NAVIDAD 2009

Publicado en el Diario español El Imparcial bajo la dirección:

http://www.elimparcial.es/sociedad/navidad-2009-54203.html

Dr.Fernando Zamora Castellanos
Abogado y Profesor universitario

¿Qué es la verdad? Hoy goza de plena vigencia esta pregunta que hiciera hace más de dos mil años en la provincia de Judea, un Prefecto del Imperio romano de nombre Pilato. (Juan 18:38) La verdad es excluyente y quien la enuncia con honestidad no puede escoger alternativas que la contraríen. Prueba de ello es que, -a pesar de que era depositario de una innegable verdad-, Churchill fue acusado de intolerante cuando confrontó a Chamberlain y denunció las siniestras intenciones alemanas escondidas detrás de las falaces apariencias pacificadoras. Porque, quien proclama una verdad sin transigir ante alternativas aparentes, se expone a que el dedo acusador de quien decida confrontarlo lo coloque injustamente en el mismo sitial donde habitan los intolerantes. Pese a ello, cuando se es testigo de una verdad contundente, ésta debe enunciarse serenamente, pues por sí sola la verdad es tan majestuosa, que merece censura quien arbitrariamente pretenda imponerla. Pues bien, pese a que la búsqueda de la verdad implica un desafío, el propósito fundamental del hombre en su existencia es descubrir la dimensión trascendente de ella. Pero éste es un camino personalísimo y el que pretenda delegarlo nunca logrará alcanzar el objetivo. De ahí que todo ser humano que -por cualquier circunstancia de la vida-, se vea obligado a transitar por algún período de recogimiento y reflexión, se verá en ese momento confrontado ante la misma gran pregunta existencial a la que se debió enfrentar Pilato: ¿qué es la verdad? En su obra El hombre en busca de sentido, Victor Frankl narra una interesante paradoja de la que fue testigo cuando estaba en los campos de exterminio nazi. Las personas que se aferraban al camino de la interioridad espiritual, lograban resistir mejor aquel tormento, de como lo hacían quienes poseían una constitución física mucho más fuerte pero que –además de la desnudez material-, debían sobrellevar su existencia también desnudos del abrigo de la fe. Sí, Navidad es tiempo de esperanza –no por la socialización que ella conlleva-, sino por conmemorar la verdad trascendente. Aquella que -aunque la razón intuye-, no se alcanza a través de métodos, filosofías, ciencia, experimentos ni ritos. Es así, porque la búsqueda de la verdad no es aposento sino sendero. Quien camina en pos de ella siempre será extranjero o peregrino, y el único combustible que lo podrá impulsar únicamente le será depositado en el corazón. Por ello, la verdad trascendente, -como vivencia-, es solo accesible para quien humildemente se asombra ante su inescrutable misterio, pero resulta vedada para quien aspira a ser docto en su propio entendimiento. La verdad trascendente contempla, impasible y magnánima, el implacable paso de los siglos y ni aún las verdades culturales, -relativas según el tiempo y lugar, pasajeras y finitas-, han logrado eclipsar su solemne majestuosidad. Quien por la fe ha gozado algún vislumbre de sus beneficios, tiene un compromiso ineludible: proclamarla gozoso. Por ello, -ante la vorágine que la modernidad arrastra-, que esta noche buena alguien nos advierta su profundo sentido y nos pregunte: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle… fzamora@abogados.or.cr

La cultura constitucional que viene

Dr.Fernando Zamora Castellanos

Abogado constitucionalista

Publicado en el Periódico Español El Imparcial bajo la dirección:

http://www.elimparcial.es/america/la-cultura-constitucional-que-viene-52896.html

Sucesora directa de la revolución industrial, la revolución digital de los últimos cincuenta años prepara un escenario pasmosamente diferente. Ante la magnitud del desafío, el Estado costarricense debe repensar estrategias graves que permitan sentar las bases de una nueva cultura constitucional. Resumo aquí ideas que pude aguzar gracias a la gentil invitación que me fue hecha para disertar en el reciente Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho Público. En la expresión política de este fenómeno -denominado democracia interactiva o participativa-, gracias a los medios electrónicos, el ciudadano deja de ser convidado de piedra y empieza a interactuar directamente en el proceso democrático. El empuje provocado por este nuevo paradigma, está detonando las bases mismas de la democracia de representación y la hace tambalear en dirección hacia su inexorable sustitución. Este novedoso escenario ofrece fortalecer las garantías e ideales contenidos en el derecho de la Constitución. Es la materialización -ante nuestros ojos-, del vaticinio orteguiano contenido en la Rebelión de las Masas y una transformación de tal magnitud, que hace soñar el retorno del arquetipo democrático de la Grecia antigua, pero dimensionado en la realidad de sociedades con millones de habitantes. Al poseer la administración pública electrónica una capacidad comunicativa instantánea de tipo bidireccional, -en la que el habitante accede fácilmente a la información y puede accionar en relación con ella-, una adecuada sistematización jurídica catalizaría esa mayor y mejor interacción de los ciudadanos con el Estado en función de resolver sus inquietudes. Y facilitará el control del administrado sobre materias como la contratación administrativa o en general, de recursos fiscales. Fortalecer la democracia digital permitiría auditar la actividad pública de forma tan eficaz, que institutos constitucionales como el censo revocatorio electrónico y el referendo cibernético, deberán contemplarse en las constituciones occidentales tan forzosamente, como sucede con otros derechos que hoy ya son indudablemente reconocidos. Cambios constitucionales que en una democracia consolidada como la nuestra deberían estar valorándose. Desde tiempo atrás los europeos desarrollan proyectos como Cybervote, en el que empresas y entidades ensayan diseños prototipo en materia de encriptación y seguridad de sufragios y datos. Investigan para determinar los requerimientos técnicos que permitan cambios legislativos que hagan segura la emisión de sufragios desde computadoras base o móviles. El descomunal ahorro de recursos materiales que generarían administraciones públicas sustentadas en la red, alentarían la igualdad de condiciones para sus administrados, lo que es fundamental en procedimientos jurídicos como los electorales o las licitaciones. Igualmente aumentará el protagonismo ciudadano en razón de la facilidad asociativa que permiten las redes sociales cibernéticas. Es la necesaria transformación de ese estado burocratizado, vertical, distante y costoso, en uno cercano y dinámico gracias a la eficacia que la digitalización conlleva, con información permanente -sin restricciones horarias ni de espacio físico-, y donde los requerimientos de traslado se reducen drásticamente. O sea, la concreción del anhelado ideal descentralizador. Cuatro son los obstáculos a vencer para determinar cuánto tardará en consolidarse plenamente esta nueva cultura democrática. Dependerá del tiempo que tome al Estado entender que es su responsabilidad educarla y habituarla a la actividad digital. De la disposición de este y del mercado para facilitarle a la población el acceso masivo a los medios tecnológicos básicos, pues como ocurrió con la televisión, dichas herramientas requieren algún período para que sean accesibles a todos. También depende del apoyo que se dé a las entidades que buscan concretar la implementación de mecanismos tecnológicos que garanticen la seguridad de la participación electrónica del ciudadano. Dudas con los conteos electrónicos han desprestigiado democracias, pues fallas o sabotajes en el sistema pueden provocar alteración de resultados, dobles sufragios, irregularidades con la identidad de los participantes, o la finalización de éstos antes de lo previsto, todo lo cual hace desconfiar de su implementación hasta que no se conquisten mejores garantías en la materia. El último obstáculo es la resistencia de los estamentos políticos para promover los cambios, pues aparte de la implementación de los nuevos institutos constitucionales que ya mencioné, enfrentar jurídicamente el reto de la digitalización administrativa requiere además de una ley marco que establezca un régimen integral de gobierno digital y una verdadera sistematización de la actividad. La ley de Certificados, firmas digitales y documentos electrónicos es un esfuerzo encomiable, pero insuficiente ante el desafío. fzamora@abogados.or.cr

Recordando a Rodolfo Piza

Dr.Fernando Zamora Castellanos

Abogado constitucionalista

Publicado en La República bajo la dirección:
http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=31110
Recorriendo mis primeros pasos como abogado —allá por el año 92—, requería consejo para superar cierto acertijo profesional. Algún buen samaritano me recomendó que preguntara por un tal Fernando Castillo Víquez y que lo buscara en los alrededores del jardín moro del Congreso, donde él tenía una pequeña oficina de asesor parlamentario. Desde entonces lo conocí y comprobé —por experiencia propia—, que era un jurista sabio e intelectualmente sólido. Con el tiempo además, que tenía una integridad reconocida por tirios y troyanos —y sobre todo— una humildad y sencillez personal poco común, combinada con una disciplina de vida espartana y frugal. Con los años le descubrí una virtud adicional. Por sus sólidas convicciones cristianas, es de una fe blindada. Hombres como él no transitan los corrillos rogando por las gracias y favores del poder de turno. Son de aquellos a quienes se debe buscar en sus despachos para solicitarles que acepten las posiciones vacantes de la función pública. Aunque rondo los 40 años, jovencillo sí atestigüé épocas —no muy lejanas—, en las que era usual en la política reconocer la dignidad de los hombres de valía. A ellos se les buscaba para ofrecerles las posiciones —y antes de aceptarlas—, meditaban. Asumían con dignidad los cargos. Eran épocas en las que no existían comisiones de nombramientos, ni los aspirantes debían someterse a procedimientos antojadizos. Tampoco las designaciones eran resultado de los grados de sumisión al poder que tuviesen. Aunque aclaro, no es que sea pecado haber participado del poder, como algunos creen con mojigato fanatismo. El problema es cuando subsumimos nuestras propias convicciones en función de ser complacientes con aquel. Y creo que, de aquel tipo de gente, hoy está ayuna la función pública. ¡Qué escasos hoy los hombres de carácter en ella! ¿Será que la cultura light ya nos conquistó? Cuando hacía estas reflexiones fue que vino a la memoria mi querido maestro Rodolfo Piza Escalante. Si había algo que jamás pudieron reprocharle a don Rodolfo, era que fuese un hombre ingrávido. Por ello, mientras estuvo en la función pública, su carácter, su ardor, su independencia de criterio y su firmeza de espíritu para defender la justicia —aun frente al legalismo obtuso— le dieron brillo a nuestro Tribunal Constitucional. Sé —porque lo sé— que hoy vuelve a la Sala un hombre de convicciones. E igualmente humilde. De independencia de criterio, y de fe. Su responsabilidad tiene el tamaño que implica sentarse en el mismo salón en el que otrora, celosamente, blandía sus argumentos aquel gigante ya ido de nuestro derecho constitucional. Tengo la confianza de que también el Dr. Castillo será digno portaestandarte de esas banderas. Conociendo sus convicciones y su integridad de carácter, siento una suerte de alivio al saberlo allí sentado. El sinsabor que me queda se resume en una pregunta: ¿Cómo es posible que un reconocido profesional de ese valor, fuese electo —por mezquindad— con tanta tardanza desde el momento procesal en que debió ser nombrado? La respuesta a esa pregunta se devuelve como una sentencia contra la decadencia de nuestra clase política. Es que Dios escribe recto en nuestras torcidas líneas de hombres. fzamora@abogados.or.cr

