lunes, 24 de julio de 2017

SOCIALDEMOCRACIA Y DESIGUALDAD

Publicado en el periódico La Nación:
http://www.nacion.com/opinion/foros/Socialdemocracia-desigualdad_0_1647235267.HTML  

La desigualdad es consecuencia pero también causa de muchos de los males de una nación. Los socialdemócratas creemos que imputar su existencia únicamente al comportamiento de la economía de mercado, es un reduccionismo simplista, pues la desigualdad es reflejo de un conjunto de variables que la condicionan, entre otras realidades culturales, sociales, educativas y políticas, aparte de las estrictamente económicas. Pero en el polo opuesto, el error inverso es el que asumen los adoradores del dios mercado, que aúpan un capitalismo sin las previsiones que garantizan equilibrio, lo que también es un peligroso inductor de desigualdad. Tal y como Thomas Pikkety lo expuso en su afamada obra El capital en el siglo XXI, el concepto que describe el origen del índice de desigualdad entre los ciudadanos, radica en la diferencia entre el crecimiento de la economía y las cantidades de capital que retornan individualmente. En palabras simples, la desigualdad surge cuando la cantidad de capital que retorna a determinadas manos, supera en mucho el índice de crecimiento de la economía general. Esta es una descripción de la realidad que, como Pikkety lo hizo, se puede reducir a una fórmula técnica que difícilmente alguien contradiría. Incluso la fórmula adquirió tal grado de notoriedad, que entre los cultos estudiantes de Boston circula la venta de camisetas estampadas con su simbología r >g.

 

Ahora bien, este artículo no pretende describir la desigualdad, sino, a partir de una perspectiva socialdemócrata, aportar elementos para combatirla. Señalaré algunas políticas públicas contendoras de la desigualdad, que amerita enumerar aquí. No las cito en orden de importancia, sino en el que las he recordado al momento de escribirlas. Veamos.
 
A) Es fundamental la inversión pública en tecnología. Por sí sola ella estimula el aumento de las capacidades y cualidades de aquellos trabajadores que se ven expuestos a laborar en destrezas ligadas a la alta tecnología. El uso y aplicación del cambio tecnológico, por sí solo capacita a los empleados que lo aplican.
 
B) En el Acuerdo Nacional recientemente negociado con los otros partidos políticos del país, suscribí en mi condición de Secretario General del PLN, la necesidad de crear un Consejo Económico y Social que involucre al gobierno en un foro permanente de actores sociales. El fin es garantizar, entre otros aspectos, políticas públicas que equilibren distribución, competencia, y riqueza. Ese sería un foro de entendimiento que iría mucho más allá de lo que hace el CNS (Consejo Nacional de Salarios), órgano tripartito integrado por patronos, trabajadores y gobierno, y que actualmente solo negocia aumentos salariales. Un nuevo Consejo Económico Social, podría implementar un diálogo nacional permanente que, para el sector privado, estimule políticas distributivas de la riqueza, como salarios mínimos crecientes y además promueva otras prácticas remunerativas paralelas en ese sector.

C) Nadie duda que la reducción drástica del desempleo debe ser una prioridad política fundamental para combatir la desigualdad. En el caso de Costa Rica, tanto el actual déficit fiscal, como el abuso del gasto corriente en salarios del sector público, impiden que el Estado aumente hoy la planilla pública, y resuelva de forma directa el problema del desempleo. Ante tal imposibilidad, solo resta que el crecimiento en el empleo se alcance mediante el estímulo de la economía social solidaria, que es buen oferente de empleos justos.
 
D) Sostener la política nacional de crédito para el desarrollo enfocado en pequeños y medianos emprendimientos, cuya tasa de interés sea menor a la tasa de interés sobre créditos de consumo suntuario. Tal política de crédito, estimularía la actividad productiva y exportadora en los sujetos de menor ingreso.

