Publicado en el Periódico La Nación bajo las citas:
Dr. Fernando Zamora C.
Abogado Constitucionalista
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso estudia aprobar
el proyecto de ley #19.062, que es –irónicamente-, claramente atentatorio
contra esos derechos. Una iniciativa que, de aprobarse, atropella el derecho
constitucional de objeción de conciencia. Para aclarar al lector, dicho derecho
es la capacidad de abstenernos de realizar actos que contravienen nuestros ideales
y valores éticos. Para quien no es diestro en discernir las implicaciones
escondidas tras los conceptos jurídicos, las expresiones del proyecto de ley le
resultarán frases con loables objetivos. Pero la realidad es que ellas encierran
graves devaluaciones de la libertad. Es una nueva amenaza a la ciudadanía y a
los medios periodísticos, que se oculta bajo la inocente apariencia de defender
los derechos humanos. Veamos algunas razones. La eventual ley impone 3 años de
cárcel a todo aquel que realice actos que el proyecto denomina de “discriminación
cultural”, y además impone otra pena idéntica a aquel que publique información
que “discrimine culturalmente”. La pena se agravaría si tal discriminación fuese
hecha por los medios de comunicación. Ahora bien, el problema de fondo surge
cuando nos preguntamos, ¿qué es discriminar culturalmente? Al escrutar la respuesta, descubrimos que ejercer
la cultura ciudadana implica asumir una cosmovisión particular de la existencia.
Por ello, asumir una filosofía -o por ejemplo una ideología-, es un acto propio
de cultura. Así las cosas, cuando asumo una convicción, es porque he decidido discriminar
otras. Si decidí -por ejemplo-, ser demócrata cristiano, es porque discriminé otras
concepciones políticas o filosóficas. Si se es demócrata cristiano, es porque antes
se discriminó otras opciones contradictorias a ella, como es el existencialismo
de Sartre, o el deconstruccionismo de Jacques Derrida. O bien, quien decida
abrazar convicciones judeocristianas, debe discriminar una cosmovisión
materialista o atea de su existencia. Esto es así porque escoger es
discriminar.
Desde esa perspectiva, lo que el Partido Frente Amplio provocaría con
el proyecto de ley que promueve, es que aquí una persona irá a la cárcel por ejercer
su derecho de asumir convicciones culturales. En esencia, es el atropello al derecho
de objeción de consciencia. Cuando como ciudadano se asumen determinados valores
culturales, es porque necesariamente discriminamos aquellos que consideramos
que atentan contra lo que es ideal. La pregunta en este punto es, ¿se pretende ahora
imponer cárcel por las discriminaciones culturales que día a día hacemos? Por
otra parte, el proyecto establece un segundo tipo penal que contiene peligrosas
implicaciones. De prosperar la iniciativa, puede ser igualmente penado con
prisión de hasta 3 años, a aquel que ejecute actos de discriminación sustentada
en motivos de orientación sexual. Esta frase encierra igualmente una pretensión
que aparenta buenas intenciones, pero lo que realmente significa es, por
ejemplo, que el propietario de un negocio familiar tampoco podrá ejercer su
derecho a la objeción de consciencia para impedir una escena romántica, si su
objeción se sustentó en la orientación sexual de los intervinientes. Allí, una
vez más, la abolición del derecho
constitucional por medio del cual, nadie puede ser obligado a realizar aquello
que contraviene sus propias convicciones.
La historia refiere que en el siglo VII a.C., Atenas
conoció un legislador de Tesalia que se caracterizó por el extremismo y
severidad de sus leyes. Su nombre era Dracón. Tanta era la rigurosidad de sus
códigos normativos, que hoy cuando los abogados nos referimos a una disposición
de excesiva dureza, le llamamos “draconiana”. De igual forma, en nuestro país, ahora
se pretende remediarlo todo por la vía de encarcelar a los ciudadanos. Pretendemos
ahora ir contra la corriente del derecho moderno, que entiende que muchos de
los problemas sociales deben ser enfrentados -más que con la criminalización de
las conductas-, con una elevación de la cultura social y de los niveles
educativos de la población. Porque toda decadencia social no es sino el
resultado de la devaluación de la cultura. Cuando veo un proyecto penal que
agrava sus sanciones si la información que censura se difunde a través de un
medio de comunicación, no puedo pensar en otra cosa sino en una típica ley
mordaza. Un proyecto que atenta, al menos, contra siete libertades básicas: la
de consciencia, la de expresión, opinión y difusión del pensamiento, la de
enseñanza, asociación y culto. Hasta ahora, solamente las iglesias -y algunos
medios de comunicación que se han sentido amenazados-, le han salido al paso a
la iniciativa.
Un proyecto de ley que limita libertades individuales utilizando
tipos penales vagos y conceptos imprecisos, como lo es imponer prisión por
“discriminar culturalmente”. ¿Cómo justificar un proyecto de este tipo? Se pretende
justificar en el hecho de que intenta resguardar la tolerancia y por este
indicio sabemos que se trata de una iniciativa típicamente postmoderna. En
palabras de Giles Lipovetsky, en las sociedades postmodernas es necesaria una
suma exaltación de la tolerancia porque el individualismo hedonista se ha
vuelto legítimo y ya no encuentra oposición. Por eso Vargas Llosa denunciaba
que hoy los valores dominantes son el estímulo de los sentidos y el placer. A
raíz de tal hecho, estas sociedades requieren establecer una ética de mínimos,
pues una de estándares altos representa una barrera que obstaculiza su objetivo.
Es por ello que el posmodernismo preconiza el abandono de todo tipo de verdad o
convicción. Es una arremetida frontal contra el mismo concepto de verdad, y como
en las sociedades postmodernas no debe haber verdad, tolerarlo todo pasa a ser,
en sí mismo, un fin absoluto. El grave problema al que se enfrentan las
sociedades que hacen de la absoluta tolerancia un ideal en sí mismo, es que al
final del camino se convierten en sociedades altamente intolerantes y con bajos
estándares éticos. Y dicha hostilidad se dirige contra todo aquel que pretende abrazar
una alta convicción, o luchar por ella. Precisa ilustración de esa peligrosa intolerancia,
es este proyecto de ley. fzamora@abogados.or.cr
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