Ante el desafío del constitucionalismo social

Dr.Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista

Publicado en el Diario español El Imparcial bajo la siguiente dirección:
http://www.elimparcial.es/america/ante-el-desafio-del-constitucionalismo-social-51552.html

¿Qué agregar al constitucionalismo social para enfrentar el desafío de la pobreza? Sabemos que dicho constitucionalismo nace como respuesta a la necesidad estatal de fomentar los derechos humanos de segunda generación, que son básicamente garantías de adecuado acceso a los servicios públicos esenciales, además de educación, vivienda y asistencia médica, entre otros. Sintéticamente, es el reconocimiento que hace la doctrina jurídica respecto de los remedios que el Estado debe ofrecer al ciudadano frente al drama de la pobreza. Dada la profusa literatura y estudios al respecto, en América Latina el tema de sus causas y soluciones está diagnosticado y ante la magnitud del desafío, debe proseguirse con el esfuerzo. Entre los estudiosos del tema, parece existir un tácito acuerdo sobre qué la origina y cuáles son las alternativas frente a la pobreza. Causas en las que existe consenso son: a) el exceso de mano de obra no calificada. Como la era del conocimiento requiere cada día menor proporción de ésta -la no calificada-, su exceso provoca el sostenido desempleo, la profusión de la economía informal y la depreciación del salario del trabajador no calificado frente al de aquel sí calificado, aún en las altas de los cíclicos períodos bonanza-crisis, lo que también estimula la desigualdad social. B) Las inmigraciones masivas provocadas por los ciclos económicos de prosperidad, y con ello, la recurrencia del problema de mano de obra no calificada. La tercera causa en la que convergen los estudiosos es la que denominan c) marginalidad, esencialmente, un implacable estado de desesperanza asumida ante la cronicidad de su condición. Un tercer elemento dentro de esa “no declarada” sinopsis a la que han llegado los especialistas es el c) de la doble vía de desconfianza en el aporte del capital social, cuyas dos caras de la moneda son, por una parte, la desconfianza que tiene el contribuyente ante la ineficiencia de la administración pública. A la percepción de negligencia de los administradores públicos se suma la picardía o “viveza” de los receptores de la asistencia social cuando engañan al sistema en los casos que no son merecedores de ella. Esto mina los esfuerzos de inversión pública, y obliga además al endeudamiento público para paliar las necesidades sociales no resueltas. Finalmente, otra razón de la pobreza, en la que existe total coincidencia, radica en d) el problema ético, esto es, el de la corrupción en la función pública. Y resulta impertinente recordar sus funestas consecuencias. Igualmente existe un tácito acuerdo respecto de cuales son las soluciones de la pobreza. Como no es el propósito de este artículo enfocarse en aquellas en las que ya existe consenso, las resumiré someramente. Primeramente, la vital importancia de la inversión pública en educación formal, vocacional y la adecuada capacitación sectorializada. En segundo término, la necesidad de incentivar la iniciativa privada a través de políticas que estimulen un crecimiento económico alternado con medidas distributivas de la riqueza, pues sabemos que el crecimiento, -por sí solo-, no resuelve el dilema de los sectores desposeídos. Así mismo, procurar la sostenibilidad de las medidas tendientes a lograr salarios crecientes y finalmente, políticas públicas solidarias en función de la promoción de la organización social dentro de las comunidades marginales, que incluyan además iniciativas asistenciales a la actividad microempresarial. Quien quiera escrutar de propia cuenta la realidad de los consensos que lacónicamente he enumerado, puede estudiarlos seleccionando de las diversas investigaciones académicas y diagnósticos serios sobre combate a la pobreza, y encontrará la certeza de que -como causas y soluciones a la desigualdad-, existe un acuerdo general en al menos los aspectos precitados. Por supuesto que existen otras innumerables propuestas, pero en ellas no existe una convergencia contundente. Sin embargo, llegó a mis manos un libro publicado por la Universidad Monteávila, el cual es un riguroso estudio denominado La erradicación drástica de la pobreza, elaborado por el destacado doctor en economía Carlos Urdaneta Finucci, de nacionalidad venezolana y actualmente jubilado en Costa Rica. El trabajo expone un inusual elemento del que siempre he estado convencido, como importante salida a la pobreza. Aunque el enfoque de su análisis ya ha sido tratado por otros pensadores como Max Weber, lo que más llamó mi atención es que un elemento de esa naturaleza fuera invocado en el diagnóstico académico de un economista latinoamericano. Se trata de lo que el Dr. Urdaneta sintetiza como el capital moral que debe subyacer en los valores espirituales de la comunidad o individuo que pretenda superar su estado de pobreza. Es la sincera asunción de valores espirituales y morales por parte del individuo, así como la existencia en la comunidad de lo que llama “modelos-testimonio” -o sea referentes a emular-, personas que al lograr mejorar su condición de postración gracias a su transformación espiritual, con su ejemplo persuaden a otras. En un proceso integral y sostenible que pretenda superar permanentemente el estado de miseria, este “capital” moral y espiritual es primordial. Trátese de un individuo, o de una comunidad, de no existir éste, todo esfuerzo resulta, al final del camino, nugatorio. fzamora@abogados.or.cr

En el sexagenario de nuestra Constitución Política

Dr.Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista

Publicado en el Diario La Nación bajo la dirección:

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/octubre/25/opinion2134517.html
“El nuestro no es un problema de paz, sino de vida. Estamos perdiendo, a tambor batiente, el sentido de la vida en su doble acepción: el porqué de vivir y el respeto a la vida ... ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? Tres preguntas vitales. Este es el emplazamiento que hace a sus lectores, en su columna del 23/09/2009 el abogado Julio Rodríguez, periodista del diario costarricense La Nación. En esta coyuntura histórica, cuando el 7 de noviembre celebramos el 60 aniversario de nuestra Constitución Política, intentar como sociedad responder interrogantes de ese calibre, encierra un desafío imprescindible para nuestro futuro constitucional. Reconocer como nación, de donde venimos, reafirmar qué es lo que somos, y consecuentemente, la senda a seguir. Primeramente, contestar de dónde venimos es un ejercicio de honradez intelectual e histórica. Sabemos que la nacionalidad y la constitucionalidad costarricenses se forjaron en el crisol de la lucha por la libertad, entendida ésta en su naturaleza más íntima, concibiéndola como la autodeterminación hacia el bien. Realiza un acto libre quien obra el mal, pero su elección es moralmente defectuosa por carecer de la perfección específica de la libertad, pues ella tiene su sentido final en la vida moral. Aunque pretendan negarlo quienes disienten de los consensos que permitieron fundar nuestra nación, sabemos que desde nuestro nacimiento como comunidad, el origen esencial de nuestros ideales deriva su fuerza moral de la misma argamasa empleada para construir la cultura occidental: los ancestrales principios cristianos. El cuestionario se complica con la segunda pregunta con la que nos reta: ¿qué somos? Parece obvio que esa pregunta no se reduce a nuestra identidad folclórico-cultural, la cual por cierto, ya Láscaris respondió años atrás con un trazo literario genial. La identidad a la que la cuestión refiere reviste mayor gravedad. Para contestarla, -más que responder lo que somos-, escudriñemos ¿qué amenaza lo más preciado que hemos tenido como sociedad? La mayor amenaza que hoy como sociedad enfrentamos es la irrupción de una cultura de ingravidez moral. Una era del vacío. En otras latitudes donde la están sufriendo la conocen con un anglicismo: cultura light. ¿En qué consiste esta amenaza? Básicamente es la abdicación de los conceptos morales y espirituales que históricamente dieron identidad a nuestras nacionalidades. Consensos sociales que fueron fundamentales para nuestra convivencia y desarrollo equitativo. Están siendo sustituidos por una cultura exclusivamente enfocada en el consumo y la satisfacción de los sentidos naturales como ley máxima de comportamiento; cual si aquello fuese la respuesta existencial del ser humano. Un antropocentrismo esencialmente egoísta, en donde el hombre invierte los valores centrados en la idea de lo trascendente para, -en su lugar-, exaltar un sentido de autosuficiencia, al tiempo que se proclama autor de un código propio de vida. La necesaria consecuencia de ello es la aversión contra toda noción de lo trascendente y la claudicación de responsabilidades frente a ella. El “descompromiso” como norma de conducta. ¿Cuáles son las características de esta cultura? Primeramente es una sociedad consumista, aunque para los cultores del postmodernismo, aquella sea el epítome de la libertad. Allí el individuo es socialmente valorado por lo que posee, no por lo que es. Por otra parte, es una cultura materialista. Pretende justificarlo todo desde aquella perspectiva. Aún los portentosos misterios de la vida y la naturaleza deben explicarse apelando a fenómenos materiales. Así mismo, es una cultura relativista. Todo es relativo para quienes están influidos por la ingravidez del postmodernismo. Por eso son intolerantes con las verdades morales objetivas. Quienes se autoproclaman “progresistas” las consideran atavismos impropios que son indignas de su intelecto. Además, es una cultura hedonista. Al estar su despropósito centrado en la exclusiva exaltación de los goces y sentidos materiales, esta cultura representa la muerte del ideal. Sociedades en las que caben los Gil Blas de este mundo, pero jamás los Stockmann. En donde un subrepticio consenso puede ser aquel axioma de Maquiavelo que reza: “aún los heroísmos éticamente justificables son estériles si no logran un resultado práctico satisfactorio”. Esencialmente, la corrupción del carácter humano. También es una cultura sin sentido de propósito. Al priorizar en lo que alimenta los apetitos, repugna toda dirección donde apunte la luz del faro moral. La conciencia deja de ser norte de sus decisiones, arribando así el desconcierto generalizado como convidado de piedra. Y finalmente, es una cultura permisiva. Atropella todo dique de contención que pretenda imponer límites sustentados en convicciones morales trascendentes. Un ejemplo dramático de ello, es que el gobierno español pretende autorizar el aborto en menores sin el consentimiento de sus padres. Por cierto, ese superlativo antropocentrismo, es el indudable trasfondo de quienes promueven las prácticas abortivas y el laicismo extremo para nuestro sistema constitucional. En este sentido valga reconocer que el mayor acierto de nuestra corte constitucional ha sido su firme defensa de los valores originarios que informan nuestra constitucionalidad. La última pregunta es, ¿hacia dónde vamos? para lo cual es preferible intentar el hacia dónde ir. El camino es reafirmar la identidad de nuestros grandes ideales como nación, amante tanto -de la libertad sustentada en un marco ético-, como de sus convicciones fundadoras. Tengámoslo por cierto que el camino equivocado, es el que nos lleve corriendo a realizar cambios constitucionales y jurídicos para importar cuanto código extraño sea la última corriente de moda. Somos una nación mundialmente reconocida como defensora de las mismas libertades, derechos y valores que acrisolaron lo más preciado de la cultura occidental. En momentos en que algunas de las naciones occidentales pretenden, - condenándose a un mediato rumbo al despeñadero social-, renegar de sus valores originarios, sea hora en la que, apelando a nuestro carácter y sosteniéndonos firmes, los reafirmemos sin darles la espalda. fzamora@abogados.or.cr

