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jueves, 12 de abril de 2018

PRIORIDADES DEL ACUERDO NACIONAL

Dr. Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista.

Publicado en el Periódico La Nación


El Presidente electo nos ha convocado a los partidos políticos con representación legislativa, a la conformación de un gobierno nacional por acompañamiento multipartidario. Esencialmente, la mecánica de la propuesta consiste en la posibilidad de que, dentro de la mitad menos uno de los Ministerios gubernamentales, a los partidos políticos no ganadores de la contienda recién pasada, se nos asigne una cuota  proporcional de tales cargos. A cambio de dicha prerrogativa, cada Partido se compromete a apoyar una serie de iniciativas previamente consensuadas. Algunos Partidos anunciaron de inmediato la aceptación de la iniciativa; otros aún no se han pronunciado. En el caso de Liberación Nacional, se tomó la decisión de celebrar y apoyar la iniciativa, no sin antes advertir que no aceptaría cargos públicos en función de ello. Aquí lo que realmente interesa es la receta, y no el cocinero. Amén del hecho de que, -tratándose de un llamado a la concertación por el país-, no debe existir otro interés que el patriótico. Pues bien, descrito el escenario, amerita analizar los elementos básicos de lo que, a mi criterio, deben ser los parámetros o elementos de este acuerdo. El primero de estos parámetros, señala que la base lógica a partir de la cual construir un pacto inmediato, debe ser el acuerdo suscrito por todos los Partidos políticos en el año 2017. Sin duda alguna, allí ya está buena parte del camino recorrido. Los partidos no podrían oponerse a lo que suscribieron. Lo que corresponde es honrar lo firmado, ejecutando en el Congreso la aprobación de los proyectos de ley que traducen la implementación de cada resolución pactada. Allí existe un marco de planteamientos en las materias sensibles de nuestro desarrollo, como lo es la descentralización político-administrativa, transporte público e infraestructura, reforma educativa integral, empleo público, simplificación de trámites, y reformas a la seguridad social, entre otros aspectos.

El segundo parámetro está condicionado por el reto inmediato que tiene el gobierno electo, consistente en frenar la grave hemorragia que desangra nuestras finanzas públicas. La situación se resume en una sentencia implacable: estamos endeudados hasta el copete porque tenemos un nivel de productividad que no puede sostener el caro aparato público que sostenemos. Don Pepe Figueres decía que teníamos gusto de champagne con bolsillo de agua dulce. Parafraseando su coloquial aforismo podemos afirmar que, teniendo bolsillo de agua dulce, se ha generado  una estructura pública cara como el champagne. Ante tal desafío, el gobierno electo habrá de armarse de una doble valentía para ello, pues su partido, -el PAC-, no solo aumentó sustancialmente ese gasto en los últimos cuatro años, sino que ha sostenido un discurso ideológico que prohíja un esquema estatista a la vieja usanza. Tanto así que los sectores sindicales del Estado apostaron por ese partido, al extremo de que, uno de sus sindicalistas prominentes, es segundo al mando en la fórmula presidencial. Además resulta molesto detectar, un día sí y otro también, que la voluntad real de salida al problema consiste simplemente en imponer nuevas cargas tributarias sobre las espaldas de la sociedad civil. Esta solución desviste un santo para arropar al otro. El gobierno no parece consciente de que limitarse a aumentar el peso impositivo, desestimula la economía privada, que es la que suministra los recursos a ese oso hambriento que es el Estado. Cuando terminen de arropar al segundo santo, verán entonces desnudo al primero, y habrán caído en la cuenta que no solucionaron el problema. Por ello, el reto inmediato es enfrentar el desafío en materia de contención de gasto, sobre la base de los presupuestos que paso a mencionar: erradicar los privilegios de la nomenklatura enquistada en las entidades públicas. La evidencia histórica es que, una vez consolidadas las burocracias que originalmente fueron instaladas para atender necesidades específicas del desarrollo, a mitad del camino, éstas terminan convirtiéndose en fines en sí mismas. La necesidad de garantizar la eficiencia de la administración pública es otro presupuesto. La ineficiencia hace que el Estado, originalmente destinado a resolver las urgencias del desarrollo, termine convirtiéndose en parte del problema. Aquí cito un ejemplo a manera de ilustración: en la comunidad de Palmichal de Acosta existe una loable iniciativa de turismo rural comunitario. Fue emprendida por la misma comunidad y genera ingresos a sus habitantes sin requerir de la asistencia estatal. Se trata de un proyecto de protección de las nacientes del río Negro y Tabarcia, con su respectiva cuenca en la zona. Además, el proyecto cuenta con zonas de alojamiento ecológicamente sustentables. La iniciativa incluso, ha sido reconocida por medios periodísticos, quienes han realizado reportajes divulgando su labor. Pues resulta que he sido testigo de cómo el poder estatal, -por una u otra nimiedad-, se ha dedicado a perseguirlos, llegando incluso al punto de amenazar su propia existencia.  Aquello es la inversión del sentido y razón de ser del poder de imperio estatal. La mejora en la eficiencia pública es urgente; iniciativas que busquen medidas que promueven la desregulación de todas las actividades productivas, así como la simplificación de trámites y procedimientos que estén asociados a ellas es un presupuesto fundamental de la eficiencia pública.

