La constituyente necesaria

La constituyente necesaria

Fernando Zamora Castellanos
Doctor en derecho constitucional

http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=19796

La constituyente es indispensable. La magnitud de los retos de la Costa Rica actual requiere un cambio en su sistema centralista que no se puede postergar, ni es viable realizar, por la vía de la reforma parcial a la Constitución, como algunos pretenden. El país necesita una transformación que establezca un tipo de gobierno directorial. En este modelo, el centro de gravedad del poder político no está en el Ejecutivo, ni en el legislativo, sino en el poder local, cantonal y provincial, estimulando la democracia y la desconcentración del mismo. Esto hace posible la tan ansiada descentralización territorial – trasladando buena parte de las funciones del gobierno hacia formas públicas de organización local y de la comunidad-, -y en otra vía-, también a la apertura del estado costarricense a través de un proceso de descentralización sectorial, esto es, mediante el fomento de formas públicas no gubernamentales, pero supervisadas y reguladas por el Estado y en quienes se pueda delegar cada vez más tareas ejecutivas. Tal y como sucede en países más adelantados en esta experiencia, un tipo de gobierno directorial hace viable que los actores públicos locales asuman actividades típicas del gobierno central de hoy, como lo son, por ejemplo, la actividad tributaria, educativa, de seguridad ciudadana, ambiental, de desarrollo de infraestructura pública, administración sanitaria y hospitalaria, administración aduanera, portuaria y aeroportuaria, y hasta el desarrollo de proyectos energéticos. Actualmente el poder local es prácticamente inexistente como factor de solución real de los problemas de las comunidades en la administración pública costarricense. Hasta hace poco todo el presupuesto de las 81 municipalidades del país resultaba en un mendrugo de tan solo un 1,6% del total del gasto público, y una transformación constitucional de este tipo implicaría una delegación tributaria que permita el traslado de buena parte de la recaudación fiscal a la administración del gobierno local. Desde tiempo atrás países como Suiza han avanzado tremendamente en la experiencia de este sistema descentralizador directorial. Su Constitución traslada en los cantones aspectos como la seguridad y la protección de la población, la educación pública general, incluida la superior, la cultura, la protección del medio ambiente, el desarrollo y administración de la infraestructura de las aguas, las conciliaciones extrajudiciales, y aunque la sección décima de la Constitución Suiza mantiene la promulgación de la legislación civil y penal como competencia del poder central suizo, traslada al poder local la administración de justicia. En materia fiscal esa Constitución establece un adecuado equilibrio fiscal entre el poder central y los cantones, obligando a la Confederación a establecer principios que permitan armonizar los impuestos directos del poder central, y de los cantones y municipios. Aunque parezca increíble, aquel país ha llegado al traslado de competencias cantonales aún en la investigación científica, tal y como dispone el artículo 64 de la Constitución Política Suiza y en las carreteras nacionales como lo dispone el segundo inciso de su artículo 83. Por demás es conocido que el modelo de su Carta Magna le otorga gran funcionalidad a la iniciativa popular y al referendo. En Costa Rica, una nueva Constitución que establezca un modelo directorial, establecería una dinámica que permita modernizar la corporación municipal a través de la transformación de su estructura política, estableciendo un sistema de frenos y contrapesos que hoy no existe de forma real. Solo por citar un ejemplo, pese a que existe una figura ejecutiva local, -el alcalde-, y una suerte de figura legislativa, -el concejo municipal-la administración municipal no cuenta con un órgano contralor fuerte de carácter igualmente local, que sea suficientemente autónomo. Igualmente el modelo centralista no permite aprovechar modalidades de participación comunal en el desarrollo de las obras como lo son los planes cooperativos. En ellos la comunidad organizada colabora con el gobierno aportando recursos humanos, y en algunos casos, también recursos materiales para el desarrollo de la misma. Sin embargo, el actual tipo de gobierno centralista hace inviable esta modalidad de participación de la comunidad en la obra local, pese a que esta práctica es un factor exponencial que dispararía el desarrollo de obra pública. Por otra parte, el tipo de gobierno directorial estimula también otro tipo de descentralización: la sectorial. En este sentido la propuesta social demócrata se ha orientado en función de alternativas como la concesión de obra y servicio público, el fortalecimiento de empresas con participación obrera como copropietarios en la ejecución de obra y servicios, -por ejemplo las Sociedades anónimas laborales y cooperativas- y la apertura hacia organizaciones públicas no gubernamentales. El colapso del sistema constitucional centralizado en Costa Rica, es brutalmente visible, y requiere urgentemente, al menos, iniciar este nuevo camino constitucional que solo es factible por la vía del poder constituyente. fzamora@abogados.or.cr

Guerras culturales y fraude a la Constitución

Dr. Fenando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista

http://www.nacion.com/ln_ee/2008/diciembre/17/opinion1814038.html

El distinguido periodista Eduardo Ulibarri, en su artículo: “Guerras culturales ticas”, opina sobre los recientes debates que se han generado en el país en torno a los temas fundamentales en que se han enfrascado los partidarios de los movimientos pro vida y el grupo autodefinido “pro elección”. Con el objetivo de defender las tesis de ese último grupo, desarrolla una defensa que tiene como base y punto de partida la afirmación de que el grupo “pro elección”, se limita a defender sus derechos a la libertad individual, promoviendo la aprobación de leyes que garanticen el ejercicio de sus propias libertades. De ahí que al inicio de su artículo anote: “En el trasfondo están los conflictos que surgen de conductas, relaciones o convicciones individuales, que unos sectores desean legitimar a partir de su libertad…” Si tomamos en cuenta que la jurisprudencia ha reconocido, de conformidad con la ideología de la Constitución, que el ejercicio de nuestra libertad está condicionada por el derecho ajeno, el argumento de Don Eduardo resulta desacreditado. ¿Por qué? En el caso de la contraceptiva píldora del día después, importantes estudios han sostenido que, dependiendo del momento del ciclo menstrual en que se use, esta puede impedir la implantación del embrión. Al ser atentatoria contra la vida del embrión, que es independiente a la de la madre, ella no puede ejercer su libertad individual sin afectar el derecho de una vida ajena. Aún en caso de duda, en materia de un derecho constitucional tan trascendente como es el de la vida, la interpretación del caso concreto no debe hacerse de forma laxa sino restrictiva. Por otra parte, el artículo aludido también nos refiere al proyecto de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Lo que en esencia pretende esta iniciativa, es legitimar y equiparar éstas como un instituto jurídico más de nuestro derecho familiar, tal y como el matrimonio o las uniones de hecho naturales. Sabemos que es así, pues si el asunto fuese estrictamente de orden patrimonial, nuestra legislación contempla a través de la diversa legislación comercial y civil, infinidad de figuras legales ya existentes de tal forma que las personas, independientemente de sus preferencias sexuales, convengan acuerdos y contratos patrimoniales entre sí. Ahora bien, bajo dicha lógica jurídica, si las uniones civiles entre personas de un mismo sexo son equiparadas como institutos familiares, -con el mismo rango y legitimación dentro del ordenamiento como las que actualmente ostentan las uniones de hecho naturales o el matrimonio-, la adopción y crianza de menores, que es un derecho consubstancial al régimen familiar natural, debe necesariamente mutar, -en razón del supuesto principio constitucional a la igualdad que han invocado-, en un derecho que tendría que ser de la misma forma otorgado a las uniones civiles entre personas del mismo sexo. De hecho, apelando al derecho a la igualdad en otras naciones esta concesión se ha dado como un paso natural, tal cual lo hicieron las Cortes de Aragón en España. Sin embargo, donde aquello sucede, se engendra una paradoja y grave contradicción, pues se viola el verdadero derecho a la igualdad de los niños que serían adoptados en aquellas evidentes condiciones de desigualdad en relación con los adoptados por parejas heterosexuales. ¿Cómo resolveríamos nosotros una contradicción de tal magnitud en perjuicio de los derechos de esos menores? El problema de fondo vuelve a ser el de una libertad, -supuestamente ejercida como propia-, que en realidad afecta derechos ajenos, el de los menores de edad, lo que es muy grave. Aunado a todo lo anterior, existe otro argumento de tanta relevancia como el ya expuesto. En la doctrina se denomina fraude contra la Constitución al menoscabo contra la ideología constitucional por la vía de la aplicación de normas o interpretaciones jerárquicamente inferiores, que contravengan los valores constitucionales, burlando, -por ese ilegítimo medio-, la esencia y espíritu de la norma impresa en ella. Así las cosas, basta una lectura a nuestra Carta Magna para determinar con claridad, y como lo ha reiterado la Sala IV en múltiples ocasiones, que los valores judeocristianos representan elementos fundamentales que informan nuestra constitucionalidad. En este punto la discusión toma un matiz mucho más complejo que impone una importante barrera contra la audaz apología que esgrime Don Eduardo, pues lo que en ninguna de estas discusiones se ha dicho es que no es posible una decisión legislativa de estas dimensiones sin antes imponer un cambio profundo de esos valores que informan nuestra constitucionalidad, lo que implica entonces, para que tengan viabilidad las tesis del ilustre periodista, un procedimiento jurídico de reforma mucho más grave que los hasta ahora propuestos. fzamora@abogados.or.cr

