Dr. Fernando Zamora Castellanos.
Abogado constitucionalista
¿Cómo era la Costa Rica de setiembre y octubre de 1821, cuando abandonamos nuestra condición de provincia de la Capitanía General de Guatemala? La primera reflexión que amerita señalar, es que Costa Rica y Uruguay comparten una singularidad histórica común que los diferenció de gran parte de América latina, y es que los territorios donde hoy se asientan ambos países, estaban escasamente poblados al momento de la conquista hispanoamericana. Eso provocó que finalmente ambos países, más que conquistados, fueran territorios colonizados. Tanto así que, por ejemplo, nuestro país conoció la experiencia del minifundio, otra singularidad que nos diferenció del resto americano. Dicha realidad permitió que a nuestro país no le sucediera lo que ocurrió con nuestros vecinos centroamericanos, en donde grandes mayorías de su población nativa fueran sometidas a sangre y fuego, generando desde un inicio abismales diferencias socio culturales. En el caso específico de Costa Rica, esta situación de despoblamiento ocurrió por ser un territorio fronterizo; frontera de las dos grandes masas continentales y culturales de nuestro continente. En el extremo sur de la gran cultura mesoamericana, la etnia más importante ubicada en ese límite fue la Chorotega, y con ellos finalizó esa gran zona de influencia. Por otra parte, lo que hoy es el tapón del Darién, simboliza el aislamiento en el que estuvo el sur de Costa Rica y lo que ahora es Panamá, del resto de la gran masa continental sudamericana. Recordemos que Panamá era una de las más lejanas regiones de lo que en ese momento fue el Estado de la Gran Colombia, que para 1821, unificaba lo que entonces fue la Nueva Granada, Quito, Guayaquil, Venezuela y Panamá.
Para
la edad de nuestra independencia, la inmigración hacia Costa Rica era
básicamente de españoles y centroamericanos, pues tal como lo describe Iván
Molina en su obra sobre el legado colonial de la época, ambas corrientes poblacionales
abarcaban el 80% de la población inmigrante. Por las favorables condiciones
climáticas, que Constantino Láscaris describió como una permanente primavera
dividida en dos estaciones, -una lluviosa y otra seca-, la gran mayoría de la
población, especialmente la proveniente de Europa, se asentó en el gran valle
central, que para entonces concentraba a más del 80% de los colonos de la
provincia. La economía se caracterizaba por un mercantilismo incipiente, donde
las actividades principales eran la minería, la siembra y comercialización del
tabaco, la caña de azúcar, y además alguna ganadería, forjadas por una
población que, en el valle central de aquel período, era básicamente española y
mestiza, abarcando entre ambos casi el 70% de la población valle-centrina. Los
indígenas se acercaban al 15% de los habitantes y aproximadamente un 5%
correspondía a otro tipo de pobladores, dentro del cual estaba cerca del 1% de
afrodescendientes, que para 1821 aún era una población escasa, pues las oleadas
fuertes de dichos inmigrantes ocurrieron después de la década de 1870, y en función
de los efectos del contrato de construcción del ferrocarril y el desarrollo del
enclave bananero. En lo que entonces eran Puntarenas y Guanacaste, la
estadística aumentaba a un 20% de la población zambo y parda.
Desde
su colonización y hasta la fecha de instauración como nación independiente, la
nuestra fue además una patria con una población aislada, de montañeses
asentados en estribaciones de cordilleras y en los valles del centro del país, que
no es territorio de un único valle, sino de multiplicidad de ellos. Láscaris
sostenía que nuestra inmigración española no fue uniforme, o sea, que no
provenía de una única región de España ni de un grupo étnico específico. Lo
cierto es que muchos de ellos vinieron por accidente, pues su destino inicial de
emigración era otro, o bien, había diferentes razones por las cuales
encontraban adecuado establecerse en esta provincia fronteriza, que era una zona
tan remota. Muchas veces los motivos estaban asociados a las persecuciones que
amenazaban a algunos colonos, propiciadas por las autoridades centrales de
España, y por distintas causas, como lo eran entre otras, deudas personales, cobros
por obligaciones tributarias, cuentas pendientes con la justicia, y hasta por
motivos religiosos, tal como le sucedió a buena cantidad de inmigrantes que era
de origen sefardí. Recordemos que, en buena parte de su desarrollo, el imperio
español gestó una sociedad que, además de rigurosa en el orden impositivo y
aduanero, lo era también en el eclesiástico.
En
los distintos valles que configuraban la geografía intermontana central de la
Costa Rica de 1821, se habían consolidado importantes poblaciones, lo que después
de nuestra independencia se tradujo en caldo de cultivo para luchas intestinas que
enfrentarían a esas comunidades periféricas contra Cartago, que entonces era la
más importante “ciudad-Estado”. Hasta el punto que dicha ciudad perdería su preeminencia
como capital de nuestra incipiente patria. En las circunstancias de la
independencia, la realidad política costarricense se dividía entre el
protagonismo de dos fuerzas políticas principales: por una parte, la
legitimación real derivada en la figura del Gobernador colonial y su cuerpo de
funcionarios inmediatamente dependientes de él, y quienes, por la pobreza
propia de nuestra sociedad colonial, era un estamento escaso y sin mayor
capacidad económica. La otra fuerza eran los ayuntamientos, o cabildos, que
velaban por los intereses públicos de las comunidades importantes y que, desde
el punto de vista socioeconómico, estaban integrados por ciudadanos
prominentes, casi siempre comerciantes o productores agropecuarios destacados. Por
su papel como contribuyentes del sostenimiento financiero de los funcionarios
coloniales, los cabildos tenían gran influencia en la realidad de la Costa Rica
de principios del siglo XIX, y es la razón por la que, al momento de la
determinación respecto de qué hacer con la noticia independentista proveniente
de la diputación de León, la última palabra fue la que emitieron los
ayuntamientos. Independencia que en realidad se consolidó a la vida jurídica el
29 de octubre de 1821, y no el 15 de setiembre. Pero ese es otro tema, que no
corresponde al del artículo de hoy. fzamora@abogados.or.cr
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