E) Reducir el costo de la legalidad económica. Es claro que la hiperregulación estatal ha hecho que producir siguiendo al pie de la letra los reglamentos, regulaciones, tasas e imposiciones, sea un privilegio. En sociedades hiperreguladas, producir respetando la estricta normatividad termina siendo un privilegio al que solo se accede con poder económico o político. Así, un habitante de escasos recursos que emprende alguna iniciativa productiva, solo puede hacerlo desde la economía informal, la cual termina siendo su tabla de salvación. Sin recursos simplemente no puede legalizar una iniciativa empresarial de mediana escala. La consecuencia indirecta es que el costo de complacer al sistema burocrático-legalista, termina privilegiando a los ya favorecidos, quienes son los que tienen recursos para acatar los caprichos del sistema. Por el contrario, los desventajados, quienes no pueden pagar los altos costos de la legalidad económica, son hostigados al punto en que terminan expulsados hacia la economía informal, donde no pueden encontrar el amparo del sistema, sino solamente su hostilidad. En este punto, la moraleja es que una política pública de simplificación de trámites y desregulación, es otra política eficaz en el combate a la desigualdad. En este sentido, el Dr. Miguel Angel Rodríguez, en su administración hizo un esfuerzo con la ley 8220 de protección al ciudadano frente al exceso de trámites, pero hoy debe avanzarse mucho más en este sentido.

F) He dejado para el final lo que tirios y troyanos creen que es el principal sistema inmunizador contra la desigualdad: elevar la educación y la cultura nacionales. No me referiré a la decadencia o superación de la cultura nacional, pues es un elemento que ameritaría un espacio que supera el tema de este artículo, pero en relación al mejoramiento de la calidad educativa, sí quisiera reiterar lo que he venido sosteniendo con insistencia. La única materia en la que el MEP debe concentrarse, es en los aspectos curriculares y de mejoramiento de los recursos técnicos. Me refiero por ejemplo a los métodos y técnicas para educar, al mejoramiento del contenido de la enseñanza y a una evaluación verdaderamente seria de los docentes. Por el contrario, aspectos como la administración pública de la infraestructura inmobiliaria educativa o el pago y administración de las planillas de personal docente, deberían ser responsabilidad de entidades federativas regionales de jurisdicción municipal. Mientras el MEP disperse sus esfuerzos en asuntos ajenos a la calidad educativa, será difícil mejorar la educación en el país. Otra propuesta, puramente economicista, suscrita por Anthony Atkinson y Pikkety, entre otros economistas, es aumentar más la carga impositiva para que el Estado clientelar “la reparta” entre los pobres. Pero por la historia sabemos que esa fórmula ha producido frutos amargos.  fzamora@abogados.or.cr

 

 

martes, 11 de julio de 2017

EL OCASO DEL ESTADO-INDUSTRIA

Dr. Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista.


Publicado en el periódico La Nación
http://www.nacion.com/opinion/foros/ocaso-Estado-industria_0_1644035589.html


El Estado burocrático, creado a imagen y semejanza de los principios del viejo orden industrial, da estertores de muerte. Veamos porqué. Jeremy Rifkin y otros recientes pensadores, han afinado el viejo concepto planteado originalmente por Marx, que advertía el alto grado de influencia que la estructura económica ejerce sobre la forma en que la burocracia del Estado se organiza. En cada etapa histórica se explota una matriz de energía y comunicación que va a condicionar la forma de organización humana en casi todas las áreas de la vida, y la forma en que se producen los servicios y los bienes es lo más afectado por los cambios en dicha matriz. Para ilustrar lo anterior, resumimos que la historia ha conocido tres grandes paradigmas que han marcado la  economía de la civilización humana. La primera matriz nace con las semillas que empezaron a plantarse, creando la civilización agrícola y permitiendo el final de la vida errante, así como los primeros excedentes que posibilitaron la acumulación de productos.

 

El segundo paradigma emergió al final del siglo XVII, a través de la actividad mecánica e industrial. Ese nuevo sistema de creación de riqueza se caracterizó por la tecnología de fuerza bruta, en interacción con energía derivada de combustibles fósiles y telecomunicaciones. El tipo de organización surgida con la industria se caracterizó por el trabajo en serie, repetitivo, y la concentración del recurso humano y material, en estructuras de jerarquía vertical. Max Weber las describió como estructuras de dimensión piramidal, con un ejercicio vertical de la autoridad, recursos espacialmente concentrados, definición esquemática de tareas, actividades estrictamente regladas, producción en serie, criterios ortodoxos de evaluación, división formal del trabajo en tareas y actividades y clasificación estandarizada de productos. El objetivo era concentrar múltiples actividades bajo una misma infraestructura centralizada. De hecho, a inicios del siglo pasado, el experto en administración F.W. Taylor, se convirtió en una celebridad por racionalizar el comportamiento humano para amoldarlo a las formas de organización burocrática industrial. Sus investigaciones sobre el comportamiento laboral, llegaron al extremo de calcularlo en fracciones de segundo. Así fue la organización humana prototipo durante la sociedad industrial del siglo XX. Y de este esquema no se escapó nadie, pues era aplicado tanto por el capitalismo industrial de libre mercado, como por las llamadas economías del socialismo real, que en realidad fueron capitalismo de Estado, como la Unión Soviética.

