ALIGERAR LA CARGA A LOS COSTARRICENSES

Dr. Fernando Zamora Castellanos.

Abogado constitucionalista.

Uno de los más graves problemas nacionales es la manía de resolver los problemas con más trámites, requisitos y condiciones. La mentalidad burocrática causa que el costo de la legalidad aumente exponencialmente, es decir, encarece —sea en horas de trabajo o dinero— el que las personas puedan mantenerse al día con el cúmulo de exigencias que las autoridades les demandan para operar: permisos, patentes, impuestos, cargas públicas, tasas, multas, honorarios profesionales, tiempos de espera y el resto de gestiones, generalmente menores, que se exigen para trabajar, emprender, sostener una empresa o simplemente vivir en el país. Mucho de ese costo de legalidad, se difumina en acciones totalmente improductivas, estériles y que no agregan ningún valor real de encadenamiento creativo, que lleve como resultado final a la generación de algún bien tangible para la sociedad.

 

Peor aún, en muchas ocasiones tal costo de legalidad, aparte de infecundo, además obstaculiza la productividad, lo que es un daño aún mayor que la simple esterilidad, pues tal y como sostiene Hernando de Soto, las sociedades prósperas son aquellas donde es más fácil realizar todas aquellas ideas, anhelos y aspiraciones empresariales que imaginamos. En sentido contrario, las sociedades se empobrecen cuando es difícil materializar lo que soñamos. Es una relación proporcionalmente inversa: entre más fácil resulta ejecutar nuestras quimeras, la sociedad será más prospera, y entre más difícil lo es, la prosperidad será menor.  Descrito el panorama, el caso de Costa Rica es preocupante: según una actualización reciente del indicador de regulación del mercado de productos de la OCDE, los mercados costarricenses están sujetos a regulaciones más estrictas que en cualquier país de la OCDE, al punto que, según dicho indicador, referentes latinoamericanos como Chile, México y Colombia, tienen un desempeño significativamente mejor que el nuestro.

 

Existen múltiples alternativas para disminuir nuestro costo de legalidad, y aquí solo citaré algunos ejemplos. Uno de ellos, es eliminar miles de leyes obsoletas, alrededor de cuatro mil actualmente. Muchas de esas leyes, si bien tienen vigencia jurídica, no poseen eficacia real, por lo que no tienen razón de ser, en tanto la conducta que regulan ya no tiene vida práctica en el quehacer social, y entorpecen la vida productiva.  En materia tributaria es posible fusionar y simplificar al menos 31 impuestos que agregan más a su costo de recaudación que al ingreso fiscal que generan, sin perder esas rentas, e incluso incrementando el recaudo con menos tributos. Para esto Hacienda debe determinar el costo de administración de éstos y se lograría mayor gobernanza del sistema tributario, equidad y eficiencia. Siendo que el gasto tributario en 2021, según últimos estudios, ronda el 4.73% del PIB, es indispensable una reforma legal que simplifique, eliminando las rentas que explican el 12% de los ingresos, que suman menos de un 0.5%/PIB, siendo posible trasladar este monto resultante mediante fusión o reforma de pequeños tributos. En materia financiera, es necesario corregir prácticas que limitan nuestra competitividad, tal y como desde el 2010 lo sostuvo el VI Congreso financiero nacional, que alertaba sobre un conjunto de medidas inconvenientes que detenían nuestra “eficiencia país” en la gestión financiera internacional. Por ejemplo, es absurda la actual práctica de ejecutar una doble supervisión a la hora de recibir fondos internacionales que provienen de aquellos bancos extranjeros que ya están registrados en el catálogo de nuestro propio Banco Central, como entidades de primer orden.  Es indispensable modernizar los métodos de recepción de fondos de capital extranjero, para lo cual basta simplificar los métodos de verificación y registro del origen de los fondos recibidos, ajustándose a un estándar internacional, en el cual se acepte la verificación de la legitimidad de los capitales hecha por los bancos internacionales calificados, según el Registro del Banco Central en el denominado catálogo de primer orden. De tal forma que los fondos que provengan de esos bancos sean aceptados por la banca nacional sin exigirse doble supervisión, algo que ni siquiera exige la OCD, pero que nosotros mismos nos imponemos perdiendo competitividad en atracción de inversiones. En materia ambiental, es posible establecer mecanismos modernos de gestión como el permiso integral ambiental, implementando hojas cartográficas ambientales, de tal forma que se preconstituyan las categorías regionales en materia de ambiente, a efectos de facilitar esos trámites sin amenazar los ecosistemas.

Otro ejemplo sencillo para bajar el costo de legalidad, se haya reformando el mecanismo de registro de transparencia de accionistas. Es absurdo que cada año, se obligue a los ciudadanos a declarar lo mismo: que no han existido cambios en la propiedad de sus acciones. Dicho registro debe hacerse únicamente en dos circunstancias: cuando se constituye la empresa, o bien, cuando hay cambios en la propiedad o posesión de las acciones sociales. Igualmente está la necesidad de ampliar el actual concepto de ventanilla única de inversiones hacia la creación de una ventanilla única de gestión ciudadana, que se extienda hacia otras áreas más amplias de gestión y trámites. También, es necesario un análisis de efectividad y evaluación de las regulaciones, aspecto que incluye la conveniencia de una directriz presidencial para que el Ministerio de Economía, en conjunto con MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda, realicen un inventario general de regulaciones y trámites ciudadanos, a efectos de permanentemente ofrecer, desde el mismo gobierno, acciones concretas en función de tres objetivos constantes: 1) mejorar la forma de hacer los procedimientos que ya existen, 2) recomendaciones para sustituir dichos trámites, regulaciones o procedimientos por mecanismos más ágiles, 3) o bien, que dichas sugerencias sean con el objetivo de eliminarlos del todo, fundamentando porqué ese trámite, regulación o procedimiento, no es necesario. En fin, las señaladas en este artículo son solo algunas, de otras múltiples soluciones, para salir del problema de inflación legal que sufrimos.  fzamora@abogados.or.cr