensatez agrede la sana aplicación del derecho al caso concreto, generando situaciones de impunidad e injusticia alarmantes. Mucho del justificado malestar ciudadano contra la administración de justicia, no tiene relación con el procedimiento penal establecido, -el cual es solo una herramienta-, ni con la adecuada aplicación de sus garantías, sino en aspectos perniciosos como ese, que deben atenderse para resolver el problema. Faltas recurrentes -maliciosas o no-, de algunos jueces penales, han obviado la adecuada aplicación de la ley, provocando la impunidad de delincuentes reincidentes o ejecutores de crímenes socialmente escandalosos y violentos. Aún tengo en la retina la libertad sin prisión preventiva que alguna juez otorgó para injusto beneficio de un sujeto que -a machetazo limpio-, había desfigurado a su moribunda conviviente. ¿Tiene una simpleza de esa ralea, algo que ver con las garantías constitucionales del derecho penal? ¿O las irregulares excarcelaciones de narcotraficantes dadas por ciertos jueces, son culpa de las garantías que contemplan los modernos sistemas constitucionales? No. Es un problema de valores y de idoneidad. Aún más, creo con seguridad que en la esencia del problema está la brutal decadencia de los valores espirituales de nuestras sociedades, hecho del que estamos siendo testigos las actuales generaciones. El exponencial aumento de la actividad delictiva es solo un reflejo de ello. De ese preocupante panorama, no culpemos a nuestro proceso penal, sino a la ingravidez moral propia de la codiciosa cultura que hemos abrazado, el “ideal” Voltaireano de la sociedad sin Dios. fzamora@abogados.or.cr

miércoles, 6 de enero de 2010

EL LIDER QUE LA PATRIA NECESITA

Dr.Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista y profesor universitario.

Publicado en Tribuna Democrática bajo la dirección:
http://www.tribunademocratica.com/2009/12/el_lider_que_la_patria_necesita.html

