Dr. Fernando Zamora Castellanos.
Abogado constitucionalista
Publicado en el Periódico La Nación bajo la dirección:
Luis Alberto Monge fue un político de convicciones. Por ello, cuando asume
el poder, tenía claro lo que la economía costarricense necesitaba. Sus
discursos económicos inaugurales coincidían en una idea central: que era
indispensable crecer hacia afuera, diversificar la cerrada economía de entonces
y conquistar una mayor modernización de nuestro aparato productivo. Para ello
era indispensable dirigir la producción hacia los mercados externos, de tal
forma que las exportaciones impulsaran la producción y garantizarían el flujo de
divisas necesario para salir del bache económico en el que estábamos cuando él asumió
el poder. Ante esa necesidad, ¿qué hizo? Contando con una mayoría legislativa
de 33 diputados-, Monge consigue rápidamente la aprobación de una ley que permitió
dos mecanismos básicos de promoción de exportaciones: el contrato de exportación
y el régimen de admisión temporal. Esto favoreció el proceso de despegue de lo
que hoy conocemos como zonas francas. Un año después, dictó el decreto 16196, que
estableció la autorización a la Corporación de Zonas Francas (CZF), para
conceder, -por la vía del concurso público-, la administración de la
infraestructura de zonas procesadoras de exportación. Además permitió que los
beneficios del régimen de zonas francas se aplicaran a los parques industriales
privados. Implementadas estas medidas prácticas, la economía despegó. El
despegue económico fue producto de su sensatez política, su claridad mental, el
definido enfoque de sus objetivos, y la colaboración de una generación de
políticos y partidarios competentes.
El régimen de zonas de exportación impulsado en su administración, fue
lo que posteriormente permitió la instalación en Costa Rica de importantes empresas
extranjeras de alta tecnología. La llegada de estas empresas ha sido promovida
por el fenómeno de fragmentación de los procesos productivos que ellas sufren.
Como las empresas internacionales usualmente reconstituyen sus encadenamientos,
entonces los países, -especialmente aquellos en vías de desarrollo-, sostienen una agresiva competencia para
capturar y sostener en sus naciones ese tipo de inversiones. El celo de esta
competencia tiene una causa obvia. Está más que demostrado lo que provoca a la
economía, y al desarrollo humano, la inversión extranjera directa en alto valor
de conocimiento. Al fin y al cabo, qué es crecer sino el hecho de sustituir la
producción simple con otros productos de cada vez mayor valor agregado en
conocimiento. Es así aunque aquí hay quienes
alegremente opinen en contra de ello y promuevan la idea de que debe gravarse
esa inversión. Ahora bien, muchos de los enemigos de tal inversión extranjera
lo son porque tienen expectativas erradas de lo que ella debe provocar. La inversión
por sí sola no es una poción mágica que sustituya las soluciones que son
responsabilidad del resto de los actores político-económicos de una sociedad. A
largo plazo un país como el nuestro puede obtener beneficios permanentes y
estables de la inversión en alta tecnología, pero únicamente si somos capaces
de que los intereses estratégicos de dichas empresas se mantengan coincidentes con lo que nosotros
podemos ofrecer. Y sin una estrategia de Estado coherente, es imposible promover
y sostener estas inversiones.
Es que el rol que juegan las políticas gubernamentales es fundamental. Solo
una política pública enfocada en la protección y estímulo de la inversión puede
elevar nuestras capacidades locales. Veamos. Esencialmente, ¿qué buscan las
empresas de alta tecnología al invertir? Es una verdad de perogrullo afirmar
que, -por las presiones de la competitividad-, ellas demandan primeramente condiciones
de privilegio y bajo costo. En investigaciones sobre el tema, Richard Caves y
John Dunning, resumen lo que todo gobernante sensato debe saber: que las corporaciones
de alto nivel requieren un ambiente laboral pacífico, garantía de estabilidad y
seguridad jurídica que impidan cambios abruptos de las reglas del juego, estabilidad
política, respeto irrestricto al derecho de propiedad, ventajas en los costos
tributarios, servicios públicos que no sean onerosos, y finalmente,
infraestructura adecuada para la logística y el transporte de su producto. Pero
todo lo anterior no basta. La sociedad que las acoge debe tener la capacidad de
realizar vinculaciones locales que les ofrezcan servicios complementarios
eficientes y que se expanda la base doméstica de conocimientos de manera que
sea posible satisfacer la demanda de una producción que, con el tiempo, se
vuelve cada vez más sofisticada. Las
sociedades que ofrecen esto, son las que tienen verdadero potencial para atraer
y sostener la inversión en alta tecnología. Tal y como la distinguida economista
Eva Paus afirma, -a cambio de lo anterior-, las empresas de alta tecnología
elevan nuestras capacidades tecnológicas domésticas, incrementan nuestra posibilidad
de desarrollo industrial sostenido, provocan el efecto de expansión de nuestros
conocimientos, y además, como país anfitrión, accedemos a redes de producción
global. Así mismo se estimula la dinámica de que productores locales sean proveedores
de insumos de productos con mucho valor agregado en tecnología. Además, la
demanda de servicios y la economía laboral que por sí sola genera la actividad
de estas empresas, provoca una agresiva dinamización de la economía alrededor
de donde se han instalado.
Sin embargo, nos hemos estancado porque no le hemos dado continuidad a
una política pública y a un marco jurídico coherente que permita el proceso de
estímulo continuo de este tipo de inversiones. No niego la encomiable labor de
las entidades agrupadas alrededor de nuestra política de atracción de
inversiones, como los son CINDE o Procomer. Lo que pasa es que, por no estar
respaldados en una verdadera política de Estado, sus esfuerzos están aislados. Al
igual que lo hizo la clase política de la década de mil novecientos ochenta, es
indispensable la aprobación de una legislación marco que les ofrezca a las
empresas de alta tecnología mejores condiciones de estabilidad y seguridad
jurídicas. Y no seamos ingenuos, para sostener las inversiones en alta
tecnología, es indispensable un marco normativo integral que ofrezca
condiciones de verdadera ventaja. ¿Sino por qué habrían de escogernos? ¿O es
que creemos que somos la única sociedad con buenas condiciones que ofrecerles? Lo
que al final del camino estas empresas generan, bien vale aprobarles
condiciones de ventaja. De no actuar pronto en esta materia, veremos
pasivamente al tren de la modernidad arrancar sin estar en él sentados. Se dice
que Enrique IV afirmó que París bien vale una misa. Por algo lo dijo. fzamora@abogados.or.cr
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