EL IDEAL COOPERATIVO COSTARRICENSE

Dr. Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista.

Publicado en el diario La Nación

https://www.nacion.com/opinion/columnistas/el-ideal-cooperativo-costarricense/LZ2WKEORNBHT5KYC52NZ25O2DE/story/

El fenómeno cooperativo es un ideal superior. Allí el motivo del trabajo, la producción y la distribución, es el servicio y no el lucro. Lo fue así desde sus orígenes, pues surgió en el mundo como un movimiento enfocado en el valor de la solidaridad. El nacimiento del cooperativismo tuvo, como una causa primaria, la desgracia en la que los tejedores europeos cayeron a raíz de la imposición del sistema fabril. La automatización que la entonces novedosa maquinaria industrial impuso, generó un enorme desempleo entre los tejedores. Un desafío que, con la cuarta revolución industrial, amenaza resurgir. Por eso, días atrás, este diario consignó en su portada que la automatización acecha a la mitad de los empleos del país. Pues bien, en el siglo XVIII, en algunas regiones de Escocia, como Govan o Fenwick, surgieron las primeras organizaciones con un modelo algo similar al ideal cooperativo. Sin embargo, es en 1844, en el noroeste de Inglaterra, propiamente en la ciudad de Rochdale, donde cerca de 30 tejedores establecen formalmente la primera organización que presentaba las características esenciales de lo que hoy entendemos es una institución cooperativa. Fue una cooperativa de consumo, en donde los obreros se organizaron para la compra de artículos suprimiendo la encarecida intermediación. El proyecto surgió con la acumulación de un capital común, que fue recaudado mediante cuotas que tenían valor de una libra esterlina. Si bien es cierto, la intención inicial de los obreros de Rochdale fue la apertura de un almacén de abarrotes, el éxito de la acometida les permitió también incursionar en la construcción de vivienda obrera. Tuvo tan buen suceso, que terminaron incursionando en muchas otras ramas del quehacer económico, como lo era por ejemplo, la elaboración de bienes o hasta el arrendamiento de fundos agrarios. Tal y como lo señalan los destacados historiadores Aguilar Bulgarelli y Carlos Fallas, el primigenio cooperativismo estableció algunos principios fundamentales. Entre otros, un interés limitado al capital, distribución equitativa de los beneficios, igualdad de derechos de los socios, control democrático de la organización, fomento de la educación, y libre asociación.

En nuestro país, el primer vestigio de la actividad cooperativa data del siglo XIX, cuando se intentó una organización denominada “Cooperativa agrícola costarricense de cultivos y colonización interior”. Un segundo antecedente fue la “Sociedad obrera cooperativa”, constituida en 1907. Ella tenía por finalidad, proteger a sus asociados de una intermediación comercial abusiva, por lo que se constituyó como una cooperativa de consumo básico. A partir de aquellas iniciativas surgen muchas otras. Al punto que, en la administración de Federico Tinoco se decreta la creación de la “Comuna Agrícola costarricense”, instaurando un sistema similar al de las cooperativas autogestionarias. Pese a ese primer decreto, -que data del año 1918-, el cooperativismo era un movimiento sin ninguna base legislativa. Crecía espontáneamente y sin mayor concierto. No es sino con la ley de asociaciones de 1939, y posteriormente, con un capítulo sobre cooperativismo dentro del Código de Trabajo de 1943, que éste movimiento asume cierta carta de ciudadanía legal. Incluso, con el tiempo, la necesidad de fomentar la actividad se llegó a elevar a rango constitucional. Como todo ideal, la forja del cooperativismo costarricense implicó un largo camino de esfuerzo. De hecho su consolidación caminó en paralelo al de los luchadores sociales del siglo XX, que en su ideal democrático, confrontaban el principio marxista de la lucha de clases. No por casualidad, la central sindical democrática Rerum Novarum, dirigida por los Presbíteros Benjamín y Santiago Núñez, e inspirada en la doctrina social de la Iglesia católica, tuvo la participación de algunas organizaciones del sector, como la Cooperativa de Consumo La Unión, dirigida por el sacerdote Santiago Zúñiga. Aquí vale recordar que el cooperativismo, al igual que el “Solidarismo”, -éste último un movimiento más reciente y de sello netamente costarricense-, son corrientes que han sido antídoto contra la violencia social y su doctrina de lucha de clases.