Contemplando en la ciudad de Washington la majestuosidad del Memorial a Lincoln, meditaba sobre las cualidades de aquel líder. ¿Qué caracteriza a un estadista ideal? No es una utopía que a un pueblo lo dirija un líder íntegro. En circunstancias trascendentales para los pueblos, han surgido frente al desafío, para enrumbarlos por el sendero de la verdadera libertad. Son los De Gaulle de la historia. En momentos en que nos disponemos a elegir gobernante, es oportuno reflexionar sobre las condiciones óptimas de un conductor. Primeramente la humildad sincera es una de las virtudes fundamentales de un verdadero estadista. El líder que cree poseer la verdad absoluta atrae tinieblas para la sociedad que lo soporta. Goebbels y Hitler, parapetados en el búnker de la Cancillería y con el Ejército rojo a las puertas de Berlín, se negaban a reconocer, aún frente a sus íntimos subalternos, la implacable contundencia de la derrota. El orgullo ciego en su mayor expresión. Cuando el fracaso es incuestionable, el líder debe ingerir el acíbar de la derrota con carácter. Si se resiste, revela un ego que lo descalifica como verdadero estadista. Por otra parte, un verdadero dirigente sustenta su autoridad en el ejemplo de su propia conducta. Su discurso es coherente con su acción. La leyenda biográfica de Napoleón narra que en una de sus batallas prohibió a sus hombres retroceder. Se colocó en el frente de las líneas y ordenó que le disparasen a él mismo si incumplía su propio mandato de avanzar. Aunque a Bonaparte no lo adornaba la integridad de virtudes que describo, sí era un líder consecuente. Por otra parte, un genuino conductor no guía a su nación de conformidad con sus propios intereses, sino de conformidad con sus propios ideales. Por eso respeta la democracia sin dejarse cautivar por las exaltadas pasiones de las multitudes, pues reconoce que su misión es conducir a la colectividad sin dejarse arrastrar por sus momentáneos caprichos. Tiene presente que fueron las desbordadas emociones de las mayorías las que libraron a Barrabás para condenar a Cristo. O sea, con el objetivo de sopesar en la balanza la conveniencia de sus decisiones, el auténtico estadista no consulta las encuestas, ni a su cuenta bancaria. Entiende que gobernar es ejercer constantemente actos morales, independientemente de la popularidad de éstos. El demagogo es antónimo del verdadero guía. Quien amolda su campaña electoral a gusto y medida de la última encuesta, revela una astucia maquiavélica sin par, pero jamás la madera esencial del que merece ser seguido. En ese sentido, nada más espernible que en esta campaña algún candidato usufructúe los temores de la ciudadanía para hacer politiquería irresponsable y llevar agua a sus molinos. En otro orden de virtudes, el guía auténtico enuncia con firmeza sus convicciones y acepta sus yerros. No recurre a eufemismos o declaraciones “políticamente correctas”. Churchill -prototipo del estadista de una sola pieza-, en momentos de gran expectativa para su pueblo, únicamente prometió sangre, sudor y lágrimas. Por el contrario, ahora la norma es acomodarse a estos tiempos light de ingravidez moral y de vacíos. Si hoy escrutamos cuán verdaderamente definidas son las posiciones políticas, descubrimos que son pocos quienes se pronuncian sin dobleces ni eufemismos, ya sea de una u otra forma. ¿Cuán contundentemente se ha pronunciado la clase política en relación a temas verdaderamente esenciales? Por ejemplo ¿en relación a proyectos como el que abre aquí las puertas a los métodos abortivos? ¿O el que modificaría nuestro concepto ancestral de familia? ¿O en relación a la defensa constitucional de los valores judeocristianos de nuestra nacionalidad? Y si se trata de encarar sus propios yerros -lejos de reconocerlos con hidalguía-, se sostienen en ellos echando mano de toda gama de subterfugios. Ahora bien, otra manifestación del talante de un verdadero conductor, radica en su capacidad de señalar nuevos rumbos a su nación sin ser desleal con la propia herencia que subyace en la cultura patria. De lo que sea menester innovar y cambiar, sabe comprender los valores y la herencia que debe resguardar. Se sabe orfebre pero a la vez custodio. Al mismo tiempo que se entiende responsable de labrar las transformaciones graduales que demanda el desarrollo, es consciente que su principal misión es ser depositario de los grandes valores de la nacionalidad que le han sido confiados. La historia no conoce un estadista grande, que lo haya sido sin antes subir sobre los escalones que forjaron sus antecesores. Sin un Lincoln, es imposible un M. Luther King. Finalmente, la cualidad más importante de un líder es que posea una fe blindada. A los pies del hermoso Memorial de Lincoln, la recordé como su gran virtud de estadista. La persona sin fe depende exclusivamente de su propio afán para alcanzar sus propósitos. Al creer que todo está condicionado a su voluntad humana, es ciega a la convicción -o al menos a la idea-, de que una fuerza superior a él mismo pueda mover circunstancias para coronar la justicia y el progreso. Por ello -cuando se trata de un cabecilla sin fe-, si logra conquistas importantes, tiende a sufrir delirios mesiánicos. De ahí que sea capaz, -tretas y amenazas mediante- de intentar sus objetivos aún devaluando el sistema democrático que juró defender. Cuando cae en esa tentación se reduce a cocinero del tenebroso recetario que tramó Maquiavelo. En 1963, ante las escalinatas de ese mismo Memorial, el discurso del Reverendo King se yergue en la historia como un epítome del sueño político sustentado en la convicción trascendente. El apóstol negro de los derechos civiles sabía que -como Moisés-, aunque él mismo no pudiese pisarla, la fuerza inmaterial derivada de lo que Era Superior a él, sí lograría dirigir sus ideales hasta la tierra prometida. Es la razón por la que la historia recuerda a Vasconcelos, -el hombre de convicciones espirituales a quien le negaron el poder-, pero esquiva al rastrero gobernante que fraudulentamente le impidió llegar al solio. Es que hay momentos de la historia donde los pueblos necesitan inspiradores más que gobernantes. Por eso los partidos deben ser cuidadosos de que sus diversas listas electorales no sean un bingo a cartón lleno de incondicionales sin una clara visión de la política grande, pues ante la atomización e ingravidez de las clases dirigentes, son los periodistas quienes, -en razón de una suerte de balance emergente del sistema-, se ven obligados a asumir una vigilancia cada día más rigurosa de la actividad pública. fzamora@abogados.or.cr

martes, 29 de septiembre de 2009

LAS RAZONES DE LA VIOLENCIA POLITICA

Dr. Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista.

