UNA IDEA FECUNDA

Dr. Fernando Zamora Castellanos.

Abogado Constitucionalista

 

Publicado en el diario La Nación bajo la dirección:

http://www.nacion.com/opinion/foros/idea-fecunda_0_1483651639.html

 

Alfonso Carro, virtuoso político y jurista del Siglo XX, afirmó que la creación del Sector de economía laboral, fue la idea política más fecunda surgida durante la década de 1970 en Costa Rica. Es una apreciación justa. Tal idea tiene como padre a un viejo quijote de nuestro entorno: Francisco Morales Hernández.  Don Chico, -como le decimos sus amigos-, es parte de una generación de líderes que forjaron sus sueños al cobijo del concepto cristiano de que el trabajo es la más excelsa vía de dignificación humana. En el mundo antiguo, -hasta la irrupción de la cristiandad-, el trabajo era visto como algo indigno. En su obra De officis, Marco Tulio Cicerón, recordaba que trabajar diariamente para ganarse la vida no era algo decente para un hombre libre. Por ello, el concepto del trabajo como algo honroso ante los ojos de Dios, fue otro de los muchos conceptos que hicieron colisionar al mundo antiguo contra los valores de la revelación cristiana. Siglos después, conforme fue evolucionando el fenómeno socioeconómico, la idea cristiana del trabajo y la propiedad se fue perfeccionando. Prueba de ello es la Encíclica Rerum Novarum, del Papa León XIII. Ella introdujo el ideal de la economía social, la cual, -por la vía del trabajo digno-, permitiría transformar gradualmente la sociedad de proletarios, en una de propietarios.

 

A partir de dicha encíclica, el mundo occidental conocería la irrupción de los movimientos sociales inspirados en ella. Costa Rica no fue la excepción y prohombres como Monseñor Victor Sanabria, o el Presbítero Benjamín Núñez,  marcaron una generación de políticos costarricenses que lucharon por el ideal de la economía social y laboral. Pues bien, desde principios de aquella década de 1970, Don Francisco ha venido promoviendo su idea de un sector de economía laboral, al punto que, -me atrevo a afirmar-, su vida la ha entregado a tal ideal. El concepto de economía social es, esencialmente, la de un capitalismo con la misión ética de democratizar la economía. Capitalismo cuya función primordial es el acceso de los trabajadores a la propiedad. Un siglo después de la Encíclica Rerum Novarum, esta visión cristiana de la economía fue profundizada por Juan Pablo II con la Encíclica Laborem Excercens, la cual escrutó con mayor alcance otro concepto, el de copropiedad. Esta visión económico-social parte de tres premisas o supuestos filosóficos: el ideal cristiano de que el trabajo humano es preeminente y digno, la voluntad de democratizar la propiedad como un paso necesario para el desarrollo humano, y la vocación de organización y participación popular como un objetivo en sí mismo.

 

 

De ahí que movimientos y entidades esencialmente capitalistas, como el cooperativismo, el solidarismo, las organizaciones mutualistas, las sociedades anónimas laborales, las cajas de ahorro y préstamos, las juntas administradoras de pensiones, las sociedades gremiales de servicios, las administradoras de fondos de cesantía y algunas entidades públicas como el Banco Popular o la Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional, no solo deben cumplir un objetivo económico, sino además uno social, orientado por los principios de primacía de la persona sobre el mercado, el servicio solidario sobre el lucro, la creación de empleo, la inclusión laboral de los marginados, la creación de nuevas formas empresariales con participación de trabajadores en la renta, el fomento del ahorro en la clase trabajadora, y finalmente, la quiebra del concepto maniqueo de “empresa privada-sector público”, para introducir un concepto económico de tres sectores: el del Estado, el de los empresarios privados y un tercer sector de economía laboral.

