POSTURA INCOHERENTE

Dr. Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista.

Publicado en el Periódico La Nación

https://www.nacion.com/opinion/columnistas/postura-incoherente/EEW3TUWWCFFMHKHCMICTVA5W4E/story/

 

 

La Nación informó que la Cancillería costarricense no se adhirió a la demanda que siete países le hicieron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue a la dictadura venezolana por crímenes de lesa humanidad. A raíz del hecho, y a solicitud de otros medios informativos, declaré que esta omisión es una de las páginas más vergonzosas de la historia diplomática de Costa Rica. ¿Por qué? Lo resumo en tres razones claves. En primer término, por la actitud incoherente del gobierno costarricense, que por una parte envía un comunicado, afirmando a la prensa que expresaba su “apoyo” a la petitoria de los siete países, para después, negarse a firmar la misma. El colega Manuel Ventura, amplio conocedor del mundo de la diplomacia, calificó el hecho, -por decirlo de la manera más generosa-, como una total “informalidad”.

 

La segunda razón radica en el hecho de que esa actitud, agazapada y ambigua, contradice nuestra valiente tradición diplomática en favor de los oprimidos frente al poder. El manual de principios de nuestra política exterior contemporánea lo forjó José Figueres Ferrer en los años cincuenta, cuando asume el liderazgo latinoamericano contra lo que entonces daban en llamar la “internacional de las espadas”, que era el conjunto de dictaduras militares que entonces dominaban el continente americano. Fue un valeroso enfrentamiento contra sátrapas peligrosos de la ralea de Somoza, Marcos Pérez Jiménez o Trujillo, que incluso intentó asesinar a Don Pepe por ello. Salvo el apoyo de algunas figuras prestigiosas de la oposición política latinoamericana, como lo eran Rómulo Betancourt, Muñoz Marín, o Haya de la Torre, el gobierno de Costa Rica se encontraba prácticamente solo frente aquellas dictaduras. Años después enfrentamos otra gran crisis, la de la guerra centroamericana. Y la posición del gobierno fue igualmente valiente, enfrentando de forma directa la política belicista de la administración Reagan.

 

El tercer factor se refiere a lo que significa esa denuncia internacional para la lucha por la liberación del pueblo venezolano. La Corte Penal Internacional, es un Tribunal internacional cuya jurisdicción comprende los países adheridos al Estatuto de Roma de 1998, que es su pacto fundacional, y atiende lo que en derecho penal internacional se conoce como delitos de lesa humanidad. En esencia, el concepto se refiere a crímenes relacionados con violencia física en contra de colectivos humanos. Tales como los exterminios, torturas y asesinatos de adversarios o disidentes políticos, desapariciones selectivas, políticas de segregación racial, y la esclavitud grupal, entre otras fechorías. Hasta los juicios de Nuremberg en 1946, la represión judicial de los delitos cometidos por los dictadores era una práctica inexistente. Es hasta hace muy pocos años que el sistema judicial internacional decidió atreverse a procesar a quienes detentan el poder. Y la verdad es que sólo por esta vía es posible juzgar a los tiranos, pues mientras detentan el poder, sus regímenes no son verdaderas repúblicas, donde los jueces actúan con independencia. “Dictadura judicial, perversión del Estado de derecho” y “Consolidación de la tiranía judicial” son dos libros del jurista Allan Brewer-Carías que describe la ruta del delito hacia la destrucción del Estado venezolano. Y donde la república desaparece, es imposible juzgar al opresor que la controla. Cuando los países dejan de ser Estados de derecho, la justicia internacional se ve obligada a actuar. Y como en algunos casos el sistema legal internacional sí evoluciona para bien, debemos reconocer que ha mejorado el sistema mundial de represión criminal sobre la clase política, pues en los últimos años la Corte Penal Internacional ha sido proclive a procesar a aquellos líderes que cometen crímenes de lesa humanidad, pese al hecho de que éstos aún conserven el poder. Tal es el caso del filipino Rodrigo Duterte, hoy investigado por asesinatos de civiles, o el del Presidente sudanés Omar Hasan el Bashir, contra quien se emitió orden de detención en el año 2009 por los crímenes de guerra en Darfur. Si perteneciera Siria a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, no me cabe la menor duda de que dicho Tribunal ya habría procesado al Presidente Al Assad por el ataque químico contra la población civil de la provincia de Idlib, donde era fuerte la oposición al régimen.

 

Pero Venezuela es parte signataria del Estatuto de Roma, por lo que dicha nación está bajo la jurisdicción del Tribunal. Esto significa que los crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del territorio venezolano pueden ser juzgados. De hecho, la gambiana Fatou Bensouda, -fiscal de esa jurisdicción-, inició la formal apertura de examen preliminar contra el Presidente Nicolás Maduro y la denuncia que se negó rubricar la Canciller Campbell, es fundamental para el impulso del proceso. De momento se le investiga por los asesinatos cometidos por el régimen suramericano entre marzo y agosto del año 2017. Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), al 31 de julio de ese año, se documentó la masacre de 124 personas en el contexto de las protestas. De ellas, 46 se consideran obra de las fuerzas de seguridad, y 27, de los grupos paramilitares del régimen, llamados colectivos bolivarianos. Otras causas de lesa humanidad, son los encarcelamientos masivos de disidentes políticos; un hecho harto documentado por la ONU y otras organizaciones de prestigio. Tan solo durante ese período señalado, se cuenta con más de 5.000 detenidos, muchos de ellos menores de edad. Súmense múltiples casos de desapariciones forzadas. El prestigioso Foro Penal Venezolano, registra la estadística reciente de más de 1300 presos políticos encarcelados por el delito de oponerse al régimen. Derivado de los encarcelamientos antes señalados, la ONU, a través de su Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), documentó que el régimen ha ejecutado detenciones arbitrarias que incluyen tortura con cloro y sal, con instrumentos de descarga eléctrica, asfixias parciales y golpizas contra los detenidos. Leopoldo López, el reo más célebre, denunció que durante su encierro en la prisión de Ramo Verde, se vio sometido a palizas durante la madrugada, lanzamiento de excremento por parte de autoridades penitenciarias, largas supresiones de la luz solar, y encierro en calabozos diminutos, entre otras torturas. Además fue testigo de ese tipo de suplicios contra otros presos. La omisión de la Cancillería, es una grave falta que atenta contra nuestro hoy devaluado prestigio.

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MERCADO DE VIDAS

Dr. Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista.

Publicado en el periódico La Nación

https://www.nacion.com/opinion/columnistas/mercado-de-vidas/GQUVAZTG6BCMZNDWOXXVEKHAGQ/story/
Publicado en España en el periódico El Imparcial.

Por mis responsabilidades como miembro de la Comisión Nacional de Bioética de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, debí adentrarme en el estudio de los desafíos bioéticos que hoy amenazan la cultura cristiana. En el siglo pasado el principal desafío a dicha cultura fue el totalitarismo político materialista, cuya principal expresión fue el marxismo y el fascismo, dos caras de una misma moneda. Parecía que aquella sería una guerra que en algún momento la cultura occidental perdería. Una anécdota ilustra la amenaza: se dice que en 1935, cuando arreciaba en Rusia la represión y matanza de cristianos, el ex ministro de exteriores francés Pierre Laval, le aconseja a Stalin que no debía con ello enojar al Papa. A lo que éste respondió con un sarcasmo que quedaría en los anales como famosa ironía: “¡El Papa! ¿cuántas divisiones tiene?”  Esta anécdota era un tenebroso preludio de las intenciones últimas de aquel totalitarismo, y de su confianza en su propia fuerza. Pero como lo esencial es invisible, y la historia es escrita recta en líneas torcidas, sucedió lo contrario. Al final un Papa polaco sería determinante en la caída del poder soviético. Pues bien, así como en el siglo XX fue el totalitarismo político, hoy uno de esos graves retos lo plantea la influencia cultural y el poderío económico de quienes intentan mercantilizar  la vida valiéndose de la biotecnología. La cosificación de la vida humana es la más oscura faz que caracteriza a las actuales sociedades del placer. Me refiero a esa oscura vocación que pretende convertir al ser humano de sujeto a objeto. Veamos de qué se trata.