La apertura a la luz de una interpretación histórica

La apertura a la luz de una interpretación histórica

Fernando Zamora Castellanos
Doctor en derecho y profesor universitario

Periódico La República 15 de noviembre 2008.
http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=18353

Cuatro etapas caracterizan nuestra evolución histórica. En cada uno de estos períodos detectamos elementos propios: a) un tipo de economía característica, b) un modelo de estado nacional, c) un centro geográfico de influencia mundial propio del momento histórico, d) la caracterización de agentes sociales emergentes para cada etapa, e) mecanismos particulares de poder para cada período que fueron formando nuestro sistema, y finalmente f) cada etapa está enmarcada dentro de una confluencia de sucesos históricos, -a manera de mojones o limites simbólicos-, que delimitan el inicio y el final de cada período, dando muerte a la etapa anterior y sugiriendo la nueva. Una primera etapa, -de “prehistoria republicana”-, se inicia con la confluencia de factores que dieron origen a nuestra nacionalidad, como lo son, -entre otros-, la conquista, el proceso colonizador o la independencia nacional. Finaliza con la sucesión de hechos acaecidos en la década de 1840, que centralizaron el poder estatal e incubaron el Estado autocrático. Aquel primer período se caracterizó por tener una economía basada en la agricultura familiar de subsistencia en pequeña propiedad rural, un Estado localista, enfocado en la acción del ayuntamiento y un parlamentarismo incipiente. Europa como centro geográfico de influencia unipolar. Los agentes sociales de poder emergentes lo fueron las elites militares y eclesiales y los mecanismos fundamentales de poder, eran las milicias y la Iglesia. Una segunda etapa de evolución, es la del Estado autocrático de aspiración liberal. Arranca, con la confluencia de hechos ya indicados y que dieron origen a la fundación de la república. Se caracterizó por una economía de incipiente capitalismo agro exportador; un mercantilismo en alternancia con rasgos supervivientes de la economía de subsistencia, tendencia a la proletarización del trabajador agrícola y de concentración de la tierra. Un estado esencialmente de autocracia militar, con frustradas aspiraciones de vocación constitucional, pues fueron constantes los golpes de estado. Un centro geográfico de influencia mundial basado en la bipolaridad Europa- Estados Unidos. El agente social emergente lo fue la clase agroexportadora. El mecanismo de control fundamental lo fue el ejército, y finaliza con los hechos de la década de mil novecientos cuarenta, que indudablemente enterraron aquel contexto de estado. Una tercera etapa, que podríamos denominar, del Estado interventor-social de derecho, nace con diversos sucesos históricos, entre ellos, el proceso reformista que llevó a las garantías sociales, la guerra civil de 1948 y a la Constitución del 49. Este período se caracterizó por un capitalismo proteccionista estatalmente intervenido, fundamentalmente agroexportador, pero con fuertes pretensiones industrializadoras, vía el ensayo de lo que se denominó el modelo de sustitución de importaciones. El Estado se caracterizó por el auge del constitucionalismo presidencialista, conservando sin embargo el diseño centralista que lo caracterizó desde el régimen carrillista. El centro geográfico de influencia mundial permaneció bipolar, pero bajo el de la guerra fría. El agente social de poder emergente lo fue el estamento de profesionales que, especialmente desde la función pública, controló dicho Estado interventor. Aquí se incluyen los funcionarios que dirigieron, entre otras áreas, el monopolio del sistema financiero público y el de la energía. También fue emergente el sector empresarial industrial y agroindustrial que asumió el control de las estructuras de poder a la par del viejo sector agroexportador, antiguamente conocido como “la oligarquía”. El mecanismo de ascenso social por excelencia lo fue la función pública y sus diversas fuentes paralelas de poder, como los partidos políticos. Esta etapa inicia con los sucesos históricos ya indicados de la década del 40 y finaliza con el colapso monetario y la quiebra económica en los albores de la década de 1980. La última etapa de nuestro desarrollo, - la actual-, es la que podemos denominar, la de la cultura del conocimiento. También denominada de globalización, aldea global, etcétera. Es la era de la masificación de todas las formas de comunicación y del libre comercio global. Lo que Ortega y Gasset vaticinó en “La rebelión de las masas”. Este cuarto período se caracteriza por una tendencia al mercado global. Esto impulsa el desarrollo agrícola e industrial ligado a la alta tecnología, así mismo la economía de los servicios, como lo son los financieros, informáticos, de turismo, tecnológicos y los servicios inmobiliarios. El Estado de este período está obligado a convertirse, aunque no lo sea aún, en un poder publico regulador de carácter descentralizado y concesionario, sustentado más en mecanismos de control y participación ciudadana, que en burocracia. Este proceso abre la participación en la economía de otros actores, como lo fue el caso de la implementación de la Banca Mixta o la apertura de los monopolios. Hoy el centro geográfico de influencia mundial ya no es unipolar ni bipolar, sino multipolar. Estamos influidos por lo que pueda suceder en distintas partes del planeta y además, no existe potencia alguna autosuficiente. Un fenómeno económico o político, en apariencia ajeno a la realidad de una nación, tiene incidencia en diversas partes del planeta. De ahí que el mismo Estados Unidos buscó las asociaciones comerciales, cual lo hacen, desde años atrás, los actuales bloques europeo y asiático. Los agentes sociales de poder emergentes en este período lo están siendo la clase empresarial asociada al mercado global de servicios de alto valor agregado en conocimiento, de ahí la vital importancia de la educación. El mecanismo de mayor influencia social que hoy moldea la socio cultura nacional, lo son primordialmente, los distintos medios de comunicación, lo que incluye, cada día con más fuerza, la comunicación digital. Esta interpretación histórica ilustra el proceso de apertura dentro del cual el país yace inmerso como parte de su modelo de desarrollo. fzamora@abogados.or.cr

En el día de nuestra Constitución

En el día de nuestra Constitución, sirva como homenaje a ella esta reflexión. Por cuanto mina las reservas espirituales que permiten enfrentar los desafíos, el más grave problema que enfrenta hoy nuestro país es la dilución de la identidad nacional y, con ello, la creciente tendencia a relativizar los valores.

