AMENAZA A NUESTRAS LIBERTADES

Dr.Fernando Zamora Castellanos

Abogado constitucionalista

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http://www.diarioextra.com/2010/abril/27/opinion07.php

La norma y la resolución irrazonable es un atentado contra las libertades. La ley desproporcionada es germen que carcome la libertad y que legitima una contracultura inconstitucional perversa. Esta pérfida tendencia ha sido casi una constante histórica en latinoamérica, y subterfugio para los tiranos de nuestro realismo mágico. Lo preocupante es que aún en Costa Rica, donde nos hemos caracterizado por ser históricos defensores de nuestro régimen de libertades, se esté entronizando, -a partir de resoluciones y normas irrazonables y desproporcionadas-, una incultura constitucional contra nuestras libertades. La Asamblea Legislativa y muchas de nuestras corporaciones municipales están siendo culpables de ello. Y una reciente resolución del TSE que arbitrariamente restringe los derechos electorales sin que la ley lo haga, -en relación con el domicilio de los candidatos a puestos de elección popular-, es solo un ejemplo más de ello. Un fundamento constitucional básico de cualquier sociedad libre es que sus leyes sean razonables. Si consentimos lo contrario, nos acercamos disimuladamente al precipicio del despotismo. En esencia, una norma es desproporcionada cuando las circunstancias sociales que motivaron al legislador a sancionarla, no guarda proporción con los fines perseguidos por ella, ni con los medios escogidos para alcanzarlos. Y es irrazonable cuando por inequidad no es idónea para alcanzar sus objetivos. Resumirlo en una frase coloquial, es afirmar que son resoluciones, actos y leyes carentes de sentido común. Como la ley de tránsito que, por una parte pretende penas laxas para faltas graves pero por otra contempla sanciones draconianas para faltas leves. Solo dos ejemplos. Si un obrero que conduce el vehículo de la empresa para la que trabaja, olvidó colocarse el cinturón al momento en que es detenido por el oficial, por esta omisión el Estado le castigará con una sanción de C220.000 colones, monto equivalente al salario mensual con el que debía alimentar a sus hijos. Un despotismo absurdo. Otra ilustración, pero en materia aduanera. El artículo 242 de la Ley de Aduanas establece que, si un agente aduanero comete una infracción, -que NO sea de carácter delictivo-, cuyo perjuicio sea superior a los cien pesos centroamericanos, (que equivalen a $100), se le castiga con una multa igual al valor aduanero declarado. Esto significa que, si la infracción es de $101 y la mercancía vale $100,000, el monto que el trabajador aduanero deberá cancelar al Estado -por ese error de solo $100-, es una sanción de $100,000. Son solo ejemplos, pero reflejan una tendencia a la arbitrariedad y a la desproporción de las normas, que se está imponiendo en todas las áreas de nuestro ordenamiento jurídico. Lo preocupante es que en los últimos años, los costarricenses estamos siendo testigos de una inflación de resoluciones y normas irracionales y desproporcionadas que reflejan la escasa cultura constitucional de nuestra burocracia respecto de las limitaciones al poder y la defensa de las libertades. Comentario generalizado entre el gremio de los abogados, es la tendencia cada vez más arbitraria de muchas de las resoluciones de las corporaciones municipales, que están convirtiendo a los ayuntamientos en pequeñas tiranías. Allí principios indiscutibles de las naciones libres como el de seguridad jurídica, irretroactividad de la ley, o aún el de propiedad privada, son atropellados con el primer argumento que esté al alcance; si no “por el inciso de aquel nuevo reglamento”, entonces por “ésta otra resolución”. La devaluación de una conciencia constitucional de libertad, en perjuicio de las futuras generaciones. ¡Advirtamos el germen que subrepticiamente está incubándose! Recordemos que estado de derecho y democracia no representan necesariamente lo mismo. El primero es sometimiento sin excepción de los ciudadanos a la ley, pero la historia es recurrente en mostrarnos listas extensas de estados de derecho sin democracia. Esta siempre degenera, como consecuencia del paulatino deterioro de las libertades sociales. En esencia, la democracia es control del poder. Si la arbitrariedad va ganando territorio, deja la democracia de responder las grandes preguntas que debe resolver todo sistema de libertad: ¿cómo controlar a quienes ejercen el poder? ¿cómo realizar cambios sin violencia? ¿cómo garantizar la consecución de las aspiraciones ciudadanas? Estas preguntas toman mayor relevancia en épocas de globalización, donde cada día son más las decisiones vitales que se toman en entidades ajenas a las democracias nacionales, como lo son el G-8, el Banco Mundial o la OTAN. Las grandes determinaciones que definen el destino de nuestras sociedades, van emigrando fuera del marco usual de acción de la democracia. Grandes definiciones tomadas en foros inalcanzables y por personas a quienes no podemos controlar, elegir ni sustituir, van desdibujando nuestra capacidad de dar respuesta a aquellas preguntas esenciales de la democracia. Y es precisamente, por esa tendencia, que debemos fortalecer el ejercicio de la libertad a lo interno de nuestras naciones-estado. Y esto no debe ser material para panfletos de izquierdas o derechas, pues en ambos polos del espectro, estas preocupaciones han sido usufructuadas para resucitar fanatismos enemigos de la libertad. Lo que está en juego es, si reafirmamos o deterioramos nuestra concepción de que el estado republicano de derecho es para proteger las libertades individuales y limitar el poder. Y nunca desechar de nuestro credo, la certeza de que la prosperidad dependerá de la estabilidad y equidad de nuestras normas. Los abusos de la corrupción son motivo para la acción concertada, no pretexto para la ley irracional que devalúa las garantías de un sistema de libertad como el que tanto ha costado forjar. Figueres Ferrer, señalaba que el peligro está cuando los caros conceptos de la política se vuelven palabras gastadas y Zagrebelsky, que el concepto “democracia” ya no divide. Es que hemos aceptado interpretaciones contradictorias para entenderla. De ella debemos servirnos pero a su vez servirla, y la han devaluado quienes de ella han usufructuado sin retribuirle. En todo este tinglado los Tribunales constitucionales juegan un papel primordial. Sé que, como toda institución democrática, se mueven en los procelosos vaivenes de las presiones y los intereses, sean de la opinión pública o de los distintos grupos de poder. Pero un Tribunal Constitucional es luz para una nación cuando es fuerte y sus jueces son, -ante todo-, amantes de la libertad. Por eso una tarea impostergable de las jurisdicciones constitucionales latinoamericanas es retomar ahora una muy seria fiscalización de la irrazonable desproporción de muchas resoluciones y normas. fzamora@abogados.or.cr