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miércoles, 16 de marzo de 2016

EL ESPEJISMO DEL PARLAMENTARISMO


Dr. Fernando Zamora Castellanos.
Abogado constitucionalista


En algunos sectores cultos de nuestra sociedad, últimamente hay una propensión a creer que, para avanzar hacia el desarrollo, debemos trasladarnos hacia una forma de gobierno parlamentaria. La primera razón que esgrimen es que hoy el Congreso se encuentra políticamente fragmentado, y que un sistema parlamentario se adecuaría mejor a esa difícil realidad. Sin embargo la experiencia refuta este primer argumento. Un ejemplo implacable es la actual realidad del parlamentarismo español. Como resultado de su actual atomización política, España tiene serios problemas de gobernabilidad, al punto que llevan meses sin poder armar gobierno. El sistema parlamentario ibérico funcionó bien durante la época del bipartidismo, y no me atrevería a afirmar que el parlamentarismo es responsable de la actual crisis de fragmentación política española, pero la realidad es que, pese a tener un régimen parlamentario, la nación está paralizada. Esto es así porque el disenso político es una circunstancia de la cultura, y nunca de la forma de gobierno. En un escenario de disenso político y de atomización del poder, no existe forma de gobierno que, por sí sola, resuelva los problemas de gobernabilidad. Por el contrario, importantes pensadores como el asturiano Adolfo Posada, sostuvieron en el pasado posiciones críticas contra el parlamentarismo. Analistas de hoy lo secundan al afirmar que, lejos de colaborar en la salida, ese sistema ha contribuido a la incertidumbre durante estos meses en el que España no arma gobierno. Están convencidos que el parlamentarismo tiende a agravar la ingobernabilidad en escenarios políticamente fragmentados. Y la realidad, -que es inmisericorde-, les da la razón. Igual ha sucedido en otras latitudes. Con su sistema parlamentario, en varias ocasiones Italia ha debido sufrir meses sin formar gobierno, lo que la ha sumido en períodos de irritable estancamiento; la última crisis grave en el año 2013.

El segundo argumento de quienes aspiran con la vuelta del parlamentarismo es que, en aquellas sociedades con profundas divisiones políticas, este modelo facilita la interacción, la negociación y la comunicación de sus fuerzas. Pero la experiencia práctica también desacredita este argumento. Ejemplo de ello es Haití, una nación que, pese a su régimen semiparlamentario, vive sumida en una situación de división, agitación y estancamiento político permanente. La fragmentación de las democracias no tiene su origen en el sistema de gobierno, sino en el estado cultural de las naciones. El problema es cultural, no estructural.    

El tercer argumento invocado afirma que el parlamentarismo alcanzará el ideal de la democracia participativa. Esta tesis es igualmente equivocada pues el parlamentarismo no calza con la nueva escena de la democracia participativa. Tanto el presidencialismo como el parlamentarismo son,  -absolutamente-, instituciones de la democracia representativa, que es hija anciana de la edad moderna, y de cuyo auge fue testigo la sociedad industrial que fenece. Sea con regímenes parlamentarios o presidencialistas, el disenso político representa, por sí solo, una realidad crítica cuya existencia no se soluciona con la sustitución de un régimen de la democracia representativa, como lo es el presidencialismo, por otro régimen que es, igualmente, de la democracia representativa, como el parlamentario. Cualquiera de ambos, son regímenes en donde el ciudadano delega su poder. No más.

