viernes, 17 de diciembre de 2021

DESATINOS LEGISLATIVOS

 

Dr. Fernando Zamora Castellanos. Abogado constitucionalista

 

Días atrás afirmé que la demagogia -decadencia de la democracia- es el gran peligro de los sistemas constitucionales; uno de sus síntomas típicos, es un parlamento integrado por representantes que reflejen un bajo nivel cultural. Una vía para reconocer el bagaje intelectual de un parlamentario, es su discernimiento a la hora de otorgar un honor legislativo. Dadas las consecuencias que para la cultura nacional acarrea, los honores parlamentarios son una acción cívico-cultural de primerísimo nivel, y, por tanto, un delicado acto de selección y discriminación sobre el contexto, trasfondo histórico, hechos y circunstancias relacionadas con el personaje que se quiere honrar. En otras palabras, es una decisión cardinal que depende de la profundidad intelectual del congresista, y tal profundidad no se improvisa: se tiene o no. El legislador no puede, a última hora, correr a averiguar quién será el fulano que desean honrar, porque nunca podrá entender cuál fue el contexto histórico de su época, ni en qué radica la fuerza de su aporte y de su obra. Así sucedió recientemente, con el fallido intento de ciudadanía de honor del insigne escritor Sergio Ramírez, premio Cervantes de literatura. Sergio no solo tiene atributos como hombre de letras para cualquier gran distinción de naturaleza cultural, sino que, -muerto ya Ernesto Cardenal-, tal vez hoy sea el personaje vivo más importante de la historia política y cultural de Nicaragua. Pero sobre todo, por las circunstancias actuales, dicha ciudadanía de honor era una decisión política vital para alimentar la fuerza moral de nuestra democracia, auxiliando diplomáticamente a un perseguido político, y así apoyar la causa democrática de nuestro hermano país. Su designación como ciudadano de honor naufragó, por la exigencia de varios diputados que prefirieron detener la causa honoraria, con el objetivo de averiguar quién era el fulano que algunos pretendían honrar. Básicamente por ignorancia.

 

A ese desaguisado, se suman otros yerros de una reciente mal escrita historia de las honras legislativas, como lo es el hecho de confundir el rango y especialidad de los honores que se han dado en nuestro país. Para información básica de nuestro parlamento, hoy tan venido a menos, y para comprender sus últimos desatinos en materia de distinciones, amerita explicar la condición histórica de los distintos honores.  Por ejemplo, la ciudadanía de honor, por la propia condición del mérito, siempre se destinó a las grandes personalidades extranjeras que hicieron algún tipo de contribución vital para nuestro país, o a la humanidad. Así se distinguió a extranjeros como el médico corso Antonio Giustiniani, al político estadounidense Franklin Delano Roosevelt, o al polaco Juan Pablo Segundo, hoy Santo. Para los costarricenses o residentes en nuestro país, están las distintas clasificaciones de benemeritazgos, según el tipo de contribución hecha a la Patria. Así entonces está el Benemérito de la Patria, para honrar el aporte general a la vida sociopolítica e intelectual del país. O bien a Valeriano Fernández Ferraz se le declaró específicamente Benemérito de la Enseñanza, por ser organizador de nuestra educación secundaria. En 1943, a Clorito Picado, se le otorgó el benemeritazgo de la patria por sus aportes a la ciencia, y como Beneméritos de las Letras patrias, según acuerdos legislativos de 1953, se honró a Manuel González Zeledón (Magón), y a Don Aquileo Echeverría, autor de nuestras concherías.

Quienes decretaron esos honores entendían las diferencias, y por ello los honraron con los títulos correctos, según la naturaleza de su aporte. El merecido honor de los beneméritos de la cultura artística costarricense, Isidro Con o Fernando Carballo, debió darse correctamente como beneméritos del arte o la cultura plástica. Haberlos nombrado ciudadanos de honor, contraviene dos realidades: la primera, -como ya se ha demostrado-, que ese mérito fue diseñado para los extranjeros y, por otra parte, porque darles una ciudadanía no discierne el mérito adecuado que ostentan, la de ser figuras señeras de nuestra cultura plástica. Esa decisión refleja lo que ha sido tan usual hoy en nuestro parlamento, una carencia total de criterio para tomar decisiones.

 

Otro craso error, que en los últimos años cometen los legisladores, es la manía de honrar entidades públicas. No dudo de las instituciones honradas con el benemeritazgo, sin embargo, a partir del principio de legalidad, la idea de declarar benemérita a una entidad, -en especial a una pública-, refleja el desconocimiento que nuestros congresistas tienen respecto de los fines constitucionales de las instituciones. Desde que una institución se crea, -por imperativo de ley-, su objetivo es benemérito, o sea, son beneméritas por antonomasia. Emitir un decreto legislativo donde se “re-declare” tal condición por encima de otras entidades, -como por ejemplo se ha hecho con universidades públicas declaradas Beneméritas de la Cultura-, crea una situación de excepción inconstitucional. Como bien señaló el historiador Guillermo Solera Rodríguez: “los honores son para estimular en la ciudadanía el fomento de las virtudes patrióticas”. No son para hacer excepciones entre una institución pública y otra. A mi hijo cirujano, -quien heredó esa vocación de sus abuelos-, siempre lo motivo para que se inspire en los méritos de sus ancestros, o de próceres de la medicina como el Dr. Sáenz Herrera, el Dr. Joaquín Sainz Gadea, -héroe español de la medicina en el Congo-, o del Dr. Ricardo Moreno Cañas. Nunca se me ocurriría sugerirle que emule los valores de algún Hospital, por muy benemérito que éste sea.

 

Finalmente, lo más grave es cuando se intenta inmortalizar a personajes sin el mérito adecuado. El benemeritazgo es algo serio. No se trata de que alguna congresista conoce bien de un personaje popular de la farándula y el entretenimiento, y entonces le interese homenajearla por consideraciones relativas a ese tipo de actividades, ajenas a lo que estrictamente es una verdadera impronta en beneficio del país, o la humanidad. Por cierto, me informan que, en estos días, algo así se intenta.  fzamora@abogados.or.cr

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