 

Si sumamos el conjunto de los recursos de dichos movimientos sociales e instituciones del Sector de economía laboral ya citadas, tenemos que éstas aportan nada menos que el 32% del PIB y con recursos aproximadamente estimados en más de veinte mil millones de dólares. Sin embargo, por no existir un marco legal coherente para el sector, no existe la posibilidad de que tales fondos puedan orientarse a inversiones tan seguras y rentables como la infraestructura pública. Para comprender el concepto, un ejemplo basta: solamente una entidad del sector de economía laboral, -como lo es JUPEMA-, podría haber financiado los mil millones de dólares en los que se ha valorado la ampliación de la pista a San Ramón.  

 

Si bien es cierto Costa Rica tiene un sector de economía social y laboral pujante, éste se encuentra sin una base legal coherente que le dé marco y rectoría. Es un sector esencialmente fragmentado, desarticulado y excluido como parte integral de una visión país. De ahí que Don Chico Morales, -con la gentil colaboración de la diputada nicoyana Marta Arauz y su despacho-, elaboró un proyecto de Ley Marco de Economía Laboral y Social, el cual ha sido presentado en días recientes a la corriente legislativa. Estoy convencido que probablemente esa será, -sino la más-, al menos una de las iniciativas legislativas más importantes de este cuatrienio. El objetivo de fondo de este proyecto legislativo, es el de establecer una uniformidad organizativa y una coherencia rectora al sector, de tal forma que se le permita además ofrecer sus recursos para la diversificación de inversiones en infraestructura pública de autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, y vivienda para trabajadores.

 

Sin crear más burocracia, transforma el actual Banco Popular y de Desarrollo Comunal en un Banco del Sector de Economía Laboral y Social, el cual estará libre de las exigencias de la SUGEF que han hecho del crédito un privilegio de pocos y establece un plazo de cinco años para que el actual Banco Popular haga efectivo el cumplimiento de las obligaciones que establecen el derecho a la copropiedad de los trabajadores en la propiedad de dicho Banco.

 

Es un proyecto de ley en la dirección histórica correcta. En el orden de un Estado rector no burocrático, que procura que la solución de los problemas venga desde la sociedad civil mediante un régimen de organización no burocrático, ni estatizado. Una iniciativa de ley que ataca frontalmente la regulación excesiva, privilegiando la libertad y las decisiones éticas de los ciudadanos. Que busca la solución de los problemas sociales no desde el estatismo burocrático, sino a partir de la estimulación de la participación activa de la sociedad civil. Sin duda la idea fecunda de una vida fecunda.fzamora@abogados.or.cr

¿VAMOS HACIA UNA SOCIEDAD CERRADA?

Dr. Fernando Zamora C.

Abogado Constitucionalista

 

Publicado en el diario La Nación:

http://www.nacion.com/opinion/foros/Vamos-sociedad-cerrada_0_1481451853.html

 

El economista y pensador peruano Hernando de Soto, -según las revistas Time, Handelsblatt, y The Economist, una de las mentes más brillantes del planeta-, sostiene que la economía informal es una respuesta espontánea de los pueblos para satisfacer sus aspiraciones. Para él es preferible la informalidad de la economía, que el clientelismo asistencialista del Estado. Y lamentablemente la experiencia le da la razón, pues la hiperregulación estatal ha hecho de la legalidad empresarial un privilegio al que solo se accede con poder económico o político. Así un habitante de escasos recursos que emprende alguna iniciativa, solo puede hacerlo desde la informalidad. Escribo de algo que me consta. A raíz del ejercicio de mi profesión de abogado, me abruma ser testigo del calvario que deben vivir los ciudadanos para emprender y sostener sus proyectos económicos. En la gran mayoría de los casos, el “costo de la legalidad” es abrumador. En días pasados, para citar solo un ejemplo, un pequeño emprendedor de la zona de los Santos me narró que lleva más de un año visitando oficinas públicas para que le otorguen el permiso de funcionamiento turístico de su microbús de pasajeros. Un ir y venir desde San Marcos de Tarrazú, hasta el centro de la capital. Aún espera la resolución de su gestión. Alguien sin recursos simplemente no puede legalizar una iniciativa empresarial de mediana escala. Al final del camino, el sistema burocrático-legalista, resulta en una entelequia que privilegia a quienes ya de por sí están favorecidos y hostiga a quienes yacen en desventaja. Esa insensata manía de creer que progresar es regular hasta la necedad, termina convirtiéndose en una vocación que atenta contra la democracia económica. De ahí que la gran mayoría de pobres que han salido de esa condición, atestiguan que lograron superarse pese a que la idolatría reglamentista se imponía como el obstáculo que les cerraba las puertas. Por cierto, leí que por allí circula un proyecto que pretende encarecer el castigo sobre faltas reglamentarias que los emprendedores cometen en materia laboral, lo que hará aún más difícil la vida de quienes luchan por levantarse sin depender del presupuesto público.  

