UNA PENSIÓN FINANCIADA CON EL IVA

 Dr. Fernando Zamora Castellanos. Abogado constitucionalista

Hay dos formidables sistemas económicos de origen y sello estrictamente costarricense: el solidarismo y la pensión consumo. Curiosamente ninguno de ambos fue creado por economistas, sino por dos abogados y políticos costarricenses. Un ideal económico, netamente costarricense, se denomina “Pensión consumo”, y a mí criterio, es una idea formidable en circunstancias en que el sistema de pensiones amenaza colapsar por la caída en la natalidad, y en momentos en que el Estado costarricense requiere recursos urgentes. Su autor intelectual es el Dr. Walter Coto, un ilustre abogado turrialbeño que en los años de la década de 1990 fue expresidente de la Asamblea Legislativa. De acuerdo a su autor el espíritu de la propuesta es dotar a todos los costarricenses sin excepción, de una pensión que no se generara por medio de la contribución tripartita. Para el 42% de personas mayores de 65 años, que nunca tendrán pensión, porque no cotizan, o no tiene pensión del régimen no contributivo, sería su única pensión, y para los que han cotizado, o para los que tienen su ahorro para ese fin, pensión consumo sería un complemento para mejorar sus ingresos cuando se retiren.

El sistema consiste en que  el consumidor cada vez que compre y pague el IVA,  actualmente en un 13%, reciba una  fracción de ese IVA,  el primer año un 1%  del 13% , el segundo año  un 2 % , y a partir del tercer año, un 3%, dinero que le será acreditado en una cuenta individualizada a su nombre en el sistema financiero por medio la operadora de pensiones que escoja, y cuyos depósitos con sus incrementos de capital puedan estar visibles en internet, para que el beneficiario vaya conociendo el crecimiento de su capital. Ese dinero no sería administrado por el Estado. De este modo la pensión se genera sobre la base del consumo, y como todos los ciudadanos consumimos y estamos identificados, todos tendremos una pensión al llegar a los 65 años por lo que hemos consumido, más los valores agregados dispuestos en la propuesta, para paliar los consumos desiguales que existen en nuestra sociedad. Ahora bien, ¿qué sucedería con los turistas visitantes y las empresas que, a pesar de que pagan el IVA, no se jubilan?, en esos casos, el 3 % de las compras que esos dos consumidores hacen, en el caso de los turistas, van íntegros para los consumos calificados en extrema pobreza, y en el caso de los segundos, la mitad se imputa como un crédito fiscal para seguir estimulando el pago del IVA de las empresas en todas las circunstancias. Además, para los consumos anuales mayores de 25 salarios base, el 70% de ese exceso irán a los ya indicados pobres en extremo, y el 30% seguirá incrementando el aporte de esos consumidores.

En lo particular, he estudiado el proyecto y estoy convencido que los beneficios de su sistema son muchos. Al margen de la propuesta, Coto Molina me ha referido algunos de esos beneficios, los cuales resumo aquí. Lo primero a advertir, es que hace de cada costarricense un fiscalizador del Ministerio de Hacienda, pues al saber que cuando compra y paga el IVA, hay un porcentaje que recibe directamente y que va para su pensión, éste se verá estimulado a exigir su factura al comercio, y además vigilará que su porcentaje se refleje en su cuenta.  La factura se verá como un beneficio inmediato y directo, pues en muchos casos el ciudadano percibe que tributar de nada le sirve. Esto provocará que se reduzca la evasión notablemente, la cual, en el caso del valor agregado, siempre anda entre un 32% y un 40%. Al margen de lo anterior, el sistema creará una cultura tributaria, porque al pagar el impuesto al valor agregado, se recibirá un beneficio directo que el ciudadano consumidor puede ver en su cuenta. Por el diseño del sistema, éste ayudará en la lucha contra la pobreza y la distribución de riqueza, pues al llegar a los 65 años todos tendrán al menos un ingreso digno o complementario, y para los que están en pobreza extrema aún más de lo colabora su renta derivada de un consumo muy limitado, especialmente, entre adultos mayores y madres solteras. El consumo se canalizará hacia la economía formal ayudando a formalizar la economía porque la gente preferirá los comercios que dan factura. De lograrse la implementación del esquema, Costa Rica será el primer país del mundo en darle a su gente una pensión sobre la base del consumo, pudiendo exportar esta idea, al igual que se exportó la idea del solidarismo. Probado con enorme éxito, el sistema solidarista, ofrece frutos que se ven reflejados en la realidad de casi mil quinientas asociaciones, y aproximadamente cuatrocientos mil afiliados. Por ello, es una de las principales fuerzas organizadas de naturaleza social y laboral de nuestro país. El autor intelectual de este sistema económico es el benemérito de la patria Alberto Martén Chavarría quien, en los años de la década de 1940, planteó un plan de capitalización universal. En el esquema solidarista, la base económica del sistema es el aporte por medio de una fracción adelantada de las prestaciones legales del trabajador que pagan las empresas a cada uno de sus trabajadores, mediante las cuales se forma un fondo común de financiación. Las compañías entregan a cada empleado un porcentaje de lo que corresponde a los beneficios sociales del trabajador, e igualmente éste aporta una cantidad similar, todo lo cual se traspasa a un fondo común denominado “ahorro solidarista”, que finalmente resultará administrado por una asociación. Esos recursos patrimoniales se invierten en actividades lucrativas que permiten aumentar el capital del trabajador, para lograr un mayor rédito en los ingresos de nuestra clase trabajadora. Hasta hoy, esta formidable idea económica ha funcionado en Costa Rica con enorme éxito.

Amerita anotar que pensión consumo no se financiará quitando recursos al IVA ni a Hacienda, pues indudablemente se financiará con la reducción de la evasión, que incrementa la recaudación efectiva, con la participación vigilante de la población.  Además, se creará un inmenso ahorro nacional que podrá servir para impulsar obra pública y social. La factura electrónica facilita la ejecución de la idea y el país tiene la infraestructura tecnológica y operativa para desarrollarlo.  fzamora@abogados.or.cr