Publicado en el Periódico La Nación bajo la siguiente dirección:
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/septiembre/29/opinion2105589.html

Aunque sus propagandistas invoquen quimeras hermosas, quienes actualmente dirigen la violencia contra los Estados democrático constitucionales en el mundo, en realidad no persiguen ideal moral alguno. Ya sea que se trate de la guerrilla en las selvas colombianas, o de quienes dirigen la “yihad” de oriente medio, nada en lo absoluto tiene que ver, -dicha violencia-, con las supuestas justificaciones que anuncian los partes emitidos por los propagandistas de esa feroz cultura. La verdadera motivación de la actual violencia políticamente dirigida, es la obtención de mayores cotos de poder material. Si no es así, ¿cómo explicarse que dichos movimientos derivaran en grupos con intereses económicos? La dinámica macabra la dirigen siniestros personajes que, -tras bastidores-, se aprovechan del reclutamiento de mentes, emocional e intelectualmente carentes, para adoctrinarlas en la cultura del odio. Esos son los verdaderos hilos de la actual violencia política. Es el mismo principio aplicable a aquellos quienes la provocan sin invocar justificación política alguna. La paradoja es que se condena unánime y enérgicamente la violencia de las maras -o la de los carteles mexicanos de la droga-, pero la censura de la violencia “políticamente justificada” no se hace con el mismo brío. Si el producto moral resulta idéntico, no hay razón que amerite la distinción. Y el dilema nos lleva a preguntarnos, ¿cómo explicarse que dicha apología de la violencia sea promovida incluso por personas educadas? Esto se debe al hecho de que aún subsisten reminiscencias de la añeja idolatría por las ideologías, las cuales redujeron la explicación del problema existencial del hombre en función de sus apetitos materiales. En las antípodas del espectro, sabemos que las expresiones actuales de esas falsas quimeras, lo han sido tanto el monetarismo como el leninismo. En un polo, la Italia moralmente decadente de Silvio Berlusconi. Cuba en el otro extremo. Dos ilustraciones lamentables que reflejan las circunstancias a las que se ven arrastradas las sociedades víctimas de cualquier suerte de reduccionismo. Esos ejemplos reflejan la verdad de que una de las peores amenazas que se ciñe sobre los Estados democrático constitucionales es, -insisto-, la promoción y el reciclaje, -a través de fórmulas viejas con envases nuevos-, de las recetas materialistas de siempre. Falaces panaceas que nunca resolverán el problema existencial del hombre. Por cierto, muchísimo de lo expuesto explica el derrumbe financiero mundial del 2008. Sean de cualquier espectro ideológico, sus productos derivados arrastran, tras de sí, el engendro de dos prototipos sociales perversos: ya sea colectivos asolados por la ingravidez de lo superficial, -como sucedió con los grupos involucrados en los recientes escándalos bursátiles de Nueva York-, o la cruel inhumanidad de sistemas represores de los derechos fundamentales. Si no el hedonismo y la indiferencia espiritual, al menos sí la división social. Odio o al menos codicia. Y no sea yo malentendido. Es menester celebrar y fomentar las bondades que ofrecen la técnica y la ciencia como medios para mejorar la calidad de vida material. Pilares de progreso en todas sus expresiones. Incluidos los beneficios que ofrece la ciencia social para comprender y organizar al Estado y su comunidad, según las bondades que se logran extraer al positivismo Comteano. Lo que sí ataco es la construcción de los altares donde asientan las abstracciones ideológicas materialistas. Las mismas que se han utilizado para dinamitar la constitucionalidad democrática. Y la ya denunciada decadencia cultural que arrastran. Socavan la forja de consensos que tienen que ver con valores de la nacionalidad y de sus individuos que sí son esenciales. De ahí que, los occidentales de hoy, al igual que en otras épocas difíciles de nuestra historia constitucional, debemos reafirmar la convicción de que la lucha por nuestro progreso integral es un camino que debemos construir echando mano de otros recursos superiores a aquellos que actualmente nos ofrece el materialismo en boga. fzamora@abogados.or.cr

viernes, 28 de agosto de 2009

¿Por qué decae occidente?

