DECRETO CONTRA LOS PRODUCTORES PECUARIOS

 Dr. Fernando Zamora Castellanos.  Abogado constitucionalista

El señor ministro de ganadería debería valorar la derogatoria del nuevo decreto 4436 que ha firmado, publicado en La Gaceta del día 12 de enero de este 2024. Aunque aún no entra plenamente en ejecución, este es un reglamento que pone en inminente riesgo la supervivencia de los pequeños y medianos campesinos que viven de sus animales, y sin duda encarecerá aún más la carne, un producto que, de por sí, se aleja cada día más de la mesa de nuestro pueblo. Esta norma impone múltiples y engorrosas regulaciones al transporte de todo animal. En un breve recuento, cuando ésta entre en función, el traslado de todo, absolutamente todo semoviente de ganadería mayor de 6 meses, obligará a sus pequeños y medianos campesinos, a tramitar lo siguiente: una serie numérica generada por un sistema informático que debe ser registrado para cada animal que va a ser trasladado, además deberá obtener un código de identificación individual según normas ISO 11784, debe tramitar una guía oficial de movilización y adquirir para transportar sus animales un dispositivo de identificación individual oficial para cada uno de ellos. Así mismo, este dispositivo deberá tener dos componentes, uno visual y otro electrónico según especificaciones que ordenará el gobierno. Aretes electrónicos con un alto costo de implementación, pues los obliga a tener certificados de operación y un software digital para transporte.

Quienes conocen la realidad económica de nuestros ciudadanos, saben que para los campesinos que son pequeños ganaderos de zonas alejadas, será materialmente imposible cumplir e implementar esta nueva reglamentación, la cual ha sido implementada de acuerdo a recomendaciones de organismos internacionales, diseñadas para una realidad ajena a la de nuestros pequeños campesinos y medianos ganaderos, pues la ganadería de nuestro país tiene una realidad absolutamente diferente a la de los europeos, o suramericanos. Allí la ganadería está en manos de grandes empresas que son dueñas de enormes latifundios, que promedian un porcentaje de cientos de hectáreas, con capacidad de organización, y de enfrentar ese tipo de requisitos legales para el manejo de ganado. En esencia, regulaciones ajustadas para otras realidades. Ilustro con un ejemplo para que el lector se dé una idea: para implementar dichas regulaciones es indispensable que cada productor pecuario tenga un óptimo acceso cibernético, y a diferencia de lo que sucede en esas grandes planicies suramericanas o europeas, la gran mayoría de los predios de nuestros campesinos están en zonas montañosas donde no es posible el acceso a internet, ni estamos cerca de tener la infraestructura para que la haya, por lo que no se puede pretender que tengan toda esa logística engorrosa que he explicado, y así poder cumplir con esta draconiana reglamentación. El problema es que, en el caso de nuestros pequeños y medianos campesinos pecuarios, sin esta logística administrativa y tecnológica, que es muy cara, no tendrán derecho a movilizar sus pocos animales. O sea, en el momento en que los transporten sin todos estos certificados, estarán criminalizados pues se tendrán por sujetos que incumplen la ley. Al fin y al cabo, tal y como sucedió con la actividad de granos básicos, acabará no solo la actividad de estos productores, sino también la de los transportistas de animales de ganadería, y toda la cadena productiva. Ello encarecerá la carne, y dejará sin empleo a miles de pequeños productores pecuarios, abriendo aún más la brecha de desigualdad y desempleo que azota a la Costa Rica rural profunda.

En este punto amerita reflexionar sobre lo peligroso de continuar generando inflación en el costo de nuestra legalidad. Dicho costo consiste en todo aquella “tramitología” que le es necesario al ciudadano hacer, para poder actuar bajo la sombrilla de la legalidad. El año pasado tuve la oportunidad de conocer a Enrique Ghersi, quien vino a nuestro país a disertar precisamente de este problema tan común en Latinoamérica. Ghersi señalaba que el peligro de aplicar este tipo de reglamentaciones inadecuadas, es que se quita vigencia social al derecho, pues una norma descontextualizada, provoca que la gente abandone la legalidad y caiga en la informalidad. Por ejemplo, para este autor, la existencia de una informalidad tan exagerada como la peruana, le permitió la posibilidad de estudiar la desobediencia civil como fenómeno masivo y espontáneo frente a leyes diseñadas de tal forma que resultan inviables, y concluye la realidad de que, al final del camino, la inflación normativa provoca la falta de vigencia del derecho. Para él esquemas normativos inadecuados, a través de una estructura institucional que no se adapta a la realidad de los ciudadanos, hace que sea muy difícil, o a veces imposible, cumplir con la ley. Desde una perspectiva estrictamente mercantil se comprende fácilmente que los productos del mercado tienen precio y que la actividad mercantil en sí misma es un mecanismo que tiende a encarecer el valor de los bienes. Sin embargo, parece que el confort, tanto de nuestra clase política como de su burocracia institucional, les coloca en sus ojos un velo mágico que impide a ambos comprender que una legalidad engorrosa y puntillista, es también un mecanismo costoso que expulsa al pequeño productor de su actividad, o en el mejor de los casos, lo criminaliza reduciéndolo a la clandestinidad por incumplir la ley.

En el caso concreto de este reglamento, podría decirse que aquí el derecho podría tener como propósito económico fundamental amparar, dar seguridad legal a las transacciones mercantiles de los habitantes, y definir derechos de propiedad, pero resulta obvio que, sin sumar las cargas impositivas, por sí solo el hecho de cumplir con la ley también tiene un costo que, si se abusa de su aplicación, la actividad económica se encarecerá a niveles insostenibles. En ese sentido, los excesos regulatorios no solo encarecerán el comercio, sino que es usualmente un obstáculo que torna inviable el cumplimiento de la ley. O en el mejor de los casos, sí se logra cumplir la legalidad, los bienes se encarecen desproporcionadamente en perjuicio de las poblaciones más vulnerables.   

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