miércoles, 11 de diciembre de 2013

EL PARLAMENTO Y LA LIBERTAD



Dr. Fernando Zamora C.
Abogado constitucionalista

Publicado en el Diario Español El Imparcial bajo la dirección:

A la salida de un reciente concierto de Joaquín Sabina, -cuando un periodista entrevistaba ciudadanos escogidos al azar-, uno de ellos le espeta con todo desenfado que el sentido de su vida era el mismo que el del cantante: “comer bien, beber bien y andar con mujeres bonitas.” Por supuesto que, -como tales-, dichos goces no son censurables en sí. No sea que se me responda lo que Descartes le contestó al Conde de Lamborn, -hombre famoso por su simpleza e indiscreción-, cuando éste le reclamó al filósofo su afición por los manjares. ¡¿Acaso Dios hizo estos deleites para goce exclusivo de los tontos?! Le devolvió Descartes.
Pero afirmar con tal osadía, y a un medio de comunicación masiva, que tal pueda ser el sentido de la vida, refleja sin duda el espíritu de una época de vacíos. Como primera pregunta de fondo, deberíamos respondernos qué es lo primero que se pierde cuando decae el nivel de la clase política de una nación. Y en una segunda, si acaso una era de vacíos puede producir generaciones políticas de alta calidad.
   
Surgiendo la imprenta de Gutenberg, el poder se percató del peligro de la circulación de las ideas. Lamentablemente fue un parlamento, -el inglés-, el que en 1643 creó las primeras barreras de contención de la libertad como fueron la censura previa y la exigencia de permiso para imprimir. Por eso la libertad y el progreso de una nación requieren que en su parlamento participe lo mejor del espectro del pensamiento. El parlamento es lucha constante entre pensamiento y palabra, la cual solo aflora en libertad frente al poder, y la naturaleza de éste es constreñirla. El Congreso es el escenario de la palabra y en la actividad parlamentaria, no hay peor tragedia que la devaluación de ella. Los parlamentos han alcanzado momentos de gloria en la enumeración de importantes libertades, para después sumirse en etapas oscuras de su negación. Tal y como afirmó Granados Chapa, la realidad política usualmente oscila como péndulo; entre la proclamación de las libertades por un breve tiempo, para regresar a la imposición de medidas para restringirlas. Vivimos tiempos de paulatinos y progresivos estrujamientos de la libertad. Como son graduales, resultan  disimulados, sutiles. Si se trata de realizarse fuera de ese omnipresente poder, -al final del camino y sin percatarse-, el ciudadano se halla con sus posibilidades coartadas frente al imperio público. En esa situación puede encontrarse el ciudadano, ya sea por motivo de cruentos e intempestivos golpes políticos, o de forma progresiva, como nos está sucediendo.
En la democracia de representación, la dimensión política del hombre se circunscribe a su derecho de votar. El votante, es dueño de un fragmento microscópico de poder. Pero como no ejerce la actividad política, se ve obligado a delegarlo en otro que, al ejercerla, lo sustituye. El resultado final es una compulsión de quien ostenta el poder: la del olvido de que las libertades son resultado de certezas que ofrecen leyes breves, generadoras de seguridad jurídica, y que son correctamente interpretadas por Tribunales independientes. Así, la respuesta a la primera pregunta es que la primera damnificada de la devaluación del debate político siempre han sido las ideas y la libertad.

Procedo ahora con la segunda pregunta. En general, la crisis de los parlamentos, es la de la anemia del debate intelectual que allí se manifiesta. Y sin una confrontación verdaderamente profunda de las filosofías políticas que allí se deberían confrontar, no es posible extraer las soluciones que ofrezcan balance a las políticas públicas. Si nos atenemos a los acontecimientos en Occidente en relación a los parlamentos, todo parece indicar que es una crisis a la que no se le avizora pronta salida, pues la conquista de una mayor calidad en la integración del parlamento, es un proceso que depende de la confluencia de factores que hoy no existen. Ciertamente se requiere más democracia, como afirman muchos, pero ésta por sí sola no resuelve el problema. Por el contrario, sin las condiciones adecuadas, lo puede empeorar. Por eso, quienes refutan a los que se limitan a simplemente exigir mayor apertura democrática para lograr una mejor conformación del Congreso, traen a recuerdo el plebiscito para escoger entre Jesús y Barrabás. Precisamente en este episodio, desde hace dos mil años la justicia y la verdad atestiguan en contra del ánimo plebiscitario como fin en sí mismo. Pero la tesis que subyace en el extremo contrario, la propuesta que suspira por el gobierno de las élites, es también un escape simplista.