Guardiana de la nación. La primera guardiana de esa identidad es la Constitución, esa urna sacra de los ideales nacionales que, considerada en su acepción más revolucionaria, no debe verse solo como portaestandarte de las libertades y garantías frente al poder. Es, además, el crisol donde se funden nuestra identidad y nuestros grandes ideales. Garantía de que seamos una nación, y no meramente un Estado.

Sí, porque la nación es algo más que territorios, habitantes, autoridades y leyes. La nación es identidad, pasado y porvenir comunes. Es sincronía de espíritus... Patria. Solo los pueblos aferrados a sus propios ensueños logran preservarla. Temple homogéneo para el esfuerzo y el sacrificio. Implacables ante la adversidad y simultáneos en la aspiración de la gloria. Marcha conjunta en pos de ideales comunes. Como la gran nación hebrea, pese a embates implacables, sólidamente anclada. Durante largas diásporas perseguida y carente de espacio vital, sin el amparo de autoridad o ley ordinaria alguna, y, a pesar de ello, firme.

Estos heroísmos colectivos solo son posibles cuando esa identidad está ligada al sentido de lo trascendente. Por eso, culturas que no se sustentaron en valores supremos, como el de la dignidad humana, desaparecieron y hoy son solo un vago recuerdo de la historia. Porque la grandeza vital de una nación no radica en su poderío material, sino en la sublimación de sus ideales y, por ende, en su identidad.

Esa es la razón por la que el reto vital que como sociedad enfrentamos es, prioritariamente, reafirmar nuestra identidad, a partir de lo cual se determinan los otros objetivos colectivos. Partiendo de esas premisas, más que apresurarse a contestar hacia dónde vamos, preguntémonos quiénes somos y sobre qué valores fue forjada nuestra nacionalidad. La respuesta a esas preguntas está en nuestra Constitución, que abreva de los orígenes mismos de nuestra nacionalidad.

Todo nuestro entramado normativo obtiene su cimiento de una piedra angular: la dignidad humana; en defensa de ella, de nuestra gran página épica aún resuenan los sonidos de las bayonetas del 56. El concepto de dignidad humana, que más bien es una vivencia, nace a la historia universal con la milenaria cultura hebrea, que por la fe entendió al hombre como creado a imagen y semejanza de un Ser ético.

Ideales judeocristianos. Hasta la irrupción de dicha experiencia, el mundo antiguo no concebía vivencia tan sublime y, por ello, nuestra identidad nacional tiene su fundamento en los ideales judeocristianos. De ahí, el drama que han sufrido las culturas carentes de dicha tradición para vivir a plenitud el respeto inherente a la dignidad humana. Culturas en las que ella es letra de ley, pero sin vida. Ni aun la conoció la tan admirada Grecia antigua, la de los excelsos ideales culturales, pero que la comprendía sobre la base de una democracia limitada a algunos habitantes, los escasos detentadores del poder material.

Ni qué decir de la precaria vivencia de dicho principio, que aún hoy sufren muchos pueblos del Oriente, indigentes para abrevar sus valores de esa fuente. Imposible que fuese de otra forma, si inyectar dentro de la conciencia social de este hemisferio la vivencia de la dignidad humana ha sido una tarea titánica. Le costó a la civilización occidental siglos de esfuerzos, y aún en pleno siglo XX se vivieron los horrores provocados por filosofías que proscribieron sus ideales cristianos.

Del ideal ancestral de la dignidad de la persona se derivan los seis grandes valores que conforman nuestra constitucionalidad: los de libertad, justicia, solidaridad, civilidad, paz y fomento de la cultura. Absolutamente todos nuestros principios constitucionales tienen su origen en estos seis valores, hijos del ideal judeocristiano de la dignidad humana. Esa visión es, además, soporte del faro que debe guiarnos para desafiar la brutal aculturación que vivimos, en la que los apetitos, dominadores y agresivos, acosan las oriflamas de las voces conductoras.

Dr. Fernando Zamora.
Abogado constitucionalista.

Publicado:
La Nación, 07 de noviembre 2008.
http://www.nacion.com/ln_ee/2008/noviembre/07/opinion1766159.html

Subcultura

Subcultura
Dr. Fernando Zamora Castellanos
Abogado.

Publicado en el Periódico La República, 23 de octubre 2008.
http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=17351

Por subcultura entendemos la práctica y desarrollo de todo el conjunto de convicciones y usos distintos a los dominantes o usuales, practicados por algún estamento social, generalmente marginal. Así las cosas, el concepto por sí solo no debe implicar valoración alguna, pues manifestaciones culturales y artísticas que hoy se consideran importantes, surgieron originalmente como tales. Ejemplo de ello es el ingenuismo en la pintura, o el jazz y tango en la música; expresiones todas indudablemente apreciables, que originalmente surgieron como derivaciones subculturales. Por eso, una manifestación de tal naturaleza, puede incluso llegar a mutar en una fuente de creación artística, si a ella se le insufla la adecuada dosis estética. El peligro sobreviene cuando la conducta colectiva deja de ser una manifestación del espíritu humano, y degenera en una gregaria incitación social en función de exaltar los más prosaicos apetitos y los instintos más atávicos. Escribo esto a raíz de que nuestra actual generación estamos siendo testigos de cómo ciertos medios de comunicación social han venido promoviendo y produciendo programas y material, que resultan una suerte de apología del vicio, el morbo y la impudicia. ¿En dónde surtirá esta tendencia sus efectos más perniciosos? Lamentablemente en las franjas etarias comprendidas entre la niñez y la adolescencia, quienes, -sin las defensas intelectuales y morales necesarias para discernir lo que proyectan los medios como producto de consumo-, se convierten en víctimas indefensas e indefectiblemente corrompibles. Un niño o un joven, -y aún alguien mayor si no ha tenido la adecuada formación ética durante su existencia-, no tiene los anticuerpos morales indispensables para interpretar una subliminal oferta que no es digna de ser consumida ni imitada, ni tiene la inmunidad intelectual para comprender que los personajes que hoy los medios de comunicación exaltan no son dignos de ser emulados, sino más bien censurados. ¿Por qué razón todo ánimo lucrativo, que se fundamenta en una estrategia de esta naturaleza, resulta tan espernible? Porque al no permitir en su receptor opción selectiva alguna, lo condena sin derecho de defensa. Me explicaré, limitándome a un pequeño ejemplo: ante las carencias lingüísticas de la juventud, muchos medios de comunicación, lejos de utilizar un lenguaje apropiado que desafíe a sus interlocutores a elevar la indigencia de su léxico, ensayan un lenguaje procaz para bajar a aquel nivel y permitirse así más venta. Esto condena a gran parte de su público receptor, a vivir en una ciénaga infracultural que le restará enormes oportunidades de superación en todos los ámbitos de su vida. Ni qué decir del daño que se hace en las reservas culturales de la nación. Y aunque no lo crean, -más que a los líderes espirituales del país-, a quien más debiera preocuparle este estado vigente de cosas, es al Ministro de Hacienda, pues no dude el lector, que el costo económico de la decadencia moral de la sociedad se traduce, -sobre todo-, en la devaluación de sus índices económicos, los cuales, -cada día más-, reflejan el gasto social en atención de la pobreza, el desempleo y la marginalidad. Lo que sin duda incide, en nuestro bienestar y calidad de vida. fzamora@abogados.or.cr

¿Por qué es prioridad la Constituyente?