LAS RAZONES DE LA VIOLENCIA POLITICA

Dr. Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista.

Publicado en el Periódico La Nación bajo la siguiente dirección:
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/septiembre/29/opinion2105589.html

Aunque sus propagandistas invoquen quimeras hermosas, quienes actualmente dirigen la violencia contra los Estados democrático constitucionales en el mundo, en realidad no persiguen ideal moral alguno. Ya sea que se trate de la guerrilla en las selvas colombianas, o de quienes dirigen la “yihad” de oriente medio, nada en lo absoluto tiene que ver, -dicha violencia-, con las supuestas justificaciones que anuncian los partes emitidos por los propagandistas de esa feroz cultura. La verdadera motivación de la actual violencia políticamente dirigida, es la obtención de mayores cotos de poder material. Si no es así, ¿cómo explicarse que dichos movimientos derivaran en grupos con intereses económicos? La dinámica macabra la dirigen siniestros personajes que, -tras bastidores-, se aprovechan del reclutamiento de mentes, emocional e intelectualmente carentes, para adoctrinarlas en la cultura del odio. Esos son los verdaderos hilos de la actual violencia política. Es el mismo principio aplicable a aquellos quienes la provocan sin invocar justificación política alguna. La paradoja es que se condena unánime y enérgicamente la violencia de las maras -o la de los carteles mexicanos de la droga-, pero la censura de la violencia “políticamente justificada” no se hace con el mismo brío. Si el producto moral resulta idéntico, no hay razón que amerite la distinción. Y el dilema nos lleva a preguntarnos, ¿cómo explicarse que dicha apología de la violencia sea promovida incluso por personas educadas? Esto se debe al hecho de que aún subsisten reminiscencias de la añeja idolatría por las ideologías, las cuales redujeron la explicación del problema existencial del hombre en función de sus apetitos materiales. En las antípodas del espectro, sabemos que las expresiones actuales de esas falsas quimeras, lo han sido tanto el monetarismo como el leninismo. En un polo, la Italia moralmente decadente de Silvio Berlusconi. Cuba en el otro extremo. Dos ilustraciones lamentables que reflejan las circunstancias a las que se ven arrastradas las sociedades víctimas de cualquier suerte de reduccionismo. Esos ejemplos reflejan la verdad de que una de las peores amenazas que se ciñe sobre los Estados democrático constitucionales es, -insisto-, la promoción y el reciclaje, -a través de fórmulas viejas con envases nuevos-, de las recetas materialistas de siempre. Falaces panaceas que nunca resolverán el problema existencial del hombre. Por cierto, muchísimo de lo expuesto explica el derrumbe financiero mundial del 2008. Sean de cualquier espectro ideológico, sus productos derivados arrastran, tras de sí, el engendro de dos prototipos sociales perversos: ya sea colectivos asolados por la ingravidez de lo superficial, -como sucedió con los grupos involucrados en los recientes escándalos bursátiles de Nueva York-, o la cruel inhumanidad de sistemas represores de los derechos fundamentales. Si no el hedonismo y la indiferencia espiritual, al menos sí la división social. Odio o al menos codicia. Y no sea yo malentendido. Es menester celebrar y fomentar las bondades que ofrecen la técnica y la ciencia como medios para mejorar la calidad de vida material. Pilares de progreso en todas sus expresiones. Incluidos los beneficios que ofrece la ciencia social para comprender y organizar al Estado y su comunidad, según las bondades que se logran extraer al positivismo Comteano. Lo que sí ataco es la construcción de los altares donde asientan las abstracciones ideológicas materialistas. Las mismas que se han utilizado para dinamitar la constitucionalidad democrática. Y la ya denunciada decadencia cultural que arrastran. Socavan la forja de consensos que tienen que ver con valores de la nacionalidad y de sus individuos que sí son esenciales. De ahí que, los occidentales de hoy, al igual que en otras épocas difíciles de nuestra historia constitucional, debemos reafirmar la convicción de que la lucha por nuestro progreso integral es un camino que debemos construir echando mano de otros recursos superiores a aquellos que actualmente nos ofrece el materialismo en boga. fzamora@abogados.or.cr

¿Para qué derribar los valores judeocristianos de la República?

Dr.Fernando Zamora Castellanos
Doctor en derecho constitucional.

Publicado en Página Abierta de Diario Extra bajo la dirección:
http://www.diarioextra.com/2009/setiembre/22/opinion10.php
Ante la ferocidad del grupo ideológico que desea eliminar toda mención a Dios en nuestra Constitución, en febrero pasado propuse, en la prensa nacional, la siguiente redacción para el artículo 75 constitucional: “Se garantiza en la República la libertad de cultos, a la vez que se reconoce en la judeocristiandad, el fundamento y tradición histórica de los valores nacionales.” Y la reitero hoy con la confianza de que sea respaldada por los Señores diputados. Una reforma así planteada, protege la diversidad de cultos en nuestro país, resguardando a su vez el fundamento de nuestra identidad histórica. El cambio constitucional así propuesto, reconoce las tres grandes tradiciones que nuestra nación ha acogido, como son la católica, la evangélica y la comunidad judía, y además respeta la práctica de todo otro culto dentro de nuestro territorio, aunque esté sustentado en otros sistemas de valores. De tal forma, se resguardarían constitucionalmente, tanto los caros ideales de la libertad, como nuestra valiosa herencia judeocristiana. Esta redacción la propuse en aquel momento, a raíz de las intenciones que se veían venir, -y que han salido a la luz en estos días-, de un grupo ideológico que propugna que se borre todo rastro del nombre de Dios en nuestra Constitución. Por cierto, el coro es encabezado por el diputado Merino del Río. El mismo diputado que -al tiempo que promueve y aligera proyectos abortistas-, se dice defensor de los débiles. Ante la dramática realidad de una naciente vida amenazada, -que por sí misma no se puede defender-, causa hilaridad el mimetismo que evidencia el adjetivo de justiciero con el que se arropa el Sr. Merino. Izquierda de alhacena fina y caviar. Y es que detrás de esas iniciativas, se refleja una hipocresía que en realidad oculta otras intenciones que, -de momento-, esos promotores no se atreven a exponer abiertamente. Como sucedió con el legendario caballo de la Troya antigua, en toda esta ofensiva se esconden otros intereses, que obviamente no son el de resguardar la práctica de otros cultos, lo que de por sí ya está sobradamente garantizado en Costa Rica. En momentos en que pretenden abrir las puertas a discusiones legislativas, si se quiere censurables para el país, -como sin duda es la del aborto-, el verdadero objetivo es borrar de nuestro texto constitucional todo rastro que en ella quede de los valores cristianos de la nación. Los mismos que -de forma reiterada-, nuestra justicia constitucional ha reconocido que son fundamentales informadores de nuestra constitucionalidad. Por esa razón es que se afanan en derrumbar todos los bastiones que queden de los valores judeocristianos en nuestro ordenamiento. Porque esos valores representan el último dique de contención que está impidiendo la entronización, -en nuestros mismos cimientos jurídicos-, de una cultura perversa. Una suerte de nihilismo en la que el hombre invierte sus valores exaltando su sentido de autosuficiencia, al tiempo que se proclama autor de un egoísta código propio de vida, y cuyas consecuencias implican, -ante la idea de lo trascendente-, la claudicación humana de todo sentido de responsabilidad frente a ella. Es un código cultural engañoso y abyecto, que ha patrocinado los dramas más espantosos de la historia universal reciente. ¿O es que niegan las raíces nihilistas del nazismo que provocó el horror del siglo XX? ¿O los amargos frutos del ateísmo estalinista en la Europa del este? La prensa ha informado que en el Congreso, son trece señores diputados quienes han refrendado la importación de esta propuesta cultural para Costa Rica. Sabemos que, de ellos, algunos lo habrán hecho de buena fe y desconociendo los demoledores perjuicios que, -para la salud moral y espiritual de la república-, acarrean los subrepticios designios de quienes los han azuzado. Por la información que ha dado la prensa, no parece posible que, de momento, sus empeños tengan éxito inmediato. Lo que sucede es que la maquinación estratégica que hacen los líderes de este grupo, es la misma de una milicia que, -para posicionarse-, defiende una cabeza de playa. Como las zorrillas que -a base de pequeños daños-, van echando a perder las viñas, su verdadera determinación es ir minando el acuerdo social que existe en consensos tan profundos para el costarricense como el de nuestra idea de un sistema de valores trascendentes que respetar, y con ello, la irrestricta defensa del derecho a la vida. Una ética que para los ancestros forjadores de nuestra nacionalidad, hubiese sido impensable, -más aún, inimaginable-, que algún día se intentase poner en tela de duda, ¡Y en los mismísimos altares de la Patria! fzamora@abogados.or.cr

Constituyente ¿Cuál de los dos caminos?

