LAS RAZONES DE LA VIOLENCIA POLITICA

Dr. Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista.

Publicado en el Periódico La Nación bajo la siguiente dirección:
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/septiembre/29/opinion2105589.html

Aunque sus propagandistas invoquen quimeras hermosas, quienes actualmente dirigen la violencia contra los Estados democrático constitucionales en el mundo, en realidad no persiguen ideal moral alguno. Ya sea que se trate de la guerrilla en las selvas colombianas, o de quienes dirigen la “yihad” de oriente medio, nada en lo absoluto tiene que ver, -dicha violencia-, con las supuestas justificaciones que anuncian los partes emitidos por los propagandistas de esa feroz cultura. La verdadera motivación de la actual violencia políticamente dirigida, es la obtención de mayores cotos de poder material. Si no es así, ¿cómo explicarse que dichos movimientos derivaran en grupos con intereses económicos? La dinámica macabra la dirigen siniestros personajes que, -tras bastidores-, se aprovechan del reclutamiento de mentes, emocional e intelectualmente carentes, para adoctrinarlas en la cultura del odio. Esos son los verdaderos hilos de la actual violencia política. Es el mismo principio aplicable a aquellos quienes la provocan sin invocar justificación política alguna. La paradoja es que se condena unánime y enérgicamente la violencia de las maras -o la de los carteles mexicanos de la droga-, pero la censura de la violencia “políticamente justificada” no se hace con el mismo brío. Si el producto moral resulta idéntico, no hay razón que amerite la distinción. Y el dilema nos lleva a preguntarnos, ¿cómo explicarse que dicha apología de la violencia sea promovida incluso por personas educadas? Esto se debe al hecho de que aún subsisten reminiscencias de la añeja idolatría por las ideologías, las cuales redujeron la explicación del problema existencial del hombre en función de sus apetitos materiales. En las antípodas del espectro, sabemos que las expresiones actuales de esas falsas quimeras, lo han sido tanto el monetarismo como el leninismo. En un polo, la Italia moralmente decadente de Silvio Berlusconi. Cuba en el otro extremo. Dos ilustraciones lamentables que reflejan las circunstancias a las que se ven arrastradas las sociedades víctimas de cualquier suerte de reduccionismo. Esos ejemplos reflejan la verdad de que una de las peores amenazas que se ciñe sobre los Estados democrático constitucionales es, -insisto-, la promoción y el reciclaje, -a través de fórmulas viejas con envases nuevos-, de las recetas materialistas de siempre. Falaces panaceas que nunca resolverán el problema existencial del hombre. Por cierto, muchísimo de lo expuesto explica el derrumbe financiero mundial del 2008. Sean de cualquier espectro ideológico, sus productos derivados arrastran, tras de sí, el engendro de dos prototipos sociales perversos: ya sea colectivos asolados por la ingravidez de lo superficial, -como sucedió con los grupos involucrados en los recientes escándalos bursátiles de Nueva York-, o la cruel inhumanidad de sistemas represores de los derechos fundamentales. Si no el hedonismo y la indiferencia espiritual, al menos sí la división social. Odio o al menos codicia. Y no sea yo malentendido. Es menester celebrar y fomentar las bondades que ofrecen la técnica y la ciencia como medios para mejorar la calidad de vida material. Pilares de progreso en todas sus expresiones. Incluidos los beneficios que ofrece la ciencia social para comprender y organizar al Estado y su comunidad, según las bondades que se logran extraer al positivismo Comteano. Lo que sí ataco es la construcción de los altares donde asientan las abstracciones ideológicas materialistas. Las mismas que se han utilizado para dinamitar la constitucionalidad democrática. Y la ya denunciada decadencia cultural que arrastran. Socavan la forja de consensos que tienen que ver con valores de la nacionalidad y de sus individuos que sí son esenciales. De ahí que, los occidentales de hoy, al igual que en otras épocas difíciles de nuestra historia constitucional, debemos reafirmar la convicción de que la lucha por nuestro progreso integral es un camino que debemos construir echando mano de otros recursos superiores a aquellos que actualmente nos ofrece el materialismo en boga. fzamora@abogados.or.cr

¿Para qué derribar los valores judeocristianos de la República?

Dr.Fernando Zamora Castellanos
Doctor en derecho constitucional.