Publicado en el Periódico español El Imparcial bajo la siguiente dirección:
http://www.elimparcial.es/sociedad/por-que-decae-occidente-46707.html

La prensa informó que un grupo encabezado por reconocidos legisladores de izquierda maniobraron para aligerar el abortista proyecto de ley # 16.887, que lleva el engañoso nombre pro “salud sexual.” Esto trajo a mi memoria el comentario de un docente universitario quien me relató asombrado, que debió confrontar a algunos universitarios -que relativizando el derecho a la vida-, justificaban cierta actividad terrorista y otros hechos similares como el genocidio nazi. Algo de lo que también he sido testigo en mi experiencia docente de tiempos recientes. Y es que en algunos sectores activistas, se ha venido manifestando una feroz resistencia contra esos consensos usuales que vagamente llamamos valores costarricenses. Es una nueva intolerancia que arremete contra todo lo que ose defender la existencia de verdades morales objetivas, tal y como históricamente lo han logrado las ancestrales convicciones de nuestra nacionalidad. Se justifican en una mal entendida tolerancia. La tolerancia es respeto a la disensión, sin que ello implique que -por complacencia-, debamos subyugar los principios colectivos ante la acción que contraviene la ética reconocida en pro del beneficio general. Ese disenso es hijo putativo de la cultura postmoderna y sus códigos importados. Es la tendencia que relativiza y justifica todo, reemplazando los conceptos de lo correcto y lo incorrecto, por lo que “conviene” o “sienta bien”. Es desatender la dirección donde apunta la luz del faro moral, en el ánimo de preservar solo lo que alimente los apetitos; cuando la conciencia deja de ser norte de nuestras decisiones morales y la reducimos a un mero termómetro sumergido en las ciénagas del hedonismo colectivo. Lo que hoy ha relativizado, por ejemplo, consensos que para el costarricense eran otrora indiscutibles, como la defensa de la vida –legitimando prácticas abortivas-, o la protección del estado natural de la familia. Relativo todo. Es la demolición de un concepto: la verdad. Aunque muchos no tenemos plena conciencia de ello, eso que llamamos “valores costarricenses”, no son sino los mismos que -por milenios y a costa de la sangre de sus mártires-, dieron fundamento a la cultura occidental: la herencia judeocristiana. La influencia de los ideales cristianos permanece en capas ocultas tal como lo hace el petróleo en la piedra pómez, hasta que -recurrentemente-, irrumpen en el escenario de la historia para reencaminarla, como ocurrió en Europa del Este, cuando su influencia provocó el derrumbe del comunismo estalinista. Cual corrientes subterráneas que fluyen dando vida a manantiales, así fluyen del subsuelo de la cultura occidental, los siglos de forja de los valores cristianos. Desde la antigüedad, su aporte fue demoledor en la difusión de un concepto para entonces revolucionario: el de la dignidad humana, que se derivó de la convicción de que hemos sido creados a imagen y semejanza de un Ser ético. Banderazo de salida del largo camino que llevó a la creación del sistema internacional de protección de los derechos humanos en el siglo XX, hijo irrefutable de aquellos valores y piedra angular del constitucionalismo. Cuando vemos como son promovidos proyectos que atentan contra la vida o la familia, sabemos que Occidente decae porque -como en “El Peregrino” de Bunyan-, sus más caros ideales se subastan en la “Feria de las vanidades”. Es lamentable que en nuestro hemisferio, entidades como la IPPF, con sus funcionarios inmiscuidos en las antesalas de la ONU, y en Costa Rica -sus filiales-, resulten entusiastas corifeos de la subasta. En lo esencial de todo esto no hay novedad. Desde el siglo XVIII Voltaire se obsesionaba con una moral sin Dios para Europa. Lo que era impensable, es que la profecía orteguiana -depositada en su “Rebelión de las masas”-, sería mediante el voraz apetito de las abortivas industrias farmacéuticas. Y en España la polémica ha dado para tragicomedias. El 19 de mayo anterior, la ministra de salud Bibiana Aído, se dejó decir que un bebé con trece semanas de gestado es un ser vivo, pero NO un ser humano. Entonces unos ingeniosos empresarios de su país fabricaron un muñeco simulacro de dicha edad. Para sonrojo de la funcionaria, la réplica –de respetable tamañito-, ¡se ha vendido bien en la Madre Patria! Le llaman “el bebé Aído”. Por ello, sobre el tema particular del aborto, el intelectual ibérico Luis María Ansón -de la Real Academia-, espetó una acusación implacable a la izquierda defensora del aborto: “Frente a la progresía de salón, la del caviar y el domperignon, se alza el verdadero progresista, el que está a favor del débil contra los abusos del fuerte… me pongo, por eso, al lado del débil en el debate del aborto.” fzamora@abogados.or.cr

lunes, 17 de agosto de 2009

¿Cómo demolieron los estados constitucionales?