Dr.Fernando Zamora Castellanos
Doctor en derecho constitucional

Publicado en la Página abierta del Diario Extra bajo la dirección:
http://www.diarioextra.com/2009/setiembre/01/opinion07.php


El Presidente Arias ha anunciado recientemente que apoya la idea de la convocatoria constituyente. De aprobarse este proceso, parece que estaremos cautivos de una disyuntiva: encaminarnos hacia la necesaria descentralización y con ello, a una mayor democratización del poder político, o a la inversa, ir hacia su concentración. Lo infiero de las manifestaciones y propuestas esgrimidas en los últimos meses por quienes han opinado sobre el tema. Antes de que conociéramos sobre la posibilidad de la Constituyente, había escrito un artículo publicado el 12 de octubre del año pasado, donde expuse su necesidad sobre la base de que el país debía enrumbarse hacia un sistema constitucional que permitiera sentar los fundamentos de la impostergable descentralización, y en donde el protagonista fuese el poder local. Esto con el objetivo de desatar la participación de una cada vez mayor cantidad de nuevas fuerzas sociales que coadyuven en el desarrollo nacional. Sin embargo, a raíz del anuncio gubernamental, otros sectores han aprovechado para promoverla con la intención inversa de fortalecer el agotado modelo presidencialista central, algo así como inyectar estimulantes a un cuerpo que ya emite estertores. El espíritu que los motiva se sustenta en una premisa incierta: que si el sistema le otorgase al gobernante más poder político, la gobernabilidad sería más eficaz. Pero la tesis, en apariencia bondadosa, es un espejismo. Con escasas excepciones, la historia humana, -incluso la que hoy se escribe-, ha demostrado lo contrario: que la concentración del poder insufla la ingobernabilidad y alimenta la corrupción. Ejemplo son las actuales experiencias latinoamericanas, donde los presidentes promueven referendos, constituyentes y sentencias con la evidente intención de concentrar el poder. Amén del hecho de que la era del conocimiento, paradigma del nuevo tiempo histórico que hoy vivimos, lo que demanda es participación y desconcentración del poder, y no lo contrario. Peor aún, algunos azuzan la pretensión de promover cambios que eliminen controles propios entre los distintos poderes del Estado y para ello insisten que puede lograrse sin la molestia de convocar constituyente. Como bastan reformas legales para desmarcarse de lo que consideran un molesto sistema de controles públicos, he escuchado incluso la propuesta de eliminar el efecto suspensivo garantizado por el artículo 41 de nuestra jurisdicción constitucional, barrera contra las actuaciones arbitrarias de la administración. Lo que sería un rudo golpe contra nuestro sistema de control administrativo, pues dicha medida ha representado, sin duda, un arma eficaz contra los abusos del poder. En síntesis, proponen acudir en sentido contrario al que han venido marchando sistemas constitucionales modernos que han desechado la centralización presidencialista. En Suiza distribuyeron el poder en las administraciones públicas locales, trasladando a ellas funciones vitales y resultó tan eficaz el sistema, que hoy su Constitución traslada en los cantones aspectos como la seguridad y la protección de la población, la educación pública general, incluida la superior, la cultura, la protección del medio ambiente, el desarrollo y administración de la infraestructura de las aguas, las conciliaciones extrajudiciales, -y aunque la sección décima de la Constitución Suiza mantiene la promulgación de la legislación civil y penal como competencia del poder central-, traslada al poder local la administración de justicia. En materia fiscal esa Constitución establece un adecuado equilibrio fiscal entre el poder central y los cantones, obligando a la Confederación a establecer principios que permitan armonizar los impuestos directos del poder central, y el de los cantones y municipios. Aunque parezca increíble, aquel país ha llegado al traslado de competencias cantonales aún en materia de investigación científica o carreteras nacionales, tal y como disponen los artículos 64 y 83 de su Constitución. Por el contrario, en la actividad pública costarricense el poder local es prácticamente inexistente como factor de solución real de los problemas de la comunidad. Hasta hace poco, todo el presupuesto de las 81 municipalidades del país resultaba en un mendrugo de tan solo un 1,6% del total del gasto público, y una transformación constitucional trascendente, por ejemplo, debería implicar una delegación tributaria que permita el traslado de buena parte de la recaudación fiscal a la administración local. Este tipo de cambios si ameritan la Constituyente. fzamora@abogados.or.cr

¿Por qué decae occidente?

Publicado en el Periódico español El Imparcial bajo la siguiente dirección:
http://www.elimparcial.es/sociedad/por-que-decae-occidente-46707.html

La prensa informó que un grupo encabezado por reconocidos legisladores de izquierda maniobraron para aligerar el abortista proyecto de ley # 16.887, que lleva el engañoso nombre pro “salud sexual.” Esto trajo a mi memoria el comentario de un docente universitario quien me relató asombrado, que debió confrontar a algunos universitarios -que relativizando el derecho a la vida-, justificaban cierta actividad terrorista y otros hechos similares como el genocidio nazi. Algo de lo que también he sido testigo en mi experiencia docente de tiempos recientes. Y es que en algunos sectores activistas, se ha venido manifestando una feroz resistencia contra esos consensos usuales que vagamente llamamos valores costarricenses. Es una nueva intolerancia que arremete contra todo lo que ose defender la existencia de verdades morales objetivas, tal y como históricamente lo han logrado las ancestrales convicciones de nuestra nacionalidad. Se justifican en una mal entendida tolerancia. La tolerancia es respeto a la disensión, sin que ello implique que -por complacencia-, debamos subyugar los principios colectivos ante la acción que contraviene la ética reconocida en pro del beneficio general. Ese disenso es hijo putativo de la cultura postmoderna y sus códigos importados. Es la tendencia que relativiza y justifica todo, reemplazando los conceptos de lo correcto y lo incorrecto, por lo que “conviene” o “sienta bien”. Es desatender la dirección donde apunta la luz del faro moral, en el ánimo de preservar solo lo que alimente los apetitos; cuando la conciencia deja de ser norte de nuestras decisiones morales y la reducimos a un mero termómetro sumergido en las ciénagas del hedonismo colectivo. Lo que hoy ha relativizado, por ejemplo, consensos que para el costarricense eran otrora indiscutibles, como la defensa de la vida –legitimando prácticas abortivas-, o la protección del estado natural de la familia. Relativo todo. Es la demolición de un concepto: la verdad. Aunque muchos no tenemos plena conciencia de ello, eso que llamamos “valores costarricenses”, no son sino los mismos que -por milenios y a costa de la sangre de sus mártires-, dieron fundamento a la cultura occidental: la herencia judeocristiana. La influencia de los ideales cristianos permanece en capas ocultas tal como lo hace el petróleo en la piedra pómez, hasta que -recurrentemente-, irrumpen en el escenario de la historia para reencaminarla, como ocurrió en Europa del Este, cuando su influencia provocó el derrumbe del comunismo estalinista. Cual corrientes subterráneas que fluyen dando vida a manantiales, así fluyen del subsuelo de la cultura occidental, los siglos de forja de los valores cristianos. Desde la antigüedad, su aporte fue demoledor en la difusión de un concepto para entonces revolucionario: el de la dignidad humana, que se derivó de la convicción de que hemos sido creados a imagen y semejanza de un Ser ético. Banderazo de salida del largo camino que llevó a la creación del sistema internacional de protección de los derechos humanos en el siglo XX, hijo irrefutable de aquellos valores y piedra angular del constitucionalismo. Cuando vemos como son promovidos proyectos que atentan contra la vida o la familia, sabemos que Occidente decae porque -como en “El Peregrino” de Bunyan-, sus más caros ideales se subastan en la “Feria de las vanidades”. Es lamentable que en nuestro hemisferio, entidades como la IPPF, con sus funcionarios inmiscuidos en las antesalas de la ONU, y en Costa Rica -sus filiales-, resulten entusiastas corifeos de la subasta. En lo esencial de todo esto no hay novedad. Desde el siglo XVIII Voltaire se obsesionaba con una moral sin Dios para Europa. Lo que era impensable, es que la profecía orteguiana -depositada en su “Rebelión de las masas”-, sería mediante el voraz apetito de las abortivas industrias farmacéuticas. Y en España la polémica ha dado para tragicomedias. El 19 de mayo anterior, la ministra de salud Bibiana Aído, se dejó decir que un bebé con trece semanas de gestado es un ser vivo, pero NO un ser humano. Entonces unos ingeniosos empresarios de su país fabricaron un muñeco simulacro de dicha edad. Para sonrojo de la funcionaria, la réplica –de respetable tamañito-, ¡se ha vendido bien en la Madre Patria! Le llaman “el bebé Aído”. Por ello, sobre el tema particular del aborto, el intelectual ibérico Luis María Ansón -de la Real Academia-, espetó una acusación implacable a la izquierda defensora del aborto: “Frente a la progresía de salón, la del caviar y el domperignon, se alza el verdadero progresista, el que está a favor del débil contra los abusos del fuerte… me pongo, por eso, al lado del débil en el debate del aborto.” fzamora@abogados.or.cr

¿Cómo demolieron los estados constitucionales?

Dr.Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista costarricense.