Publicado en Página Abierta de Diario Extra bajo la dirección:
http://www.diarioextra.com/2009/setiembre/22/opinion10.php
Ante la ferocidad del grupo ideológico que desea eliminar toda mención a Dios en nuestra Constitución, en febrero pasado propuse, en la prensa nacional, la siguiente redacción para el artículo 75 constitucional: “Se garantiza en la República la libertad de cultos, a la vez que se reconoce en la judeocristiandad, el fundamento y tradición histórica de los valores nacionales.” Y la reitero hoy con la confianza de que sea respaldada por los Señores diputados. Una reforma así planteada, protege la diversidad de cultos en nuestro país, resguardando a su vez el fundamento de nuestra identidad histórica. El cambio constitucional así propuesto, reconoce las tres grandes tradiciones que nuestra nación ha acogido, como son la católica, la evangélica y la comunidad judía, y además respeta la práctica de todo otro culto dentro de nuestro territorio, aunque esté sustentado en otros sistemas de valores. De tal forma, se resguardarían constitucionalmente, tanto los caros ideales de la libertad, como nuestra valiosa herencia judeocristiana. Esta redacción la propuse en aquel momento, a raíz de las intenciones que se veían venir, -y que han salido a la luz en estos días-, de un grupo ideológico que propugna que se borre todo rastro del nombre de Dios en nuestra Constitución. Por cierto, el coro es encabezado por el diputado Merino del Río. El mismo diputado que -al tiempo que promueve y aligera proyectos abortistas-, se dice defensor de los débiles. Ante la dramática realidad de una naciente vida amenazada, -que por sí misma no se puede defender-, causa hilaridad el mimetismo que evidencia el adjetivo de justiciero con el que se arropa el Sr. Merino. Izquierda de alhacena fina y caviar. Y es que detrás de esas iniciativas, se refleja una hipocresía que en realidad oculta otras intenciones que, -de momento-, esos promotores no se atreven a exponer abiertamente. Como sucedió con el legendario caballo de la Troya antigua, en toda esta ofensiva se esconden otros intereses, que obviamente no son el de resguardar la práctica de otros cultos, lo que de por sí ya está sobradamente garantizado en Costa Rica. En momentos en que pretenden abrir las puertas a discusiones legislativas, si se quiere censurables para el país, -como sin duda es la del aborto-, el verdadero objetivo es borrar de nuestro texto constitucional todo rastro que en ella quede de los valores cristianos de la nación. Los mismos que -de forma reiterada-, nuestra justicia constitucional ha reconocido que son fundamentales informadores de nuestra constitucionalidad. Por esa razón es que se afanan en derrumbar todos los bastiones que queden de los valores judeocristianos en nuestro ordenamiento. Porque esos valores representan el último dique de contención que está impidiendo la entronización, -en nuestros mismos cimientos jurídicos-, de una cultura perversa. Una suerte de nihilismo en la que el hombre invierte sus valores exaltando su sentido de autosuficiencia, al tiempo que se proclama autor de un egoísta código propio de vida, y cuyas consecuencias implican, -ante la idea de lo trascendente-, la claudicación humana de todo sentido de responsabilidad frente a ella. Es un código cultural engañoso y abyecto, que ha patrocinado los dramas más espantosos de la historia universal reciente. ¿O es que niegan las raíces nihilistas del nazismo que provocó el horror del siglo XX? ¿O los amargos frutos del ateísmo estalinista en la Europa del este? La prensa ha informado que en el Congreso, son trece señores diputados quienes han refrendado la importación de esta propuesta cultural para Costa Rica. Sabemos que, de ellos, algunos lo habrán hecho de buena fe y desconociendo los demoledores perjuicios que, -para la salud moral y espiritual de la república-, acarrean los subrepticios designios de quienes los han azuzado. Por la información que ha dado la prensa, no parece posible que, de momento, sus empeños tengan éxito inmediato. Lo que sucede es que la maquinación estratégica que hacen los líderes de este grupo, es la misma de una milicia que, -para posicionarse-, defiende una cabeza de playa. Como las zorrillas que -a base de pequeños daños-, van echando a perder las viñas, su verdadera determinación es ir minando el acuerdo social que existe en consensos tan profundos para el costarricense como el de nuestra idea de un sistema de valores trascendentes que respetar, y con ello, la irrestricta defensa del derecho a la vida. Una ética que para los ancestros forjadores de nuestra nacionalidad, hubiese sido impensable, -más aún, inimaginable-, que algún día se intentase poner en tela de duda, ¡Y en los mismísimos altares de la Patria! fzamora@abogados.or.cr

Constituyente ¿Cuál de los dos caminos?