 

Finalmente, en este siglo irrumpe con toda su fuerza la era del conocimiento, que es el tercer paradigma de energía-comunicación. Con tal advenimiento, la forma tradicional de organización industrial está cayendo, y como el diseño del Estado está condicionado por cada matriz energética y de comunicación existente en cada etapa histórica, entonces demos por sentado que pronto caerá también el Estado diseñado por el esquema industrial. Me refiero al Estado burocrático que conocemos, ese de gran dimensión, vertical, centralista, de actividad serial concentrada bajo una gran infraestructura central, entre otras características hechas a imagen y semejanza de las viejas industrias. Salvo raras excepciones, nuestros ministerios y dependencias públicas están diseñadas imitando la antigua comunidad fabril. Por ejemplo, entidades como el MEP, controlan desde una megadependencia centralizada, todo el proceso de reclutamiento, ascensos, pagos, incentivos y el largo etcétera que implica la actividad. La administración del personal docente en los cantones se confunde con otros elementos relativos a la calidad y método de educación que se ofrece. Y así sucede con prácticamente toda la actividad del Estado costarricense, como la administración centralizada de la asistencia social.   

 

Esta concepción deriva del vetusto modelo de la sociedad industrial, que parte del axioma de que los desafíos nacionales se resuelven mediante una burocracia organizada como gran “fábrica” emisora de recursos. Y dicha factoría se traduce en una burocracia industrial centralista dedicada a concentrar recursos y poder. Se diseñan megaoficinas que, en serie, “producen” soluciones, medidas y recetas en beneficio de una comunidad pasiva. Pero hoy se escribe una nueva historia, pues el siglo veintiuno está siendo impactado por una novedosa matriz comunicación-energía cada vez más reticular, horizontal, descentralizada y desconcentrada. Proporcionalmente inversa de lo que fue la organización industrial de ayer. Allí está el fundamento de porqué antiguos gigantes como la IBM, modelados bajo el esquema de la antigua burocracia industrial, colapsaron frente al desafío que les impusieron empresas competidoras organizadas reticularmente, o sea, en redes. Y tal fenómeno también debe provocar una radical transformación de la organización burocrática estatal, que deberá funcionar de forma descentralizada a través de entidades locales y sectoriales, cercanas a las comunidades, y con un alto nivel de autonomía.

 

Así, un sector público moderno, debe depender más de formas de organización no estatales que actúen en alianza con los gobiernos locales. Ilustremos el concepto. ¿Qué sería más eficiente para detectar a las personas realmente necesitadas de asistencia social?, las asociaciones de desarrollo comunal y las fuerzas vivas de las comunidades, debidamente empoderadas y legitimadas, ¿o la burocracia afincada en el IMAS?  La comunidad organizada siempre tendrá un mejor criterio, pues conoce de primera mano, la cambiante realidad de su entorno inmediato. Además, ese tipo de organizaciones públicas no burocráticas hacen su trabajo con un costo marginal mínimo, para ahorro del erario público. Ese es solo un ejemplo. La administración del personal docente y otros recursos administrativos, que actualmente maneja el MEP de forma piramidal e ineficiente, deberían trasladarse bajo la administración de nuevas figuras como las federaciones de cantones. Incluso otros servicios, como el régimen de salud preventiva. La fuerza de mi argumento lo sustentan experiencias como la del traslado del viejo impuesto territorial, que pasó del gobierno central hacia las municipalidades, mejorando sustancialmente su recaudación, administración y ejecución. Me preocupa ver diputados “congelados” en el modelo estatista de los años cincuenta, insistiendo en proponer proyectos que centralizan piramidalmente la burocracia pública. fzamora@abogados.or.cr