En 1971 inició el proceso de mercantilización del patrimonio genético del planeta. Un microbiólogo contratado por una transnacional estadounidense pidió patentar un microorganismo; como era de esperarse, la Oficina de patentes rechazó la solicitud, pues entonces los seres vivos no eran sujetos de apropiación. Sin embargo la transnacional apeló ante el Tribunal de Patentes, quienes en una ajustada decisión, se subordinaron a los intereses de la compañía, y declararon que el hecho de que los microorganismos estén vivos carece de significado legal. El autor Ted Howard, sostuvo entonces que la decisión afectaba la esencia del tema sobre el valor intrínseco de la vida, pues a partir de allí, ésta se disminuía casi al mismo nivel que un mero producto químico. Y esto independientemente de que el organismo vivo tenga alguna modificación genética, pues tal modificación nunca será “un invento”, sino básicamente técnicas aplicadas por descubrimientos a partir de la experimentación con vida.  Y ésta, quieran o no los tribunales de las sociedades de consumo, no debe ser sujeto de apropiación mercantil. Al fin y al cabo, salvo modificarlos genéticamente, ningún biólogo molecular podría crear genes, órganos u organismos vivos de suyo propio. ¿O es que se justifica, por ejemplo, patentar el gen del cáncer de mama, o un riñón, por el simple hecho de haberlo sometido a una modificación genética? Jeremy Rifkin comparó aquel despropósito con el sinsentido de que, quienes descubrieron la tabla de elementos químicos, por tal acción pretendieran apropiarse de éstos. Pero dicha tendencia legal prosiguió. Años después, en octubre de 1980, el Tribunal Supremo despeja el camino para la explotación comercial de la vida, lo que en Wall Street disparó las acciones de las grandes farmacéuticas y empresas biotecnológicas.

Abierta la caja de Pandora, avanzó la codicia. En un giro de 180 grados, la Oficina de Patentes estadounidense revocó su posición original declarando que los organismos pluricelulares, animales incluidos, eran susceptibles de patentarse por el hecho de haber sido objeto de alguna modificación genética. La decisión incendió Troya, pues entreabría a futuro la puerta a patentar la vida humana; los funcionarios debieron correr aclarando que aquello no incluía a los humanos. Sin embargo, la aclaración solo fue para aplacar la furia momentánea, pues 13 años después, se solicitó patentar un carácter genético útil para la protección de unos anticuerpos, que era proveniente de una mujer guaimí de Panamá, sin siquiera solicitarle a ella la autorización. Meses después se intentó algo similar con ciudadanos de las islas Salomón, y de Papúa Nueva Guinea. Cuando el gobierno de esas islas protestó, el exsecretario de Comercio estadounidense se limitó a responder que “las células humanas son patentables”. Otra ilustración la ofrece el caso del ciudadano John Moore, quien demandó sin mayor éxito a la UCLA (Universidad de California), cuando descubrió que ésta patentó partes de su cuerpo sin informarle. De más está anotar el tremendo negocio que es obtener derechos de genes o líneas celulares, pues ya para mayo de 1986, la revista Nature había documentado que la biotécnica Amgen pagó $20 millones por el derecho a desarrollar productos a partir de un gen humano. El paroxismo de este abuso mercantil llegó cuando la Oficina europea de patentes otorgó a la compañía estadounidense Biocyte, la propiedad de todas las células de sangre humana usadas con cualquier propósito terapéutico procedentes del cordón umbilical del recién nacido. La patente fue tan abusiva, que autorizó a Biocyte a negar el uso de dichas células sanguíneas a quien no pagara por ello, a pesar de que éstas son indispensables para el trasplante de médulas óseas. Igualmente la empresa Venter solicitó patentar más de dos mil genes del cerebro humano, lo que incluso llevó a protestar al Nobel Watson, ex director del proyecto Genoma Humano, pues la investigación de dichos genes había sido financiada con impuestos. Esta mercantilización tomó además un tenebroso giro eugenésico, cuando una Universidad de Cleveland anunció la reproducción en laboratorio del primer cromosoma humano, el cual permitiría conducir de forma caprichosa, caracteres genéticos tras la concepción. En otras palabras, posible procreación de niños con caracteres “a la carta”. Los derechos de esa técnica los tiene Cleveland Arthesys Inc. 

Las voces solitarias que se han levantado contra esta tendencia han sido la de los líderes religiosos de los tres monoteísmos, el cristiano, judío e islámico, pues el debate desafía la noción acerca de la misma naturaleza de la vida, y si siendo creación divina, el mercado debe o no apropiarse de ella. Una tesis  similar a la que en el siglo XIX esgrimieron los cristianos europeos contra la esclavitud; si la persona tiene dignidad dada por Dios, ésta no debe ser objeto de apropiación.  fzamora@abogados.or.cr

SINDROME MARIA ANTONIETA

Dr. Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista.
 

Publicado en el periódico La Nación

https://www.nacion.com/opinion/columnistas/sindrome-maria-antonieta/5J4JBEFE75EH7JJVVQCIYVBLYY/story/

 

La historia la refieren, entre otros historiadores, el austríaco Stefan Zweig y la italiana Benedetta Craveri, experta en la Francia del Siglo XVIII. Se dice que, en medio de los estertores del viejo régimen monárquico francés, cuando aquella sociedad hervía en ebullición por el descontento provocado alrededor de la decadencia de la realeza y su sistema, una de las consecuencias –aunque a la vez causa-, de aquel declive, fue el colapso productivo. Y el desabastecimiento de harina en la región, fue uno de los serios problemas puntuales que provocaron aquellas circunstancias. Está de más advertir que, en la Europa del siglo XVIII, aquel producto era fundamental para la subsistencia popular, pues el pan era un elemento cardinal de la dieta. Sin embargo, tal como sucede en el socialismo venezolano de hoy, el ciudadano promedio francés se veía obligado a destinar un altísimo porcentaje de su salario para acudir a la panadería en busca de apenas aquel suministro. Como era de esperarse, aquellas circunstancias provocaron un serio descontento popular, al punto que, en 1778, las multitudes empezaron a congregarse en las afueras del Palacio real, reclamando una salida de aquella penosa situación. Los anales documentan que, ya para aquel año, María Antonieta de Habsburgo, reina consorte de Luis XVI, se había ganado tanto la antipatía popular, como también la antipatía de una parte importante de la nobleza. Entre otras, una de las razones de aquel sentimiento contra la joven reina fue su tendencia al dispendio, al derroche, y a gastar el dinero del erario público en asuntos vanos, banales y superfluos.

 

El desprestigio de la Reina había sido apuntillado por hechos que reflejaban el grado de decadencia de la Corte francesa. Uno de ellos en particular se recuerda como el “affair del collar”, que incluso dio para posteriores obras literarias. Resulta que un noble simplón llamado Louis-René Éduard, importante cortesano de entonces y quien ocupaba el cargo de limosnero mayor, fue inducido por un grupo de embusteros que sacarían provecho de un gran gasto público: la compra de una pieza de joyería excepcionalmente cara, la cual contenía más de 600 piedras que implicaban casi tres mil kilates. El objetivo original de la creación de la joya fue en todo caso espurio, pues había sido encargada por el padre de Luis XVI para obsequiarlo a una amante oculta. Pero la muerte de Luis XV antes del pago de la obra, tenía en aprietos a los joyeros, quienes requirieron venderla cuanto antes. El resultado final de la tragicomedia fue el desperdicio de los recursos públicos en aquella venta insubstancial, y una impopularidad aún mayor contra la pobre María Antonieta, que en ese caso, solo había sido una víctima más del embuste.

Dentro de ese contexto, en el que se presentaban las revueltas populares que exigían pan a las puertas del palacio, se tejió contra María Antonieta una segunda leyenda negra, en la cual se afirmaba falsamente, que mientras la multitud indignada clamaba por pan, María Antonieta había exclamado la famosa frase: “¿por qué reclaman?, si no hay pan, ¡pues denles pasteles!” Aunque el consenso entre los estudiosos es que tal exclamación nunca existió, el ya citado historiador Stefan Zweig, asegura que ésta es verdadera, pero quien ciertamente la exclamó no fue la Reina, sino  una de sus tías. El punto es que, para desgracia de María Antonieta de Habsburgo, la  anécdota del collar y la final expresión de “los pasteles”, se afincó en el imaginario del pueblo. Y hoy son anécdotas que se invocan tanto para recordar la insensibilidad de las autoridades ante las carencias populares, como la desconsideración de los funcionarios que, siendo indiferentes a las verdaderas necesidades de sus administrados, desperdician los recursos públicos en objetivos inocuos. De hecho, al comportamiento de este tipo de gobernantes, se le denomina el “síndrome María Antonieta”.

 

Pues bien, traigo a colación aquellos tristes pasajes históricos, a raíz de uno de los temas que, en las últimas semanas, ha estado en liza. Se trata de la noticia publicada en este diario, que informa que el Señor Rector de la Universidad Nacional, ha aprobado la ejecución de más de $14,5 millones de dólares, en un gasto denominado por sus gestores como el “Parque de la diversidad”. El parque contará, según informan sus promotores, con una concha acústica, y algunas otras interesantes extravagancias, que no dudo que sería hermoso disfrutar, de no existir en nuestro país tanta necesidad que sí es de primer orden. La paradoja de este sin sentido la desnudó este diario, quien publicó un gráfico enunciando un importante conjunto de obras de urgencia cardinal, que sería posible realizar de inmediato con dicha suma. Incluso obra que es inversión en desarrollo educativo, y no gasto de infraestructura universitaria suntuaria, que es otra cosa. En tanto el entuerto es sin lugar a dudas una insensatez, debía corregirse de inmediato. Uno de los remedios aplicables al desaguisado era el artículo 89 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual permitía, dentro de un plazo perentorio, revocar el acto adjudicatorio y declararlo desierto por razones públicas superiores. Pero para ello, se debía actuar con presteza y celeridad. La coyuntura social y fiscal que afronta actualmente Costa Rica, debió obligar a los diputados a intervenir en esta desacertada decisión de la jerarquía universitaria herediana.