• Un modelo constitucional directorial para Costa Rica

En 1995 la Revista Parlamentaria dedicó una de sus ediciones a un debate que se gestaba. La polémica así se resumía: ¿Era el presidencialismo, o por el contrario, el parlamentarismo, la mejor alternativa para la vida política nacional? Y lo he vuelto a oír en estos días.

En aquel momento –y aun hoy– la perspectiva del debate me pareció errada, lo que me motivó a combatir, por medio de un ensayo que en aquel entonces fue publicado, el error de reducir el análisis a aquella disyuntiva: presidencialismo-parlamentarismo. Además –por las razones que expondré–, sostuve la necesidad indispensable de una convocatoria constituyente. Repaso la tesis que entonces defendí.

Ciertamente los ya citados constituyen los dos tipos de gobierno tradicionales de la democracia representativa, típicos de la revolución industrial. En el primero de ellos, quienes controlan el poder gubernamental son un parlamento y un gobierno separados, pero constitucionalmente obligados en función de un proceso de coordinación; existe un proceso de interrelación más no de subordinación o integración, en el que –en la práctica– es el Poder ejecutivo quien asume el rol de liderazgo.

En el parlamentarismo, por el contrario, ambos poderes actúan integrados. Pese a que durante los primeros años de nuestra vida independiente, el localismo sobrevivió ante los aún tímidos intentos centralistas, nuestro país dio sus primeros pasos de la mano de claras expresiones de parlamentarismo. En principio, sin una orgánica división de poderes, a partir de 1825 con un Congreso fortalecido, e incluso con la instauración de un poder conservador senatorial y bicameral. Sin embargo, desde que se consolidó nuestro Estado nacional –cuatro décadas después de nuestra independencia–, el centralismo –y con ello el presidencialismo– fue asumido.

¿Las razones originales? Fundamentalmente fortalecer al débil Estado de la época, de tal forma que pudiese atender las urgentes necesidades de infraestructura de la agroexportación que surgía a partir del siglo XIX. De ahí que, abogar por el parlamentarismo, en sustitución del presidencialismo resulte –si se quiere– anacrónico. Es promover la vuelta a la edad antigua para librarse del oscurantismo medieval. El regreso del vapor en sustitución del hidrocarburo.

Ambos son tipos de gobierno que surgieron como respuesta a la necesidad de expresión de las democracias representativas, pero que poco ofrecen para enfrentar los retos de la era digital. Los vientos del nuevo paradigma nos obligan a promover nuevas formas de concebir el Estado, más ligadas a la idea de la participación, como concepto diferente de democracia. Desde una perspectiva doctrinaria, lo que Costa Rica requiere es cercano a lo que denominaba Loewenstein un modelo constitucional directorial, el cual estimula formas más directas de participación.

No siempre vivimos bajo la tutela del centralismo, por lo que nuestra historia ilustra tipos de gobierno que se extinguieron como producto de la evolución de nuestras condiciones de desarrollo, pero que, rediseñadas según los requerimientos modernos, podrían renacer. Además de los ayuntamientos, la alborada nacional conoció otras instituciones de democracia participativa, básicas en el fortalecimiento y promoción de nuestra gobernabilidad: el cabildo o concejo abierto, que eran asambleas generales de vecinos y comunidades. Igualmente los concejos cerrados: grupos representantes por cortos períodos para observar las decisiones asumidas. Estos últimos, embriones de nuestras actuales corporaciones municipales.
Redes de convivencia. Asimismo, dichas formas gubernamentales –por su naturaleza participativa– establecen períodos de control del ejercicio administrativo sumamente cortos, semestrales o anuales, lo que contribuye en grado sumo a la fiscalización de la actividad administrativa.

Todas esas formas de gobierno abarcaron una gama importante de campos de desenvolvimiento, a tal punto que, amén de contribuir en el desarrollo de la educación, la seguridad, las obras públicas, la administración hospitalaria y censataria –entre otras– permitió el fortalecimiento de redes y lazos de convivencia y solidaridad comunitaria. Caldo de cultivo de nuestro profundo sentido democrático.

Hoy, la irrupción de nuevas formas mundiales de creación de riqueza, están promoviendo una estructura económica global determinada por el aporte del conoci- miento y la velocidad de las infocomunicaciones, lo que, en el plano político, obliga a los sistemas gubernamentales que pretendan sobrevivir, a adoptar diseños constitucionales que permitan a sus sociedades el máximo acceso a la toma de decisiones y al control de los asuntos públicos. Tal contexto nos lleva a concluir que la supervivencia de la democracia costarricense está unida a nuevas formas de concebirla, mediante mecanismos de participación más directos, como modelos de estado regionales, comunales y de cabildo.

Lo anterior requeriría –más que de un sistema parlamentario o presidencialista– una forma de gobierno constitucional directorial. En este punto es que resulta indispensable la convocatoria constituyente, pues tal transformación del diseño de nuestro Estado, solo es viable por ese medio.

Dr. Fernando Zamora.
Abogado constitucionalista.

Publicado:La Nación, 12 de octubre 2008 http://www.nacion.com/ln_ee/2008/octubre/12/opinion1734452.html

El desafío socialdemócrata actual

El desafío socialdemócrata actual.
Dr.Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista*

Publicado en el Periódico La República el día 23 de setiembre 2008.

http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=16130

Corría el año 1982 y la Juventud del Partido realizaba su II Congreso. Aún mozalbete, me incorporé después de embriagarme de lecturas acerca de las viejas epopeyas de Figueres y sus hombres, y entregué a esa causa mis años mozos. Una lucha de aquella época fue la de movilizar a los jóvenes en defensa de la Proclama de Neutralidad Activa. Ello, ante el incendio centroamericano de entonces. En aquellos años, ser socialdemócrata era confrontar estoicamente las afrentas de quienes, – en las lides políticas y en un extremo del espectro-, nos espetaban, entre otros calificativos, el de “reaccionarios”, lo que ciertamente representaba un golpe anímico, -momentáneo e injusto- a nuestro inflamado idealismo de juventud. En el otro extremo del espectro ideológico, los insultos de quienes nos calificaban precisamente de lo contrario. En el primero de los casos, la ubérrima variedad de marxistas que entonces vociferaban envalentonados por la activa beligerancia del poder detrás de la “cortina”, -como la había denominado Churchill-, y que, sin saberlo nosotros, -ya oxidada-, tenía sus días contados. Los segundos, -en las antípodas de aquellos-, eran militantes que iban desde el Movimiento Costa Rica Libre y su tridente, hasta los grupillos radicales del P. Unidad de entonces. Resulta que aquello no nos amilanaba. Sabíamos que nuestra identidad política no estaba condicionada por las diatribas de nuestros adversarios. Por eso no es falsedad afirmar que, ser socialdemócrata, sigue siendo confrontar a aquellos que, -en nombre de las consignas-, pretenden subyugar las sociedades civiles prosternando los sanos equilibrios sociales ante los quiméricos espejismos de las fórmulas absolutas. Sí, porque hoy, un buen socialdemócrata, debe ser tan enemigo de la voracidad estatista, como del mercantilismo político. Por eso, aunque algunos retos que la socialdemocracia de hoy enfrenta sean diferentes, los ideales para confrontarlos deben ser los de siempre. La concentración de la riqueza, y la conculcación de los derechos democráticos, -que son problemas que la humanidad ha sufrido desde siempre- ahora además están acompañados de nuevos desafíos: por una parte el ambiental y por otra una más inminente amenaza de guerra a gran escala, motivada en el hecho de que ahora son más los países con potencial nuclear. Ser socialdemócrata hoy, no es escondernos ante la inexorable realidad de la globalidad, sino concebir la forja de instrumentos -igualmente globales- para confrontar las brutales amenazas que se ciernen. Parafraseando a F.Roosevelt y su concepto, la socialdemocracia debe promover que esos retos, -en la implacable realidad globalitaria-, sean enfrentados con un “nuevo trato”, pero ahora de carácter global. De ahí que resulte limitado el discurso de aquellos que han afrentado a Liberación Nacional por promover que nuestro país participe –por supuesto dentro de un marco ético- del comercio global y la captación de inversiones. Cual modernos menonitas, se resisten a concebir, -como anotaría Kuhn-, que es inevitable consecuencia de realidades asociadas al nuevo paradigma de la era de la información. Deliran con una Costa Rica bucólica, que solo es posible imaginar, en los panfletillos electorales con los que se reclutan voluntades y espíritus naturalmente proclives al disenso. De vivir mil kilómetros al sur, denostarían al actual gobierno socialdemócrata dirigido por el heredero del General Torrijos que, -ampliación de canal mediante-, comete el grave pecado de pretender insertar a Panamá en el concierto de las naciones competitivas. La socialdemocracia internacional ha tenido una participación destacada en una estrategia global responsable para encarar los desafíos de esta nueva etapa mundial, como la del Pacto Global-entidad de Responsabilidad Social Empresarial dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o bien en acuerdos como los de la Cumbre de Bali, de carácter ambiental. Una de las luchas de la socialdemocracia hoy, debe ser que entidades internacionales de aquel tipo, amparadas por los acuerdos entre Estados nacionales, cuenten con mayores instrumentos de imperio o coerción para alcanzar sus objetivos estratégicos, no solo frente a los intereses transnacionales, sino también frente a los de aquellos Estados proscriptores de los derechos de sus ciudadanos. Ciertamente, este tipo de entidades globales, -al mejor estilo de una suerte de Consejo de Seguridad de la ONU-, con la participación rotativa de diversas representaciones nacionales, deberían tener las potestades de revisar y vetar prácticas y políticas inconvenientes en las que ciertos Estados y grandes empresas incurren. La actual estrategia de insertar a Costa Rica como actor del concierto internacional, es la única realista para enfrentar el desafío global, el cual requiere indudablemente soluciones de esa misma naturaleza. fzamora@abogados.or.cr
* Doctor en derecho constitucional. Autor de diversas obras entre las que destacan Militarismo y Estado constitucional en Costa Rica.