El asunto requiere comprenderse desde otra perspectiva. La democracia participativa es un concepto novedoso. Es hija de la era digital del conocimiento, en donde el ciudadano, gracias a la inmediatez de la tecnología, participa cada día en la actividad de la polis de forma más directa e inmediata. Así el parlamentarismo es, para la era digital, una institución del “ancient régime”. Propugnar por el regreso de los parlamentarismos, es transitar en contravía de la historia. La etapa de la tercera revolución industrial en que la humanidad actualmente entra, está forjando una democracia que tiende a poseer dos características básicas que no embonan con el parlamentarismo. Por una parte, es una democracia que prioriza la toma de decisiones en lo local. Si hubiese que definirla con otra expresión, la podríamos llamar democracia de cabildos. Karl Loewenstein las denominó “directoriales”. En ellas el epicentro del poder es el escenario local. La participativa es una democracia descentralizada, horizontal, local y reticular, tal y como tienden a ser las organizaciones humanas de la actual era postindustrial.  Por el contrario, el parlamentarismo, como toda institución propia de la vieja edad moderna e industrial, es un sistema centralista y vertical.

La otra característica básica de la democracia participativa, es la inmediatez dinámica que la tecnología digital está permitiendo. La democracia participativa es una “democracia digital”, pues, además de su naturaleza local, su naturaleza es también tecnológica.  Estoy convencido que en los próximos años, conforme se popularice la cultura digital, y avance el desarrollo de prácticas como la firma digital, la huella digital, o el encriptamiento de datos y votos, entre otros, se implementará la consulta ciudadana permanente a través de prácticas novedosas como el cibervoto. De hecho, tanto en Costa Rica como en otros países, el ejercicio del “gobierno digital” es ya una realidad en materias de particular gravedad, como lo son, entre otras gestiones públicas, las licitaciones, los concursos públicos, la inscripción jurídico-registral de empresas, o la notificación y presentación judicial de escritos y documentos. No se tenga duda que también las consultas populares en materia de políticas públicas, constantes e inmediatas y por medios informáticos, serán una realidad en un futuro cercano. Así como hoy se impone un “gobierno digital”, las próximas generaciones verán una “democracia digital”.  

Así las cosas, ante la posibilidad de una realidad participativa de tal envergadura democrática, ¿por qué invocar el regreso del parlamentarismo costarricense? Es convocar un aquelarre para invocar el espíritu de un muerto. Y me refiero al “regreso”, pues en el Siglo XIX Costa Rica vivió un breve período de parlamentarismo bicameral. Frente a las apremiantes necesidades de desarrollo estructural que entonces tenía el país, fue sustituido porque no operó bien en aquella realidad. Advirtamos que, pensar en el regreso de una institución como el parlamentarismo, es pensar en la vuelta de un modelo diseñado por la nobleza europea al final de la edad media. Un sistema forjado con el objetivo de enfrentar el poder de los reyes. Es volver a la carbolina en tiempos de penicilina. fzamora@abogados.or.cr