 

En este punto, entendemos que, según el ordenamiento de nuestro sector público,  la Universidad Nacional  tiene como naturaleza jurídica la de ser una institución universitaria autónoma, de conformidad con la ley 5182 del año 1973; razón por la cual, la rectificación inmediata de esa medida, dependía jurídicamente de sus autoridades universitarias. La moraleja aquí es que, salvo la ya consabida presión y control político, poco pueden hacer los demás poderes constituidos de la democracia costarricense, para impedir el avance de ciertos dislates de entes con tal autonomía. Esencialmente debía ser un acto de contrición y reconocimiento del error, y por tanto de humildad de las autoridades universitarias. En síntesis, una decisión moral. Y allí, es donde entra en juego la íntima consciencia del hombre. De aquel que, en soledad, debe tomar la decisión final. El hombre y su consciencia: en la mayoría de los casos, uno de los últimos reductos de cualquier democracia.  fzamora@abogados.or.cr

EMBATES AL IDEAL INFORMATIVO

Dr. Fernando Zamora Castellanos

Abogado constitucionalista.

Publicado en el Periódico La Nación:

https://www.nacion.com/opinion/columnistas/embates-al-ideal-informativo/PENHGHO7UFAI7MIZRA3PW7CXOY/story/

Publicado en España en el periódico El Imparcial.

En Europa se ha hecho popular el acrónimo GAFA, para referirse a los cuatro megaemporios tecnológicos contemporáneos: Google, Apple, Facebook y Amazon. En esencia, el término refiere al imperio de inteligencia artificial al que, a través de los diversos aparatos tecnológicos, muchos están entregando su albedrío. Ingentes masas sumergidas en la vorágine del avance cibernético, sin ningún sentido crítico recurren a los productos, portales e instrumentos de dichas corporaciones, quienes deciden ahora por ellos qué información recibir, qué productos consumir y cómo entretenerse. Allí hay un doble juego perverso. Por una parte, conforme más nos involucramos con ellas, de forma más sofisticada llegan a conocer nuestras preferencias, gustos y aspiraciones; nuestras tendencias y objetivos, así como el círculo social al que pertenecemos. Por la otra, conforme van catalogando las tendencias de la ciudadanía, a su vez tienen la capacidad de ir “troquelando” la sociedad según sus intenciones y objetivos corporativos. Conforme el proceso continúa avanzando, aquella dinámica tiende a abrazar la personalidad e intimidad del sujeto de forma más totalitaria, al punto que llegará el momento en que, como una sola entidad, el aparato digital se fundirá con nuestros propios cuerpos. Quien dude de esto último, sepa que ya existen artefactos diseñados en función del objetivo, como las nuevas anteojeras de Google, que incluso abstraen a la persona de su realidad, involucrándola en un entorno virtual paralelo, haciendo del ser humano algo parecido a un robot. Otro atisbo de lo porvenir, lo ofrecen los relojes con funciones omnímodas, desarrollados por empresas de tecnología celular. Por ello es que, si hay un discurso paradójico, es el de esas grandes corporaciones del mundo cibernético, que abrazan con particular entusiasmo la retórica de la promoción y defensa de la libertad individual. Pero a la vez, al mejor estilo del “mundo feliz” huxleano, uniforman las conductas humanas corroyendo los cimientos mismos de la individualidad.

¿Cómo? de múltiples formas. La más peligrosa, es la automatización de nuestras decisiones por medio de los algoritmos digitales. Así, las elecciones resultan prácticamente predeterminadas por estos emporios. Al extremo que, nuestras  posibilidades y capacidades más simples de investigación y análisis, quedan reducidas a nada. Si bien es cierto no cabe duda que dichos adelantos facilitan nuestras vidas, la amenaza latente consiste en que, cuestiones tan elementales como una ruta a tomar hacia determinado lugar, termina siendo un asunto en el que carecemos de propia capacidad y voluntad. Sin la más ínfima vocación de exploración propia, nos limitamos a ser ciber-dirigidos por el omnipotente aparato digital en el que ponemos una ciega confianza. Y aunque ese asunto sea de menor monta, el problema radica en que la misma lógica opera para otros aspectos que sí son fundamentales en nuestra existencia. Como lo es, por ejemplo, la información que consumimos. Al final del camino, los ciudadanos ceden de forma acrítica, toda su iniciativa a la “web”, y como dichas corporaciones tienen una vocación enfocada en la subcultura del consumo inmediato, terminamos absortos en una suerte de telaraña informativa estilo “kitsch”. En dicho escenario, si dependemos estrictamente del aparato tecnológico, resultamos invadidos de datos brutalmente vacíos; baladíes obscenidades de la última socialité de moda o la jugada espectacular atribuida a un futbolista popular. En esta línea de razonamiento, Franklin Foer, un combativo periodista que advierte sobre los peligros de esta tendencia, publicó una estadística alarmante, de cómo el internet ha deteriorado el hábito de lectura de los ciudadanos estadounidenses. Hoy el 62% de ellos no se informa accediendo a fuentes directas serias, sino que se conforma con lo que les suministran, por la vía del algoritmo, los emporios de internet. O aún peor, alimentándose de las reseñas que reciben por cualquier vía digital, muchísimas de ellas falsas, o “trash” (información basura). La advertencia de Foer va más allá, y advierte sobre la peligrosa dependencia financiera en la que los monopolios tecnológicos están sometiendo a los proveedores de noticias, pues para sobrevivir, muchos de ellos se ven obligados a subordinar sus políticas informativas rigurosas, a cambio de un sensacionalismo que les permita obtener más “clics” de acceso de los usuarios, y obtener mejor rating en los algoritmos, tanto de los grandes buscadores digitales, como de los servicios de redes sociales. De hecho, muchas de las más famosas crónicas fraudulentas, han surgido precisamente en medios cuyo afán ha sido el de complacer esta corriente y no el de hacer honor al ideal periodístico genuino, que esencialmente consiste en dos condiciones éticas: que lo publicado merezca ser informado, y que sea cierto.                

Así, la tremenda paradoja es que, en momentos cuando más se habla sobre la necesidad de democratizar el conocimiento, lo que esta dinámica ha engendrado es, por una parte, la más grande concentración de poder informativo en la historia humana, y por la otra, una enorme capacidad de manipular, desinformar, o crear caos por la vía del dato falso. Así las cosas, lo que está en juego es la supervivencia de la cultura, y por ende, la prevalencia del ideal humano como propósito de existencia. Es cierto que una vocación ciber-céntrica nos facilita la vida, pues permite que mucho del trabajo lo hagan por nosotros los medios digitales. Pero quien constantemente toma atajos, al final del camino acarreará las consecuencias, al evitar pagar el precio del esfuerzo que requieren los objetivos a los que aspira. De ahí que, en aras de proteger nuestra libertad y cultura, es una responsabilidad individual sopesar las implicaciones que en nuestras vidas tiene una cotidianeidad tan ciber-centrada y por tanto tan entregada al control de los monopolios del mundo digital. Recordemos que, expuesta definitivamente nuestra intimidad, nuestra individualidad, y nuestro albedrío, recuperar esos tesoros perdidos es una tarea titánica.   fzamora@abogados.or.cr

LA RAIZ DEL PROBLEMA TRIBUTARIO

Dr. Fernando Zamora Castellanos

Abogado constitucionalista.

Publicado en el periódico La Nación:

https://www.nacion.com/opinion/columnistas/la-raiz-del-problema-tributario/ICFRCOYENZFNNHDQVRUPSCMA24/story/

Aparte de lo que es esencial, la cultura de sus ciudadanos, ¿qué es lo que de forma directa produce la riqueza de una nación? es un conjunto de elementos que, como una mesa, se sostiene sobre cuatro pilares. Esos fundamentos son: las inversiones en infraestructura, en tecnología, en buena educación y finalmente, la planificación y ejecución nacional de políticas productivas. Es hacia esos cuatro elementos que esencialmente debe destinarse el grueso de los recursos tributarios. Así la raíz del problema tributario costarricense radica en el hecho de que, la enorme mayoría de los recursos recaudados, no se destinan con prioridad a esos cuatro aspectos que producen riqueza. Esto provoca la paradoja de que el Estado esté quebrado pese al hecho de que los costarricenses soportan una de las cargas públicas más altas del mundo. Según el último informe realizado por el Banco Mundial para el año 2017, denominado “Paying Taxes”, los ciudadanos costarricenses tienen una carga impositiva superior al promedio de Europa, de Norteamérica y en general de los países de la OCDE. Nuestra carga del 58% sólo la superan los franceses con el 62%.

