Dr. Fernando Zamora Castellanos.
Abogado constitucionalista
Publicado en el Periódico La
Nación bajo las citas:
En su popular libro sobre las leyes no escritas del poder, el analista
Robert Greene sostiene que el gobernante sensato nunca debe introducir una
cantidad excesiva de cambios simultáneos. Demasiada innovación -afirma-,
“resultará siempre traumática y conducirá a la rebelión.” Y a la luz de la
experiencia histórica el axioma lleva razón. Toda acción conlleva reacción, por
lo que éstas deben dosificarse. El gobernante
debe buscar el equilibrio entre las antípodas de una balanza que contiene, en
un extremo, la propulsión que el nuevo ideal implica. En el otro, la sabiduría
de conservar la tradición de las grandes conquistas y los valores históricos de
la sociedad que dirige. Si bien es cierto, un gobernante que renuncie a toda
posibilidad transformadora abandona el llamado que le hace la historia, es igualmente
temerario si pretende imponer una riada de cambios con inmediatez. Aún peor si
esos cambios son equivocados. El desarrollo es un proceso gradual que no se
conquista por decreto. En el camino del gobernante que pretende forjar
paulatinamente la prosperidad económica de su nación, el equilibrio político y
la seguridad jurídica son sus aliados cardinales. La dinámica con la que
evolucionan las economías modernas, demanda de los sistemas políticos y jurídicos,
-como una condición básica de su credibilidad-, una razonable estabilidad de
condiciones. Regímenes donde el sistema político y legal es imprevisible, o donde
la conducta de sus funcionarios e instituciones públicas es caprichosa, resultan
particularmente contraproducentes para estimular las condiciones del
desarrollo. En fin, a lo que esencialmente me refiero, es a la necesidad de establecer
una cultura básica de responsabilidad en la función política.
En razón de lo anterior, amerita enumerar algunas pautas elementales que
deben caracterizar a los regímenes dirigidos por gobernantes sensatos. Una de las
pautas básicas de la responsabilidad pública, es precisar con claridad las
condiciones y requisitos que se le exigen a los ciudadanos y a la libre
iniciativa para actuar. Esto por cuanto la prosperidad la alcanzan solo aquellas
sociedades cuyas reglas de juego estimulan a sus ciudadanos a realizar lo que
imaginan. La inflación de regulaciones y leyes en la que usualmente se
involucran las sociedades decadentes, provocan dos consecuencias nefastas. En
primer término, la concentración de la riqueza. ¿Por qué? Hay una razón
concreta: al no poder pagar el costo de la legalidad -que usualmente es muy
onerosa-, los emprendedores de escasos recursos resultan expulsados de la
economía formal. La segunda consecuencia es la pérdida de potencial productivo efectivo,
pues las empresas terminan enfocadas en la tarea de enfrentar un tejido
burocrático-regulatorio que generalmente es estéril. Ello provoca un costo de
oportunidad altísimo, que resta potencial de concentración respecto de los
objetivos económicos reales. Por ello, el gobernante debe enfrentarse a la
disyuntiva existente entre sostener libertades y normas coherentes, o caer en
la tentación de construir entelequias pletóricas en legalismos, pero precarias
en libertades.
Así las cosas, la premisa fundamental de la cultura de responsabilidad
en la función pública, es la de establecer condiciones adecuadas para la
creación de riqueza. Durante gran parte de la historia humana, la riqueza se
conquistaba. Muchos de los grandes imperios y civilizaciones de la historia, se
forjaron como consecuencia del despojo de bienes, o de la conquista de pueblos
y territorios. Sin embargo, en la era de la revolución digital del
conocimiento, la premisa de que la riqueza ya no se conquista, sino que se crea,
tiene ahora una mucha mayor certeza. En las sociedades contemporáneas
verdaderamente prósperas, la riqueza ya no se conquista por la vía de la fuerza.
El despojo como un medio de acumulación ha quedado relegado únicamente a ciertas
sociedades violentas de Latinoamérica, Asia o Africa, donde grupos criminales y
facciones políticas atávicas aún conservan altas cuotas de poder. Por el
contrario, los focos mundiales de prosperidad, hoy están concentrados en culturas
donde sus ciudadanos tienen una alta capacidad de innovar. En esencia, la
producción sostenida de riqueza ahora es privilegio exclusivo de comunidades
donde existe verdadero potencial de creación. Para ello, algunas pautas que garantizan
una cultura de responsabilidad pública para la creación de riqueza, lo son el hecho
de abrir la economía a las inversiones en general; igualmente el esfuerzo
sostenido por eliminar restricciones económicas impuestas por grupos de presión
que buscan privilegiarse, evitar los monopolios y toda tendencia a concentrar
la oferta de bienes y servicios, el estímulo a las exportaciones y la promoción
general del comercio, además de garantizar la fluidez de la convertibilidad de
las divisas, entre algunos otros aspectos básicos.
Otra columna fundamental de la cultura de responsabilidad, radica en que,
tanto el presupuesto público como el aparato burocrático estén equilibrados. Veamos
porqué. El principal motor que genera la riqueza hoy es el trabajo traducido en
servicios y creatividad humana. La economía de la era digital de la información
derrumbó los viejos supuestos de la economía industrial. Ya los propulsores principales
de la economía no son los tradicionales factores de tierra, capital y mano de obra industrial, sino que
estos están siendo sustituidos, cada día
con mayor intensidad, por dos factores. Por una parte la inventiva, y por otra,
la oferta de servicios complejos e intangibles. Ambos característicos de la
economía del conocimiento. Es esa la razón por la que –ahora más que nunca-, la
iniciativa de los emprendedores es el motor que debe impulsar al aparato
público, y no a la inversa. De ahí que, en las culturas políticas responsables,
son evidentes dos supuestos. Uno de ellos es que, el porcentaje de población
económicamente activa que labora en las entidades públicas, es mucho más
limitado en relación al resto de la población que lo hace en la privada. El
segundo aspecto es que las condiciones laborales entre el sector público y el
privado son similares. En esencia, son sociedades sin evidentes desigualdades
entre el trabajador de un sector u otro. En el caso particular de Costa Rica, el
actual gobierno ha disfrutado de condiciones favorables para haber estimulado
el crecimiento: bajos precios del petróleo, una tasa internacional de intereses
baja, y finalmente, una baja inflación. Sin embargo nuestra economía está decreciendo
con mayor celeridad en esta administración. Esto es así porque este gobierno está
renunciando a su responsabilidad de promover políticas que generen estímulos a la
producción económica. Menos aún a la innovación. Por tal transgresión a la
cultura de responsabilidad política, pretender imponer nuevos tributos sin
antes contener el gasto y dinamizar la economía, es una pretensión que carece
de toda fuerza moral. fzamora@abogados.or.cr
