La hiperlegalización de la actividad pública
Fernando Zamora Castellanos
Doctor en derecho.
Publicado en el Periódico La Nación el día 28 de febrero del 2008.
http://www.nacion.com/ln_ee/2008/febrero/28/opinion1442216.html
En días recientes, debí atender un caso que refleja una seria patología en la capacidad de dirección de nuestros funcionarios públicos, la cual parece estar generalizándose. El caso surgió a raíz de una contratación que una de las instituciones públicas de asistencia social le hace a una empresa privada, para que ésta realizara labores de archivo de documentación. La mecánica de la contratación era elemental: el valor del contrato dependía de la cantidad de folios a archivar. A raíz de una diferencia que surge entre las cantidades de folios a archivar, que generaba a su vez una variación de los montos originalmente pactados en el contrato, la empresa privada solicita al jerarca que valore dichas diferencias a efectos de llegar a un entendimiento sobre el desfase. En esencia, se trataba, -estrictamente-, de un asunto que se limitaba a hechos de verificación de números y correcciones inmediatas sobre lo acordado. Sin embargo, tamaña sorpresa se llevó el empresario contratado, cuando se entera, -valga agregar que meses después-, que como respuesta de su elemental solicitud, recibe nada menos que un dictamen legal suscrito por tres abogados, incluido el director del departamento legal de la referida institución.
Pese a que se trataba de un asunto tan simple, que bastaba para ser resuelto con una previa verificación técnica de las diferencias señaladas por la empresa y un básico golpe de timón del jerarca respectivo, al ser remitido a la oficina legal de la institución, el asunto se tornó en un dilema de meses, de ir y venir de dictámenes legales y que ha requerido incluso, que la empresa privada en mención, debiese buscar la contratación de servicios legales privados, razón por la cual debió acudir a nuestro despacho.
Este pequeño ejemplo, que podríamos denominar de “hiperlegalización de la función pública”, ilustra de qué forma, nuestros mandos medios de la administración pública, han renunciado abiertamente a la toma de decisión política, lo que está afectando seriamente el progreso del país y conduce la gobernabilidad del país a un estado de cosas cercanas al caos.