Nuestro sector público es un barril sin fondo y en crudo lo demuestran las estadísticas: sin contar el incremento previsto para el 2019, el gasto en pagar los intereses de la deuda consume uno de cada tres colones que le entran al gobierno. Al extremo que, según recientemente confesaron nuestras autoridades de Hacienda, ya ese único rubro supera lo que se destina a aspectos como Educación, u obra pública. Y si bien es mejor destinar presupuesto en salarios que en intereses, la realidad es que las remuneraciones son otro aspecto que devora desproporcionadamente el presupuesto público. Solo un dato emanado del último informe de la Contraloría de la República sobre presupuestos públicos, para demostrar el desequilibrio del gasto desproporcionado en este rubro: del monto que en el sector público se paga por conceptos salariales, un 41%  (¢5,8 millones de millones) corresponde solo a incentivos. Que paradójicamente representan una magnitud incluso mayor que la de los mismos salarios ordinarios, los cuales equivalen al 37,1% de la totalidad de las partidas previstas para el rubro anual de remuneraciones. 

Pero resulta que nuestra crisis no solo radica en lo anterior, o sea en el mal gasto, sino además en el hecho de que muchos de los recursos que se invierten en rubros que sí deberían generar riqueza, -como lo es el de la educación-, no están generando los réditos esperados. Esto a pesar de la fuerte inyección de capital que hacemos en esto. Lo anterior lo afirmo sustentado en el último informe de la Organización internacional para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), quienes determinaron una situación decepcionante. Pese al hecho de que Costa Rica invierte un mayor porcentaje de su presupuesto en el ítem educativo, en relación al que invierten los demás países desarrollados de la OCDE, tal inversión no se traduce en buena educación, pues nuestros estudiantes presentan muy bajos niveles en función de los estándares de competitividad internacional. La organización diagnosticó lo anterior sustentándose en nuestro rendimiento país según lo evaluado por el sistema “PISA”, un programa mundial que evalúa el rendimiento escolar. Según la más reciente valoración internacional, nuestros estudiantes no solo mantuvieron su bajo nivel en la escala, sino que, en relación con las evaluaciones trasanteriores, retrocedimos en el rendimiento de materias esenciales para el desarrollo socioeconómico, como la comprensión de lectura, las ciencias o la matemática. Lo alarmante del asunto es que incluso las puntuaciones de nuestros estudiantes resultaron inferiores a los de países que, pese a invertir mucho menos en el rubro formativo, nos superaron. El informe cierra con una sentencia lapidaria: “…la productividad apenas ha aumentado, las carencias de habilidades son aparentes y la desigualdad está aumentando (aquí la desigualdad que se refiere es en relación con estudiantes de otros países); la inversión en educación requiere un enfoque definido en resultados más que en insumos y procesos.”  Por demás está anotar que nuestro estado de crisis indicado en materia educativa, también fue reconocido por el informe del Estado de la nación del 2017. No solo se trata de un asunto de dinero.

Y en materia de infraestructura, el actual Estado costarricense ha resultado igualmente estéril utilizando los recursos tributarios. Hoy resulta evidente para la ciudadanía, que éste es incapaz de ejecutar los grandes proyectos de obra pública. Los poquísimos proyectos de alto calado realizados en los últimos años, por ejemplo el nuevo puerto Atlántico, la finalización de la ruta a Caldera, o la remodelación del aeropuerto internacional de Alajuela, son resultado de concesión. Allí se financia la obra mediante pagos diferenciados, directos y ajenos a los tributos ordinarios. 

Así las cosas, el gran reto consiste en enderezar el rumbo del barco nacional, en función de los cuatro aspectos ya citados al inicio, o sea, aquellos en los que invertir los tributos produce reactivación económica. De esos elementos, sin duda el más importante de ellos es la planificación y ejecución de políticas productivas. Es que la razón de ser de los tributos se enfoca en la obra y la política pública concreta. Para comprender de qué se trata esto último y para ilustrar el punto, me valgo de un principio espiritual: cuando en 1882 Gaudí inicia en Barcelona la Sagrada Familia, el caudal de recursos que ha permitido construirla llegó después, y gradualmente. Antes que el dinero, primero fue un sueño inspirador. En cambio, el simple administrador político no se atreve a ejecutar, si antes no tiene debidamente asegurados los recursos. Usualmente carece de ensoñaciones, y si las tiene, el dinero para él es más importante que el ideal. Por el contrario, el verdadero estadista entiende que los sueños, y el ideal concebido, preceden a los recursos. Para él lo económico está subordinado al ideal, y emprendida la quimera, el capital llegará. Así Antoni Gaudí inició su monumental basílica de la Sagrada Familia, cuya obra, -más de cien años después-, aún se construye. Reputados testigos refieren que en su primera administración, Don Pepe Figueres le preguntó a su ministro de Hacienda si había contemplado en el presupuesto la construcción de cincuenta escuelas. Cuando su ministro le contestó que, por la crisis presupuestaria no era posible, se dice que Don Pepe ordenó: pues si a esto se lo va a llevar carajo, ¡que sea por algo!, ¡haremos cien!  fzamora@abogados.or.cr

EL PODER POLÍTICO CONTRA LA IV REVOLUCION

Dr. Fernando Zamora Castellanos

Abogado constitucionalista.

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A raíz del nuevo fenómeno de las empresas de aplicación digital, el poder político costarricense se ha visto tentado de aplastar el progreso tecnológico con su poder policial. La misma tentación en la que están cayendo algunos otros gobiernos con mentalidad tercer mundista. Mediante la inexorable prueba histórica, intentaré aquí demostrar, no solo el error que implica todo intento de los poderes instituidos por detener el avance técnico, sino además, cómo tales intentos están indudablemente destinados al fracaso. Los economistas Daron Acemoglu y James Robinson nos dan uno de los primeros ejemplos: a raíz de la grandiosa invención de la imprenta, los sultanes otomanos intentaron detener su uso en el territorio del imperio. De hecho, a finales del siglo XV, Bayezid II emite un decreto en el cual impone una prohibición absoluta a los árabes de imprimir en su idioma. El Sultán Selim I refuerza el impedimento a inicios del siglo XVI. En aquel imperio, la primera imprenta fue posible más de dos siglos después de su surgimiento, cuando el Sultán Ahmed III, le concedió por decreto la primera concesión de explotación de una imprenta a Ibrahim Müteferrika. Pese a lo tardío del permiso, aún en ese momento el mismo se otorgó lleno de regulaciones y limitaciones. Lo que se publicaba en la imprenta de Müteferrika estaba controlado y supervisado por múltiples funcionarios del poder: los cadíes de Estambul, de Selaniki y de Gálata, eran los primeros supervisores. A ellos se sumaban el Jeque de Kasim, junto a un grupo de eruditos. Cualquier documento que pretendiera imprimir Ibrahim, debía antes ser supervisado, revisado y autorizado por aquella infinidad de autoridades. Como resulta lógico suponer, eso tornó inviable aquella imprenta, la cual finalmente operó por solo 14 años, editando poquísimos libros. Concluido el fallido intento de Müteferrika, su familia intentó continuar con el esfuerzo, pero apenas lograría publicar siete libros en 50 años.

Ni se diga lo que sucedió fuera de aquel imperio. En Egipto la primera imprenta funcionó 350 años después de su invención. El resultado era de esperarse: a las puertas del siglo XX, gran parte de la edición de libros en el imperio otomano aún era hecha por escribas, funcionarios que a mano copiaban los textos. ¿Cuál fue el resultado de ello? entrado el siglo XIX, la alfabetización de los ingleses era del 50% de sus ciudadanos, mientras que los otomanos apenas rozaban el 3%. El resultado final fue que, con el pasar de los años,  los ingleses sojuzgarían y se impondrían a los otomanos, pues la alfabetización permitió, como era esperable, el mayor desarrollo y prosperidad de los primeros, mientras que el analfabetismo de los segundos, nunca les permitió crecimiento.

