Dr. Fernando Zamora Castellanos.
Abogado Constitucionalista
Publicado en el diario La Nación bajo la dirección:
Alfonso Carro, virtuoso político y jurista del Siglo
XX, afirmó que la creación del Sector de economía laboral, fue la idea
política más fecunda surgida durante la década de 1970 en Costa Rica. Es una
apreciación justa. Tal idea tiene como padre a un viejo quijote de nuestro
entorno: Francisco Morales Hernández. Don
Chico, -como le decimos sus amigos-, es parte de una generación de líderes que
forjaron sus sueños al cobijo del concepto cristiano de que el trabajo es la
más excelsa vía de dignificación humana. En el mundo antiguo, -hasta la
irrupción de la cristiandad-, el trabajo era visto como algo indigno. En su
obra De officis, Marco Tulio Cicerón,
recordaba que trabajar diariamente para ganarse la vida no era algo decente
para un hombre libre. Por ello, el concepto del trabajo como algo honroso ante
los ojos de Dios, fue otro de los muchos conceptos que hicieron colisionar al
mundo antiguo contra los valores de la revelación cristiana. Siglos después,
conforme fue evolucionando el fenómeno socioeconómico, la idea cristiana del
trabajo y la propiedad se fue perfeccionando. Prueba de ello es la Encíclica Rerum Novarum, del Papa León XIII. Ella introdujo
el ideal de la economía social, la cual, -por la vía del trabajo digno-, permitiría
transformar gradualmente la sociedad de proletarios, en una de propietarios.
A partir de dicha encíclica, el
mundo occidental conocería la irrupción de los movimientos sociales inspirados
en ella. Costa Rica no fue la excepción y prohombres como Monseñor Victor
Sanabria, o el Presbítero Benjamín Núñez, marcaron una generación de políticos
costarricenses que lucharon por el ideal de la economía social y laboral. Pues
bien, desde principios de aquella década de 1970, Don Francisco ha venido
promoviendo su idea de un sector de economía laboral, al punto que, -me atrevo
a afirmar-, su vida la ha entregado a tal ideal. El concepto de economía social
es, esencialmente, la de un capitalismo con la misión ética de democratizar la
economía. Capitalismo cuya función primordial es el acceso de los trabajadores
a la propiedad. Un siglo después de la Encíclica Rerum Novarum, esta visión cristiana de la economía fue
profundizada por Juan Pablo II con la Encíclica Laborem Excercens, la cual escrutó con mayor alcance otro concepto,
el de copropiedad. Esta visión económico-social parte de tres premisas o
supuestos filosóficos: el ideal cristiano de que el trabajo humano es
preeminente y digno, la voluntad de democratizar la propiedad como un paso
necesario para el desarrollo humano, y la vocación de organización y
participación popular como un objetivo en sí mismo.
De ahí que movimientos y
entidades esencialmente capitalistas, como el cooperativismo, el solidarismo,
las organizaciones mutualistas, las sociedades anónimas laborales, las cajas de
ahorro y préstamos, las juntas administradoras de pensiones, las sociedades
gremiales de servicios, las administradoras de fondos de cesantía y algunas
entidades públicas como el Banco Popular o la Sociedad de Seguros del
Magisterio Nacional, no solo deben cumplir un objetivo económico, sino además
uno social, orientado por los principios de primacía de la persona sobre el
mercado, el servicio solidario sobre el lucro, la creación de empleo, la
inclusión laboral de los marginados, la creación de nuevas formas empresariales
con participación de trabajadores en la renta, el fomento del ahorro en la
clase trabajadora, y finalmente, la quiebra del concepto maniqueo de “empresa
privada-sector público”, para introducir un concepto económico de tres sectores:
el del Estado, el de los empresarios privados y un tercer sector de economía
laboral.
Si sumamos el conjunto de los
recursos de dichos movimientos sociales e instituciones del Sector de economía
laboral ya citadas, tenemos que éstas aportan nada menos que el 32% del PIB y
con recursos aproximadamente estimados en más de veinte mil millones de
dólares. Sin embargo, por no existir un marco legal coherente para el sector,
no existe la posibilidad de que tales fondos puedan orientarse a inversiones
tan seguras y rentables como la infraestructura pública. Para comprender el
concepto, un ejemplo basta: solamente una entidad del sector de economía
laboral, -como lo es JUPEMA-, podría haber financiado los mil millones de
dólares en los que se ha valorado la ampliación de la pista a San Ramón.
Si bien es cierto Costa Rica
tiene un sector de economía social y laboral pujante, éste se encuentra sin una
base legal coherente que le dé marco y rectoría. Es un sector esencialmente
fragmentado, desarticulado y excluido como parte integral de una visión país.
De ahí que Don Chico Morales, -con la gentil colaboración de la diputada
nicoyana Marta Arauz y su despacho-, elaboró un proyecto de Ley Marco de Economía Laboral y Social, el
cual ha sido presentado en días recientes a la corriente legislativa. Estoy
convencido que probablemente esa será, -sino la más-, al menos una de las iniciativas
legislativas más importantes de este cuatrienio. El objetivo de fondo de este
proyecto legislativo, es el de establecer una uniformidad organizativa y una
coherencia rectora al sector, de tal forma que se le permita además ofrecer sus
recursos para la diversificación de inversiones en infraestructura pública de
autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, y vivienda para trabajadores.
Sin crear más burocracia,
transforma el actual Banco Popular y de Desarrollo Comunal en un Banco del
Sector de Economía Laboral y Social, el cual estará libre de las exigencias de
la SUGEF que han hecho del crédito un privilegio de pocos y establece un plazo
de cinco años para que el actual Banco Popular haga efectivo el cumplimiento de
las obligaciones que establecen el derecho a la copropiedad de los trabajadores
en la propiedad de dicho Banco.
Es un proyecto de ley en la
dirección histórica correcta. En el orden de un Estado rector no burocrático,
que procura que la solución de los problemas venga desde la sociedad civil
mediante un régimen de organización no burocrático, ni estatizado. Una
iniciativa de ley que ataca frontalmente la regulación excesiva, privilegiando
la libertad y las decisiones éticas de los ciudadanos. Que busca la solución de
los problemas sociales no desde el estatismo burocrático, sino a partir de la
estimulación de la participación activa de la sociedad civil. Sin duda la idea
fecunda de una vida fecunda.fzamora@abogados.or.cr
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