Publicado en el diario Español El imparcial bajo la dirección:

http://www.elimparcial.es/america/como-demolieron-los-estados-constitucionales-46016.html

Para demoler los estados constitucionales de países como Bolivia o Nicaragua, se ha sido fiel a una estrategia uniforme. Y se comprende a la luz del ejemplo venezolano. Ese país tuvo una primavera democrática (1959-1974), durante los gobiernos de Betancourt, Leoni y la primera administración Caldera. Fue una era de liderazgos con un alto grado de aceptación. Existe consenso por parte de historiadores serios en reconocer esa etapa como un período caracterizado por un sano liderazgo político. Posterior a ello, tres razones influyeron para que la democracia venezolana se sumiera en una lamentable espiral decadente. La principal de ellas, la caída moral de la clase política, situación que empezó a ser evidente con la primera administración Pérez. El segundo motivo, la disminución de la atención a los sectores desfavorecidos, y el tercero, de carácter económico, sucedió en los veinte años posteriores a 1978: la caída en el ingreso de dólares por cada venezolano. Lo último básicamente a causa de la conjunción de la caída en términos reales de los ingresos petroleros, alternado con el aumento poblacional. Esto obligó a cada gobierno que llegó después del año 78, -y aproximadamente durante los 20 años subsiguientes-, a devaluar la moneda en por lo menos el cien por ciento para cada uno de dichos períodos constitucionales. El descontento popular acumulado por la crónica confluencia de aquellas decadencias, -la moral, la económica y la política-, fue el caldo de cultivo aprovechado por los enemigos de la democracia que provocó el arribo de la demagogia en su definición más Aristotélica. El camino escogido no fue luchar por el rescate de la rica herencia que había sido la primavera democrática venezolana, plenamente funcional de los años 1959 al 74. Por el contrario, a partir de la llegada de Chaves al poder, se toma el atajo propio de los adictos a la senda fácil, emprendiéndose una tenebrosa estrategia para demoler aquel estado constitucional. La misma que remedan en Nicaragua, Bolivia o Ecuador. ¿En qué consiste? en la vieja receta, propia de los sistemas fascistas, útil para demoler ese y cualquier otro estado constitucional, y que aplica ocho tácticas a saber: 1) el fortalecimiento del estamento militar, 2) la sistematización desde el poder de un discurso altamente ofensivo e implacable contra algún adversario ideado, para hacer aflorar las disensiones y disconformidades que usualmente yacen en el “subsuelo” psíquico de los sectores marginales. (el nazismo explotó hábilmente la fórmula a costa de las minorías étnicas) 3) La tendenciosa mitificación de sucesos históricos, idealizando las tradiciones épicas para tergiversarlas en función de los intereses de la camarilla usufructuante. 4) la negación o transmutación de la legalidad redirigiéndola a favor del poder concentrado, para lo cual se invoca un supuesto interés nacional. 5) El culto al mesianismo caudillista, 6) la sobre exposición propagandística de los mitos del régimen instaurado en los medios de comunicación 7) el desmantelamiento del sistema constitucional de frenos y contrapesos propio de la división de los poderes, y 8) la devaluación de las garantías individuales frente al poder, típicas de una constitución legítima, sustituyéndolas por procesos constituyentes que imponen “leyes fundamentales” subordinadas a los objetivos específicos del régimen, y donde siempre se hallará la entusiasta promoción de las “reelecciones” de rigor. Así se demolió el estado constitucional venezolano. Quien haga un serio recorrido histórico por los horrores del despotismo, -desde el nazi, estalinista, y hasta el serbio-, encontrará los mismos ocho lugares comunes que ya he citado. Las mismas viejas estrategias que, sutilmente, remedan hoy los regímenes que ahora se denominan “Alianza Bolivariana de la Américas”. En ciertas ocasiones, los avatares de la vida nos colocan en situaciones insondables, que con la perspectiva del tiempo cobran algún sentido personal. En 1992, un grupo de jóvenes fuimos invitados por Acción Democrática a visitar al Presidente Pérez, exactamente ocho días después de la intentona golpista de Chaves. Entonces fui testigo de dos realidades: la de los orificios, aún visibles, que había provocado la munición en el Palacio de Miraflores, y la del evidente grado de inconciencia que existía, -tanto en la población venezolana como en su decadente clase política-, de la amenaza que entonces se cernía sobre su maltrecha nación. Ese desapercibimiento resultó carísimo. Las consecuencias las sufren millones. fzamora@abogados.or.cr

¿Cuál es el mayor grado de corrupción?

Dr.Fernando Zamora Castellanos

Abogado constitucionalista

Publicado en el diario español El Imparcial visible a la siguiente dirección:

http://www.elimparcial.es/sociedad/cual-es-la-escala-mayor-de-corrupcion-45182.html

El Dr. Michael Stone, psiquiatra forense de la Universidad de Columbia, desarrolló una escala de veintidos niveles para medir la magnitud de la maldad humana. Su trabajo ha sido popularizado al castellano con la incorrecta traducción de índice de maldad, siendo una escala lo que en realidad elaboró. En materia de liderazgo público también existe una escala, mediante la cual es posible medir el grado de iniquidad de la clase política. Allí son tres los niveles de ignominia identificables. En el primero, -el más básico-, encontramos al funcionario cuya transgresión consiste en la comisión de actos aislados o ejecutados en solitario. En su cometido no implica a nadie más, ni urda ninguna asociación al defraudar el correcto proceder que dictan los supremos valores y las normas que juró resguardar. Esencialmente degrada su propia conciencia. El segundo nivel se alcanza cuando el jerarca, en su propósito de transgredir el sistema, corrompe almas ajenas. Seduce a sus cómplices, engendrándose así un subrepticio acuerdo para violentar ya sea el principio ético, o la norma de la que era depositario. Cuando la transgresión es descubierta, sale lo oculto a la luz, y con ello, la caterva de involucrados, tanto tentados como tentadores. En este segundo nivel de corrupción están los diversos escándalos con fondos públicos que han sido usuales en casi todas las naciones del hemisferio. Un ejemplo nacional fue el escándalo Caja-Fischel. Sin embargo, pese a la severidad de la anterior categoría, existe un tercer grado, el mayor, en la escala de la iniquidad del liderazgo político. Implica una conducta más sutil, -y por ello-, más espernible. ¿En qué consiste la máxima magnitud? En la utilización del poder y de su influencia, con el objetivo de redirigir y transmutar el sistema de normas y valores que el líder juró resguardar, en beneficio directo suyo o de su cámara inmediata. ¿Y por qué es más sutil y por tanto execrable? Porque sin necesariamente transgredir la ley, la transmuta en su favor, y al hacerlo la pervierte. Requiere de la solapada complacencia y complicidad de un estamento de poder aún mayor, devaluando así, a futuro, los valores constitucionales de la nación, su régimen de libertades, y el sistema legal y democrático que la resguarda. Por ello, el grado superior de corrupción política no radica en la transgresión de la ley sino en redireccionarla en favor propio. Es el abuso de la influencia política dirigido a implementar cambios constitucionales y normativos para estimular y facilitar la concentración en el líder de cada vez mayores cotos de poder. Es la descomposición de las tradiciones democráticas de una nación, con el objetivo de que quien ostenta la autoridad, acumule aún más señorío del que ya goza. La Venezuela actual es una sociedad que ha sido destruida como consecuencia de la codicia de quienes se enseñorearon abusivamente del favor que, en su momento, la nación les otorgó. En los períodos históricos dominados por conductores acostumbrados a estas prácticas, -etapas que son ciénagas y bajíos para los pueblos-, generaciones enteras de promesas políticas se ven condenadas a la disyuntiva entre rebajarse a cortesanos genuflexos, a cambio de participar de las migajas del opíparo festín de la camarilla, o por el contrario, tomar el camino moralmente altivo, con lo que resultan proscritos y exiliados de la participación política. Las consecuencias de ello son lamentables para la salud moral de la República, pues al tejido social le lleva decenios regenerar las tradiciones democráticas destruidas por la idiosincrasia política cortesana y disimuladamente despótica. Por eso en el diario español El País, -refiriéndose al Primer Ministro Berlusconi-, Saramago le espetaba indignado que su mayor pecado, “no es que desobedezca las leyes sino, peor todavía, las manda fabricar para salvaguarda de sus intereses…” fzamora@abogados.or.cr

La encrucijada de la constituyente

Dr.Fernando Zamora Castellanos

De aprobarse el proceso constituyente, parece que estaremos cautivos de una disyuntiva: encaminarnos hacia la necesaria descentralización y con ello, a una mayor democratización del poder político, o a la inversa, ir hacia su concentración. Lo infiero de las manifestaciones y propuestas esgrimidas en los últimos días por quienes han opinado sobre el tema. En este periódico escribí días atrás sobre su necesidad sobre la base de que el país debía enrumbarse hacia un sistema constitucional que permitiera sentar los fundamentos de la impostergable descentralización, y en donde el protagonista fuese el poder local. Esto con el objetivo de desatar la participación de una cada vez mayor cantidad de nuevas fuerzas sociales que coadyuven en el desarrollo nacional. Sin embargo, a raíz del anuncio gubernamental, otros sectores han aprovechado para promoverla con la intención inversa de fortalecer el agotado modelo presidencialista central, algo así como inyectar estimulantes a un cuerpo que ya emite estertores. El espíritu que los motiva se sustenta en una premisa incierta: que si el sistema le otorgase al gobernante más poder político, la gobernabilidad sería más eficaz. La tesis, en apariencia bondadosa, es un espejismo. Con escasas excepciones, la historia humana, -incluso la que hoy se escribe-, ha demostrado lo contrario: que la concentración del poder insufla la ingobernabilidad y alimenta la corrupción. Ejemplo son las actuales experiencias de Venezuela o Bolivia, donde sus presidentes promueven referendos y constituyentes con la evidente intención de concentrar el poder. Amén del hecho de que la era del conocimiento, paradigma del nuevo tiempo histórico que hoy vivimos, lo que demanda es participación y desconcentración del poder y no lo contrario. Peor aún, algunos azuzan la pretensión de promover cambios que eliminen controles propios entre los distintos poderes del Estado y para ello insisten que puede lograrse sin la molestia de convocar constituyente. Como bastan reformas legales para desmarcarse de lo que consideran un molesto sistema de controles públicos, he escuchado incluso la propuesta de eliminar el efecto suspensivo garantizado por el artículo 41 de nuestra jurisdicción constitucional, barrera contra las actuaciones arbitrarias de la administración. Lo que sería un rudo golpe contra nuestro sistema de control administrativo, pues dicha medida ha representado, sin duda, un arma eficaz contra los abusos del poder. Incluso un pensador del derecho tan respetado como el Dr.Hernández Valle, ha caído en esa tentación, según leímos en un artículo publicado en un diario nacional. En síntesis, proponen acudir en sentido contrario al que han venido marchando sistemas constitucionales modernos que han desechado la centralización presidencialista. En Suiza distribuyeron el poder en las administraciones públicas locales, trasladando a ellas funciones vitales y resultó tan eficaz el sistema, que hoy su Constitución traslada en los cantones aspectos como la seguridad y la protección de la población, la educación pública general, incluida la superior, la cultura, la protección del medio ambiente, el desarrollo y administración de la infraestructura de las aguas, las conciliaciones extrajudiciales, -y aunque la sección décima de la Constitución Suiza mantiene la promulgación de la legislación civil y penal como competencia del poder central-, traslada al poder local la administración de justicia. En materia fiscal esa Constitución establece un adecuado equilibrio fiscal entre el poder central y los cantones, obligando a la Confederación a establecer principios que permitan armonizar los impuestos directos del poder central, y el de los cantones y municipios. Aunque parezca increíble, aquel país ha llegado al traslado de competencias cantonales aún en materia de investigación científica o carreteras nacionales, tal y como disponen los artículos 64 y 83 de su Constitución. Por el contrario, en la actividad pública costarricense el poder local es prácticamente inexistente como factor de solución real de los problemas de la comunidad. Hasta hace poco, todo el presupuesto de las 81 municipalidades del país resultaba en un mendrugo de tan solo un 1,6% del total del gasto público, y una transformación constitucional trascendente, por ejemplo, debería implicar una delegación tributaria que permita el traslado de buena parte de la recaudación fiscal a la administración local. Y este tipo de cambios si ameritan la Constituyente. fzamora@abogados.or.cr