Ortega y Gasset acertaba cuando afirmaba que las circunstancias eran condicionantes esenciales del carácter humano. Las generaciones fundadoras de conquistas sociales portentosas y nuevos paradigmas, necesariamente surgen como derivación de un enfrentamiento a situaciones sociales traumáticas, insufladas por una moral inspiradora que representa el ensueño que los sobrepone a la dura realidad que les toca afrontar.  Al igual que sucede con la generalidad de las cosas, las generaciones políticas ostentan gradualidades en su calidad, pues también son hijas de sus circunstancias. Si las circunstancias son tormentosas, la generación que las enfrenta tiende a agigantarse. La pluma de José Ingenieros fue maestra para describir esta verdad. Sostenía que las mejores generaciones son portadoras del nuevo ideal como una hipótesis de perfección. Visionarios que anticipan lo porvenir, y así influyen en sus congéneres por la fe que tienen en la viabilidad de la quimera con la que sueñan. Sus almas se acrisolan con las de sus contemporáneos. Por ello el libertador Juan Rafael Mora se hermanó, en la lucha, con el General Cañas. Por eso el General San Martín redactó para Belgrano cuadernos de estrategia militar. Por el contrario, en tiempos de recibir herencias, de solaz disfrute de tiempos bonancibles, es más fácil que surja un Gil Blas y no un Vasconcelos. Cuando la bonanza surge después de la brega, cuando se transitan etapas históricas en las que se reparte el festín, las generaciones políticas que se suceden van degenerando paulatinamente. Es tiempo de cortesanos. Tiempo en el que tener alma de siervo ofrece múltiples ventajas. No son épocas de afirmaciones ni de negaciones, sino de dudas. Pues creer es ser alguien.  fzamora@abogados.or.cr

miércoles, 20 de noviembre de 2013

CRISIS EN LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS



Dr. Fernando Zamora C.
Abogado constitucionalista

Publicado en el diario Español El Imparcial así:

El artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos vela por el resguardo del debido proceso. En concordancia con la norma anterior, el 18.1.C del Estatuto de la Corte IDH, establece, de forma inobjetable, que cualquier circunstancia que afecte la imparcialidad e independencia de sus jueces para un caso, le impide el ejercicio del cargo. Por ello -y en virtud del numeral 19.3 de ese Estatuto-, tanto el Juez Presidente García, como también los jueces Margarette May Macaulay y Alberto Pérez, -por las circunstancias que enunciaré-, sabían que debían inhibirse de asumir el caso contra Costa Rica en relación a la Fertilización in Vitro y pese a ello, no lo hicieron. Los hechos que aquí expongo, -que le prohibían participar del caso tanto al Juez Presidente de la Corte como a los otros dos jueces que cité-, lo vicia de nulidad por grave violación al debido proceso.  De los distintos hechos que referiré, los que sucedieron durante el debate, constan en videos de la audiencia. Permítaseme enunciar solo algunos ejemplos. En el año 2009 el presidente de la Corte IDH, -Diego García Sayán-, escribió, en un artículo de difusión masiva, que la despenalización del aborto en México DF había supuesto una mejora para las mexicanas. Lo tituló “Muertes anunciadas, derecho a la vida”, y fue publicado el 13 de marzo del 2009 en La República, uno de los diarios influyentes del Perú. En el 2011, el mismo Juez Presidente, escribió además para una organización promotora del aborto a libre demanda. Para entonces declaró que estaba en contra de la prohibición del aborto. El libro se denomina “75 opiniones sobre el aborto. Un tema para hablar, una agenda para discutir. (pag.34) Así mismo, otra Juez, M. May Macaulay fue asesora legal del “National Advisory Group on Abortion” y el 23 de abril del 2009 expuso públicamente una posición favorable al aborto en la conferencia titulada “Establishing Common Ground: A Conversation on Reforming The Law on Abortion in Jamaica.” Lo anterior también la inhabilitaba jurídicamente para dictar sentencia en el caso contra Costa Rica. Durante el debate, la actuación de dicha Juez rayó en lo extravagante. Para ello, transcribo literalmente lo que el periodista del diario costarricense La Nación, Luis Edo.Díaz, narró en su crónica del día 7 de setiembre del 2012: “El otro punto álgido de la jornada fue cuando la jueza jamaiquina Margarette May cuestionó los razonamientos que minutos antes había dado la Procuradura Brenes de porqué no se permitía la FIV aquí.” (LN/7/9/12) De hecho, -tal y como consta en el video-, May además expresó: “Yo espero que Costa Rica reconsidere su posición, o por lo menos que la examine” Dos situaciones similares a esa última, las protagonizó el Presidente de la Corte. Una al final de la audiencia y otra cuando Fernando Zegers, -una de las personas que declararon contra Costa Rica-, finalizó su exposición. En presencia de toda la audiencia, el Juez García felicitó su intervención. Al punto de tener la audacia de calificarla como “ilustrativa y completa”. Todo lo anterior, ¡sin que aún el tribunal hubiese siquiera deliberado, ni mucho menos emitido sentencia! Frases y gestos irónicos contra las tesis de nuestros defensores ocurrieron en la audiencia En un momento, al dirigirse a la Procuradora General de la República, la juez May dijo: “…reconozco que Costa Rica es responsable de proteger la vida de su gente”, pero mientras lo decía, con sus propios dedos simuló el entrecomillado de la expresión, lo cual reflejaba su intención de realizar un sarcasmo contra la funcionaria. Más hechos. Otro Juez, -Alberto Pérez-, a través de la red social Facebook, dejó claro sus preferencias personales hacia grupos que militan por la despenalización del aborto en América Latina, como la “Campaña Latinoamericana por el Derecho al Aborto.” En la sesión del 6 de setiembre, -e igualmente antes de que el Tribunal deliberara-, se atrevió a criticar una valoración negativa sobre la FIV. Circunstancias como esas explican transgresiones procesales tales como el hecho de que nuestro Estado ofreciera como perito a la científica Dra. Maureen Condic, -una de las máximas autoridades planetarias en el tema del inicio de la vida- y la Corte se negara escucharla. Solo aceptó que se presentara un escrito de ella. Téngase presente que cuando he enumerado lo anterior, me estoy refiriendo a los tres jueces que inclinaron la balanza en la condena y cuya jerarquía y potestades les otorgó la facultad de imponerse ante una decisión soberana de nuestro Estado. Decisión además que era valiente, contenida en la sentencia constitucional redactada por nuestro eximio jurista Dr. Rodolfo Piza Escalante, precisamente un Expresidente de esa Corte IDH. Fallo que representaba una garantía para evitar la manipulación en nuestro país de los embriones humanos. No por casualidad es que Jo Pasqualucci, prestigiosa jurista y exfuncionaria del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en su obra “Prácticas y Procedimientos de la CIIDH” ha denunciado la caída en la calidad de los Jueces de la Corte. La cito textualmente: “…algunas naciones han votado reiteradamente en bloque para elegir candidatos a pesar de estar pobremente calificados.” (Pag.348) Lo que aquí he escrito es información que se puede y debe constatar. Máxime tratándose de asunto tan serio, como lo es una condena contra nuestro país por violar derechos humanos. Así las cosas ¿qué sigue? Al igual que en su momento no lo podía creer yo, el Ministro de Relaciones Exteriores  no debe dar estos hechos por ciertos sin corroborarlos formalmente. Hay más situaciones anómalas de lo que aquí he anotado que serían reveladas a partir de una instrucción formal. Deben recabarse testimonios, prueba documental y los videos de la audiencia, entre otras gestiones. Por la ya enumerada violación al derecho internacional en relación al debido proceso-y en ejercicio de las responsabilidades constitucionales de nuestro Ministro-, es su deber instruir una orden de investigación formal que demuestre la nulidad de la condena contra Costa Rica. Confirmados los hechos, debe remitirse dicho informe a la Asamblea General de la OEA. En abril de este año la OEA votó para mantener abierta la discusión acerca de las reformas de la Corte IDH y de la Comisión IDH, por lo que las circunstancias son apropiadas. La caída en la calidad del sistema interamericano de derechos humanos es algo que nos amenaza. Algunas normas de su Estatuto deben ser modernizadas, -como el art.20°-, que impide a la Asamblea General de la OEA ejercer potestad disciplinaria sobre sus jueces, salvo que los restantes miembros de la misma Corte así lo soliciten. Ello provoca impunidad contra actuaciones indebidas de los jueces. Ratificadas las evidencias y presentado el informe de nuestro gobierno a la OEA, ésta podría  realizar formal excitativa a los restantes jueces de la Corte para que realicen la instrucción de estos hechos a lo interno de su entidad, procediendo de conformidad con el artículo 20° de su Estatuto. Al menos, nuestra Cancillería debe realizar la investigación inicial. Hasta que ello suceda, la prudencia manda que nuestro Congreso se abstenga de discutir el tema FIV. Esta gestión resulta particularmente urgente si tomamos en cuenta también que esta misma Corte, -presidida por García Sayan-, ha emitido después la resolución Memoli √s Argentina, donde se desmantela el derecho de la libre expresión, afectando a miles de periodistas en América y propiciando su desamparo en casos de corrupción. El honorable Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica tiene un grave deber con nuestra historia. fzamora@abogados.or.cr