Una tendencia peligrosa

Una tendencia peligrosa
Una peligrosa tendencia a menoscabar y conculcar el derecho de propiedad

LIC. MILTON GONZALEZ VEGA
Abogado y Notario

Publicado en La Nación el 23 de agosto del 2008.
http://www.nacion.com/ln_ee/2008/agosto/23/opinion1673371.html


Se está imponiendo una peligrosa tendencia a menoscabar y conculcar el derecho de propiedad y a detener, de esa manera, la indispensable dinámica económica de la sociedad, por la vía de la “dictadura de los incisos”, expresión que, en cierto momento, algún político empleó para denominar a la vocación de inflación legal que está imperando en el sistema jurídico costarricense.
Un caso inaudito. Expondré un ejemplo increíble de tantos de los que he sido testigo por mi labor profesional. Se trata del caso de un ciudadano que construyó, en 1994, una tapia protegiendo la fachada de su vivienda localizada en una zona urbana. Trece años después de aquella necesaria mejora, recibe una notificación de la Municipalidad respectiva, en la que se le indica que, en razón del nuevo “Plan regulador”, debía demoler la tapia, pues ésta no se ajustaba a los requerimientos del plan. Esto aunque del mismo expediente del proceso se colegía que la tapia tenía la antigüedad ya referida.
Pese a todos los esfuerzos legales desarrollados ante la Municipalidad, haciéndoles ver que aquello eran derechos adquiridos harto consolidados, no hubo forma de que los funcionarios entrasen en razón. Sin embargo, lo que resulta aún más preocupante, es que cuando el ciudadano acude en amparo de su situación ante la Sala Constitucional, esta responde, -sin entrar a conocer el fondo del asunto-, un argumento que ya se ha vuelto rutina en esa sede: que aquello se trataba de un tema de legalidad, por lo que a ella no le competía el asunto.
Tendencia inflacionaria. Escribo sobre esta situación porque refleja una peligrosa tendencia inflacionaria que está llevando, más allá de lo debido, el derecho del Estado a limitarle al individuo su goce propietario, porque, si no es la maraña de normativa municipal, es la normativa del INVU; si no lo anterior, entonces es SETENA, el MINAE, el MOPT, el Ministerio de Salud… y así ad infinitum, vemos como de “a poquitos”, -como en la historia de Gulliver y los hombrecillos de Lilliput-, se aprisiona de forma totalizadora el derecho de propiedad sobre el trillado argumento de que el Estado puede “imponer límites”.
En la obraLos ideales constitucionales (Editorial Juricentro.2002) del constitucionalista costarricense Fernando Zamora Castellanos, se desarrolla una muy interesante clasificación axiológica de todos nuestros derechos y principios constitucionales, en la que precisamente ilustra que dentro los principios derivados del valor de la justicia, existen un conjunto de ellos que el jurista clasifica como ideales con vocación de resguardo de los intereses económicos de los individuos.
De dicha clasificación, se rescatan dos de ellos vitales en nuestra identidad constitucional: el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos patrimoniales adquiridos y el principio protector de la propiedad privada.
Resulta evidente que esta patológica tendencia debe retroceder en virtud de esos principios superiores y nuestra Sala IV debe ser garante de los mismos.

Diseño Superado

Diseño superado
Dr.FERNANDO ZAMORA CASTELLANOS
Abogado constitucionalista.
Publicado por el Periódico La Nación el día 1 de julio 2008.
http://www.nacion.com/ln_ee/2008/julio/01/opinion1600373.html

El reportaje que publicó en días pasados este periódico sobre la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) ( La Nación , El País , 23/junio/08)merece toda la atención. Tal y como se trasluce del enfoque que se le da al trabajo periodístico, ciertamente, el diseño jurídico y el concepto funcional de dicha dependencia estatal, se encuentra ya superado.
A la luz de la Constitución, la DIS tiene su fundamento en la protección –en primer término–, de los ideales de independencia, soberanía y libertad nacional. Recogidos en el título primero de nuestra Carta Magna, estos representan aquellos principios que resguardan, no nuestra libertad individual, sino nuestra libertad colectiva. De ahí que en teoría, sobre la DIS recae, como su más vital función, una importante parte de la responsabilidad en el resguardo de esa libertad nacional, y para lo cual debe recabar información que se genere tanto dentro, como fuera de nuestras fronteras.
En un mundo cada día más azotado por poderosas mafias internacionales, terrorismo y narcoguerrillas, es lo ideal que un país pequeño y desarmado como el nuestro, pueda contar con instrumentos de seguridad básicos que permitan un especializado recaudo informativo proveniente del exterior. De hecho, por esa razón muchas naciones del orbe cuentan con eficientes servicios de información en seguridad nacional recabando vital información allende sus fronteras. Sin embargo, en razón de un principio constitucional de especialización de las funciones estatales, esta parte operativa de la DIS debe estar estrictamente sujeta a la dependencia funcional y administrativa de la entidad que atiende la materia, como lo es el Ministerio de Seguridad Pública.
Cometido de la DIS. Así podríamos contar con una entidad especializada que recabe información relacionada con los movimientos internacionales de mafias y de terrorismo político. Al conocer de las inhumanas prácticas en las que caen las narcoguerrillas, o los grupos radicales islámicos, resulta claro que esto es especialmente urgente, pues la globalizada violencia política de hoy, carece de una sincera justificación moral, y se ha hecho evidente que las acciones de estas mafias políticas están motivadas en una ralea de oscuros intereses. Un reciente informe de la ONU reveló que los grupos insurgentes están dominando el tráfico mundial de drogas. En segundo término, la otra razón de existencia que otorga la Constitución a la DIS, radica en la necesidad de defender y dar estabilidad a todo el sistema de poder político que nuestra Constitución diseña y establece.
En el afán de cumplir con este último objetivo, la DIS tiene como una responsabilidad legítima recabar información que prevenga y evite, básicamente, la comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional de la nación. Resulta que, en su mayoría, estas conductas están tipificadas en el título duodécimo de nuestro Código Penal. Tratándose de normas de carácter estrictamente punitivo y en pro de una mayor neutralidad valorativa sobre los hechos que debe instruir, esta última función debería ser trasladada de la DIS al Organismo de Investigación Judicial, en su condición de auxiliar de los tribunales de justicia. Esto, por cuanto es el Poder Judicial, al fin de cuentas, quien finalmente deberá resolver los casos que se remitan producto de los procesos de instrucción que sean derivados de denuncias confiables. Así las cosas, y bajo la guía que nos suministra ese faro que es la Constitución, yerran las dos posiciones contrapuestas d el reportaje.
Por una parte, se equivoca el Fiscal General al pretender que desaparezca de nuestro ordenamiento la policía de inteligencia, también denominada “política”. Por las razones señaladas, esta debe existir como dependencia del Ministerio de Seguridad Pública. Finalmente, también se equivocan quienes pretenden mantener intacto el vigente estado de cosas en dicha dependencia, ya que la vetusta concepción organizativa y funcional que actualmente ostenta la torna en una potencial amenaza contra los derechos de las minorías. De ahí la vital importancia del reportaje