La crisis constitucional en Honduras

Dr.Fernando Zamora Castellanos

Con ocasión de mis labores de profesor universitario, me correspondió dirigir una investigación académica en derecho comparado centroamericano, que me permitió la oportunidad de estudiar la constitución política hondureña, de la cual hoy extraigo conclusiones interesantes de compartir en relación a su actual crisis institucional. La quiebra constitucional en Honduras, -cuyas consecuencias políticas hemos conocido por medio de la prensa-, puede analizarse en dos visibles etapas de ruptura. Una primera etapa en este proceso de quebrantamiento al orden constitucional hondureño, se da cuando el Presidente Zelaya, en expresa violación al artículo quinto, doscientos treinta y nueve, y trescientos setenta y cuatro de dicha Constitución, ordena realizar, dentro del proceso electoral previsto para el domingo pasado, un referéndum sobre un tema que está absolutamente proscrito por el texto constitucional hondureño, como es el de la reelección presidencial. En los artículos constitucionales citados, se establece claramente que, en materia de reelección y en materia de duración del período presidencial, el referéndum está absolutamente prohibido. Aún más, en los artículos aludidos, la constitución hondureña además de impedir expresamente la realización de referéndum alguno en relación al tema, deniega claramente la posibilidad de reformar la Constitución en esa materia, adjudicándole a la norma antireeleccionista un carácter pétreo. Tan contundente es la norma constitucional al respecto, que el numeral doscientos treinta y nueve constitucional, determina que quien proponga la reforma a favor de la reelección presidencial, “o quienes la apoyen directa o aún indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”. El texto de este precepto constitucional citado, refleja la gravedad que el constituyente otorgó a la defensa del principio antireeleccionista y las graves consecuencias que se le endilgan a quien pretenda su reforma. Así las cosas, y de acuerdo a lo expuesto, resulta claro que, -en una primera instancia-, el Presidente Zelaya incurrió en un abierto e indiscutible quebrantamiento del orden constitucional hondureño al utilizar los recursos del poder ejecutivo para imponer y financiar una consulta oficial en esa materia. Sin embargo, si lo que se debía era reprochar la transgresión del Presidente Zelaya, el ordenamiento constitucional hondureño preveía un procedimiento legal correspondiente, y por supuesto que NO consiste en la barbarie de allanarle su hogar, secuestrarlo y expulsarlo del país, lo que de por sí está expresamente prohibido por el numeral ciento dos de la constitución hondureña, que impide expatriar a un hondureño. La solución jurídica del entuerto ocasionado por Zelaya, debía resolverse de conformidad con lo contemplado en los artículos doscientos ocho, trescientos trece, y trescientos dieciséis de esa Constitución Política. En dichos procedimientos son los poderes legislativo y judicial los que resultan protagonistas. En el Poder legislativo, es la Comisión permanente del Congreso, al que según el ordenamiento, le corresponde recibir las denuncias por violaciones a su Constitución. Por otra parte es a la Corte Suprema de Justicia, al poder que le corresponde conocer los procesos incoados contra los más altos funcionarios del Estado, y un tercer protagonista es el Tribunal Constitucional hondureño. Este último, según aquella ley fundamental, dirime los conflictos entre los poderes estatales. Todo dentro del marco del debido proceso y con el implícito respeto de sus correspondientes etapas. Así las cosas, resulta que la respuesta frente a la conducta arbitraria e inconstitucional en la que incurrió el Presidente Zelaya, no fue la que preveía el ordenamiento, sino por el contrario, fue una reacción aún más atávica y brutal contra el orden constitucional establecido, lo que tristemente refleja el alto grado de inmadurez política de esa noble nación hermana. fzamora@abogados.or.cr

Contra una libertad constitucional

Dr.Fernando Zamora Castellanos

En el pasado la jurisprudencia constitucional definió que la enseñanza privada era una actividad de interés público, y que precisamente por ello estaba sujeta a regulaciones generales en beneficio de la colectividad. No obstante, entonces la Sala consideraba, que aquello no la convertía en una actividad ni en un servicio público —ejercido por el Estado o por concesión del Estado—, sino que era concebida como una libertad del ciudadano, sometida únicamente a la fiscalización tutelar del Estado. En este sentido iba la sentencia constitucional número 3550 del año 1992, redactada quince años atrás. Esta era una sentencia sabia, pues amparaba la adecuada aplicación del artículo ochenta constitucional, el cual debe garantizar la plena iniciativa de los sujetos privados en materia educativa. En el mismo sentido, la jurisdicción constitucional —en otra sentencia coherente con la citada—, la número 590 del año 1991, alegaba que dicha libertad es la que protegía aún el derecho de los padres de elegir la formación que desean para sus hijos. Sustentados en esta lógica impecable, la Sala afirmaba la libertad que los centros privados de docencia tenían, de aplicar, por ejemplo, sus propias tarifas —y sin duda—, énfasis, regulaciones y disposiciones características, “sin que se pueda obligar como pretende la recurrente, a estos centros, a aceptar alumnos que no cumplen con las obligaciones de estos centros docentes” (Voto 590-91). De ahí que resulta contradictorio con el coherente historial jurisprudencial anterior, un reciente fallo constitucional que se dio a conocer, el cual conminó a un centro docente privado a variar sus políticas internas, las cuales regulaban la enseñanza de sus estudiantes admitidos, de conformidad con el énfasis doctrinario propio de la institución. No tratándose de instituciones de enseñanza públicas, y no transgrediendo el principio contenido en el artículo 75 constitucional —que obliga a la observancia de las buenas costumbres o “moral universal”—, es parte consustancial de la libertad de enseñanza privada, permitir la docencia dentro de un determinado énfasis doctrinario y filosófico, independientemente que se esté o no de acuerdo con el acento pedagógico que pueda asumir el centro. En el caso de los padres, es nuestro derecho pagar —o no— por que nuestro hijos sean educados con ese énfasis, sin que debamos obligar a la institución a variarlo —¡y menos por medios judiciales!—, una vez que nuestros hijos ingresaron o pretenden ingresar a él. Distinto el caso si se tratase de centros estatales. Aunque a partir de mis propias convicciones, nunca pagaría por que mis hijos se eduquen en un centro que promueva —por ejemplo— una perspectiva reduccionista de materialismo ateo, indudablemente defiendo el derecho de otro padre de familia que desee educar a sus hijos en un centro que promueva esas ideas. Es un derecho que debe ser respetado equitativamente. Así las cosas, parece que la Sala Constitucional, con la muy buena intención de resguardar la libertad de enseñanza, por el contrario, la ha conculcado. Existe una frontera muy tenue entre la valiente defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos —de lo cual la Sala ciertamente debe ser celosa guardiana—, y por otra parte, esa tentación jurisdiccional que pretende penetrar y decidir acerca de todos los ámbitos de nuestra actividad colectiva, desde materia de estricta incumbencia política, como lo hemos visto en el pasado, hasta materia —tan curiosa— como la reglamentación del pago de premios de lotería. Todo parece indicar que dicho desliz de la jurisprudencia constitucional quizás sea causado por la caída en esta peligrosa tentación.

¿Por qué caen las sociedades libres?