Dr.Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista costarricense.

Publicado en el diario Español El imparcial bajo la dirección:

http://www.elimparcial.es/america/como-demolieron-los-estados-constitucionales-46016.html
Para demoler los estados constitucionales de países como Bolivia o Nicaragua, se ha sido fiel a una estrategia uniforme. Y se comprende a la luz del ejemplo venezolano. Ese país tuvo una primavera democrática (1959-1974), durante los gobiernos de Betancourt, Leoni y la primera administración Caldera. Fue una era de liderazgos con un alto grado de aceptación. Existe consenso por parte de historiadores serios en reconocer esa etapa como un período caracterizado por un sano liderazgo político. Posterior a ello, tres razones influyeron para que la democracia venezolana se sumiera en una lamentable espiral decadente. La principal de ellas, la caída moral de la clase política, situación que empezó a ser evidente con la primera administración Pérez. El segundo motivo, la disminución de la atención a los sectores desfavorecidos, y el tercero, de carácter económico, sucedió en los veinte años posteriores a 1978: la caída en el ingreso de dólares por cada venezolano. Lo último básicamente a causa de la conjunción de la caída en términos reales de los ingresos petroleros, alternado con el aumento poblacional. Esto obligó a cada gobierno que llegó después del año 78, -y aproximadamente durante los 20 años subsiguientes-, a devaluar la moneda en por lo menos el cien por ciento para cada uno de dichos períodos constitucionales. El descontento popular acumulado por la crónica confluencia de aquellas decadencias, -la moral, la económica y la política-, fue el caldo de cultivo aprovechado por los enemigos de la democracia que provocó el arribo de la demagogia en su definición más Aristotélica. El camino escogido no fue luchar por el rescate de la rica herencia que había sido la primavera democrática venezolana, plenamente funcional de los años 1959 al 74. Por el contrario, a partir de la llegada de Chaves al poder, se toma el atajo propio de los adictos a la senda fácil, emprendiéndose una tenebrosa estrategia para demoler aquel estado constitucional. La misma que remedan en Nicaragua, Bolivia o Ecuador. ¿En qué consiste? en la vieja receta, propia de los sistemas fascistas, útil para demoler ese y cualquier otro estado constitucional, y que aplica ocho tácticas a saber: 1) el fortalecimiento del estamento militar, 2) la sistematización desde el poder de un discurso altamente ofensivo e implacable contra algún adversario ideado, para hacer aflorar las disensiones y disconformidades que usualmente yacen en el “subsuelo” psíquico de los sectores marginales. (el nazismo explotó hábilmente la fórmula a costa de las minorías étnicas) 3) La tendenciosa mitificación de sucesos históricos, idealizando las tradiciones épicas para tergiversarlas en función de los intereses de la camarilla usufructuante. 4) la negación o transmutación de la legalidad redirigiéndola a favor del poder concentrado, para lo cual se invoca un supuesto interés nacional. 5) El culto al mesianismo caudillista, 6) la sobre exposición propagandística de los mitos del régimen instaurado en los medios de comunicación 7) el desmantelamiento del sistema constitucional de frenos y contrapesos propio de la división de los poderes, y 8) la devaluación de las garantías individuales frente al poder, típicas de una constitución legítima, sustituyéndolas por procesos constituyentes que imponen “leyes fundamentales” subordinadas a los objetivos específicos del régimen, y donde siempre se hallará la entusiasta promoción de las “reelecciones” de rigor. Así se demolió el estado constitucional venezolano. Quien haga un serio recorrido histórico por los horrores del despotismo, -desde el nazi, estalinista, y hasta el serbio-, encontrará los mismos ocho lugares comunes que ya he citado. Las mismas viejas estrategias que, sutilmente, remedan hoy los regímenes que ahora se denominan “Alianza Bolivariana de la Américas”. En ciertas ocasiones, los avatares de la vida nos colocan en situaciones insondables, que con la perspectiva del tiempo cobran algún sentido personal. En 1992, un grupo de jóvenes fuimos invitados por Acción Democrática a visitar al Presidente Pérez, exactamente ocho días después de la intentona golpista de Chaves. Entonces fui testigo de dos realidades: la de los orificios, aún visibles, que había provocado la munición en el Palacio de Miraflores, y la del evidente grado de inconciencia que existía, -tanto en la población venezolana como en su decadente clase política-, de la amenaza que entonces se cernía sobre su maltrecha nación. Ese desapercibimiento resultó carísimo. Las consecuencias las sufren millones. fzamora@abogados.or.cr