lunes, 4 de noviembre de 2013

DESAFIO CONSTITUCIONAL 2014-2018



Dr. Fernando Zamora C.
Abogado constitucionalista

Publicado en el Periódico La Nación así:


Nuestro problema es de malformación cultural. Estamos aferrados a una idea ya fenecida respecto del rol del Estado. ¿Cuál es la lógica existente detrás del gigantismo del sector público? Sigue siendo la propia de la era industrial que muere: que el Estado acumule recursos y autoridad a cambio de resolver, “en serie”, los problemas ciudadanos. Por alcanzar esa quimera, se promueve un Estado invasor de todos los aspectos de nuestra vida. Justificados en la legitimidad de la democracia electoral representativa, transitamos el camino hacia un progresivo totalitarismo legalista. Por muchas razones, hoy ésta no solo es una lógica perversa, sino obsoleta. Es propia tanto de la era industrial, como de la etapa del Estado representativo, y ambos paradigmas dan estertores de muerte. En la era nueva del conocimiento y del Estado participativo, no funciona la fórmula del Estado burocrático fiscalmente voraz. Además, la historia ha demostrado que la acción política siempre arrastra hacia resultados distintos de los anticipados. Aunque la clase política lo niegue, nada es más vano que los intentos de solucionar los problemas sociales por la vía del decreto político. Ello es un espejismo. Permítaseme solo un ejemplo práctico. En el afán de erradicar la corrupción, nunca en Costa Rica han existido mayor cantidad de regulaciones, controles sobre controles y leguleyadas. Sin embargo, no ha sido por ese costoso y excesivo control, -sino solo gracias a la prensa-, que se han destapado los más gruesos desfalcos públicos de la historia. Por el contrario, la cantidad de obstáculos que se imponen por vía de la ascendente hiperlegalización de la vida ciudadana, está engendrando una sociedad cada día más antidemocrática. Esta tendencia nos afecta a todos, pero aún más a aquellos con menor poder económico, pues quien tiene recursos enfrenta mejor los progresivos caprichos reguladores del sistema. ¡Ni qué decir de cómo afecta ello al más débil! Lo condena a parasitarse en la oferta clientelista del Estado, la cual -por antonomasia-, será siempre insuficiente, pues el clientelismo es un concepto congénitamente errado. Durante el 2006-2010, la Contraloría registró que el clientelismo estatal devoró el 26% del presupuesto total promedio de los sectores de nuestro Poder Ejecutivo.

Ante el desafío de la sobreregulación, ¿qué hacer? Ciertamente se deben tomar algunas medidas inmediatas, como la de fortalecer en la administración pública el instituto jurídico del silencio positivo, o la transformación del Título XIV constitucional, de tal forma que las burocracias que venden bienes y servicios, -como los bancos públicos, el INS, las telecomunicaciones estatales, los ferrocarriles, o por ejemplo la Junta que emite la lotería-, se conviertan en empresas públicas con un régimen de actuación menos caro y más expedito. Pero más que un asunto de reformas inmediatas, es un cambio de la cultura política y constitucional. De lo contrario, la voracidad de la fórmula en la que estamos enfrascados, -la de la ascendente tendencia “más endeudamiento público y más impuestos”-, nos terminará arrastrando al mismo drama en el que están países como Francia, donde Hollande se ha visto obligado a solicitar un impuesto de hasta el 75% sobre los ingresos. Lo preocupante es que no se escuchan voces, -con alguna autoridad política-, que propugnen por una disciplina fiscal en la que el dinero esté firmemente dirigido en hacer posibles los fines genuinos del Estado, como lo es la ejecución de infraestructura, de producción, o de desarrollo de la educación y la cultura. Por el contrario, hoy la deuda pública y la burocracia como tal, han adquirido valor por sí mismas. ¡Ahora son fines y no medios! En la cosa pública, los instrumentos se tornaron más importantes que los objetivos legítimos del Estado, el cual se afirmó como finalidad en sí mismo.