Dr.Fernando Zamora Castellanos

Días atrás la prensa informó de que el gobierno español aprobó una reforma a su legislación por la que una niña de dieciséis años podrá practicarse el aborto de un embarazo sano y de un hijo sano, aún a las catorce semanas de gestación, sin requerir el permiso paterno. ¿Qué hay detrás de todas estas tendencias legislativas, -cada vez más agresivas-, que se vienen imponiendo en las sociedades modernas? No son consecuencia de ideal alguno labrado en la forja histórica de filosofías trascendentes, ni de alguna novedosa cosmovisión. Se trata únicamente de una respuesta simplista que consiste en promover cambios legales para legitimar la infracultura hedonista en la que actualmente están sumiéndose muchas sociedades occidentales. Esas ofertas legislativas para que las sociedades se consuman en el océano de sus propios apetitos e instintos egoístas no deberían ser problema alguno, de no ser porque la experiencia nos demuestra, -hasta la saciedad-, que los pueblos que se han derrumbado, son aquellos que han distendido sus convicciones comunes, su ética de trabajo y la identidad de valores que forjaron su destino, dando por demás paso al engendro de la corrupción. En tiempos decadentes para Gran Bretaña, Edward Gibbon escribió una obra esclarecedora acerca de este tipo de circunstancias, enfocándolas dentro del contexto de la caída del imperio romano. En ella demostraba lo grave que es para las sociedades abdicar a la identidad de su código común de virtudes. Y aunque el argumento de la libertad es al que usualmente se apela cuando se promueve dicho relajamiento, ello es un espejismo, pues cuando la libertad es avasallada subordinándola exclusivamente en función de los instintos y apetitos, degenera en libertinaje, que es antesala del cinismo, de la demagogia y finalmente, del despotismo. Y lo censurable del cinismo no radica en el hecho de que sus argumentos carezcan de sustento lógico, -pues muchas veces lo tienen-, sino en la subrepticia intención de destruir la esperanza que combate por lo que es ideal como bien supremo, lo más valioso que poseen los que luchan. Sabemos que las sociedades libres no caen por los obstáculos y adversidades que enfrentan. Etnias y naciones se han sostenido frente a adversidades inimaginables, asidas únicamente a la colectiva lealtad a su identidad de valores comunes y a la esperanza trascendente. Pocos años atrás, Jean Francois Revel, era insistente sobre sus temores de que las sociedades abiertas caerían frente a la amenaza del totalitarismo comunista, pero los hechos demostraron lo que ya la segunda guerra mundial había probado: que las sociedades libres, aferradas a sus convicciones, pueden confrontar y vencer el despotismo, como ya había sucedido frente al horror nazi. Por ello, ni aún el poderío tecnológico y material es ventaja determinante para impedir que el despotismo sea derrotado, como tampoco para evitar que una sociedad libre degenere. De ahí que la mayor de las carencias de una nación, es que en circunstancias relevantes, se encuentre ayuna de inspiradores. Porque vivimos la paradoja de que en nuestro país parecen coexistir dos Costa Ricas. La que inspira, la de los combatientes anónimos, la que se vuelca solidaria frente a la adversidad de sus congéneres, la que se esfuerza, persevera y al menos intenta la coherencia entre virtud y fe sincera, y por otra parte, la Costa Rica que es leal, pero solo a la búsqueda de sus deleites como fines en sí mismos, la que se resiste a ceder en sus intereses egoístas, la que se detiene a contar sus talegas en medio de la marcha. Frente a esa realidad, sirva este artículo como una alerta frente al objetivo programático de aquellos que, -aunque de buena fe-, impulsados sobre la ola que recorre ciertas naciones, están pretendiendo importar ese código cultural a nuestra sociedad, legitimando una suerte de consenso del egoísmo, que tanto daño ha ocasionado a aquellas sociedades sustentadas en la responsabilidad y la verdadera libertad. fzamora@abogados.or.cr

Un largo camino

Dr. Fernando Zamora Castellanos
Abogado Constitucionalista

Los derechos humanos han sido construidos por múltiples procesos históricos y a través de un largo camino. De ahí que, aunque su sistema internacional de protección se consolidó en el Siglo XX, no son una “novedad” de dicho Siglo, como en algún momento leí de parte de algún historiador costarricense. ¿Y la revolución francesa, del Siglo XVIII, con su declaración de los derechos del hombre? ¿Y los siglos de evolución constitucional inglesa? ¿Y las luchas sociales que acompañaron la revolución industrial durante el Siglo XIX?, sin citar muchos etcéteras más. Sostener que los derechos humanos son una “novedad” del Siglo XX por el hecho de que en dicho Siglo se consolidó su sistema de protección, es algo similar a afirmar que la astronomía es novedad en el Siglo XX porque en 1990 se puso en órbita el Telescopio Hubble. Esa curiosa afirmación tiene la intención de presentar a los derechos humanos como una creación exclusiva de la historia reciente y así desacreditar la importancia de que nuestra Constitución conserve nuestra genérica identidad histórica judeocristiana. ¿La razón? Porque la influencia de los ideales cristianos en el derecho humano permanecen en capas subterráneas como lo hace el petróleo en la piedra pómez hasta que, -súbitamente-, irrumpen en el gran escenario de la historia, como sucedió en la Europa del Este, cuando su influencia provocó el derrumbe de la cortina de hierro. Cual corrientes subterráneas que fluyen dando vida a manantiales, así fluyen en el subsuelo de los derechos humanos, los siglos de forja de los valores cristianos en la historia. Incluso han representado un implacable impacto en el origen de instituciones vitales. Cito dos de ellas fundamentales: el sistema de salud hospitalario, y el sistema educativo tal como hoy lo conocemos. Igualmente su aporte demoledor en la difusión de un concepto revolucionario para el mundo antiguo: la convicción de que todo hombre posee una dignidad derivada de su naturaleza como creación de un Ser ético. Este novedoso concepto inauguró para la historia, el ideal del derecho y dignidad humanas, iniciando el largo trayecto que culminó en el Siglo XX al consolidarse su sistema internacional de protección. Por eso también yerran quienes pretenden mal equiparar los ideales cristianos con las supersticiones míticas de la antigüedad y los ya consabidos abusos de los poderes religiosos, pues si tomamos en cuenta que, en la antigüedad, el gobernante era concebido, -por sí mismo-, una divinidad, bajo la cual se subordinaba todo otro poder humano, el originario germen destructor de aquellas prácticas abusivas y supersticiosas, lo fue el ideal judeocristiano que concibió a los hombres iguales entre sí por su común naturaleza de seres creados con dignidad inherente. Este concepto representó, para el derecho humano, un “big bang” sobre el cual se erigiría posteriormente una multiplicidad de procesos históricos y filosóficos, tal y como fueron, por ejemplo, las ideas de la ilustración

La tentación antidemocrática criolla

Dr.Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista
Publicado el día 11 de mayo del 2009 en el Periódico La Nación
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/mayo/11/opinion1960356.html

Uno de los grandes logros de la revolución de 1910, que costó la vida de diez millones de mexicanos, fue la conquista del principio: “Democracia efectiva: no reelección”. Dicho lema, por el que ofrendaron su vida millones de ciudadanos, representaba la consigna estandarte que permitió desterrar para siempre la reelección del marco constitucional de aquella nación.
Esto, por cuanto la experiencia había demostrado que el sistema de reelecciones estimulaba la concentración del poder y, de paso, la corrupción. El espíritu que usualmente motiva las propuestas que facilitan la concentración del poder se sustenta en una falacia: que la legitimidad del gobernante radica, más que en la nobleza de sus ideales y la coherencia de su práctica, en la cantidad de poder real que concentre.
Pero, con escasas excepciones, se ha demostrado que la concentración del poder insufla la ingobernabilidad y alimenta la corrupción. Ejemplo de ello son las actuales experiencias de Venezuela, Ecuador, Nicaragua o Bolivia, donde sus presidentes promueven referendos y constituyentes con la evidente intención de concentrar el poder, en lugar de descentralizarlo.
Protagonistas de la actividad política costarricense siguen cayendo en este tipo de tentaciones. La última de ellas se ve en los recientes intentos de algunos parlamentarios para que se permita que los supremos representantes del poder ejecutivo participen de actividades partidarias. Esto se suma a las intenciones de algunos sectores que, ante la posibilidad de una convocatoria constituyente, no albergan el ánimo de descentralizar el poder político en Costa Rica, sino que los motiva la intención inversa de fortalecer el leviatán del agotado modelo presidencialista central.
Peor aún, algunos azuzan la pretensión de promover cambios que eliminen controles propios entre los distintos poderes sin la molestia de repensar el Estado mediante la constituyente. Para ellos bastan simples reformas legales para desmarcarse de lo que consideran un molesto sistema de controles públicos. He leído incluso sobre la propuesta de eliminar el efecto suspensivo garantizado por el artículo 41 de nuestra jurisdicción constitucional, que es una barrera contra las actuaciones arbitrarias de la administración.
Proponen acudir en sentido contrario al que han venido marchando los sistemas constitucionales modernos, que han desechado la centralización presidencialista en busca de una mayor democratización del poder, y han logrado desatar la participación de una cada vez mayor cantidad de nuevas fuerzas sociales, que coadyuvan en su desarrollo nacional. Transformaciones de este tipo sí ameritarían una convocatoria constituyente, convirtiéndola en un objetivo noble.

En este triste 70 aniversario

Dr.Fernando Zamora Castellanos

Publicado en La República del 17 de marzo del 2009.

http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=22746

Aunque para muchos pasará desapercibida, este 15 de marzo hizo exactamente 70 años, se conmemora la fecha en la que dan inicio las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial. En ese día de 1939, las divisiones de Adolfo Hitler tomaron posesión del resto de Checoslovaquia que desaparece; Moravia y Bohemia son ocupadas por los nacional socialistas. Y aunque representa una fecha histórica infausta, -por las consecuencias que dicha guerra trajo al mundo-, no debe ser olvidada. Hoy nuestra nación se enfrenta con poderosas amenazas, diversas y de toda naturaleza: el narcotráfico que azota a países como México; las profundas divisiones sociales por motivos políticos o económicos, las cuales azotan a países como Venezuela, Nicaragua o Bolivia; el problema ambiental que pende como una espada de Damocles sobre las futuras generaciones, o el chantaje terrorista que se cierne sobre nuestras democracias occidentales, son solo algunos ejemplos de ese variopinto de nubarrones que se vislumbran en la lontananza de nuestra vida nacional. Por ello, a los 70 años exactos de los primeros estertores de ese doloroso parto, que fue la Gran Guerra, valga esta breve reflexión para alertar sobre la importancia de conservar nuestros ideales nacionales, nuestra identidad, y nuestros valores, como yelmo que nos permita enfrentar tan descomunales desafíos. Hoy no son divisiones blindadas las que avanzan destruyendo las fronteras nacionales, como sucedió en la Europa de 1939, pero no por que el enemigo sea menos convencional, es por ello menos desafiante. En ese ejército anónimo de ciudadanos, trabajadores honestos, amas de casa, que día a día luchan y se esfuerzan por mejorar o al menos sostener sus condiciones de vida, se encuentran las reservas morales y espirituales para confrontar el desafío. En estas tristes efemérides, sea además esta fugaz cavilación, un homenaje de respeto a los millones de víctimas que a partir de aquel día iniciaron el espantoso descenso hacia aquel horroroso drama. fzamora@abogados.or.cr

Una Reforma Sensata

Una Reforma Sensata

Dr.Fernando Zamora Castellanos

Publicado por el Periódico La Nación, San José de Costa Rica

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/febrero/24/opinion1885053.html

“Se garantiza en la República la libertad de cultos, a la vez que se reconoce en la judeocristiandad, el fundamento y tradición histórica de los valores nacionales”. Una reforma de este tipo, para el art. 75 constitucional, cumpliría objetivos importantes: protegería la diversidad de cultos en nuestro país, resguardaría el fundamento de nuestra identidad histórica y eliminaría el monopolio confesional.