jueves, 16 de julio de 2009

La encrucijada de la constituyente

Dr.Fernando Zamora Castellanos
De aprobarse el proceso constituyente, parece que estaremos cautivos de una disyuntiva: encaminarnos hacia la necesaria descentralización y con ello, a una mayor democratización del poder político, o a la inversa, ir hacia su concentración. Lo infiero de las manifestaciones y propuestas esgrimidas en los últimos días por quienes han opinado sobre el tema. En este periódico escribí días atrás sobre su necesidad sobre la base de que el país debía enrumbarse hacia un sistema constitucional que permitiera sentar los fundamentos de la impostergable descentralización, y en donde el protagonista fuese el poder local. Esto con el objetivo de desatar la participación de una cada vez mayor cantidad de nuevas fuerzas sociales que coadyuven en el desarrollo nacional. Sin embargo, a raíz del anuncio gubernamental, otros sectores han aprovechado para promoverla con la intención inversa de fortalecer el agotado modelo presidencialista central, algo así como inyectar estimulantes a un cuerpo que ya emite estertores. El espíritu que los motiva se sustenta en una premisa incierta: que si el sistema le otorgase al gobernante más poder político, la gobernabilidad sería más eficaz. La tesis, en apariencia bondadosa, es un espejismo. Con escasas excepciones, la historia humana, -incluso la que hoy se escribe-, ha demostrado lo contrario: que la concentración del poder insufla la ingobernabilidad y alimenta la corrupción. Ejemplo son las actuales experiencias de Venezuela o Bolivia, donde sus presidentes promueven referendos y constituyentes con la evidente intención de concentrar el poder. Amén del hecho de que la era del conocimiento, paradigma del nuevo tiempo histórico que hoy vivimos, lo que demanda es participación y desconcentración del poder y no lo contrario. Peor aún, algunos azuzan la pretensión de promover cambios que eliminen controles propios entre los distintos poderes del Estado y para ello insisten que puede lograrse sin la molestia de convocar constituyente. Como bastan reformas legales para desmarcarse de lo que consideran un molesto sistema de controles públicos, he escuchado incluso la propuesta de eliminar el efecto suspensivo garantizado por el artículo 41 de nuestra jurisdicción constitucional, barrera contra las actuaciones arbitrarias de la administración. Lo que sería un rudo golpe contra nuestro sistema de control administrativo, pues dicha medida ha representado, sin duda, un arma eficaz contra los abusos del poder. Incluso un pensador del derecho tan respetado como el Dr.Hernández Valle, ha caído en esa tentación, según leímos en un artículo publicado en un diario nacional. En síntesis, proponen acudir en sentido contrario al que han venido marchando sistemas constitucionales modernos que han desechado la centralización presidencialista. En Suiza distribuyeron el poder en las administraciones públicas locales, trasladando a ellas funciones vitales y resultó tan eficaz el sistema, que hoy su Constitución traslada en los cantones aspectos como la seguridad y la protección de la población, la educación pública general, incluida la superior, la cultura, la protección del medio ambiente, el desarrollo y administración de la infraestructura de las aguas, las conciliaciones extrajudiciales, -y aunque la sección décima de la Constitución Suiza mantiene la promulgación de la legislación civil y penal como competencia del poder central-, traslada al poder local la administración de justicia. En materia fiscal esa Constitución establece un adecuado equilibrio fiscal entre el poder central y los cantones, obligando a la Confederación a establecer principios que permitan armonizar los impuestos directos del poder central, y el de los cantones y municipios. Aunque parezca increíble, aquel país ha llegado al traslado de competencias cantonales aún en materia de investigación científica o carreteras nacionales, tal y como disponen los artículos 64 y 83 de su Constitución. Por el contrario, en la actividad pública costarricense el poder local es prácticamente inexistente como factor de solución real de los problemas de la comunidad. Hasta hace poco, todo el presupuesto de las 81 municipalidades del país resultaba en un mendrugo de tan solo un 1,6% del total del gasto público, y una transformación constitucional trascendente, por ejemplo, debería implicar una delegación tributaria que permita el traslado de buena parte de la recaudación fiscal a la administración local. Y este tipo de cambios si ameritan la Constituyente. fzamora@abogados.or.cr

lunes, 11 de mayo de 2009

La tentación antidemocrática criolla

Dr.Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista
Publicado el día 11 de mayo del 2009 en el Periódico La Nación
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/mayo/11/opinion1960356.html