 

Como resultado de esa incultura política, el mismo sistema va formando cotos de caza que usufructúan de ese progresivo laberinto reglamentista, de tal forma que el ideal de la libertad económica se convierte en una utopía. La audaz iniciativa particular vencida por un sistema que hace de la legalidad una prebenda, degenerando en un contexto en el que lo que abunda es la actividad parasitaria. Una improductiva burocracia pública que para justificar su mantenimiento, por ejemplo, obliga a un ciudadano  que quiere producir, a lidiar durante años para obtener un permiso de funcionamiento.

 

Pues bien, antes de responder si nos enrumbamos hacia una sociedad cerrada, es menester resumir las características esenciales de un sistema tal. En primer término, las sociedades cerradas carecen de sistemas normativos donde se otorgue margen de acción al carácter y al criterio ético en la conducta del ciudadano. Por el contrario, son sistemas hiperregulados. Excesivamente reglamentados en donde casi no hay margen de maniobra para tomar decisiones. Allí es usual la inflexibilidad a ultranza de los requisitos, la asignación de  cuotas, y la rigidez de los métodos y condiciones operativas para casi todo. La segunda característica de las sociedades cerradas, es que son sociedades controladas. Esto porque son sociedades de normas, más no de libertades. Muchas de las causas del éxodo de algunos ciudadanos de países desarrollados hacia otras naciones “atrasadas”, se debe precisamente al afán de huir de un excesivo dirigismo controlista, que se impone aún sobre la vida de los individuos. Sociedades asfixiantes en las que el supuesto “desarrollo” los ha llevado al extremo de controlar los detalles más nimios de la vida personal. En dichos sistemas las normas no son preceptos generales que premian la responsabilidad y la iniciativa esforzada, sino camisas de fuerza que encasillan la conducta humana y que provocan una abulia donde el protagonista no es el emprendedor, sino el funcionario.

 

La tercera característica de este tipo de sociedades es que son altamente burocratizadas. Si bien es cierto el paroxismo de esta tendencia lo representó el stalinismo soviético del siglo XX, la verdad es que existen diversas gradualidades en su intensidad. Un país como Costa Rica, con varias centenas de entidades públicas creadas para inmiscuirse en cuanta particularidad deba requerir algún remedio, no es el peor caso, pero es un ejemplo en menor escala de lo que es una burocracia voraz. La cuarta característica de las sociedades cerradas es que son altamente centralizadas. En las sociedades cerradas el poder está fuertemente concentrado en el epicentro político. Sus sistemas estimulan la toma vertical de decisiones. La forma de gobierno es fuertemente representativa y escasamente participativa. Por ello las expresiones de poder local, -aquellas que son más cercanas a la comunidad y al individuo-, tienen escasa capacidad de acción o decisión.