La fe y el origen del constitucionalismo.

La prensa nacional es ya un tradicional escenario de confrontación de ideas. Por alguna razón insondable, -supongo que motivada en la crisis moral que estamos viviendo-, sucede el fenómeno de que se han avivado en los últimos meses, en las secciones de opinión de los diferentes medios de prensa escrita, los análisis desarrollados desde la perspectiva de la fe y su debate.

Este enfoque ha encendido la siempre apasionante polémica entre creyentes y no creyentes y por ser tan diversa la gama de aspectos abordados, el escenario ha contado en el primero de los casos con la participación de intelectuales de las diferentes disciplinas del conocimiento que han venido martillando ardorosamente sobre la necesidad de volver a lo moralmente trascendente, -y a la fe-, como salida viable frente al reto nacional.

Desde la perspectiva de mi vocación de vida, -el derecho constitucional-, permítaseme contribuir con un aporte al debate. Concretamente, con el objetivo de reconocer el papel de la fe en el origen esencial del constitucionalismo y de sus fuerzas morales. Comparto la tesis, -cada vez más reconocida por la doctrina constitucional-, que sostiene que la primera cultura en practicar el constitucionalismo, lo fue la hebrea de la revelación vetero testamentaria. Esto, gracias a la portentosa concepción que llegó a los hebreos, -incomprensible para la antigüedad- de que el hombre había sido concebido a imagen y semejanza de un Ser superior, ético y trascendente.

Aquello inauguró para la humanidad su propia conciencia respecto de la dignidad del hombre y permitió que, por vez primera en la historia universal, la clase gobernante de una nación estuviese sometida al imperio de la ley, -en aquel caso-, la norma comprendida en el pacto antiguo-testamentario. Corolario de lo anterior fue que dicha autoridad estuviese sometida a una suerte de límites y controles, tal y como el que ejercían los levitas y profetas sobre la autoridad monárquica, y en donde los sometidos al poder ya no eran objeto del capricho de la clase gobernante, sino que esta clase debía ser primera servidora entre iguales, todo lo cual es, al fin y al cabo, el embrión de la ideología de la constitución.

Tan trascendente esta revelación acerca de la dignidad humana, que aún la Europa anterior a la gran guerra, que afirmaba que los derechos fundamentales se supeditaban al marco de las leyes, debió reconocer, -después de los horrores de la guerra-, exactamente lo contrario: que solo en el marco de los derechos fundamentales es que se deben materializar las leyes. Esta conclusión se derivó precisamente en el hecho que, la esencia del constitucionalismo, tiene sus basamentos en la dignidad del ser humano como punto de partida.

Aunque este concepto hoy lo reconoce plenamente la doctrina constitucional como un gran logro de la modernidad, los hebreos, -por la fe-, ya lo habían conocido milenios atrás, a través del pacto bíblico. Así las cosas, -para escozor de los ilustres ateos y enemigos del judeocristianismo que han venido debatiendo en la prensa escrita-, he aquí una prueba más acerca de la fuerza interventora de la fe, -misteriosa e inescrutable-, en tema tan vital para el costarricense como el de su propia constitución, amparo de sus libertades y garantías civiles.

Sirva este dato también, como una munición más a favor de todos aquellos que, desde diferentes tribunas en nuestro país, combaten las intenciones de no pocos promotores, que anhelan proscribir y borrar de nuestro sistema constitucional, todo rastro de nuestra tradición judeocristiana.

Dr.Fernando Zamora Castellanos.
Abogado constitucionalista.

Publicado: La República, 24 de junio 2008.

Lamentable desconocimiento legislativo

Lamentable desconocimiento legislativo.
Fernando Zamora Castellanos
Doctor en leyes.

Publicado el 28 de mayo del 2008 en el Periódico La Nación.
http://www.nacion.com/ln_ee/2008/mayo/28/opinion1554105.html

La pensión alimenticia y los bienes gananciales matrimoniales son un instituto del derecho moderno que surgió como una necesidad de reconocimiento de la división familiar del trabajo. Surge esencialmente a raíz de la necesidad que nace con la procreación de los hijos, cuando alguno de ambos cónyuges del matrimonio, o alguno de ambos convivientes, -en el caso de las uniones de hecho-, deben sacrificar su desarrollo laboral económicamente remunerable, para dedicarse a la atención y formación de los menores. Dicho costo de oportunidad, que casi siempre lo asume la madre, -llámese esposa o conviviente-, ameritaba entonces y amerita hoy, ser reconocido y económicamente recompensado. De ahí que el derecho familiar moderno instituyera, por una parte, los derechos alimentarios y por otra, los derechos gananciales. Todo en protección de los intereses de la parte que se encuentra en la situación de desventaja ya descrita, tanto dentro de los matrimonios, como de las uniones de hecho reconocidas conforme a derecho. Así las cosas, es absurdo trasladar este instituto del derecho familiar, en función de parejas del mismo sexo, ya que, -perteneciendo al mismo género y biológicamente impedidas de procrear-, se encuentran en absoluta igualdad de condiciones laboral-productivas. La pretensión de una diputada del Partido Unidad, -contando ahora como corifeo, con la Ministra de Salud-, para aprobar un proyecto de ley que pretende reconocer pensión alimentaria y derechos gananciales entre personas del mismo sexo, demuestra una ignorancia que desnaturaliza, en perjuicio de las madres, dichos derechos familiares. Este desconocimiento, tratándose de dos mujeres, -no sé si madres-, pero sobre todo, representantes de los supremos poderes, es sin lugar a dudas, lamentable.

¡La prioridad de la agenda nacional!

Leía en esta página un artículo del economista Alberto Franco acerca de las conclusiones de la Consulta de expertos San José 2007. Estas consisten en la enumeración de un inteligente conjunto de acciones a tomar por los estados, enmarcadas dentro de un hipotético panorama descrito, -más bien suposición- sobre qué hacer en el plazo de un quinquenio, si Latinoamérica pudiese destinar una alta suma de dinero para el desarrollo. La pregunta de fondo era, ¿Cómo invertir para nuestro bienestar?