lunes, 3 de agosto de 2009

¿Cuál es el mayor grado de corrupción?

Dr.Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista
Publicado en el diario español El Imparcial visible a la siguiente dirección:
El Dr. Michael Stone, psiquiatra forense de la Universidad de Columbia, desarrolló una escala de veintidos niveles para medir la magnitud de la maldad humana. Su trabajo ha sido popularizado al castellano con la incorrecta traducción de índice de maldad, siendo una escala lo que en realidad elaboró. En materia de liderazgo público también existe una escala, mediante la cual es posible medir el grado de iniquidad de la clase política. Allí son tres los niveles de ignominia identificables. En el primero, -el más básico-, encontramos al funcionario cuya transgresión consiste en la comisión de actos aislados o ejecutados en solitario. En su cometido no implica a nadie más, ni urda ninguna asociación al defraudar el correcto proceder que dictan los supremos valores y las normas que juró resguardar. Esencialmente degrada su propia conciencia. El segundo nivel se alcanza cuando el jerarca, en su propósito de transgredir el sistema, corrompe almas ajenas. Seduce a sus cómplices, engendrándose así un subrepticio acuerdo para violentar ya sea el principio ético, o la norma de la que era depositario. Cuando la transgresión es descubierta, sale lo oculto a la luz, y con ello, la caterva de involucrados, tanto tentados como tentadores. En este segundo nivel de corrupción están los diversos escándalos con fondos públicos que han sido usuales en casi todas las naciones del hemisferio. Un ejemplo nacional fue el escándalo Caja-Fischel. Sin embargo, pese a la severidad de la anterior categoría, existe un tercer grado, el mayor, en la escala de la iniquidad del liderazgo político. Implica una conducta más sutil, -y por ello-, más espernible. ¿En qué consiste la máxima magnitud? En la utilización del poder y de su influencia, con el objetivo de redirigir y transmutar el sistema de normas y valores que el líder juró resguardar, en beneficio directo suyo o de su cámara inmediata. ¿Y por qué es más sutil y por tanto execrable? Porque sin necesariamente transgredir la ley, la transmuta en su favor, y al hacerlo la pervierte. Requiere de la solapada complacencia y complicidad de un estamento de poder aún mayor, devaluando así, a futuro, los valores constitucionales de la nación, su régimen de libertades, y el sistema legal y democrático que la resguarda. Por ello, el grado superior de corrupción política no radica en la transgresión de la ley sino en redireccionarla en favor propio. Es el abuso de la influencia política dirigido a implementar cambios constitucionales y normativos para estimular y facilitar la concentración en el líder de cada vez mayores cotos de poder. Es la descomposición de las tradiciones democráticas de una nación, con el objetivo de que quien ostenta la autoridad, acumule aún más señorío del que ya goza. La Venezuela actual es una sociedad que ha sido destruida como consecuencia de la codicia de quienes se enseñorearon abusivamente del favor que, en su momento, la nación les otorgó. En los períodos históricos dominados por conductores acostumbrados a estas prácticas, -etapas que son ciénagas y bajíos para los pueblos-, generaciones enteras de promesas políticas se ven condenadas a la disyuntiva entre rebajarse a cortesanos genuflexos, a cambio de participar de las migajas del opíparo festín de la camarilla, o por el contrario, tomar el camino moralmente altivo, con lo que resultan proscritos y exiliados de la participación política. Las consecuencias de ello son lamentables para la salud moral de la República, pues al tejido social le lleva decenios regenerar las tradiciones democráticas destruidas por la idiosincrasia política cortesana y disimuladamente despótica. Por eso en el diario español El País, -refiriéndose al Primer Ministro Berlusconi-, Saramago le espetaba indignado que su mayor pecado, “no es que desobedezca las leyes sino, peor todavía, las manda fabricar para salvaguarda de sus intereses…” fzamora@abogados.or.cr