 

La quinta característica de las sociedades cerradas es que son sociedades de mucha ideología pero escasa cultura. Con una vocación totalizadora, la propaganda ideológica es lo primero que las satrapías hacen para cerrar la sociedad y entronizarse en el poder. Es una oscura magia que puede llegar al extremo, -a fuer de propaganda-,  de convencer a la gente de que un acto tal como el aborto es un “derecho humano”. De ahí que en todas las sociedades donde la propaganda ideológica avanza, la vida en el espíritu y las convicciones de fe son reprimidas. Son sistemas materialistas y por ello, donde el nazismo encerró ministros religiosos, también demolió catedrales el comunismo. La necesidad de ese control ideológico lleva a establecer leyes de control de la información, como la Ley de telecomunicaciones que aprobó el Ecuador. La sexta característica de las sociedades cerradas es que son comunidades de privilegios y nomenclaturas. Sea que el monopolio del poder esté en el funcionario público, como sucede con la llamada “boliburguesía” petrolera del socialismo venezolano,  o sea que se encuentre en élites privadas tal como sucede en naciones como Guatemala, el objetivo del control minucioso del poder está en función de privilegiar la concentración de la riqueza.

 

La última característica de las sociedades cerradas es que en ellas hay un progresivo aumento de las cargas tributarias. La necesidad de sostener un aparato público tan abrumador, exige trasladar cada día más recursos desde la sociedad civil hacia el control burocrático. No por casualidad, tal crecimiento exponencial llevó al insensato de Hollande a imponer el extremo de un fracasado tributo del 75% sobre las ganancias de los empresarios franceses. En fin, al conocer iniciativas como el proyecto de ley de radio y televisión, impulsado por la coalición legislativa del PAC-FA, o al constatar el contenido de los proyectos tributarios que se asoman en la corriente legislativa, me preocupa constatar que también aquí nos quieren llevar hacia una sociedad cerrada. fzamora@abogados.or.cr

UNA VISION MUNICIPAL CORRECTA

Dr. Fernando Zamora Castellanos.

Abogado Constitucionalista

 

Publicado en el Periódico La Nación:

http://www.nacion.com/opinion/foros/vision-municipal-correcta_0_1478852104.html

 

En su obra “La estructura de las revoluciones científicas”, Thomas Kuhn desarrollaba la tesis de los paradigmas, que era un concepto que aludía a la existencia de etapas determinadas por parámetros en los que coincidía la comunidad científica en cada tiempo histórico. Desde otra perspectiva, -la estrictamente sociopolítica-, Víctor Raúl Haya de la Torre promocionó la idea del espacio tiempo histórico.  Pues bien, a raíz del cúmulo de fenómenos que hoy atestiguamos, diversos pensadores han dado en llamar a la presente, como la era del conocimiento, o era digital. La era digital del conocimiento, sustituyó el paradigma de la era industrial que había surgido a partir del invento de la máquina de vapor de James Watt, a finales del Siglo XVIII.

 

En términos generales, la era industrial revolucionó el concepto de la organización humana. El ideal de la organización humana en la era industrial estuvo signado por la idea de que el poder primero debe concentrarse, para después redistribuirse. Tal fue la concepción que marcó el diseño del poder estatal durante toda la era industrial. Por ello, nunca fue tan fácil la entronización de los totalitarismos, como lo fue en esa era. Por el contrario, así como la irrupción de la era digital del conocimiento varió la estructura de la organización productiva, igualmente lo está haciendo con la organización política. A diferencia de la era industrial, en donde la organización humana se caracterizó por la concentración piramidal y vertical del poder, en la era digital del conocimiento la organización humana se está caracterizando por la concepción horizontal y descentralizada de éste. Ya no se concibe la idea de que el poder debe concentrarse para posteriormente redistribuirse sino, en un sentido inverso, de carácter reticular desde su origen y en donde el empoderamiento centralizado es mucho menor.

