Abogado constitucionalista.
Publicado en La
Nación bajo el título:
Una agenda nacional, que permita un acuerdo
interpartidario sobre temas país, es urgente. Y el tema se ha vuelto a colocar
en el tapete. Resumiré aquí los elementos indispensables para una propuesta
viable y los antecedentes de esta idea. Lo cierto es que, en la historia
reciente del país, la idea de un acuerdo nacional nació en la campaña
presidencial del 2013. En ese año, el Partido Liberación Nacional planteó al
resto de candidatos en liza, la necesidad de un gran acuerdo nacional para el desarrollo.
Lamentablemente, en aquella ocasión la idea no tuvo eco. Posteriormente, en el
año 2014, varios meses después de instalado este gobierno, y ante la inacción
de la administración en ofrecer un proyecto político para el cuatrienio, la
fracción del PLN insistió en el tema. A ese clamor se sumaron después otros
partidos de oposición, como el PUSC y la ADC.
El 30 de setiembre del año 2014, en un artículo publicado
en este diario, denominado “Un acuerdo
posible” (30/9/2014), el Expresidente de la República Dr. Oscar Arias Sánchez,
elaboró una atinada propuesta de acuerdo. Ella consiste en disminuir el déficit
durante dos años en un 5% del PIB, donde un 3% se obtenga con nuevos tributos y
un 2% con reducción de gasto. Para ello, propuso la convocatoria a un diálogo
en función de un acuerdo nacional. Meses después, en abril del 2015, el PLN volvió
a insistir en la necesidad de un acuerdo nacional. En esa oportunidad, con
ocasión de una audiencia que el Presidente Solís ofrece a las autoridades del PLN,
entonces presidido por el Expresidente José María Figueres. Allí el Partido
planteó la necesidad de que esta agenda priorizara en los temas atinentes al crecimiento
económico y la racionalización del gasto público. Dentro de ese mismo esquema,
en julio del 2016, remití un oficio formal al Presidente de la República, cuyo
resumen fue también publicado en este foro, bajo el título “Una propuesta para
el Presidente”, (La Nación 1/7/2016). Allí planteé la posibilidad de un acuerdo
nacional en torno a tres megaproyectos puntuales de infraestructura para el desarrollo.
Igualmente, y aludiendo al ejemplo de la experiencia irlandesa, la académica
Velia Govaere urgió, en este mismo foro,
sobre la necesidad de un gran acuerdo social para el desarrollo.
Pues bien, en este año 2016, finalmente el diputado Ottón
Solís ha unido también su voz reclamando la necesidad de un acuerdo nacional. Por
la prominencia y prestigio del firmante, a diferencia de las anteriores, la
solicitud del diputado Solís ha tenido una mayor cobertura de prensa. Sin
embargo, paradójicamente, por las razones que expondré, de entre las propuestas
planteadas, lamentablemente esta es la inadecuada. En primer término, porque la
propuesta del diputado procrastina. Deja para mañana lo que se puede hacer hoy.
Pospone la agenda nacional hasta el próximo gobierno, desperdiciando casi dos
años de la presente administración. ¿Por qué habremos de desaprovechar tanto
tiempo para llegar a un acuerdo sobre una agenda nacional? Los problemas del
país se acumulan, y es indispensable que las decisiones se tomen con prontitud.
El segundo elemento en el que hemos diferido con la
propuesta del diputado Solís, radica en el hecho de que su iniciativa prescinde
del gobierno de la República, siendo que el Ejecutivo es el poder diseñado por el
sistema jurídico para un cometido de tal naturaleza, como lo es dirigir un
acuerdo nacional. Tal poder es el responsable primario de la dirección de
gobierno. No por casualidad nuestra Constitución Política lo faculta a ejercer
iniciativa en la formación de las leyes, vetarlas, e incluso lo privilegia con
la potestad de una agenda de iniciativas exclusiva durante un período
extraordinario de sesiones legislativas. Si reconocemos que la agenda nacional
es una necesidad que no debe ser postergada, no quepa duda que es al actual
Presidente de la República a quien corresponde la responsabilidad. El agente
político adecuado para arrogarse una facultad de esta naturaleza, no es un
diputado, y menos aún si éste decide asumir una vocación opositora.
El tercer elemento en el cual diferimos con Don Ottón,
radica en el hecho de que su propuesta implica la necesidad de un gobierno
integrado por todos los partidos, siendo que lo esencial del asunto es ponernos
de acuerdo en la receta, y no enfocarnos en los cocineros. Lo importante es
convenir en una agenda nacional urgente, e implementarla. Pretender instaurar
un gobierno de todos los partidos, es desenfocarnos en la definición de eventuales
distribuciones de puestos políticos, lo cual no contribuye para nada con el
objetivo de fondo. El objetivo es acordar la receta, hacerlo pronto, y que el
actual Gobierno de la República inicie el cometido definido. Para ello no es
necesario exigirle que despida jerarcas de su agrupación para colocar gente de
otros partidos. Peor aún, la idea de que la agenda nacional deba estar
condicionada por un gobierno de diferentes partidos, estimula la peligrosa
tendencia a la fragmentación y la insularización del poder. Los partidos
políticos deben tener la madurez de llegar a entendimientos sin que sea
necesario el cobro de una suerte de “peajes” políticos que impliquen el
otorgamiento de posiciones de poder para ello.
Por otra parte, no es viable una propuesta metodológica
de diálogo y acuerdo interpartidario sin una propuesta concreta de planes. Repito,
propuestas concretas. No temas generales, que es lo que él ha planteado.
Además, ¿por qué se plantea allí un mecanismo de acuerdo extraparlamentario? En
una democracia madura, ¿no es acaso el parlamento el escenario natural de
entendimiento entre los partidos? En síntesis, la agenda nacional es una
prioridad que no debe ser postergada. La dirección de la misma es
responsabilidad del gobierno de la República. Las distintas fuerzas políticas
del país hemos reconocido la necesidad de tal acuerdo, sobre todo, si el mismo
tiene como objetivo el crecimiento económico, la racionalización del gasto, y
la inversión en infraestructura para el desarrollo. La mayoría de los actores
sociales y políticos nos hemos manifestado reiteradamente en favor de dicho
diálogo. El que tiene la palabra es el gobierno de la República. fzamora@abogados.or.cr