miércoles, 1 de julio de 2009

La crisis constitucional en Honduras

Dr.Fernando Zamora Castellanos
Con ocasión de mis labores de profesor universitario, me correspondió dirigir una investigación académica en derecho comparado centroamericano, que me permitió la oportunidad de estudiar la constitución política hondureña, de la cual hoy extraigo conclusiones interesantes de compartir en relación a su actual crisis institucional. La quiebra constitucional en Honduras, -cuyas consecuencias políticas hemos conocido por medio de la prensa-, puede analizarse en dos visibles etapas de ruptura. Una primera etapa en este proceso de quebrantamiento al orden constitucional hondureño, se da cuando el Presidente Zelaya, en expresa violación al artículo quinto, doscientos treinta y nueve, y trescientos setenta y cuatro de dicha Constitución, ordena realizar, dentro del proceso electoral previsto para el domingo pasado, un referéndum sobre un tema que está absolutamente proscrito por el texto constitucional hondureño, como es el de la reelección presidencial. En los artículos constitucionales citados, se establece claramente que, en materia de reelección y en materia de duración del período presidencial, el referéndum está absolutamente prohibido. Aún más, en los artículos aludidos, la constitución hondureña además de impedir expresamente la realización de referéndum alguno en relación al tema, deniega claramente la posibilidad de reformar la Constitución en esa materia, adjudicándole a la norma antireeleccionista un carácter pétreo. Tan contundente es la norma constitucional al respecto, que el numeral doscientos treinta y nueve constitucional, determina que quien proponga la reforma a favor de la reelección presidencial, “o quienes la apoyen directa o aún indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”. El texto de este precepto constitucional citado, refleja la gravedad que el constituyente otorgó a la defensa del principio antireeleccionista y las graves consecuencias que se le endilgan a quien pretenda su reforma. Así las cosas, y de acuerdo a lo expuesto, resulta claro que, -en una primera instancia-, el Presidente Zelaya incurrió en un abierto e indiscutible quebrantamiento del orden constitucional hondureño al utilizar los recursos del poder ejecutivo para imponer y financiar una consulta oficial en esa materia. Sin embargo, si lo que se debía era reprochar la transgresión del Presidente Zelaya, el ordenamiento constitucional hondureño preveía un procedimiento legal correspondiente, y por supuesto que NO consiste en la barbarie de allanarle su hogar, secuestrarlo y expulsarlo del país, lo que de por sí está expresamente prohibido por el numeral ciento dos de la constitución hondureña, que impide expatriar a un hondureño. La solución jurídica del entuerto ocasionado por Zelaya, debía resolverse de conformidad con lo contemplado en los artículos doscientos ocho, trescientos trece, y trescientos dieciséis de esa Constitución Política. En dichos procedimientos son los poderes legislativo y judicial los que resultan protagonistas. En el Poder legislativo, es la Comisión permanente del Congreso, al que según el ordenamiento, le corresponde recibir las denuncias por violaciones a su Constitución. Por otra parte es a la Corte Suprema de Justicia, al poder que le corresponde conocer los procesos incoados contra los más altos funcionarios del Estado, y un tercer protagonista es el Tribunal Constitucional hondureño. Este último, según aquella ley fundamental, dirime los conflictos entre los poderes estatales. Todo dentro del marco del debido proceso y con el implícito respeto de sus correspondientes etapas. Así las cosas, resulta que la respuesta frente a la conducta arbitraria e inconstitucional en la que incurrió el Presidente Zelaya, no fue la que preveía el ordenamiento, sino por el contrario, fue una reacción aún más atávica y brutal contra el orden constitucional establecido, lo que tristemente refleja el alto grado de inmadurez política de esa noble nación hermana. fzamora@abogados.or.cr

viernes, 16 de enero de 2009

¿Quién se robó las banderas?