Me permito tocar con mis manos sucias las conclusiones de ese olimpo de economistas, aprovechando ese artículo para promover una reflexión sobre cómo Costa Rica podría convertirse en una nación que, -ciertamente-, pudiese contar con esos quiméricos recursos de tal forma que podamos invertir permanentemente en desarrollo y distribución de riqueza. Se ha demostrado, a través de la historia humana, que son las distintas sociedades que han logrado hacerse del control de la materia prima energética, quienes han logrado los recursos para impulsar descomunalmente su desarrollo o por el contrario, su derroche.

Algunos ejemplos modernos de los que podemos echar mano son, entre otros, el de la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX, que logró una importante fuente de recursos para el crecimiento a partir de la ejecución de una primera gran etapa de su programa energético y cuyo proyecto cumbre en esta materia está hoy operando en Arenal. El Japón, sin mayor materia prima autóctona, ha terminado de despegar como potencia mundial gracias al impulso de la tecnología nuclear como fuente energética de producción industrial y para fines no bélicos y como último ejemplo de esta tesis, el realismo mágico venezolano, -una disfunción patológica de los anteriores ejemplos-, que ha consistido en la posibilidad que han dado al gobierno venezolano sus reservas nacionales de energía petrolera, para realizar el más grande gasto que ha conocido la historia latinoamericana, en financiamiento, -o más bien derroche-, para diversas acciones, aún de clientelismo político internacional, en función de la promoción del régimen propietario de esas reservas.

Estos casos de la historia reciente son reflejo del hecho de que el motor del desarrollo económico arranca con el impulso que ofrecen las fuentes de materia prima energética nacionales. Como ciudadano, desde tiempo atrás he clamado insistiendo por escrito en mi preocupación acerca de la urgentísima necesidad para nuestro futuro de implementar de inmediato la segunda gran etapa del programa de desarrollo de energía hidroeléctrica, que es el Proyecto Boruca, el cual a nadie parece preocuparle y duerme el sueño de los justos.

Para quienes me repliquen que esta es una costosa obra de infraestructura energética, para la cual no hay dinero, les contesto con la historia: la Costa Rica de la década de 1960 del siglo pasado-, con menos recursos financieros, pero con más determinación política, conquistó la ejecución de la portentosa obra que hoy inunda lo que un día fuera la población del Arenal y que es una columna de nuestro actual suministro energético y calidad de vida. Indigna pensar que podríamos ser una potencia exportadora de energía limpia a Panamá y mesoamérica, y en su lugar caemos en una asfixiante dependencia de las importaciones petroleras que, al igual que la deuda pública, continúan hipotecando el futuro bienestar de las nuevas generaciones. Los recursos que generaría en ahorro y exportación dicho proyecto, colaborarían enormemente en el logro de los montos de inversión con los que los expertos de la Consulta de San José teorizaron con entusiasmo académico.

Sin duda esta debería ser la prioridad de la agenda nacional, y al menos, de forma indudable, de las autoridades del ICE. No me explico ¿como no lo ha sido? Perseveraré insistiendo en esta idea mientras me lo permita la paciencia de quienes dirigen nuestros rotativos nacionales, e invito a la comunidad nacional a insistir sobre esta idea ante el Presidente Arias y ante las distintas autoridades políticas del país.

Dr. Fernando Zamora.
Abogado constitucionalista.

Publicado:La República, 22 de abril 2008.

Programa para el desarrollo

Cuatro proyectos para mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones

Junto con otros ensayistas, me correspondió participar en el fascículo “Esbozos de un nuevo estado socialdemócrata en Costa Rica”, publicado hace varios años por la Editorial Juricentro, el cual reunía breves escritos sobre temas de Estado desde esa perspectiva ideológica.
En el ensayo relativo a un programa mínimo de la socialdemocracia en Costa Rica afirmé entonces que había cuatro proyectos urgentes que nuestro partido debía implementar como gobierno para garantizar el desarrollo nacional. Hoy insisto en estas ideas, pues siguen vigentes.

Energía. Continuar posponiendo la ejecución del gran proyecto hidroeléctrico Boruca es el mayor robo de bienestar y calidad de vida que se le está haciendo a las futuras generaciones. La consecución de este proyecto convertiría a Costa Rica en una potencia exportadora del área mesoamericana en materia de energía limpia. Seguir posponiendo su ejecución condena al país a una dependencia esclava del chantaje petrolero.

Infraestructura. Hay dos proyectos urgentes que finalmente empiezan a caminar gracias a los esfuerzos de nuestro Gobierno. El primero, la finalización de la arteria vial que unirá el Valle Central desde Ciudad Colón hasta Orotina, de ahí a la zona sur, vía costanera, y la norte, vía Puntarenas. Esto aliviará el hacinamiento urbano del Valle Central, trasladando desarrollo al Pacífico Central a manera de una nueva capital de servicios y turismo, y permaneciendo la meseta central como polo de desarrollo industrial. El otro proyecto es la modernización de los puertos marítimos, indispensable para promover nuestras exportaciones y las inversiones en el país.

Educación. Lo más urgente es recuperar la brecha cualitativa entre la educación general básica pública y la privada. Para que esto sea posible, se necesita concebir de forma distinta al Ministerio de Educación. Este debe descentralizar todas sus funciones administrativas en favor de los centros educativos y enfocarse exclusivamente en la inversión y mejoramiento constante de la calidad de la enseñanza. En aspectos como la inversión educativa, deberá aplicar una estrategia similar a la utilizada con los colegios científicos y crear en las distintas regiones del país polos de alta calidad educativa pública en los centros de desarrollo geográfico, de forma que la enseñanza de alta calidad esté al alcance de más población de menos recursos.

Materia hacendaria. Reiteradamente se ha afirmado la verdad evidente de que, más que nuevos impuestos, urge cobrar debidamente los ya existentes. En sus orígenes como nación, nuestro país conoció la institución de la mayordomía hacendaria, que consistía en permitir la participación de entidades privadas debidamente acreditadas en el control de la evasión tributaria, recibiendo, en pago de sus servicios, un porcentaje predeterminado de lo recaudado en multas. Este mecanismo existiría exclusivamente como un complemento de los procesos ordinarios de control y fiscalización ya existentes que hace el Estado por sí mismo, y sin que la recaudación escape de ninguna forma de sus manos.

Soy un convencido de que lo expuesto aquí, muy brevemente, representa un programa mínimo e impostergable de desarrollo que puede incentivar el mejoramiento de la calidad de vida de las futuras generaciones de costarricenses.

Dr. Fernando Zamora.

Abogado constitucionalista.