Otros presupuestos de eficiencia como la homologación de puestos en el sector descentralizado y en la administración municipal, lineamientos comunes sobre gestión y calificación del empleado público, así como el establecimiento de mecanismos rigurosos de evaluación en función de resultados, son elementos indispensables a implementar en el objetivo de dar eficiencia. El brutal atraso en la ejecución de obras públicas, -sobre los cuales se pagan intereses de préstamos millonarios-, no es sino un alarmante reflejo de nuestros actuales problemas de eficiencia pública. Otro presupuesto de ahorro, implica erradicar la duplicidad de funciones estatales. Costa Rica es un país con una población económicamente activa de apenas poco más de dos millones de personas. No somos Brasil. Nada justifica que aquí existan dos o más entidades públicas persiguiendo los mismos objetivos, o peor aún, realizando las mismas funciones.

El último parámetro básico consiste en la necesidad de reactivar la economía. Para ello, la responsabilidad del gobierno será proponer las iniciativas  que estimulen dos de las vías más eficientes para ello: por una parte, el inventario de ejecución de obra pública por medio de alianzas público-privadas, y por otra, las políticas públicas que implementará en los próximos cuatro años para atraer inversión en alta tecnología. El gobierno electo tiene la palabra. fzamora@abogados.or.cr

martes, 21 de febrero de 2017

2017 ¿QUE HACER?

Dr. Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista.

Publicado en el diario La Nación:
http://www.nacion.com/amp/opinion/foros/hacer_0_1616838322.html

El año 2017 presenta tres desafíos inmediatos al gobierno. El primero, el ya conocido problema fiscal. El segundo reto lo imponen las nuevas políticas proteccionistas de Estados Unidos. De hecho, la empresa Suttle -ubicada en la zona franca Saret-, ha anunciado su regreso a Minnesota. El tercer problema urgente, lo ofrece la situación de infraestructura que, a raíz de los embotellamientos producidos con ocasión del cierre del puente de la “platina”, nos saltó agresivamente a la cara. Así, sustentado en la experiencia histórica, esbozo ideas para enfrentar las amenazas. Veamos.

 

En relación al reto fiscal, el año pasado, el directorio político nacional del PLN tomamos la decisión de apoyar una propuesta de acuerdo en materia tributaria, del cual el Presidente de la República tuvo conocimiento. Se sustentaba en la tesis expuesta por el Expresidente Arias en el artículo “Un acuerdo posible” (30/9/2014), publicado en este diario. Allí el elaboró una iniciativa consistente en disminuir el déficit durante dos años en un 5% del PIB, donde solamente un 3% se obtenga con un nuevo tributo, y el restante 2% con reducción de gasto. Con nuestros diputados hemos estado dispuestos a impulsar ese planteamiento como un acuerdo nacional. Lo esencial para nosotros es reactivar la económica estimulando la producción, y moderar el gasto público que no es inversión. Es irresponsable seguir cargando al pueblo con un ilimitado crecimiento de la voracidad fiscal. Ello no ha dado resultados en los países donde se tomó tal camino. Aún más, la propuesta de convertir el impuesto de venta en uno que grave más actividades, -como lo es el del “valor agregado”-, implicará un mayor desestimulo a la economía de las empresas pequeñas y medianas no vinculadas al sector público. Está estadísticamente demostrado que el costo de la legalidad no afecta a los grandes conglomerados, sino a las iniciativas de clase media y popular. Una salida para aumentar el ingreso, al tiempo que no se cae en la trampa de un progresivo agravamiento fiscal, es aplicar la fórmula implementada en 1995 con la ley de ajuste tributario, la cual aumentó a un 15% el impuesto de ventas -pero por 18 meses-, para luego regresar al 13%. Esta medida, complementada con otras propuestas para racionalizar el gasto público que no es inversión, permitiría una salida al problema fiscal sin perjudicar permanentemente la economía de las clases populares.