El impulso y la popularidad que el ideal cooperativo fue obteniendo, con el pasar de los años motivó la intervención de la banca en apoyo de estas organizaciones. El resultado fue que, para la década de 1940, empezaron a consolidarse entidades cooperativas de gran tamaño y capital. Coopevictoria y la Cooperativa de Productores de leche RL, son dos ilustraciones de aquella época, que lograron gran suceso en la historia económica nacional. Como botones de flor en abril, a partir de entonces empiezan a surgir en Costa Rica una cascada de empresas de dicho sector. Su fuerza y vigor provocaron que, en las décadas de 1970 y 1980, se aprobaran leyes e instituciones que han sido claves en la consolidación y desarrollo del cooperativismo. En 1973 la ley de asociaciones cooperativas, y con ello, el Instituto de Fomento Cooperativo y el Consejo Nacional de Cooperativas. En la siguiente década, con la ascensión al poder de Luis Alberto Monge, el movimiento cooperativo se elevó a un nuevo nivel. Se fortalecieron las cooperativas como entidades del sistema financiero, el Ministerio de Educación se empleó a fondo con las cooperativas juveniles, -estableciendo además una amplia normativa promovida para estimularlas-, y se modificó la ley orgánica del sistema bancario nacional para instaurar un capítulo de entidades de crédito cooperativas, entre otros importantes avances. El resultado de este proceso, es que para el censo cooperativo del año 2012, nuestro país se acercaba ya al millón de personas asociadas a empresas cooperativas, una cifra cercana al 21% de la población “cooperativizada” en más de 500 organizaciones de tal naturaleza.

Amerita reconocer además, que las organizaciones cooperativas cumplen una labor social de primer orden. Citaré solo dos ejemplos. El 9,2 de los asegurados son atendidos por cooperativas de salud, y más de 700 mil costarricenses reciben servicios eléctricos por medio de cooperativas. Podría citar muchos ejemplos más, pero el asunto esencial aquí es el que paso a indicar. Por una parte, tenemos las organizaciones estatales de corte burocrático, y por otra, las organizaciones de la economía social solidaria. La pregunta de fondo es: en aras de resolver nuestras necesidades de distribuir la riqueza nacional eficientemente, ¿qué tipo de organización deberíamos prioritariamente estimular?, ¿las de la economía burocrática del sector público o las de la economía social solidaria? fzamora@abogados.or.cr

¿QUE ES EL POPULISMO?

Dr. Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista.

Publicado en España:

https://www.elimparcial.es/noticia/188620/opinion/que-es-el-populismo.html

Gloria Alvarez es una locuaz presentadora de tv guatemalteca que promociona videos de crítica política en la web. En ellos expone una visión reduccionista del populismo, pues para ella, ése es un fenómeno exclusivo de la izquierda estatista. Se equivoca. El populismo es mucho más que la enfermedad de un determinado credo político, pues como sutil herramienta estratégica, es indiferente a la ideología de quien la utilice. El populismo es una trama cuyo objetivo es tomar el poder por vías engañosas. Es una sociopatía política ideológicamente neutra, que puede ser aplicada por personajes de cualquier espectro del mosaico doctrinario. Amerita delimitar los parámetros generales que delinean al populismo, de modo que el ciudadano tenga mejores elementos de discernimiento para detectar esta suerte de patología. Lo primero que se debe advertir, es que la semilla que da origen al populismo es el ego. Al provenir de una vocación narcisista, o de una propensión vanidosa  sobre uno mismo, las intenciones que motivan al caudillo populista nunca son genuinas. La inspiración auténtica del líder no proviene del ego sino del ideal, y por tanto, del espíritu.  El idealista confronta la adversidad en virtud de las visiones anticipadas que tiene acerca de alguna mayor perfección con la que sueña. No se trata de un fenómeno exclusivo de la política. La historia registra idealistas en cada área del quehacer humano; por ejemplo la santidad es un tipo de idealismo de la moral espiritual. El ególatra es su antítesis. A éste último no lo inspira la convicción de una posible perfección venidera, sino una enfermiza ansiedad de protagonismo y poder. Por antonomasia, es un sociópata disfrazado de prohombre.

 

El segundo elemento a destacar es que el populismo es esencialmente una maquinación. Como se estila decir en derecho criminal, el populista actúa con alevosía, premeditación y ventaja. Por eso, de previo a asaltar el poder, siempre urdirá un plan conspirativo. De ello hay múltiples ejemplos en la historia. Hitler, -el ególatra prototípico-, subrepticiamente mandó a quemar el Reichstag. Una vez que el edificio era cenizas, culpó del incendio a la oposición política, ordenó ejecuciones sumarias de inocentes, e inmediatamente proscribió toda disensión. Otra triste ilustración es el asalto de 1992 al Palacio Miraflores. Los cronistas Barrera y Marcano, biógrafos de Hugo Chávez, refieren que él astutamente delegó en dos capitanes el arriesgado ataque frontal a la sede gubernamental. Si bien Chávez azuzó al grupo de rebeldes que intentaron la asonada, cobarde y convenientemente se ubicó en una posición segura, para garantizarse no estar entre quienes serían carne de cañón. Aunque era obvio que así la intentona no tendría éxito, la obra teatral le permitió fingirse héroe ante toda Venezuela. Siete años después conquistó la victoria electoral. Este tipo de conducta es usual en el sociópata que con desesperación busca el poder. Para alcanzarlo a cualquier precio, es un actor que se asegura el rol estelar de la trama que monta.