Uno de los grandes logros de la revolución de 1910, que costó la vida de diez millones de mexicanos, fue la conquista del principio: “Democracia efectiva: no reelección”. Dicho lema, por el que ofrendaron su vida millones de ciudadanos, representaba la consigna estandarte que permitió desterrar para siempre la reelección del marco constitucional de aquella nación.
Esto, por cuanto la experiencia había demostrado que el sistema de reelecciones estimulaba la concentración del poder y, de paso, la corrupción. El espíritu que usualmente motiva las propuestas que facilitan la concentración del poder se sustenta en una falacia: que la legitimidad del gobernante radica, más que en la nobleza de sus ideales y la coherencia de su práctica, en la cantidad de poder real que concentre.
Pero, con escasas excepciones, se ha demostrado que la concentración del poder insufla la ingobernabilidad y alimenta la corrupción. Ejemplo de ello son las actuales experiencias de Venezuela, Ecuador, Nicaragua o Bolivia, donde sus presidentes promueven referendos y constituyentes con la evidente intención de concentrar el poder, en lugar de descentralizarlo.
Protagonistas de la actividad política costarricense siguen cayendo en este tipo de tentaciones. La última de ellas se ve en los recientes intentos de algunos parlamentarios para que se permita que los supremos representantes del poder ejecutivo participen de actividades partidarias. Esto se suma a las intenciones de algunos sectores que, ante la posibilidad de una convocatoria constituyente, no albergan el ánimo de descentralizar el poder político en Costa Rica, sino que los motiva la intención inversa de fortalecer el leviatán del agotado modelo presidencialista central.
Peor aún, algunos azuzan la pretensión de promover cambios que eliminen controles propios entre los distintos poderes sin la molestia de repensar el Estado mediante la constituyente. Para ellos bastan simples reformas legales para desmarcarse de lo que consideran un molesto sistema de controles públicos. He leído incluso sobre la propuesta de eliminar el efecto suspensivo garantizado por el artículo 41 de nuestra jurisdicción constitucional, que es una barrera contra las actuaciones arbitrarias de la administración.
Proponen acudir en sentido contrario al que han venido marchando los sistemas constitucionales modernos, que han desechado la centralización presidencialista en busca de una mayor democratización del poder, y han logrado desatar la participación de una cada vez mayor cantidad de nuevas fuerzas sociales, que coadyuvan en su desarrollo nacional. Transformaciones de este tipo sí ameritarían una convocatoria constituyente, convirtiéndola en un objetivo noble.