Publicado: La Nación, 17 de abril 2008.
http://www.nacion.com/ln_ee/2008/abril/17/opinion1501216.html

¡Al progreso, por decreto!
Fernando Zamora Castellanos
Doctor en derecho constitucional

Publicado en el Periódico La Nación el día 5 de marzo del 2008.
http://www.nacion.com/ln_ee/2008/marzo/05/opinion1449928.html



He combatido, en este periódico, la idea de eliminar de nuestra Constitución, la alusión de nuestro origen cristiano como nación. Esto lo he sostenido, porque estoy convencido, que se trata de un legado histórico, cultural, y espiritual que pertenece a los padres fundadores de nuestra nacionalidad, y que nos otorga identidad histórica como pueblo. Sostuve, entre otros argumentos, que dicha confesión de fe, es un eslabón histórico que une, nuestra actual Constitución, con la constituyente originaria que fundó la Patria costarricense. Sin embargo, en días pasados, mi artículo fue rebatido en este mismo periódico, por el entusiasta promotor de la reforma, para lo cual invoca, -entre otros-, como principal arma dialéctica, un razonamiento que califica irrefutable por evidente. Sostiene que existen países europeos que han alcanzado altos niveles de prosperidad material, pese a que buena parte de su población, ha dado paso al descreimiento y al ateísmo. Cita, como ejemplo de esto, a Suecia y Dinamarca. Ciertamente, estos países están experimentando lo que es una ancestral y recurrente tendencia de nuestra pobre condición humana, que sucede cuando las mieles de la prosperidad material apagan la sensibilidad espiritual de los pueblos y de los individuos. Lastimero es creer que la estatura espiritual o moral, tiene relación con la riqueza material. Esta es una verdad antigua, evidente incluso en nuestra actual crisis de valores, que se manifiesta pese a que vivimos en una Costa Rica mucho más próspera que aquella que conocieron nuestros padres o abuelos. Finalmente, valga agregar que, así como el progreso no se puede decretar, Venezuela no progresará por haber cambiado recientemente, en su Constitución, el nombre del país, ni tampoco variarán un ápice nuestras condiciones de progreso material, por el hecho de que eliminemos o no de nuestra Constitución, la alusión a nuestro origen cristiano como nación. Lo que sí habremos perdido, es una parte fundamental de la identidad histórico-cultural de nuestra Constitución, la referida a su identidad moral primigenia y a la portentosa herencia del cristianismo como acicate de la forja de nuestra nacionalidad. Esa es la esencia de mi posición: las naciones, -al igual que los individuos-, si no tienen identidad histórica a la cual asirse, quedan a merced de toda suerte de incertidumbres y de demagogias, el verdadero oscurantismo.

La hiperlegalización de la actividad pública
Fernando Zamora Castellanos
Doctor en derecho.

Publicado en el Periódico La Nación el día 28 de febrero del 2008.
http://www.nacion.com/ln_ee/2008/febrero/28/opinion1442216.html


En días recientes, debí atender un caso que refleja una seria patología en la capacidad de dirección de nuestros funcionarios públicos, la cual parece estar generalizándose. El caso surgió a raíz de una contratación que una de las instituciones públicas de asistencia social le hace a una empresa privada, para que ésta realizara labores de archivo de documentación. La mecánica de la contratación era elemental: el valor del contrato dependía de la cantidad de folios a archivar. A raíz de una diferencia que surge entre las cantidades de folios a archivar, que generaba a su vez una variación de los montos originalmente pactados en el contrato, la empresa privada solicita al jerarca que valore dichas diferencias a efectos de llegar a un entendimiento sobre el desfase. En esencia, se trataba, -estrictamente-, de un asunto que se limitaba a hechos de verificación de números y correcciones inmediatas sobre lo acordado. Sin embargo, tamaña sorpresa se llevó el empresario contratado, cuando se entera, -valga agregar que meses después-, que como respuesta de su elemental solicitud, recibe nada menos que un dictamen legal suscrito por tres abogados, incluido el director del departamento legal de la referida institución.
Pese a que se trataba de un asunto tan simple, que bastaba para ser resuelto con una previa verificación técnica de las diferencias señaladas por la empresa y un básico golpe de timón del jerarca respectivo, al ser remitido a la oficina legal de la institución, el asunto se tornó en un dilema de meses, de ir y venir de dictámenes legales y que ha requerido incluso, que la empresa privada en mención, debiese buscar la contratación de servicios legales privados, razón por la cual debió acudir a nuestro despacho.
Este pequeño ejemplo, que podríamos denominar de “hiperlegalización de la función pública”, ilustra de qué forma, nuestros mandos medios de la administración pública, han renunciado abiertamente a la toma de decisión política, lo que está afectando seriamente el progreso del país y conduce la gobernabilidad del país a un estado de cosas cercanas al caos.

El origen de las fuerzas morales de nuestra Constitución.

Este periódico ha servido como foro de un interesante debate sobre la conveniencia o no de abolir el principio constitucional del estado confesional. Este principio alude a que el Estado costarricense, si bien permite la profesión individual de cualquier fe, reconoce que son los valores judeocristianos parte esencial de los ideales constitucionales costarricenses como fundamento del Estado nacional.

Esto los convierte, de forma implícita, en guía de nuestro devenir histórico y le imprime identidad moral a la Constitución. Representan vectores sin cuya existencia los pueblos pierden el norte y se desenfrenan. Cual filisteos, se tornan pueblos corruptos, sin dirección moral, decadentes. Mas no sea yo quien defienda tan apreciadas tesis, sino el insigne tratadista Loewenstein, -quizá el más prolífico en doctrina constitucional-, quien reconoció el origen del constitucionalismo universal, en las antiquísimas concepciones bíblicas que practicó el pueblo hebreo, quienes, inspirados en las enseñanzas testamentarias, inauguraron la práctica de la igualdad y la libertad entre los hombres.

Para ellos, los gobernantes no eran divinidades a quienes se debía reverencia servil, sino los depositarios de una autoridad superior, intangible y trascendente, que más bien los convertía en servidores de su comunidad. De ahí que el pueblo hebreo fue el primero de la historia humana, en el que los monarcas, al igual que en un moderno régimen constitucional, estaban sujetos a una suerte de estricto control que realizaban la clase levita y aquellos profetas reconocidos por la comunidad.

Por el contrario, la gran mayoría de los pueblos de la antigüedad, se sujetaban a la concepción idolátrica de la divinidad del gobernante, lo que los convertía en regímenes brutales, esclavistas y opresores contra sus propios habitantes. Así las cosas, las prácticas antiguo-testamentarias de los hebreos, inspiradas en las más profundas convicciones espirituales de dicho pueblo, resultaron en el verdadero origen de lo que posteriormente el mundo moderno ha conocido como constitucionalismo, y que fundamentalmente es, por una parte, el conjunto de principios que imponen a los gobernantes límites a su poder, -garantizando a las comunidades humanas igualdad y libertad en su convivencia-, y por otra, el conjunto de ideales superiores que le dan norte a las naciones.

De ahí que, existen principios constitucionales que no pertenecen a las actuales generaciones de una nación, sino que pertenecen a sus anteriores y a sus futuras generaciones. Posteriormente, con el gigantesco aporte del cristianismo, forjador de la cultura judeo-cristiana, acrisolada además con otras experiencias históricas de la humanidad como la democracia griega y su filosofía, resultaron inspiradas las ideas de los movimientos antimonárquicos de la era moderna, lo que vino definitivamente a consolidar al constitucionalismo como hoy lo entendemos.

Dentro de ese crisol que dio forma a la idea de constitucionalidad, es elemento primigenio esa riquísima herencia espiritual y moral, razón por la cual, abolir de nuestra Constitución Política la alusión al cristianismo, resultaría en una desnaturalización de un ideal constitucional muy propio de nuestra nacionalidad. Lo más atrevido que podría ensayarse, sin llegar a desnaturalizar ese principio, sería una reforma que reconozca al Estado como simplemente “cristiano”, tal y como fue fundada nuestra nación, sin embargo, para desdicha del estimable colega que desde este diario promueve un Estado, -desde esa perspectiva-, indefinido, no sería constitucionalmente posible eliminar del todo el reconocimiento constitucional de nuestro origen cristiano como nación, pues resultaría una reforma inviable, en el tanto se trata de un ideal constitucional que no nos pertenece a las presentes generaciones, sino a nuestros padres fundadores.

Dr. Fernando Zamora Castellanos
Doctor en derecho constitucional

Publicado. La Nación, 26 de enero del 2008.
http://www.nacion.com/ln_ee/2008/enero/26/opinion1399073.html