 

El segundo desafío lo planta el proteccionismo del nuevo gobierno estadounidense. La inversión norteamericana directa disminuirá y ese principal mercado puede tender a cerrarse. Progresivamente, pero con urgencia, debemos compensar, tanto la inversión directa, como el mercado que perderemos. Nuestro gobierno debe generar condiciones que motiven a los europeos y a naciones asiáticas como Corea, Japón o China, a aumentar la inversión de alto valor agregado en nuestro país. No será algo nuevo. A inicios de los años ochenta -e invitados por el gobierno de Don Luis Alberto-, Corea del Sur instaló en Santa Ana la exitosa planta “Daewoo Bus”. Esta ensambla y desarrolla producción industrial de buses utilizando recursos y mano de obra costarricense. Es el momento para abrir otros mercados y buscar nuevas naciones inversoras, y no el de imitar la actitud proteccionista de Estados Unidos. Quien insista en negar las bondades de la apertura económica, debe leer las estadísticas del estudio “Inversión extranjera, desarrollo y globalización”, elaborado por la prestigiosa economista Eva Paus, invitada a nuestro país por la UCR como investigadora académica.

 

El tercer desafío que impone el 2017 es el de infraestructura. Allí el partido de gobierno sufre las consecuencias de su propio error, pues en el cuatrienio pasado se opuso a la concesión a San Ramón, de lo cual hoy su Viceministra Alfaro ha reconocido que no ejecutarla fue un error. Pues bien, después del calvario que vivimos por el cierre del puente, finalmente tendremos un paso de menos cantidad de carriles de los que tendríamos de haberse ejecutado la concesión. El proyecto de concesión a San Ramón establecía un paso adicional de dos carriles donde hoy se amplía el actual puente, con lo cual las próximas generaciones habrían disfrutado ocho carriles y no los seis que ahora construye el gobierno. Además, el puente no solo tendría meses de estar funcionando, sino que, como se proyectaba un paso adicional, no hubiese sido necesario el cierre que hoy nos tortura. Sería interesante que un estadístico pudiese cuantificar la dimensión del perjuicio causado a la economía por la cantidad de horas trabajo que se están perdiendo con este cierre, el cual era innecesario en el proyecto original que los activistas del actual gobierno sabotearon. Igualmente, sería valioso cuantificar el perjuicio que implicará a futuro tener un puente de menor tamaño al originalmente proyectado y con muchos años de retraso en su ejecución, pues aún no se sabe cuándo iniciará esa pista. Aún peor, el argumento para desprestigiar la obra fue su costo, para enterarnos después que el valor del peaje propuesto por los activistas de la revuelta es prácticamente el mismo al de la concesión, con la diferencia que la obra estaría ya terminada. No solo no estaríamos viviendo este calvario, sino que el concesionario original se comprometía a financiar los trabajos con su propio capital, asumiría los costos si los materiales aumentaban de precio, o si se retrasaba su conclusión. O sea, el riesgo no iba a ser del Estado. La réplica a mi argumento probablemente será que las concesiones son caras. No necesariamente. La realidad de la insolvencia operativa y económica del Estado descarta que éste las realice. Otra alternativa, los fideicomisos, han demostrado su ineficiencia para grandes realizaciones. La experiencia los descalifica, pues los bancos -administradores por ley-, no se especializan en administrar el desarrollo de megaproyectos. Así, no hay otra opción sensata que asumir el reto infraestructural por la vía de la concesión. Es posible evitar los errores del pasado estableciendo con claridad una estipulación contractual de valor neto actualizado, lo que permitiría asumir el bien en menos tiempo en los casos en que se demuestre una utilidad superior a la estimada, si los costos resulten inferiores. Y hoy el país tiene más experiencia para negociarlos. fzamora@abogados.or.cr

martes, 30 de agosto de 2016

DIFIERO DE OTTON SOLIS

Dr. Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista.

 

Publicado en La Nación bajo el título:


 

 

Una agenda nacional, que permita un acuerdo interpartidario sobre temas país, es urgente. Y el tema se ha vuelto a colocar en el tapete. Resumiré aquí los elementos indispensables para una propuesta viable y los antecedentes de esta idea. Lo cierto es que, en la historia reciente del país, la idea de un acuerdo nacional nació en la campaña presidencial del 2013. En ese año, el Partido Liberación Nacional planteó al resto de candidatos en liza, la necesidad de un gran acuerdo nacional para el desarrollo. Lamentablemente, en aquella ocasión la idea no tuvo eco. Posteriormente, en el año 2014, varios meses después de instalado este gobierno, y ante la inacción de la administración en ofrecer un proyecto político para el cuatrienio, la fracción del PLN insistió en el tema. A ese clamor se sumaron después otros partidos de oposición, como el PUSC y la ADC.