domingo, 21 de diciembre de 2008

La constituyente necesaria

La constituyente necesaria

Fernando Zamora Castellanos
Doctor en derecho constitucional

http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=19796

La constituyente es indispensable. La magnitud de los retos de la Costa Rica actual requiere un cambio en su sistema centralista que no se puede postergar, ni es viable realizar, por la vía de la reforma parcial a la Constitución, como algunos pretenden. El país necesita una transformación que establezca un tipo de gobierno directorial. En este modelo, el centro de gravedad del poder político no está en el Ejecutivo, ni en el legislativo, sino en el poder local, cantonal y provincial, estimulando la democracia y la desconcentración del mismo. Esto hace posible la tan ansiada descentralización territorial – trasladando buena parte de las funciones del gobierno hacia formas públicas de organización local y de la comunidad-, -y en otra vía-, también a la apertura del estado costarricense a través de un proceso de descentralización sectorial, esto es, mediante el fomento de formas públicas no gubernamentales, pero supervisadas y reguladas por el Estado y en quienes se pueda delegar cada vez más tareas ejecutivas. Tal y como sucede en países más adelantados en esta experiencia, un tipo de gobierno directorial hace viable que los actores públicos locales asuman actividades típicas del gobierno central de hoy, como lo son, por ejemplo, la actividad tributaria, educativa, de seguridad ciudadana, ambiental, de desarrollo de infraestructura pública, administración sanitaria y hospitalaria, administración aduanera, portuaria y aeroportuaria, y hasta el desarrollo de proyectos energéticos. Actualmente el poder local es prácticamente inexistente como factor de solución real de los problemas de las comunidades en la administración pública costarricense. Hasta hace poco todo el presupuesto de las 81 municipalidades del país resultaba en un mendrugo de tan solo un 1,6% del total del gasto público, y una transformación constitucional de este tipo implicaría una delegación tributaria que permita el traslado de buena parte de la recaudación fiscal a la administración del gobierno local. Desde tiempo atrás países como Suiza han avanzado tremendamente en la experiencia de este sistema descentralizador directorial. Su Constitución traslada en los cantones aspectos como la seguridad y la protección de la población, la educación pública general, incluida la superior, la cultura, la protección del medio ambiente, el desarrollo y administración de la infraestructura de las aguas, las conciliaciones extrajudiciales, y aunque la sección décima de la Constitución Suiza mantiene la promulgación de la legislación civil y penal como competencia del poder central suizo, traslada al poder local la administración de justicia. En materia fiscal esa Constitución establece un adecuado equilibrio fiscal entre el poder central y los cantones, obligando a la Confederación a establecer principios que permitan armonizar los impuestos directos del poder central, y de los cantones y municipios. Aunque parezca increíble, aquel país ha llegado al traslado de competencias cantonales aún en la investigación científica, tal y como dispone el artículo 64 de la Constitución Política Suiza y en las carreteras nacionales como lo dispone el segundo inciso de su artículo 83. Por demás es conocido que el modelo de su Carta Magna le otorga gran funcionalidad a la iniciativa popular y al referendo. En Costa Rica, una nueva Constitución que establezca un modelo directorial, establecería una dinámica que permita modernizar la corporación municipal a través de la transformación de su estructura política, estableciendo un sistema de frenos y contrapesos que hoy no existe de forma real. Solo por citar un ejemplo, pese a que existe una figura ejecutiva local, -el alcalde-, y una suerte de figura legislativa, -el concejo municipal-la administración municipal no cuenta con un órgano contralor fuerte de carácter igualmente local, que sea suficientemente autónomo. Igualmente el modelo centralista no permite aprovechar modalidades de participación comunal en el desarrollo de las obras como lo son los planes cooperativos. En ellos la comunidad organizada colabora con el gobierno aportando recursos humanos, y en algunos casos, también recursos materiales para el desarrollo de la misma. Sin embargo, el actual tipo de gobierno centralista hace inviable esta modalidad de participación de la comunidad en la obra local, pese a que esta práctica es un factor exponencial que dispararía el desarrollo de obra pública. Por otra parte, el tipo de gobierno directorial estimula también otro tipo de descentralización: la sectorial. En este sentido la propuesta social demócrata se ha orientado en función de alternativas como la concesión de obra y servicio público, el fortalecimiento de empresas con participación obrera como copropietarios en la ejecución de obra y servicios, -por ejemplo las Sociedades anónimas laborales y cooperativas- y la apertura hacia organizaciones públicas no gubernamentales. El colapso del sistema constitucional centralizado en Costa Rica, es brutalmente visible, y requiere urgentemente, al menos, iniciar este nuevo camino constitucional que solo es factible por la vía del poder constituyente. fzamora@abogados.or.cr

domingo, 12 de octubre de 2008

¿Por qué es prioridad la Constituyente?

  • Un modelo constitucional directorial para Costa Rica
En 1995 la Revista Parlamentaria dedicó una de sus ediciones a un debate que se gestaba. La polémica así se resumía: ¿Era el presidencialismo, o por el contrario, el parlamentarismo, la mejor alternativa para la vida política nacional? Y lo he vuelto a oír en estos días.

En aquel momento –y aun hoy– la perspectiva del debate me pareció errada, lo que me motivó a combatir, por medio de un ensayo que en aquel entonces fue publicado, el error de reducir el análisis a aquella disyuntiva: presidencialismo-parlamentarismo. Además –por las razones que expondré–, sostuve la necesidad indispensable de una convocatoria constituyente. Repaso la tesis que entonces defendí.

Ciertamente los ya citados constituyen los dos tipos de gobierno tradicionales de la democracia representativa, típicos de la revolución industrial. En el primero de ellos, quienes controlan el poder gubernamental son un parlamento y un gobierno separados, pero constitucionalmente obligados en función de un proceso de coordinación; existe un proceso de interrelación más no de subordinación o integración, en el que –en la práctica– es el Poder ejecutivo quien asume el rol de liderazgo.