Por ello, apenas entrando la próxima administración constitucional, debería proponer una agenda de medidas urgentes en al menos cuatro aspectos: a) la determinación de un inventario de ejecución de infraestructura en orden de prioridad, de tal forma que sea posible un acuerdo político que garantice los medios para financiarla y la forma de ejecutarla, b) a partir del variopinto de reformas al Estado que han sido propuestas por las diferentes mesas ciudadanas, -incluida la de la Comisión de notables-, determinar cuáles de esas reformas políticas serán prioridad para la nueva administración, en aras de alcanzar el acuerdo político que las haga posibles, c) proponer al país un plan de disciplina fiscal a largo plazo, orientado a garantizar que se destinen más recursos para inversión del que se aplica a gasto corriente. Y finalmente, d) un plan sistemático de atracción de inversiones internacionales que garantice el cierre de la brecha de desempleo que nos amenaza. La resistencia vendrá de los usuales prejuicios domésticos que resisten la innovación propia del progreso y de la competencia que nos imponen otros países abocados en ese mismo esfuerzo de atracción de inversiones. Por ello es indispensable transformar nuestra errada cultura política hacia el emprendedurismo.  Por ejemplo, una de las noticias más preocupantes de los últimos días la he leído, -el 20 de agosto pasado-, en un reportaje de este diario. Allí se denuncia que nuestro sistema educativo no contribuye a la formación de emprendedores. Solo el 30% de los entrevistados dijo haber recibido del sistema estímulos para pensar en desarrollarse en actividades productivas de propia iniciativa. No por casualidad nos ubicamos en el deshonroso puesto 110 de la escala mundial que evalúa el clima de facilidad empresarial hecha por el Banco Mundial en 185 países. Ahora bien, pese al desfavorable estado de cosas en el sector público, Costa Rica posee tres factores que siguen inclinando a su favor la balanza de la historia. Una envidiable posición geoestratégica en América, la herencia subsistente de un sistema político estable, -y pese a la pequeña economía que somos-, un sector empresarial audaz. Estas, entre otras, son razones que le ofrecen al gobierno constitucional entrante condiciones envidiables para reactivar nuestra economía. El nuestro no es un problema de diagnóstico, sino de determinaciones políticas puntuales. El optimismo es hoy obligación política. Al fin y al cabo, nuestros problemas no tienen las mismas dimensiones, -ni la misma dificultad resolverlos-, como sucede en otras naciones del continente. No sufrimos azotes como los que agobian a México o Venezuela. fzamora@abogados.or.cr

lunes, 14 de octubre de 2013

PORVENIR DEL SISTEMA CARCELARIO



Dr. Fernando Zamora C.
Abogado constitucionalista

Publicado en el Periódico La Nación

De la experiencia carcelaria dependerá que el preso retorne a la sociedad siendo ciudadano o un victimario mayor del que antes fue. Y tal experiencia estará condicionada por la eficiencia de su  proceso de rehabilitación. Es claro que el éxito de este proceso es multifactorial, pero al menos se asienta en tres pilares básicos. El primer aspecto del trípode es la asistencia psicosocial y espiritual que el recluso recibe. Respecto de este primer pilar es sabido que nuestro sistema penitenciario, además de ofrecer el servicio de buenos profesionales en asistencia psicosocial al preso, también le otorga a éste, a sus familias y a las organizaciones que lo asisten espiritualmente, las libertades que son razonables para su crecimiento. El segundo aspecto es el de la formación cultural y educativa que el reo recibe en prisión. En este aspecto, es reconocido el loable aporte de entidades educativas beneméritas del país -como la UNED-, o el importante esfuerzo por fomentar actividades de educación y cultura general en el ámbito carcelario que, en coordinación con diversas ONG´s, hace el Estado como tal. En razón de las posibilidades de asistencia psicosocial, espiritual, cultural y educativa que existe a lo interno de las cárceles, el reo que se proponga crecer en esos aspectos, está en posibilidades de lograrlo. El tercer pilar fundamental del proceso rehabilitador es el del fomento de la ética de trabajo en prisión. Y ahí es donde enfrentamos la verdadera carencia.