 

El 30 de setiembre del año 2014, en un artículo publicado en este diario,  denominado “Un acuerdo posible” (30/9/2014), el Expresidente de la República Dr. Oscar Arias Sánchez, elaboró una atinada propuesta de acuerdo. Ella consiste en disminuir el déficit durante dos años en un 5% del PIB, donde un 3% se obtenga con nuevos tributos y un 2% con reducción de gasto. Para ello, propuso la convocatoria a un diálogo en función de un acuerdo nacional. Meses después, en abril del 2015, el PLN volvió a insistir en la necesidad de un acuerdo nacional. En esa oportunidad, con ocasión de una audiencia que el Presidente Solís ofrece a las autoridades del PLN, entonces presidido por el Expresidente José María Figueres. Allí el Partido planteó la necesidad de que esta agenda priorizara en los temas atinentes al crecimiento económico y la racionalización del gasto público. Dentro de ese mismo esquema, en julio del 2016, remití un oficio formal al Presidente de la República, cuyo resumen fue también publicado en este foro, bajo el título “Una propuesta para el Presidente”, (La Nación 1/7/2016). Allí planteé la posibilidad de un acuerdo nacional en torno a tres megaproyectos puntuales de infraestructura para el desarrollo. Igualmente, y aludiendo al ejemplo de la experiencia irlandesa, la académica Velia Govaere  urgió, en este mismo foro, sobre la necesidad de un gran acuerdo social para el desarrollo.

 

Pues bien, en este año 2016, finalmente el diputado Ottón Solís ha unido también su voz reclamando la necesidad de un acuerdo nacional. Por la prominencia y prestigio del firmante, a diferencia de las anteriores, la solicitud del diputado Solís ha tenido una mayor cobertura de prensa. Sin embargo, paradójicamente, por las razones que expondré, de entre las propuestas planteadas, lamentablemente esta es la inadecuada. En primer término, porque la propuesta del diputado procrastina. Deja para mañana lo que se puede hacer hoy. Pospone la agenda nacional hasta el próximo gobierno, desperdiciando casi dos años de la presente administración. ¿Por qué habremos de desaprovechar tanto tiempo para llegar a un acuerdo sobre una agenda nacional? Los problemas del país se acumulan, y es indispensable que las decisiones se tomen con prontitud.

 

El segundo elemento en el que hemos diferido con la propuesta del diputado Solís, radica en el hecho de que su iniciativa prescinde del gobierno de la República, siendo que el Ejecutivo es el poder diseñado por el sistema jurídico para un cometido de tal naturaleza, como lo es dirigir un acuerdo nacional. Tal poder es el responsable primario de la dirección de gobierno. No por casualidad nuestra Constitución Política lo faculta a ejercer iniciativa en la formación de las leyes, vetarlas, e incluso lo privilegia con la potestad de una agenda de iniciativas exclusiva durante un período extraordinario de sesiones legislativas. Si reconocemos que la agenda nacional es una necesidad que no debe ser postergada, no quepa duda que es al actual Presidente de la República a quien corresponde la responsabilidad. El agente político adecuado para arrogarse una facultad de esta naturaleza, no es un diputado, y menos aún si éste decide asumir una vocación opositora.

 

El tercer elemento en el cual diferimos con Don Ottón, radica en el hecho de que su propuesta implica la necesidad de un gobierno integrado por todos los partidos, siendo que lo esencial del asunto es ponernos de acuerdo en la receta, y no enfocarnos en los cocineros. Lo importante es convenir en una agenda nacional urgente, e implementarla. Pretender instaurar un gobierno de todos los partidos, es desenfocarnos en la definición de eventuales distribuciones de puestos políticos, lo cual no contribuye para nada con el objetivo de fondo. El objetivo es acordar la receta, hacerlo pronto, y que el actual Gobierno de la República inicie el cometido definido. Para ello no es necesario exigirle que despida jerarcas de su agrupación para colocar gente de otros partidos. Peor aún, la idea de que la agenda nacional deba estar condicionada por un gobierno de diferentes partidos, estimula la peligrosa tendencia a la fragmentación y la insularización del poder. Los partidos políticos deben tener la madurez de llegar a entendimientos sin que sea necesario el cobro de una suerte de “peajes” políticos que impliquen el otorgamiento de posiciones de poder para ello.

 

Por otra parte, no es viable una propuesta metodológica de diálogo y acuerdo interpartidario sin una propuesta concreta de planes. Repito, propuestas concretas. No temas generales, que es lo que él ha planteado. Además, ¿por qué se plantea allí un mecanismo de acuerdo extraparlamentario? En una democracia madura, ¿no es acaso el parlamento el escenario natural de entendimiento entre los partidos? En síntesis, la agenda nacional es una prioridad que no debe ser postergada. La dirección de la misma es responsabilidad del gobierno de la República. Las distintas fuerzas políticas del país hemos reconocido la necesidad de tal acuerdo, sobre todo, si el mismo tiene como objetivo el crecimiento económico, la racionalización del gasto, y la inversión en infraestructura para el desarrollo. La mayoría de los actores sociales y políticos nos hemos manifestado reiteradamente en favor de dicho diálogo. El que tiene la palabra es el gobierno de la República.  fzamora@abogados.or.cr