En el parlamentarismo, por el contrario, ambos poderes actúan integrados. Pese a que durante los primeros años de nuestra vida independiente, el localismo sobrevivió ante los aún tímidos intentos centralistas, nuestro país dio sus primeros pasos de la mano de claras expresiones de parlamentarismo. En principio, sin una orgánica división de poderes, a partir de 1825 con un Congreso fortalecido, e incluso con la instauración de un poder conservador senatorial y bicameral. Sin embargo, desde que se consolidó nuestro Estado nacional –cuatro décadas después de nuestra independencia–, el centralismo –y con ello el presidencialismo– fue asumido.

¿Las razones originales? Fundamentalmente fortalecer al débil Estado de la época, de tal forma que pudiese atender las urgentes necesidades de infraestructura de la agroexportación que surgía a partir del siglo XIX. De ahí que, abogar por el parlamentarismo, en sustitución del presidencialismo resulte –si se quiere– anacrónico. Es promover la vuelta a la edad antigua para librarse del oscurantismo medieval. El regreso del vapor en sustitución del hidrocarburo.

Ambos son tipos de gobierno que surgieron como respuesta a la necesidad de expresión de las democracias representativas, pero que poco ofrecen para enfrentar los retos de la era digital. Los vientos del nuevo paradigma nos obligan a promover nuevas formas de concebir el Estado, más ligadas a la idea de la participación, como concepto diferente de democracia. Desde una perspectiva doctrinaria, lo que Costa Rica requiere es cercano a lo que denominaba Loewenstein un modelo constitucional directorial, el cual estimula formas más directas de participación.

No siempre vivimos bajo la tutela del centralismo, por lo que nuestra historia ilustra tipos de gobierno que se extinguieron como producto de la evolución de nuestras condiciones de desarrollo, pero que, rediseñadas según los requerimientos modernos, podrían renacer. Además de los ayuntamientos, la alborada nacional conoció otras instituciones de democracia participativa, básicas en el fortalecimiento y promoción de nuestra gobernabilidad: el cabildo o concejo abierto, que eran asambleas generales de vecinos y comunidades. Igualmente los concejos cerrados: grupos representantes por cortos períodos para observar las decisiones asumidas. Estos últimos, embriones de nuestras actuales corporaciones municipales.
Redes de convivencia. Asimismo, dichas formas gubernamentales –por su naturaleza participativa– establecen períodos de control del ejercicio administrativo sumamente cortos, semestrales o anuales, lo que contribuye en grado sumo a la fiscalización de la actividad administrativa.

Todas esas formas de gobierno abarcaron una gama importante de campos de desenvolvimiento, a tal punto que, amén de contribuir en el desarrollo de la educación, la seguridad, las obras públicas, la administración hospitalaria y censataria –entre otras– permitió el fortalecimiento de redes y lazos de convivencia y solidaridad comunitaria. Caldo de cultivo de nuestro profundo sentido democrático.

Hoy, la irrupción de nuevas formas mundiales de creación de riqueza, están promoviendo una estructura económica global determinada por el aporte del conoci- miento y la velocidad de las infocomunicaciones, lo que, en el plano político, obliga a los sistemas gubernamentales que pretendan sobrevivir, a adoptar diseños constitucionales que permitan a sus sociedades el máximo acceso a la toma de decisiones y al control de los asuntos públicos. Tal contexto nos lleva a concluir que la supervivencia de la democracia costarricense está unida a nuevas formas de concebirla, mediante mecanismos de participación más directos, como modelos de estado regionales, comunales y de cabildo.

Lo anterior requeriría –más que de un sistema parlamentario o presidencialista– una forma de gobierno constitucional directorial. En este punto es que resulta indispensable la convocatoria constituyente, pues tal transformación del diseño de nuestro Estado, solo es viable por ese medio.

Dr. Fernando Zamora.
Abogado constitucionalista.


Publicado:La Nación, 12 de octubre 2008 http://www.nacion.com/ln_ee/2008/octubre/12/opinion1734452.html