Dr.Fernando Zamora Castellanos
Doctor en derecho constitucional

Publicado en la Página abierta del Diario Extra bajo la dirección:
http://www.diarioextra.com/2009/setiembre/01/opinion07.php


El Presidente Arias ha anunciado recientemente que apoya la idea de la convocatoria constituyente. De aprobarse este proceso, parece que estaremos cautivos de una disyuntiva: encaminarnos hacia la necesaria descentralización y con ello, a una mayor democratización del poder político, o a la inversa, ir hacia su concentración. Lo infiero de las manifestaciones y propuestas esgrimidas en los últimos meses por quienes han opinado sobre el tema. Antes de que conociéramos sobre la posibilidad de la Constituyente, había escrito un artículo publicado el 12 de octubre del año pasado, donde expuse su necesidad sobre la base de que el país debía enrumbarse hacia un sistema constitucional que permitiera sentar los fundamentos de la impostergable descentralización, y en donde el protagonista fuese el poder local. Esto con el objetivo de desatar la participación de una cada vez mayor cantidad de nuevas fuerzas sociales que coadyuven en el desarrollo nacional. Sin embargo, a raíz del anuncio gubernamental, otros sectores han aprovechado para promoverla con la intención inversa de fortalecer el agotado modelo presidencialista central, algo así como inyectar estimulantes a un cuerpo que ya emite estertores. El espíritu que los motiva se sustenta en una premisa incierta: que si el sistema le otorgase al gobernante más poder político, la gobernabilidad sería más eficaz. Pero la tesis, en apariencia bondadosa, es un espejismo. Con escasas excepciones, la historia humana, -incluso la que hoy se escribe-, ha demostrado lo contrario: que la concentración del poder insufla la ingobernabilidad y alimenta la corrupción. Ejemplo son las actuales experiencias latinoamericanas, donde los presidentes promueven referendos, constituyentes y sentencias con la evidente intención de concentrar el poder. Amén del hecho de que la era del conocimiento, paradigma del nuevo tiempo histórico que hoy vivimos, lo que demanda es participación y desconcentración del poder, y no lo contrario. Peor aún, algunos azuzan la pretensión de promover cambios que eliminen controles propios entre los distintos poderes del Estado y para ello insisten que puede lograrse sin la molestia de convocar constituyente. Como bastan reformas legales para desmarcarse de lo que consideran un molesto sistema de controles públicos, he escuchado incluso la propuesta de eliminar el efecto suspensivo garantizado por el artículo 41 de nuestra jurisdicción constitucional, barrera contra las actuaciones arbitrarias de la administración. Lo que sería un rudo golpe contra nuestro sistema de control administrativo, pues dicha medida ha representado, sin duda, un arma eficaz contra los abusos del poder. En síntesis, proponen acudir en sentido contrario al que han venido marchando sistemas constitucionales modernos que han desechado la centralización presidencialista. En Suiza distribuyeron el poder en las administraciones públicas locales, trasladando a ellas funciones vitales y resultó tan eficaz el sistema, que hoy su Constitución traslada en los cantones aspectos como la seguridad y la protección de la población, la educación pública general, incluida la superior, la cultura, la protección del medio ambiente, el desarrollo y administración de la infraestructura de las aguas, las conciliaciones extrajudiciales, -y aunque la sección décima de la Constitución Suiza mantiene la promulgación de la legislación civil y penal como competencia del poder central-, traslada al poder local la administración de justicia. En materia fiscal esa Constitución establece un adecuado equilibrio fiscal entre el poder central y los cantones, obligando a la Confederación a establecer principios que permitan armonizar los impuestos directos del poder central, y el de los cantones y municipios. Aunque parezca increíble, aquel país ha llegado al traslado de competencias cantonales aún en materia de investigación científica o carreteras nacionales, tal y como disponen los artículos 64 y 83 de su Constitución. Por el contrario, en la actividad pública costarricense el poder local es prácticamente inexistente como factor de solución real de los problemas de la comunidad. Hasta hace poco, todo el presupuesto de las 81 municipalidades del país resultaba en un mendrugo de tan solo un 1,6% del total del gasto público, y una transformación constitucional trascendente, por ejemplo, debería implicar una delegación tributaria que permita el traslado de buena parte de la recaudación fiscal a la administración local. Este tipo de cambios si ameritan la Constituyente. fzamora@abogados.or.cr