El segundo ejemplo lo aporta el imperio español. Descubierta América por parte de la Corona española, el comercio entre sus nuevos territorios y España, se reguló de forma elitista a través un exclusivo gremio de sevillanos, quienes por orden real controlaron de forma cerrada la actividad. El comercio libre no existía, e incluso, a raíz de una estricta serie de limitaciones, la actividad económica entre las mismas colonias españolas era prácticamente imposible. De hecho, a tal punto llegaban los obstáculos regulatorios, que los comerciantes de un virreinato español, les era totalmente prohibido transar con otro. Y menos pensar que dichos colonos pudiesen comerciar legalmente con territorios ajenos al imperio español. Como era de esperarse, este tipo de controles y limitaciones, impidió que brotara la actividad empresarial libre en el imperio español, a diferencia de lo que sí sucedió en los territorios del norte europeo. ¿Cuál fue el resultado final de aquellas decisiones? La cerrada disposición española frente a la actividad comercial y empresarial libre, impidió que sus habitantes prosperaran, y por ende, allí no se generaron las condiciones que eran indispensables para participar en esa enorme explosión tecnológica que fue la revolución industrial. La tercera ilustración histórica la aporta la actitud de Francisco I, del imperio austro-húngaro, quien hasta 1811 prohibió la instalación de nuevas fábricas en Viena. Igualmente adversó la construcción de vías para que incursionara el tren a sus territorios, siendo el ferrocarril una de las tecnologías clave que la revolución industrial aportó.      

El cuarto ejemplo lo ofrece la violencia física de los tejedores ingleses contra las primeras máquinas industriales inglesas. El problema surgió en la Inglaterra del siglo XIX, cuando empezó a utilizarse la novedosa maquinaria industrial. Por sí sola, muchas de aquellas máquinas hacían el trabajo de miles, desplazando a la desocupación a grandes cantidades de obreros. Ante la desesperación que les causaba no poder alimentar a sus familias, muchos trabajadores destruían las máquinas como mecanismo de protesta ante la pérdida de sus trabajos. A aquella agresiva reacción contra la automatización fabril se le denominó “ludismo”, en memoria de un tal Ned Ludd, que en 1779, fue de los primeros en destruir dos tejedoras mecánicas. Hoy el mundo transita de salida por la tercera revolución industrial y se enrumba a las puertas de la cuarta, con la implementación de la robótica, la inteligencia artificial, el internet de las cosas y las plataformas virtuales interconectadas de esas nuevas revoluciones industriales. El paroxismo de esta revolución, lo ofrece la tecnología israelí, que incluso está desarrollando robótica para el cultivo, desarrollo y cosecha de plantaciones agrícolas. En fin, son procesos imposibles de detener sin pagar caro las consecuencias.

Pues bien, en relación con tal fenómeno, aquí el máximo problema lo enfrentamos, por el choque “ludista” entre la plataforma digital Uber y los taxistas. En mi anterior artículo Estado, Uber y empresas digitales (La Nación 2/oct/2015) propuse algunas ideas para enfrentar el dilema. Por ejemplo, que el Estado promueva condiciones que estimulen a Uber servirse de vehículos de transporte público que ya operan legalizados, que se autorice su funcionamiento bajo condiciones tributarias similares a las de los taxistas, ofreciendo condiciones de igualdad, y en aquello en que la empresa tecnológica se regula por sí misma, el Estado debe autorizar su autocontrol sin doble imposición regulatoria, pues la regulación no es un fin en sí misma, sino solo un instrumento para que el usuario disfrute un buen servicio. Pero la “solución” del gobierno fue emitir una “nota de invitación”, para que la aplicación tecnológica abandone el territorio. Otra simpleza inaudita de un gobierno mediocre.  fzamora@abogados.or.cr

LA VENTANA DE OVERTON

Publicado en La Nación

https://www.nacion.com/opinion/columnistas/la-ventana-de-overton/PDHVXQVAGJA2XM3TVNXJCCFODE/story/

Y en el Imparcial de España

Algunos lectores de mi último artículo titulado Adoctrinamiento Juvenil (La Nación, 20/8/2018), me han solicitado que amplíe una noción a la que aludí allí, denominada “la ventana de Overton”. Veamos. El concepto lo introdujo Joseph Overton, un doctor en leyes, y analista social estadounidense y consiste en la descripción de la estrategia, -utilizada por grupos radicales-, cuyo objetivo es ubicar como social y culturalmente aceptables, conductas o posiciones extremistas. Básicamente describe una estrategia de manipulación de masas para legalizar o convencionalizar cualquier práctica o posición ideológica, por polémica, radical o inconveniente que ésta sea.  Hoy, esa estrategia logra surtir fácil efecto en las llamadas sociedades del placer, o de consumo. ¿Por qué? Porque son sociedades en donde el relativismo se entronizó devaluándose el entendimiento de lo que la verdad es. Por ende, no existe el sentido del bien, ni del mal. Sociedades en donde la línea divisoria entre lo que es moralmente correcto, o no, se difumina peligrosamente. De esa forma, la estrategia de tal “ventana” está logrando entronizar en Occidente conceptos, lo cuales, desde el derecho natural, e incluso desde el sentido común, son inconvenientes. 

Esencialmente la estrategia consiste en siete pasos a saber. En el primer paso se selecciona una conducta o idea. No importa, ni interesa, que ésta sea absolutamente insensata o inconveniente. Para empezar a introducirla en la sociedad, lo primero que se hace es empezar a justificarla desde la perspectiva de una “moderna” construcción ideológica, o un aparente descubrimiento. Para ello se aplican determinadas técnicas de manipulación del lenguaje. Por ejemplo, mediante la aplicación de términos disimulados o eufemismos para referirse a aquellas acciones indudablemente censuradas. Aquí una ilustración: al aborto se le deja de llamar aborto y en su lugar se habla de “interrupción de embarazo en resguardo del derecho sexual reproductivo”, intentando disociar la palabra de su verdadero significado. Siempre se invocará la libertad de expresión en resguardo del objetivo, y dentro de esa misma construcción ideológica, se reescribe la historia acomodándola a conveniencia. Lograda alguna mínima justificación intelectual en torno al asunto, -invocando siempre para ello declaraciones de “autoridades expertas”-, se empieza a permear las mentes. Y generalmente con mayor efecto, en las almas con grandes disconformidades y necesidades existenciales que llenar. Con esta primera estrategia, el tema se logra introducir en la comunidad. No importa si éste es a todas luces inadecuado y no representa una necesidad real que resolver. El solo hecho de introducir el tema, es lo que en estrategia militar se llamaría, tomar “una cabeza de playa”.  

El segundo paso es de reclutamiento en favor de la noción ideológica ya introducida. Se conquista un grupo de radicales en favor de la “causa” y así necesariamente se genera activismo. Ojalá, lo más agresivo posible, en razón de lograr posicionar la idea definitivamente. En este punto, surge el tercer paso. El activismo agresivo, provoca el morbo que hace llamar la atención, tanto de la ciudadanía en general, como necesariamente de los medios de comunicación, que se ven conminados a informar al respecto. Superado este punto, se llega al cuarto paso. En esta etapa, el agresivo activismo, sumado a la atención de los medios y la ciudadanía, obliga tanto a la opinión pública como a los tomadores de decisiones, a posponer sus agendas y a discutir los tópicos que los activistas traen monotemáticamente a colación; una, y otra, y otra vez.  En el quinto paso, ya posicionado el asunto como tema de discusión, quien no lo acepta es censurado, marginado y señalado por parte de las voces activistas, como intolerante. El dogma ideológico empieza a imponerse como socialmente aceptable y los líderes que censuran las ideas que hasta hace poco eran contrarias al derecho natural y al sentido común, empiezan a ser etiquetados, estigmatizados como enemigos radicales del progreso y de la nueva “ensoñación”. Así son “separados de la masa” con intenciones dilapidatorias. Los que se resisten a ser “Vicente donde va la gente” son marcados por los activistas radicales con fines de fusilamiento. A esta altura, los activistas logran invertir la realidad, y quienes terminan etiquetados como enemigos radicales, son quienes intentaban evitar que se cayera en peligrosos extremismos.  En el sexto paso, ya una masa acrítica está convencida que la sociedad debe conceder aquello como algo improrrogable, pues es una demanda indispensable para quienes lo exigen. En este punto el concepto pasó a ser aceptable o incluso necesario. En las sociedades de consumo, el fenómeno se termina de consolidar cuando el mundo del cine, la tv, la música y el entretenimiento, se suman en la imposición de la idea.

