Abogado constitucionalista.
Publicado en La
Nación:
¿Qué es un Estado fallido? Esencialmente, donde no es posible ejercer
la autoridad. Ingobernable, sería un concepto sinónimo. Amerita escrutar las
causas que imposibilitan ejercer la autoridad y algunas soluciones inmediatas
para nuestro país. De esas causas, la principal es la indigencia cultural. Analicemos
un ejemplo ilustrativo. Después de la sangrienta rebelión de los esclavos
haitianos, el rey Carlos X acepta detener la represión contra aquella independencia,
siempre y cuando éstos aceptaran la ordenanza que les exigía la bicoca de 150
millones de francos de oro. Como revancha a la atroz masacre de franceses hecha
por los haitianos, los europeos impusieron esa grave indemnización con el
objeto de resarcir a los colonos afectados. El historiador P. Girard, refiere
que la exigencia fue remitida con una escolta de catorce buques artillados. Haití
cedió, pues de no aceptarse la exigencia, sus puertos serían bloqueados y la
isla sitiada hasta la inanición. Aquellas condiciones le impidieron a Haití su derecho
humano al desarrollo, o niveles mínimos de educación para forjar una cultura
básica. Así, permaneció en la miseria cultural que les caracterizó durante la
era esclava, y que impidió el ejercicio natural de la autoridad y el poder en
su sociedad. Desde entonces -por razones culturales-, ha sido un Estado
fallido.
La segunda razón que engendra Estados fallidos e ingobernables, se
deriva del abuso del poder. Ejemplos los hay en ambas frecuencias del espectro
ideológico. En la derecha, vergonzosas dinastías como la Somocista. En la
izquierda, los Estados tras la cortina de hierro, que colapsaron al unísono cuando
el muro de Berlín se derrumbó. O la Venezuela de hoy, presa de saqueos por
parte de un pueblo hambriento e indignado, es el ejemplo más reciente de un
Estado fallido como resultado del ejercicio abusivo del mando.
Ahora bien, sin que medie la indigencia cultural o el abuso del poder,
hay una tercera razón por la que las sociedades se tornan ingobernables. Dicha
causa es el “Estado insular”, donde el poder está peligrosamente atomizado. En
los Estados insulares el poder se fracciona en pequeños archipiélagos o feudos
autónomos, de tal forma que, cada fragmento se anula recíprocamente hasta
perder toda eficacia. Tal fragmentación es provocada por dos fenómenos
sociológicos. Por una parte, una errática conducta política de la sociedad, que
lleva a la inmovilización de la toma de decisiones como resultado de un
exagerado desmembramiento político por la vía de una “democracia de cuotas”. La
España parlamentaria de hoy, prolífica en opciones partidarias, y que alcanzó
más de doscientos días sin formación de gobierno, es un ejemplo dramático. También
Costa Rica ha venido experimentando esa peligrosísima tendencia a fraccionar la
democracia en cuotas. Así se llegó al extremo de que un partido eligió un
diputado que representa la cuota de interés de los taxistas informales. Llegará
el momento en que los formales también pedirán la suya. No nos extrañe cuando los
interesados en eliminar los exámenes de incorporación a los colegios
profesionales hagan un partido, y así hasta el absurdo. En lugar de movimientos
que velen por los ideales de la colectividad nacional, se están engendrando cascarones
electorales representando cada interés creado. Un escenario digno de la
dramaturgia de Jacinto Benavente.
La otra razón por la que el
poder resulta fraccionado, se debe a la patológica desviación de la cultura
legalista; sucede cuando el sistema y los funcionarios públicos abusan de su
potestad reguladora y de control. También cuando se tiene el prejuicio de que
los problemas solo es posible solucionarlos con la instauración de entes
burocráticos permanentes para cada situación. Lo que convierte a los Estados en
entes fragmentados, o peor aún, con entidades duplicadas. No hay buen abogado
litigante activo que no haya sufrido las consecuencias de esta patología. Un
ente autoriza lo que tiempo después otro inspecciona desaprobándolo, y que a su
vez es ratificado o rechazado por una tercera entidad, hasta que -luego de un
vía crucis de años-, algún Tribunal descubre que toda aquella montaña rusa de aprobaciones
y contra-aprobaciones, no era sino una arbitrariedad en perjuicio de algún cristiano
arruinado por aquel macabro juego. Situaciones que parodian el hilarante son de
Celia Cruz que cantaba “Songo le dio a Burundanga
cuando Muchilanga y Borondongo pegó a Bernabé”.
Existen medidas que deben establecerse de inmediato para detener esta
tendencia y que, entre otros, han sido propuestas por la Comisión sobre
gobernabilidad en el cuatrienio anterior. Entre las más importantes, que los
controles que no tengan relación con contrataciones o presupuestos, los ejerza
la Contraloría General de la República posteriormente al acto y no antes. Darle
carácter únicamente consultivo no vinculante a los dictámenes de la Contraloría
y la Procuraduría, en aquellos casos que no sean estricta materia de protección
de fondos públicos, y además, limitar las facultades de control y fiscalización
de la Contraloría a las razones de legalidad. Bajo ese mismo enfoque, el
diputado Guevara Guth nos entregó, y explicó al Comité Ejecutivo del PLN, un
proyecto de ley denominado “Gobernar sin excusas”, cuya buena intención es facilitar
la gobernabilidad y combatir la “insularización” estatal que he descrito. Aunque
algunas de sus propuestas son improcedentes, una de las iniciativas viable, coincide
con la recomendación de la Comisión de gobernabilidad, en el sentido de ordenar
los entes descentralizados según sectores, y por vía decreto. Así mismo, que los
incumplimientos de las directrices ejecutivas sean conocidos por el Consejo de
Gobierno con fines correctivos y disciplinarios, incluida la eventual
destitución de los jerarcas, de tal forma que al Presidente de la República se
le faciliten sus potestades constitucionales de gobierno. Sin embargo, amerita
advertir la tesis reiteradamente expuesta por el experto en administración
pública Johnny Meoño, quien insiste en que buena parte de la causa de la
ingobernabilidad del país no está en las leyes, ni en sus instituciones, sino
en la reticencia de los gobernantes a “planificar, liderar, decidir y
articular” conforme al marco normativo que ya ofrecen las leyes de
planificación nacional, y general de administración pública. fzamora@abogados.or.cr
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