Dr. Fernando Zamora Castellanos. Abogado constitucionalista
La idea de que el
Estado financie los procesos electorales de los partidos, nació con el objeto
de que éstos no cayeran en manos de los que pudieran subvencionarlos, y que, además, el
poder no se concentrara en los mismos personajes políticos que controlaban el
acceso a ese financiamiento, algo que lamentablemente sigue sucediendo. Las
reformas electorales que crean la deuda política básicamente surgen porque en
el pasado existían pocos medios de información, por lo que comunicar era muy
caro. Además, el transporte era de difícil acceso a la gente. Hoy se informa
por muchas vías digitales que no son caras, e incluso la gente se moviliza a
votar por sí misma. Desde el arribo de la revolución del conocimiento, existen múltiples vías digitales económicamente accesibles por medio de las cuales la
gente se informa. Y el acceso
de la población a los medios de transporte, con mejores vías de comunicación y
facilidades vehiculares es mayor, lo que provoca que el votante vaya por sí
mismo a la urna. Así tenemos como hecho demostrado que las campañas correctas,
o sea, las dirigidas a la educación e inteligencia de los ciudadanos, serán
cada día más baratas.
Tal es la razón por la cual, en las naciones modernas con
alto nivel educativo, actualmente las campañas políticas tienden a ser cortas y
austeras. Además, más que en la simple propaganda, el esfuerzo se concentra en
la exposición de las propuestas e ideas, y en la información de los planes de
acción que ofrecen los partidos. Esta tendencia se orienta en la línea de responsabilidad
de los tribunales electorales para que las campañas vayan cada vez más
dirigidas hacia el intelecto del ciudadano por medio de la información sobria y
bien documentada, y cada vez menos hacia la manipulación a través de la publicidad,
o aún peor, a través de un estilo de mercadeo de ese género que ahora llaman
“neuromarketing”, que aspira a invadir las emociones temporales y el
subconsciente humano.
Los signos externos y la parafernalia visual de una
campaña, responden más a una era atávica del activismo electoral, y quienes
ponen en ello su confianza han visto desmoronarse irremediablemente sus sueños
políticos. Lo que hoy cuenta es la solidez o coherencia del planteamiento, la
firmeza del líder al momento de defender sus convicciones, y la agudeza y
claridad del mensaje. Ahora las campañas políticas exitosas dependen, más que de
una adecuada gestión publicitaria, de una acertada comunicación de ideas. Así las cosas, donde no se justifica una
campaña costosa, no se justifica una deuda política alta. Y en un sistema
electoral con una deuda política baja, tampoco debe justificarse un
procedimiento enrevesado de cobro de esa deuda.
Cinco son los principios que deben observarse al
momento de reformar la legislación en materia de financiamiento a los partidos.
El primer principio es el de frugalidad en el gasto de los recursos públicos.
Debe entenderse que moderar y disminuir el gasto en deuda política debe ser un
objetivo permanente. El segundo principio es el de control y vigilancia
jurisdiccional que está resguardado mediante el artículo 96 constitucional, que
obliga a los partidos a rendir cuentas ante nuestro tribunal electoral antes de
recibir el aporte estatal. Este control debe mantenerse. El tercer principio es
el de simplificación de los procedimientos, pues es una realidad que dicha
inspección ha caído en una dinámica alambicada, carísima y que obliga a los
partidos a recurrir a fideicomisos bancarios ultraregulados que encarecen el
uso del financiamiento estatal, y por tanto “elitizan” el ejercicio electoral. En
otras palabras, debe mantenerse la transparencia y control que el Tribunal
supremo de elecciones realiza, pero deben simplificarse los procedimientos.
Ello para que sean posibles dos objetivos: continuar bajando los montos de la
deuda política y que los partidos políticos no caigan bajo el férreo control de
élites financieras. El cuarto principio
que debe defenderse en la reforma electoral sobre el financiamiento de
partidos, es el que permite el financiamiento indirecto de los procesos
electorales por medio de nuestro tribunal electoral. Este tipo de
financiamiento, mucho más democrático y eficiente, es el que permitiría al Tribunal
Supremo de Elecciones, -por ejemplo-, disponer de recursos de la deuda para
pagar de propia mano transporte electoral masivo el día de las elecciones
nacionales, de tal forma que ese día el votante pueda trasladarse a las urnas
gratuitamente. O bien, que el Tribunal haga pagos directos a los medios de
comunicación, para permitir que, en dichos medios, expongan sus propuestas uniformemente
todos los partidos políticos.
Finalmente, un quinto principio es el que procura
unificar elecciones, y así generar una suerte de “economía procesal” mediante
la acumulación de procesos electorales. Por eso, otro cambio fundamental que
debe aprobarse, que haría muchísimo como un avance monumental en la reducción
del costo de las campañas electorales, es unificar la elección de Presidente y
diputados, con la elección de autoridades municipales, tal y como estaba
previsto en el pasado, hasta que, por no sé qué insensata razón, decidieron
separar ambas elecciones, y con ello aumentar el costo y el cansado activismo
electoral. Recordemos que, según la resolución 0669-E10-2021 del TSE, la
elección de febrero del 2022 nos costó, en aporte del Estado a los partidos,
casi 20 mil millones de colones, y que la próxima elección municipal del 2024 nos
costará once mil millones más. Ahora ya no solo tenemos una larga y cara campaña
electoral cada cuatro años, si no que ahora la tenemos también cada dos años.
Esa división de dos elecciones no es conveniente, porque además de encarecer el
costo electoral para el bolsillo de los costarricenses, (ya no solo tenemos una
elección nacional sino dos), provoca un activismo electoral que distrae a la
clase política respecto de las necesidades reales del país. No olvidemos que la
anterior campaña talvez fue la de menor nivel moral de
las últimas cuatro décadas, con un costo además de casi 5 mil colones por voto.
fzamora@abogados.or.cr
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