En el sétimo paso se idealiza el concepto y se crea un imaginario mítico. En dicho imaginario, los primeros activistas en haber concebido o promovido el nuevo dogma, pasan a ocupar una suerte de olimpo de los nuevos héroes. En la historia humana, por ejemplo, un genio en la elaboración de este paso de la estrategia descrita, fue Joseph Goebbels, el macabro Ministro de propaganda nazi, quien creó toda una mitología alrededor de las ideas racistas de aquel régimen. En el octavo y último paso, una vez consolidado políticamente el objetivo, se pasa a la obligatoriedad. A la imposición por imperatividad legal y judicial. El poder policial del Estado, se coloca en función del objetivo. El politólogo ruso Evgueni Gorzhaltsán, sostiene que en las sociedades de consumo, desprotegidas por la relativización de la verdad, la estrategia descrita se puede utilizar para imponer cualquier fenómeno. Es cuestión de decisión, paciencia y perseverancia. Sin embargo, al final del camino, la paradoja es que, independientemente de lo que nos terminen convenciendo, siempre arrastraremos las consecuencias de las malas decisiones y las políticas públicas inconvenientes. Como bien lo sostenía el afamado escritor G.K. Chesterton, este tipo de nuevo rebelde, que nos fuerza a aceptar novedosos  dogmas a partir de la negación de la verdad, no puede en realidad ser un verdadero revolucionario, pues toda denuncia implica la necesidad de sostenerse en una doctrina moral, y por tanto, aferrarse a la noción de lo que la verdad es. Quienes verdaderamente han dejado huella para los siglos, lo lograron porque se afirmaron en convicciones genuinas. Pero ese hombre moderno, el que ha decidido sublevarse a la verdad, se vuelve inútil para los propósitos y para el ideal del cambio auténtico. fzamora@abogados.or.cr

ADOCTRINAMIENTO JUVENIL

Dr. Fernando Zamora Castellanos

Abogado constitucionalista.

Publicado en el periódico La Nación

https://www.nacion.com/opinion/columnistas/adoctrinamiento-juvenil/7LVQ5X4QFNFDLIQOH7AWLGJXX4/story/

Según informó este diario, las recientes administraciones educativas han venido adoctrinando a los jóvenes costarricenses. Lo hacen con un claro sesgo ideológico, mediante textos que se utilizan como parte del material educativo. Y como en todo adoctrinamiento sucede, la mentira es una de sus herramientas usuales. Veamos algunos ejemplos. En el folleto Nueva Acción Cívica para bachillerato, se afirma respecto del Tratado de Libre Comercio, que “el gobierno tomaba las decisiones sin tener en consideración al pueblo”, lo cual, si recordamos que fue un referendo nacional el que decidió el tema, es a todas luces una burda falsedad histórica. Por demás está anotar que los folletos están plagados de las típicas frases panfletarias de la teoría marxista de violencia de clase. Aún peor, en el texto educativo Panorama mundial 11, del programa de estudios sociales para los muchachos, se atreven a afirmar que, -en la campaña del 2007 por el tratado de libre comercio con Centroamérica y EU, los funcionarios de la administración que entonces impulsó la iniciativa, ofrecían bienes a cambio de votos. Burda calumnia que supongo terminará en los estrados penales del país, pues incluso utilizan la imagen de exfuncionarios de entonces. No quepa duda: si eso hubiese ocurrido, habrían sobrado los testigos y las pruebas; eran momentos en que el ambiente estaba muy efervescente, y dichas autoridades habrían sido entonces denunciadas si en verdad aquella fechoría hubiese ocurrido. Igual sucede con otros materiales lectivos, en donde se hacen alusiones indirectas a partidos políticos vigentes, con el objetivo subliminal de orientar la afinidad de los educandos en función del partido de gobierno, y contra la oposición. 

En fin, es claro que la educación está siendo tomada por activistas imbuidos de ideología que pretenden ejercer la misma estrategia que en el pasado tantos réditos ofreció a los regímenes totalitarios. Al igual que lo estaban Antonio Gramsci y Herbert Marcuse, están convencidos que el futuro no está en la toma armada del poder político, sino en el adoctrinamiento cultural de la juventud. Se emplean estrategias como la “ventana de Overton”, en donde una idea, por más insensata que parezca, puede terminar imponiéndose si se adoctrina sistemáticamente en ella. Es triste que se pretenda subordinar la educación  a un recetario de fórmulas ideológicas. Una filosofía educativa sensata no ofrece recetas. Solo es guía para discernir el camino, y escoger, de todo el conjunto de arbitrios que para cada caso concreto se ponen en práctica intentando la cultura. Se limita a ofrecer un marco dentro del cual se desata la inspiración del buen educador, que es el poder extraordinario con el que éste intuye el llamado que tiene el joven en su transitar vital. Pero tal inspiración es imposible en una mente obnubilada por los prejuicios y las supersticiones ideológicas. Porque la ideología es un condicionamiento. Es una programación mental. Independientemente de que sus enunciados se ajusten o no a la realidad, lo esencial es que cumplan una función directiva del comportamiento. Sean o no justificados sus predicados, al final resultan un conjunto prescriptivo y sistemático de conductas condicionadas por una fuerte carga emotiva.

Bien lo reclamó el pensador mexicano Luis Villoro: la ideología es un conjunto de creencias que responden al interés particular de grupos afanados en obtener poder. Aunque éstas no siempre son irracionales, no pueden invocar una justificación suficiente para que su supuesta verdad se acepte con razonable seguridad. Sabemos que existen creencias falsas, incluso algunas que, por injustas, son evidentemente falsas. Por eso no tienen fuerza social. Pero en el caso de la generalidad de las falacias ideológicas, éstas sí se aceptan como verdades incuestionables solo por el objetivo subterráneo que arrebatan. Las ideologías dan por sentadas convicciones que en la gran mayoría de los casos no tienen fundamento en la realidad. A pesar de ello, los activistas de las ideologías logran que sus razones venzan a otras mejores, como son por ejemplo, las razones estadísticas. La falacia ideológica no necesariamente se levanta intencionalmente. No siempre es un engaño consciente. Por eso es difícil confrontarla. Quien está sometido a las supersticiones ideológicas, las abraza con sincera ingenuidad. Por eso son un yugo difícil de vencer. La única forma de desenmascarar la falacia ideológica es descubriendo los intereses propios de quienes las promueven. La ideología es un espejismo que satisface las necesidades de identidad colectiva, de reconocimiento y cobijo. Por eso los jóvenes son quienes fácilmente caen presa de las redes que los ideólogos echan. Ahora bien, para que la superstición ideológica alcance éxito social, es necesario que quienes las prohíjan estén convencidos de que aquello en lo que creen será en beneficio de todos. Y por promover quimeras que al final del camino solo son intereses, la ideología es un engaño. Dichos intereses llegan al extremo de presentar como verdades, creencias que la misma realidad contradice, o que son incluso irracionales.

Surgidas a partir del marxismo del siglo XIX, las doctrinas ideológicas más peligrosas tienen su matriz en las teorías del materialismo determinista y de la lucha de clases. El denominador común de todas sus variantes está en dos elementos. Mal conciben el desarrollo humano a partir de la absoluta acumulación de poder en el Estado. Por otra parte, son doctrinas omnicomprensivas de la historia y de la sociedad, lo que las hace necesariamente falaces. Para quienes están dominados por esas supersticiones, las políticas públicas solo son eficaces en el tanto apliquen al pie de la letra tal recetario. Antes que surgieran los materialismos de la época moderna, la humanidad no conocía tal culto por una razón totalizadora. No existían las complejas y abarcadoras teorías que imponen los materialismos de hoy. Por el contrario, los modelos educativos regidos por filosofías equilibradas, han aspirado siempre a establecer el balance que mantenga a raya esa voraz propensión totalizadora del Estado. Pero parece que las administraciones educativas de los últimos años quieren transitar en contravía, y le están guiñando el ojo a un peligroso juego. Es que hay momentos en que los tiempos son oscuros. Horas de sombras.  fzamora@abogados.or.cr

LAS TENEBROSAS GUERRAS DE HOY

Dr. Fernando Zamora Castellanos

Abogado constitucionalista.

Publicado en el periódico La Nación:

https://www.nacion.com/opinion/columnistas/las-tenebrosas-guerras-de-hoy/EKDQFUBAMFAX3GZBBCKJLAMJ3Y/story/

Para una sociedad como la costarricense, con un Estado militarmente desarmado, es de fundamental importancia entender el fenómeno de las tenebrosas guerras contemporáneas. Aunque conservo en mi biblioteca, el viejo clásico “De la Guerra”, escrito por el teórico de las milicias prusianas Karl Von Clausewitz, reconozco que ya no es adecuado percibir la mayoría de las guerras actuales bajo las nociones tradicionales de los objetivos geopolíticos. La actual violencia armada la mueve una dinámica distinta.  Si bien es cierto desde siempre las guerras han estado influidas por los intereses económicos alrededor de elementos como el de los recursos naturales, en el pasado estaban generalmente matizadas por la seducción del ideal político. Sin embargo, en la actual era posmoderna, donde el ideal de progreso, el sentido de propósito, y el principio de autoridad está constantemente saboteado, dicha posmodernidad es responsable de una brutal degeneración de la esencia y razón de las guerras actuales. El investigador Xavier Bougarel, las define como una condición social depredadora. Veamos de qué se trata el fenómeno.