El éxito o fracaso del sistema penitenciario nacional está ligado a la debida formación en el recluso de una ética de trabajo. Pero en esta materia, nuestro régimen penitenciario es seriamente deficiente. Siempre y cuando el trabajo se realice dentro de parámetros de respeto a la dignidad humana, no hay razones para considerar forzado el trabajo que el sistema fomente al privado de libertad, o a quien tiene su libertad condicionada. Este principio es ampliamente aceptado en las naciones modernas. Si alguien tiene duda al respecto, que lea la Convención de Derechos Humanos de Europa, un continente celoso en esa materia. Por las razones que intentaré resumir creo que -como un mecanismo eficaz de reinserción del recluso a la sociedad-, nuestro régimen penitenciario debe dar  mucha mayor importancia al rubro de la actividad laboral durante el período de cumplimiento carcelario. El trabajo digno permite alcanzar al menos tres propósitos loables: a) por una parte, obtener para sí mismo remuneración durante el tiempo de reclusión, b) combatir el riesgo de la ociosidad desproporcionada durante esa privación y c) retribuir a la sociedad que financia el mantenimiento de su reclusión. No debe caber duda que una economía penitenciaria solvente permite mejores condiciones de reclusión. Es cierto que en Costa Rica se ejerce actividad laboral durante el régimen de ejecución de penas, pero a ello debe dársele un mayor énfasis del que se le ha dado.

En su clásica obra del siglo XVIII, Cesar Beccaria sostenía que el fin de las penas “no es atormentar ni afligir.” Montesquieu que, “toda pena que no se deriva de la absoluta necesidad, es tiránica.” El obvio objetivo de la pena -que es combatir el delito-, solo es posible si la cárcel se aprovecha para que el delincuente, además de desear respetar la ley, sea también capaz de proveer sus propias necesidades. Pese a que no hemos llegado a los abismos en los que se encuentran naciones como Honduras, debemos aspirar a reducir las abismales diferencias que actualmente existen entre la vida en libertad y nuestro sistema carcelario. Y en tales condiciones, eso solo es posible mediante la práctica y enseñanza de una verdadera ética de trabajo enfocada en algún oficio. Y que el preso descubra los beneficios que tal disciplina conlleva. La visión de lo que es un reo debe evolucionar, erradicándose el estereotipo de que el recluso ha dejado de ser parte de la sociedad. El privado de libertad no es alguien simplemente “sacado de circulación.” Para esto, el trabajo  permite al preso mantener lazos de responsabilidad, contribución y ligamen con la sociedad general. Para que tal objetivo sea viable, lo primero que debe observarse es el resguardo de los protocolos internacionales de protección de los derechos humanos que, -en materia de trabajo carcelario-, la ONU ha suscrito. La idea cardinal es que el trabajo penitenciario no debe tener el propósito de afligir.

Pero procuraré resumir los parámetros constitucionales fundamentales a resguardar. Por ejemplo, el protocolo de Reglas para el tratamiento de los reclusos adoptado sobre esta materia en Ginebra por el Primer Congreso de la ONU, establece que “todos los condenados serán sometidos a la obligación de trabajar habida cuenta de su aptitud física y mental…” Así las cosas el trabajo se debe fomentar, siempre y cuando no se asigne abusando de las condiciones que tiene el recluso para realizarlo. Por ello, la organización y métodos laborales deben respetar los mismos parámetros aplicables al trabajador en libertad. Por ejemplo, las reglas de seguridad laboral deben contener precauciones similares a las que se aplican para proteger a los trabajadores libres. Las jornadas laborales y los períodos de descanso deben ser igualmente similares a las de los trabajadores en libertad, así como las disposiciones para indemnizarlos por accidentes laborales. Por una parte, el trabajo diario asignado debe ser suficiente para completar la jornada laboral, y por otra, debe existir algún margen de selección de opciones de trabajo. Esto para que -desde su aptitud vocacional-, le sea posible al preso escoger  a partir de al menos una mínima variedad de posibilidades que desee realizar, y que tal trabajo, -en la medida de lo posible-, le sirva de experiencia para su posterior trabajo en libertad. Además, las jornadas laborales deben permitirle al preso que desee superarse, tiempo suficiente para cursar estudios, capacitaciones o cualquier actividad programada por el sistema para ayudarle a reinsertarse a la vida libre.
Dentro de las limitaciones y desventajas que implica estar privado de libertad, la remuneración por el trabajo debe ser justa, para lo cual debe garantizarse que al menos parte de su estipendio le permita al recluso remunerar a su familia, adquirir bienes de uso personal en reclusión, destinar un ahorro para la vida en libertad o bien para financiar su educación dentro del reclusorio, en caso que aspire a superarse. Finalmente, -en la medida de lo posible-, restituir a la sociedad que le financia su tiempo en privación.fzamora@abogados.or.cr