Dr.Fernando Zamora Castellanos

Publicado por el Periódico La Nación, Costa Rica el 16 de enero 2009
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/enero/16/opinion1841490.html

Quien en la historia ha tenido como ideal de vida, la defensa y promoción de nuestra hispanoamericanidad, es acreedor de las glorias propias de una causa imbuida de sublimidad y grandeza. De ahí que sea un censurable atentado contra nuestras raíces, desnaturalizar la latinoamericanidad, -o a la “indoamericanidad” como Haya de la Torre la llamó-, de su profundo contenido trascendente, arrebatándole a nuestra cultura, su rica impronta espiritual y cristiana. Este es un crimen cultural que han venido cometiendo los profetas del materialismo dialéctico desde años atrás. Escribo estas reflexiones a raíz de alguna información que he recibido sobre las efemérides del 50 aniversario del deceso del insigne filósofo José Vasconcelos (1882-1959), trotamundos cuya vida fue de lucha no solo contra el determinismo y mecanicismo positivista, confrontando el determinismo biológico racista y la concentración total del poder, durante lo que se llamó en México, el “Porfiriato”, sino que, además, su lucha fue también contra los grupos de poder que robaron las banderas del movimiento social que fue la revolución mexicana, desnaturalizándola de sus legítimos ideales originarios, y desatando en ese país, -so pretexto de defender las banderas de la justicia social-, una feroz persecución contra el cristianismo. Entonces se agigantó la figura de Vasconcelos quien, pese a ser una personalidad de talla mundial en la revolución mexicana, defendió con gallardía los valores cristianos de nuestras nacionalidades. Entendía que detrás del discurso radical contra el cristianismo que esgrimían los grupos de poder revolucionario, se escondían antivalores verdaderamente enemigos del genuino ideal de la latinoamericanidad. De ahí que, cuando el Presidente Obregón le asigna la responsabilidad de levantar la educación de su pueblo y dirigir, -de hecho refundar-, la Universidad Nacional Autónoma, lo hace bajo la consigna “Por mi raza hablará el espíritu”, desarrollando un hermoso sincretismo entre el ideal indoamericano y nuestra rica herencia cristiana. Posterior a aquel gran movimiento social mexicano, el Siglo XX sería testigo de como se entronizan en el mundo las grandes dictaduras inspiradas en el materialismo histórico. Ellas, inspiradas en dicha particular cosmovisión, proscribieron toda manifestación de espiritualidad de los pueblos que sojuzgaron. Aún hoy observo como las banderas de la hispanoamericanidad han sido hurtadas por los profetas del materialismo dialéctico, engendrando entre muchos el falso convencionalismo de que, quien se ufane de ser un buen cultor de nuestra latinoamericanidad, debe hacerse acompañar siempre de un arsenal intelectual cargado de los prejuicios propios de lo que ha sido el más enconado materialismo marxista, como lo es por ejemplo, la apología de la lucha de clases, la promoción de la anglofobia, la satanización que acusa al libre comercio como si fuese un mal en sí mismo, la militancia anticlerical, o enlistarse a favor de todo lo que implique arremeter contra los ideales defendidos por los valores judeocristianos. De esta forma, instrumentan este chantaje ideológico para medrar ilegítimamente, robando las banderas de la rica veta cultural que la indoamericanidad aporta, censurando de antemano a todo intelectual disidente que no cohoneste aquellos desvíos, y desautorizándolo con el trillado sambenito de traidor de “la(s) revolución(es)”, como le sucedió a Vasconcelos. Su independencia y honestidad intelectual le costó la Presidencia de la República en las elecciones de 1929, la que le fue robada en el fraude más escandaloso que vivió ese país en el Siglo XX, y tras una asesina persecución contra sus seguidores. Hechos que son ejemplo del tipo de conducta política que sirvió de inspiración a la escritora Angeles Mastretta para la novela en la que se basó la obra cinematográfica más cara de la historia latinoamericana y hoy nominada al Oscar 2009 como mejor película extranjera. En su total medida, la falacia ideológica que combatió Vasconcelos es la misma responsable de las tristes experiencias populistas que hemos sufrido, -y continuamos sufriendo-, en muchos de nuestros países latinoamericanos.