En el pasado, los conflictos bélicos estaban determinados por aspectos tales como el de la emancipación e independencia de los pueblos, o bien, por una cosmovisión o filosofía sobre la forma en que una sociedad debía organizarse, o sino por proyectos que provocaban violencia porque contendían con otros Estados, u otros objetivos políticos territoriales y geoestratégicos. Ejemplo de lo anterior, fueron las guerras de liberación e independencia nacionales, o bien las guerras revolucionarias en función de algún nuevo modelo de Estado. La guerra de secesión, o la revolución estadounidense frente a Inglaterra son dos ilustraciones.  Otros casos lo fueron las guerras que tenían como objetivo determinar las fronteras, o ampliar la esfera de influencia territorial y cultural de una nación, como las napoleónicas. Además, esas guerras eran caracterizadas por el reconocimiento de liderazgos, autoridades y jerarquías, lo que les daba un sentido de orden vertical en el mando. Así mismo, la economía militar del pasado era centralizada, para garantizar el sostenimiento y subordinación de la tropa, su orden y obediencia general. Pese a lo atrocidad que implica toda guerra, aquello permitía la dirección de mando, la disciplina y la posibilidad de la salida negociada a los conflictos. De hecho, los Estados nacionales, los ejércitos, y las industriales productivas, tenían un modelo central y vertical de organización muy similar.

Sin embargo, el economista Robert Reich nos recuerda que las organizaciones en general pasaron de ser entidades verticales y centralizadas, dispuestas en cadenas de mando piramidales, y en control de líderes determinados, a ser fenómenos horizontales y descentralizados, similares a las redes de una telaraña. E influida por personas difuminadas en la red, y que poseen conocimientos específicos para influir en ella. Esta es la nueva realidad, tanto de la actividad política, como de las guerras contemporáneas. En el caso de la actividad militar, este nuevo esquema de organización, ligada a una moderna tecnología de fácil acceso, generó un giro perverso. Repasemos porqué. La actual erosión del concepto de Estado soberano, la deslegitimación y fragmentación de éste y de las organizaciones militares, ha permitido que usualmente las milicias terminen lideradas por facciones marginales que incluso son integradas por niños, bandas paramilitares, mercenarios, grupos criminales, jefes localistas, exmilitares, expolicías, facciones escindidas de anteriores ejércitos, o unidades de autodefensa, como las del Dr. Mireles en Michoacán, México; todo lo anterior, en paralelo a la participación de los ejércitos regulares. El fortalecimiento de ese tipo de bandas y liderazgos armados, provoca a su vez, que la legitimidad de las causas de los beligerantes sea nula, pues generalmente los motivos de los actuales conflictos están determinados por actividad esencialmente delictiva. Entre otras causas, extorsión a la población civil, pillaje y saqueo, piratería, tráfico de personas, de armas, de diamantes, hidrocarburos y demás mercadería valiosa, así como el control aduanero y de ciertos cotos de la economía informal, la apropiación de la asistencia humanitaria internacional, e incluso la facilitación del narcotráfico.

Detrás de estos conflictos, ya no existe ideal político ni reivindicación genuina alguna. En una suerte de combinación de la táctica guerrillera y la estrategia contrainsurgente de territorios devastados, los armados se limitan a imponer etiquetas, sin que tras ellas exista ninguna idea de fondo. La etiqueta es una burda justificación del pillaje que fagocitan buitres carroñeros; así sucedió con los paramilitares del genocidio ruandés, que etiquetaron a los “tutsies” para exterminarlos y saquearlos. Y tal y como lo documenta la académica Mary Kaldor, hoy el nivel de participación de los beligerantes, en proporción a la población civil, tiende a ser mucho menor y la violencia está más dirigida contra ella. Al punto que, en el conteo de bajas, se invirtió la relación “civiles-militares”. En las guerras del pasado, la proporción era de ocho militares fallecidos por cada civil, ahora es a la inversa, pues por cada beligerante armado, fallecen ocho civiles. Esto por cuanto, el objetivo estratégico de los actuales conflictos armados, es el de expulsar a la población de sus territorios por medio de reubicaciones forzadas, genocidios, y diversas técnicas de intimidación hacia grupos poblacionales.   

Así las cosas, frente al desafío de la violencia actual, ¿cuál es la salida? Recordemos que antes del siglo XVII, los Estados eran mucho más violentos pero menos poderosos que los de los siglos posteriores. El poderío técnico, económico, y la legitimidad organizativa y cultural los empoderó. Hoy, los antivalores culturales de la posmodernidad, están provocando una grave degeneración de la legitimidad indispensable para el ideal de gobierno. Es esencialmente un desafío de restauración cultural, de tal forma que sea posible recuperar la legitimidad del principio de autoridad. Que vuelva a ser posible la adhesión y apoyo de la gente a la idea de lo que el Estado debe ser. Reconstruir la legitimidad y devolver a los gobiernos el control de esa “violencia organizada”, que es la del poder policial y la de la ley.

fzamora@abogados.or.cr

EL IDEAL LATINOAMERICANO POSIBLE

Dr. Fernando Zamora Castellanos

Abogado constitucionalista.

Publicado en el Periódico La Nación

https://www.nacion.com/opinion/columnistas/el-ideal-latinoamericano-posible/BYTCNJ2RJVD3HDFB2TFV5NX6W4/story/

Y en el diario español El Imparcial.es

El destacado intelectual argentino Jorge Abelardo Ramos, autor de aquella profusa “Historia de la nación latinoamericana”, afirmaba que “América latina no estaba dividida porque era pobre, sino que era pobre porque estaba dividida”. Era un pensador que veía con ensoñación el ideal de la patria grande de Bolívar, en donde las naciones latinoamericanas seríamos una sola. Si pasamos revista de los desastrosos experimentos políticos latinoamericanos a través de su historia, y nuestra triste realidad cultural que los hicieron posibles, la conclusión es que la unificación política de nuestros países es una quimera inconveniente. Imaginemos la tragedia de que hubiesen sido a gran escala latinoamericana ensayos populistas como el de Perón en Argentina,  el de Chavez-Maduro en Venezuela, o el de Somoza-Ortega en Nicaragua. Y no me refiero a un problema de ideologías, pues  tuvimos déspotas de todos los espectros. ¿Qué hubiese sido de nosotros, si los 30 años de satrapía Trujillista, los 42 de somocismo, o las seis décadas de estalinismo cubano, hubiesen sido a escala latinoamericana? ¿O que la hiperinflación del 25 mil % que hoy azota solo a Venezuela, recorriera ahora desde el Río Bravo hasta la Tierra del Fuego a escala latinoamericana total? Amenazas de este tipo, son las que nos hacen dudar del sueño de la unidad latinoamericana como realidad política absoluta. Sin embargo, en este punto, la pregunta de rigor es si el hecho de que sea inconveniente la fusión política, ¿implica también que sea inconveniente la unidad económica? Aquí la respuesta es no; el hecho de que una fusión política sea inconveniente para los latinoamericanos, no necesariamente implica que también lo sea la unidad económica.  

Ahora bien, aquí la pregunta es el patrón de mancomunidad económica que nos podría convenir, y en busca de esa respuesta, la experiencia histórica es una juiciosa aliada para contestarla. Veamos. He leído la tesis acerca de la conquista del poderío europeo escrita por el historiador de la economía Phillip T. Hoffman, la cual creo que, en términos generales, es aplicable a la mayoría de los grandes imperios del pasado. Para Hoffman, el poderío imperial de Europa tiene su explicación en el hecho de que, durante siglos, los territorios feudales europeos viviesen en constante lucha armada entre sí. Esto los llevó a desarrollar, no solo una avanzada tecnología militar, sino Estados fuertes que, en una etapa posterior de la historia, les permitió a las naciones de ese continente conquistar el mundo. Esa es la razón por la que la mayoría de las mancomunidades económicas que en la historia han surgido, han estado sustentadas en la iniquidad. Porque han sido impuestas sobre un mal fundamento: el del sojuzgamiento. Rodríguez Neila, erudito en historia antigua, nos recuerda Sumeria, la primera gran sociedad económica de la humanidad; allí, por la explotación de las fértiles tierras de la Mesopotamia, se generaron importantes conflictos con etnias y comunidades limítrofes, lo que exigió una importante organización bélica, y a partir de ello, el surgimiento del primer gran Estado militar. Ni qué decir de los ejemplos que vinieron después: egipcios, persas, romanos, o tantas otras civilizaciones que, a partir de la opresión político-militar, alcanzaron la unidad económica sobre vastos territorios. Como resulta obvio, a partir de la subyugación propia de tales modelos de mancomunidad económica, se provocó una tremenda desigualdad. Y por demás está afirmar que comunidades económicas de tal naturaleza son a todas luces inconvenientes. 