 

Si el Estado moderno con el que deberíamos soñar debe tener estas características, entonces es indispensable una mejor descentralización del poder, de tal forma que exista un mayor protagonismo de las formas de organización política que son más cercanas a la comunidad nuclear. Las organizaciones que agrupan  regiones de cantones cercanos, los gobiernos municipales, las Asociaciones comunales y vecinales, -entre otras-, deben ser las nuevas grandes protagonistas de la nueva polis. De ahí la importancia de que, cada gobierno municipal, se caracterice por una visión coherente que adapte las necesidades de su comunidad local con las necesidades generales del país. Por tener claro este principio, es que me ha impresionado la visión que está implementando el actual gobierno municipal de Orotina. Dicha corporación municipal está dirigida por la Alcaldesa Margoth Montero Jiménez, una profesional competente, que está implementado cuatro líneas de acción que armonizan las necesidades locales de su cantón, con aquellas generales de nuestro país. Veamos. La primer línea de acción fue en cooperación con la Fundación Georgia Tech. Estudiaron la viabilidad del Cantón para albergar grandes empresas de inversión extranjera. Además de la colaboración de la Fundación Georgia Tech, en el diagnóstico intervinieron  otras entidades como CINDE y las autoridades regionales portuarias de Caldera. Como parte del esfuerzo se elaboró un documento comparativo de diversos parques logísticos latinoamericanos como el de Calamanda, el de Guadalajara y el Parque Caribe de Barranquilla. Están convencidos de que la comunidad tiene condiciones geoestratégicas para instalar un núcleo logístico que incentive la instalación de grandes empresas, y están determinados a lograrlo.

 

La segunda línea de acción municipal, consiste en el establecimiento en su jurisdicción, de una Zona Económica Especial. Casualmente, en los últimos años he venido escribiendo sobre la necesidad de establecer un nuevo marco jurídico que permita reimpulsar lo que en el pasado se logró con los regímenes de zonas francas. El régimen de zonas francas, -que fue impulsado vigorosamente durante la Administración de Luis Alberto Monge-, facilitó el marco legal para la instalación de muchas nuevas industrias en nuestro territorio, y en ese momento, impulsó vigorosamente la política de promoción de exportaciones. Ello colaboró en sacarnos de la grave crisis precedente. Hoy se necesita reimpulsar lo que en su día fue el régimen de zonas francas con un nuevo marco legal más amplio, que no solo garantice seguridad jurídica, sino mejores condiciones de operación, de tal forma que el país sea mucho más atractivo para las empresas internacionales. En especial, las empresas de alta tecnología.  Pese a los encomiables esfuerzos de entidades como CINDE o PROCOMER, en el país no existe una política pública estable, y menos aún un marco legal consistente que haga atractivo al país para un establecimiento sostenido de empresas extranjeras. Pues bien, esa Municipalidad está haciendo un esfuerzo local encomiable por establecer en su comunidad una Zona Económica Especial.

 

La tercera línea de acción municipal en Orotina consiste en los esfuerzos por establecer allí el desarrollo de un nuevo Aeropuerto Internacional metropolitano. Para ello han ubicado el megaproyecto en un terreno de 600 hectáreas en el distrito La Ceiba. La idea es desarrollar un complejo de dos pistas de aterrizaje, varios edificios terminales, de control, zonas de seguridad y talleres. El sueño de la Alcaldesa y su equipo, es que este Hub internacional de vuelos arranque operaciones en el año 2025.

 

Margot es una “quijotesa” moderna. Está convencida de que de lograrse todo esto, su cantón se convertirá en un gran centro de actividad industrial, comercial y de servicios. Su sueño es hacer de ese cantón alajuelense, el nuevo centro neurálgico de la Costa Rica del siglo XXI. Como sabe que es imposible lograr todo esto sin una excelente vía de acceso a la región, ha tocado insistentemente la puerta del gobierno nacional para que se inicie lo antes posible la ampliación de la ruta 27 a cuatro y más carriles mínimos. Esa, por cierto, es su cuarta línea de acción que, -como ella misma dice-, en realidad es la más urgente.

 

El gobierno local de Orotina es ejemplo consistente de lo que es una visión municipal correcta. Es el ideal del gobierno descentralizado del nuevo siglo. Un esfuerzo local pero con una visión nacional. La dificultad es encontrar tantas ilusiones municipales chocando con la realidad de un gobierno nacional que debe aún establecer una agenda nacional u alguna hoja de ruta. fzamora@abogados.or.cr