Valga agregar que el precepto constitucional así planteado no solo reconoce las tres grandes tradiciones que nuestra nación ha acogido en su seno, como son la católica, la evangélica y la judía, sino que, además, protege la práctica de todo otro culto que sea ejercido en nuestro territorio y que esté sustentado en otros sistemas de valores.

De tal forma, se resguardarían constitucionalmente tanto los caros ideales de la libertad, como nuestra histórica identidad cultural en esa materia. Esta tesis la he venido esgrimiendo en artículos antes publicados, reconociendo que –si es necesario eliminar la confesionalidad católica del Estado– debe conservarse el resguardo de nuestro sistema de valores. No obstante, he sido confrontado por la intolerancia de los dogmáticos de una laicidad llevada al extremo, que pretende borrar en su totalidad de nuestro mapa constitucional dicha cara tradición.

Como sucedió con el legendario caballo de la Troya antigua, en toda esta ofensiva se esconden otros intereses, que obviamente NO son el de proteger la práctica de otros cultos, lo que de por sí ya está sobradamente garantizado en Costa Rica. En momentos en que se vislumbran futuras discusiones trascendentales, como sin duda será la del aborto, el verdadero objetivo es eliminar del texto constitucional la barrera que representa dicho sistema axiológico, el cual reiteradamente nuestra Sala ha reconocido como importante informador de nuestra constitucionalidad.

¿Una nación sin identidad?

¿Una Nación sin identidad?

Publicado en el Periódico La Nación el 6 de febrero 2009.

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/febrero/07/opinion1867249.html

Dr.Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista

Por la aparente inconveniencia de que nuestro Estado ostente una determinada confesión religiosa ha tomado fuerza la idea de la laicidad estatal. Sin embargo, con la ofensiva de los promotores de la laicidad, -más allá de aquella iniciativa-, lo que en realidad está en juego, es si la Constitución Política de Costa Rica debe conservar la identidad judeocristiana de nuestra nación, o si, -por el contrario-, debe prescindir de ella. Laicidad, no es identidad, es carencia de ésta. Un estado laico, es uno axiológicamente indefinido, equidistante de todo otro referente. Claudicante en los valores trascendentes. La Academia de la Lengua, define el concepto de laico como carente de órdenes. Laicidad no es ser, es NO ser. Si es conveniente eliminar de la Constitución la confesión católica de nuestro Estado, debe llenarse ese vacío conservando una firme y clara referencia a nuestra vocación judeocristiana, evitando la indefinición axiológica de nuestro sistema constitucional, que degeneraría en una nación sin su histórica identidad. Como sostuvo Aragón, una genuina constitucionalidad, no es solo una fría normatividad de garantías que sostengan el esqueleto jurídico del Estado. Ella es, además, la firme enunciación de los ideales y valores de la nacionalidad que ampara. En todo estrado donde se les permitía, los próceres del derecho Piza Escalante en Costa Rica y Alfredo Orgaz en Argentina, con igual ardor proclamaban que los grandes ideales constitucionales no le pertenecían a las presentes generaciones, sino también a las anteriores y futuras. De ahí que borrar todo rastro de la identidad judeocristiana de nuestra nacionalidad, es atentar contra el legado de los padres fundadores. Por demás la implacable certeza de que el origen de la dignidad humana, hunde sus raíces en los ideales de la judeocristiandad trascendente. De ahí que desarraigar a los derechos humanos de su profundo trasfondo indicado, sea desnaturalizarlos. Cuando Kushner recordaba la afirmación de Dostoievsky de que todo está permitido cuando se desarraiga de la conducta humana el sentido de lo trascendente, insinuaba que sin este ¿cuál es la piedra angular que determina la frontera de la conducta humana, frente a la relatividad de los valores culturales? Y aunque algunos de los defensores de esa laicidad, que en la opulenta Europa denominan “mundo global secular”, pretenden abjurar de las doctrinas materialistas, esencialmente, esa feroz aversión contra la judeocristiandad se nutre de ellas y de una suerte de resurrección del nihilismo. Las mismas visiones que desbocaron a los estados que las utilizaron como inspiración, y que fueron la desgracia del mundo durante el siglo XX. Por cierto Hitchens, uno de sus actuales profetas sostiene, como principal argumento de la conveniencia de la laicidad global, el hecho supuesto de que garantiza la paz y conjura la amenaza de guerras religiosas. Y es condenable sin duda que los conflictos por la fe han provocado durante la historia humana, la muerte de tres millones. Pero tan solo una guerra sustentada en un régimen materialista laico, como lo fue la gran guerra, provocó la muerte de más de 50 millones, por lo que es un argumento que cae por su propio peso. El camino es reafirmar nuestra identidad. De ahí que el Presidente Obama afirmó que la amenaza del fundamentalismo islámico contra el mundo occidental, debe enfrentarse, -más que con guerras que inflamen la cultura de la muerte o con una abyecta abjuración de nuestras convicciones-, con alianzas sustentadas en la grandeza moral del ejemplo, echando mano de las reservas espirituales existentes en los ideales de los padres fundadores de su gran nación, aludiendo sin duda, a sus próceres, y al recuerdo de los peregrinos del Mayflower. Por cierto, ¿no eran acaso, los mismos ideales de aquellos costarricenses que fundaron nuestra nacionalidad? fzamora@abogados.or.cr

¿Quién se robó las banderas?

Dr.Fernando Zamora Castellanos

Publicado por el Periódico La Nación, Costa Rica el 16 de enero 2009
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/enero/16/opinion1841490.html

Quien en la historia ha tenido como ideal de vida, la defensa y promoción de nuestra hispanoamericanidad, es acreedor de las glorias propias de una causa imbuida de sublimidad y grandeza. De ahí que sea un censurable atentado contra nuestras raíces, desnaturalizar la latinoamericanidad, -o a la “indoamericanidad” como Haya de la Torre la llamó-, de su profundo contenido trascendente, arrebatándole a nuestra cultura, su rica impronta espiritual y cristiana. Este es un crimen cultural que han venido cometiendo los profetas del materialismo dialéctico desde años atrás. Escribo estas reflexiones a raíz de alguna información que he recibido sobre las efemérides del 50 aniversario del deceso del insigne filósofo José Vasconcelos (1882-1959), trotamundos cuya vida fue de lucha no solo contra el determinismo y mecanicismo positivista, confrontando el determinismo biológico racista y la concentración total del poder, durante lo que se llamó en México, el “Porfiriato”, sino que, además, su lucha fue también contra los grupos de poder que robaron las banderas del movimiento social que fue la revolución mexicana, desnaturalizándola de sus legítimos ideales originarios, y desatando en ese país, -so pretexto de defender las banderas de la justicia social-, una feroz persecución contra el cristianismo. Entonces se agigantó la figura de Vasconcelos quien, pese a ser una personalidad de talla mundial en la revolución mexicana, defendió con gallardía los valores cristianos de nuestras nacionalidades. Entendía que detrás del discurso radical contra el cristianismo que esgrimían los grupos de poder revolucionario, se escondían antivalores verdaderamente enemigos del genuino ideal de la latinoamericanidad. De ahí que, cuando el Presidente Obregón le asigna la responsabilidad de levantar la educación de su pueblo y dirigir, -de hecho refundar-, la Universidad Nacional Autónoma, lo hace bajo la consigna “Por mi raza hablará el espíritu”, desarrollando un hermoso sincretismo entre el ideal indoamericano y nuestra rica herencia cristiana. Posterior a aquel gran movimiento social mexicano, el Siglo XX sería testigo de como se entronizan en el mundo las grandes dictaduras inspiradas en el materialismo histórico. Ellas, inspiradas en dicha particular cosmovisión, proscribieron toda manifestación de espiritualidad de los pueblos que sojuzgaron. Aún hoy observo como las banderas de la hispanoamericanidad han sido hurtadas por los profetas del materialismo dialéctico, engendrando entre muchos el falso convencionalismo de que, quien se ufane de ser un buen cultor de nuestra latinoamericanidad, debe hacerse acompañar siempre de un arsenal intelectual cargado de los prejuicios propios de lo que ha sido el más enconado materialismo marxista, como lo es por ejemplo, la apología de la lucha de clases, la promoción de la anglofobia, la satanización que acusa al libre comercio como si fuese un mal en sí mismo, la militancia anticlerical, o enlistarse a favor de todo lo que implique arremeter contra los ideales defendidos por los valores judeocristianos. De esta forma, instrumentan este chantaje ideológico para medrar ilegítimamente, robando las banderas de la rica veta cultural que la indoamericanidad aporta, censurando de antemano a todo intelectual disidente que no cohoneste aquellos desvíos, y desautorizándolo con el trillado sambenito de traidor de “la(s) revolución(es)”, como le sucedió a Vasconcelos. Su independencia y honestidad intelectual le costó la Presidencia de la República en las elecciones de 1929, la que le fue robada en el fraude más escandaloso que vivió ese país en el Siglo XX, y tras una asesina persecución contra sus seguidores. Hechos que son ejemplo del tipo de conducta política que sirvió de inspiración a la escritora Angeles Mastretta para la novela en la que se basó la obra cinematográfica más cara de la historia latinoamericana y hoy nominada al Oscar 2009 como mejor película extranjera. En su total medida, la falacia ideológica que combatió Vasconcelos es la misma responsable de las tristes experiencias populistas que hemos sufrido, -y continuamos sufriendo-, en muchos de nuestros países latinoamericanos.