Pero hay otro arquetipo de mancomunidad económica que nos convendría fortalecer a los latinoamericanos. Me refiero a las comunidades económicas que han surgido a través de la historia como producto de la alianza, o la convivencia entre sociedades económicas, sin que tal alianza implique una vocación de sojuzgarse entre sí. En este punto dos ejemplos a emular. El primero de ellos, la unión comercial surgida originalmente entre 13 colonias inglesas que, a partir de 1750, empezaron a colaborar entre sí, al punto de provocar, con el paso de los años, su independencia del Reino Británico y el surgimiento de la mayor potencia económica conocida hasta hoy, la Unión americana. Un segundo ejemplo es el de la Unión Europea. Si bien es cierto importantes contingentes sociales en Europa están dinamitando y ven hoy con recelo dicha unificación económica, nadie que esté seriamente documentado puede negar el beneficio económico que ella depara al continente. A quien me contradiga, invoco una única estadística lapidaria: es gracias a dicha mancomunidad económica que fue posible la creación de una cifra cercana a los 3 millones de empleos, y anualmente más de 250 mil millones de dólares en intercambios comerciales.

A partir de lo ilustrado, podemos afirmar que el ideal de unidad latinoamericana que sí es posible y conveniente, es el de este modelo de carácter económico. Allí se conserva la independencia política de los Estados, estableciendo a la vez una fortísima aleación comercial y financiera sobre bases jurídicas firmes e igualitarias, las cuales no serían alteradas por la sola voluntad de algún tiranillo de baja estirpe, que oprima alguno de los Estados latinoamericanos integrantes de la mancomunidad. Este tipo de comunidad económica generaría innumerables ventajas, que beneficiarían a los latinoamericanos en el crecimiento exponencial, entre otros, de aspectos tales como: a) circulación de bienes y servicios a lo interno de nuestros propios mercados latinoamericanos, b) productividad y empleo general a lo interno de nuestras economías, c) potencia negociadora latinoamericana frente a los otros polos económicos del mundo, d) mayor capacidad de reacción reguladora frente al poderío de los intereses transnacionales, e) garantías de seguridad jurídica, tanto para el consumidor, como en relación al intercambio financiero y comercial de los productores e industriales latinoamericanos entre sí, f) mayor atracción de inversión hacia el subcontinente, g) mayor capacidad de acceso y a un costo mucho menor, de los sistemas latinoamericanos de internet, telefonía y comunicación general, h) una mayor capacidad de acción que permita generar presión económica contra los sistemas opresores. Cité siete ilustraciones dentro de muchas más posibles. Dadas las condiciones de desventaja en la que estamos los latinoamericanos frente a los demás polos de poder económico mundial, intentar una quimera de tal naturaleza nos ofrece un mundo que ganar.  fzamora@abogados.or.cr

EL SER DE LA CULTURA PRODUCTIVA

Dr. Fernando Zamora Castellanos

Abogado constitucionalista.

Publicado en el Periódico La Nación:

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Un desafío urgente es la reactivación de la productividad y el empleo. Como la realidad inobjetable es que nuestra realidad fiscal nos impide continuar con la “era dorada” del Estado empleador, nuestra única salida es el estímulo de la actividad productiva privada. Amerita advertir entonces que si a lo que aspiramos es a más empleos, entonces lo que debemos generar es empleadores, pues son ellos los que producen los empleos. La paradoja es que, en esta era de cambios drásticos, en donde los oficios poco tiempo después se tornan obsoletos, la clase política latinoamericana sea tan dada a prometerle a la juventud empleo, siendo que lo que el joven debe reclamar del gobernante, es que le facilite el camino para ser emprendedor. Por ello, urge comprender lo que requerimos para convertirnos en un entorno apropiado para la generación de empleadores. Veamos. Silicon Valley –en el Valle de Santa Clara, California-, es una de los lugares más prósperos del mundo. Esto por una razón: es un núcleo urbano que concentra infinidad de empresas de alta tecnología. Atraer ese tipo de actividad productiva es una lógica aspiración de cualquier dirigente político sensato. Si bien es cierto, muchos países lo intentan mediante regímenes legales de excepción, eso no basta. Atraerlas solo es posible si sus habitantes abrazan una cultura de innovación, una cultura de emprendedores. ¿Qué implica dicha cultura? Lo primero que la condiciona, es la vocación abierta de la sociedad. Por el contrario, en las sociedades cerradas, es imposible generar el entorno indispensable para la productividad, pues al ser hiperreguladas, poseen sistemas normativos donde no hay margen de acción al carácter y criterio ético del ciudadano. Son sociedades controladas. Esto porque son comunidades donde se valoran las normas en menoscabo de las libertades. La tercera característica de este tipo de sociedades es que son altamente burocratizadas, y además altamente centralizadas. Una quinta característica de las sociedades cerradas es que son comunidades de privilegios y nomenclaturas. Las castas que se enquistan en su control público gozan de importantes prebendas.  Por eso es que éstas se ven obligadas a un progresivo e interminable crecimiento de las cargas fiscales.

La última característica es que son sociedades de mucha ideología pero escasa cultura. Es inimaginable el daño que los modelos educativos hacen a la cultura emprendedora, cuando estimulan en el estudiantado ideologías y programaciones mentales que propician la confrontación social o de clases. De ahí la vital importancia de la educación de calidad. Para alcanzar una cultura de alto coeficiente productivo, se requiere un modelo proclive a formar jóvenes con vocación de riesgo y emprendimiento. La educación del siglo XXI debe tener como finalidad primaria la potenciación de la iniciativa. Refiriéndose al  gran orbe de la hispanidad, en donde nos incluimos los países herederos de España, Felipe González sostenía que nuestro principal déficit para dar el salto hacia el futuro, es nuestra carencia social de espíritu emprendedor. Y como ejemplo de ello ofrecía el caso de su país, que no es distinto al del resto de nuestras naciones hispanoamericanas, legatarias de esa herencia. En nuestros países los estudiantes acuden a las universidades básicamente con el sueño de convertirse en funcionarios. Se refería a ese espíritu “burocratizado” que entiende que la plena realización depende de la consecución de un empleo permanente que garantice un ingreso hasta la muerte. Y aquí el problema es que -en la vorágine de la cuarta revolución industrial-, esa aspiración de una experiencia laboral pétrea es prácticamente inviable. En la productividad humana de hoy, lo que cuenta es el elemento inmaterial de la innovación y el cambio. Las economías que en este siglo prosperan, no lo hacen por su capacidad de producir materia prima, sino por la de agregar valor intelectual innovador a ella. Es la razón por la que, una compañía como Google, casi inmaterial y sustentada en la inventiva tecnológica, ha conquistado productos económicos brutos superiores al de muchas naciones del tercer mundo, cuyas geografías son plétoras en materia prima. Es también la causa por la que los indicadores del desarrollo laboral del Banco Mundial para los primeros años de este siglo, aseguran que frente al 30% que aportan la industria y la agricultura al producto bruto mundial, los servicios lo hacen en un 70%.

Esencialmente, de lo que se trata la educación para el emprendimiento es en invertir en “capital” humano, entrenando al estudiante en tres aspectos: el primero de ellos, el estímulo a la vocación de riesgo. La educación para el emprendedurismo también debe implicar el entrenamiento en las capacidades para superar el fracaso, o la resiliencia, tal y como denominan los psicólogos a dicha actitud de vida. El tercer aspecto, y por cierto el más importante de ellos, es que el joven obtenga absoluta consciencia de que su responsabilidad y misión de vida es añadir valor a su entorno social. En otras palabras, que tenga la capacidad de comprender que, para aportar a la comunidad, está obligado a emprender. De lo contrario, no será sino un perenne acreedor de la sociedad, un asiduo requirente, un impetrador. Así las cosas, el nuevo esquema de formación vocacional no puede ya limitarse a la simple transmisión de conocimiento.

Pero para alcanzar el entorno del emprendimiento, el Estado no solo está obligado a ese aspecto formativo. El artículo 50 de nuestra Constitución Política, lo obliga a estimular la producción para producir riqueza. Pues bien, en el mundo contemporáneo no hay tal posibilidad si no se genera un entorno amigable a la cultura productiva. Indefectiblemente, esto implica la planificación y ejecución de políticas públicas en otros dos aspectos básicos. Como ya vimos, el primero consiste en  repeler los sistemas jurídicos hiperregulados, pues las sociedades que prosperan, son aquellas en donde existen menos dificultades para que el ciudadano ponga en práctica las ideas productivas que imaginan. Para defender este argumento basta la estadística: el talentoso investigador Emilio Zevallos, documentó profusamente los datos que demuestran cómo el alto costo de complejidad legal perjudica la activación productiva. El otro aspecto es la política de atracción de inversiones. Richard Caves y John Dunning, resumen de lo que se trata: seguridad jurídico-política, respeto a la propiedad, incentivos tributarios, infraestructura adecuada para su logística, y sociedades con capacidad de ofrecer a los inversores, servicios complementarios razonablemente eficientes y a un costo razonable.  fzamora@abogados.or.cr