 

Como en el populista todo es montaje, parte de su taumaturgia son las arengas y peroratas cargadas de grosera manipulación y furibundo maniqueísmo. Al populista le es imposible conquistar el voto del ciudadano culto e informado. Por eso se ve obligado a dirigir sus invectivas hacia las almas simples y resentidas. Así el sociópata nunca proclama lo que responsablemente el ciudadano debe escuchar, sino que enardece lo que las pasiones codician oír. Sus diatribas son quimeras para mentes ilusas. Recuerden que su objetivo no es construir cultura, ni engrandecer la civilización de las sociedades a las que aspira dirigir, sino tomar el poder a cualquier precio. Y conservarlo. Aristóteles fue el primer pensador en analizar el fenómeno y definió la patología populista bajo un concepto: demagogia. El filósofo llamó demagogo a lo que hoy denominamos populista, y lo definió como aquel que incita las bajas pasiones de los ciudadanos -sus prejuicios, temores y anhelos-, para dirigirlos hacia sus propios objetivos políticos, los cuales siempre derivan en autoritarismo y quiebra de las instituciones republicanas. En esencia, la demagogia es una manifestación decadente de la democracia. Su arma es la verborrea autoritaria y las distintas formas de falacia. Y aunque las estrategias pueden ser diversas, usualmente apela a un patrón habitual dentro de su discurso. Veamos.

 

Podríamos resumir la retórica populista en cuatro características básicas: a) cambia sus posiciones con facilidad y en razón exclusiva de objetivos inmediatos. No me refiero a la reversión reflexiva de criterio, a la que todo estadista sensato puede recurrir. Me refiero a la actitud cínica que tiene el objetivo de acomodarse a los vaivenes del capricho popular. Al mejor estilo del comediante Groucho Marx: “estos son mis principios, pero si no les gustan, ¡tengo estos otros!”, b) la sistematización desde el poder de un discurso implacable y altamente ofensivo contra todo aquello que estorbe su camino. Es una diatriba que azuza las disensiones y disconformidades que yacen en el “subsuelo psíquico” de los sectores marginales, (por ejemplo el nazismo explotó la fórmula a costa de las minorías étnicas), c) al tener vocación autoritaria, la retórica populista apela al ataque y desprestigio de las instituciones democráticas. Si éstas entran en crisis, como está sucediendo aquí hoy, lejos de promover un discurso responsable de reforma y corrección, el demagogo incita invectivas agresivas contra los poderes que resguardan los equilibrios sociales. Requiere romper la armonía cívica, pues es un oportunista que “pesca en río revuelto”. Finalmente, d) la soflama de la sociopatía demagógica siempre es grandilocuente. Como el populista finge ser mesías, necesita apelar a un futuro mesiánico y refundacional. En sus peroratas, usualmente invoca conceptos como “reconstrucción nacional”, “revolución”, “nueva constitución”, “refundación del país” y todo género de altisonancias de esa ralea. Al final del camino, todo es un señuelo para simular ser el redentor que viene a revertir la decadencia. Un caso reciente fue la estrategia de Maduro para desarticular la resistencia popular en su contra. Su sermón le hacía creer a la famélica ciudadanía venezolana que, para traer el Edén a Venezuela en un santiamén, bastaba cambiarle el texto a la Constitución. fzamora@abogados.or.cr

PRIORIDADES DEL ACUERDO NACIONAL

Dr. Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista.

Publicado en el Periódico La Nación

https://www.nacion.com/opinion/columnistas/prioridades-del-acuerdo-nacional/B25W3XK7IBECTPNKI7PTXC5DOM/story/

El Presidente electo nos ha convocado a los partidos políticos con representación legislativa, a la conformación de un gobierno nacional por acompañamiento multipartidario. Esencialmente, la mecánica de la propuesta consiste en la posibilidad de que, dentro de la mitad menos uno de los Ministerios gubernamentales, a los partidos políticos no ganadores de la contienda recién pasada, se nos asigne una cuota  proporcional de tales cargos. A cambio de dicha prerrogativa, cada Partido se compromete a apoyar una serie de iniciativas previamente consensuadas. Algunos Partidos anunciaron de inmediato la aceptación de la iniciativa; otros aún no se han pronunciado. En el caso de Liberación Nacional, se tomó la decisión de celebrar y apoyar la iniciativa, no sin antes advertir que no aceptaría cargos públicos en función de ello. Aquí lo que realmente interesa es la receta, y no el cocinero. Amén del hecho de que, -tratándose de un llamado a la concertación por el país-, no debe existir otro interés que el patriótico. Pues bien, descrito el escenario, amerita analizar los elementos básicos de lo que, a mi criterio, deben ser los parámetros o elementos de este acuerdo. El primero de estos parámetros, señala que la base lógica a partir de la cual construir un pacto inmediato, debe ser el acuerdo suscrito por todos los Partidos políticos en el año 2017. Sin duda alguna, allí ya está buena parte del camino recorrido. Los partidos no podrían oponerse a lo que suscribieron. Lo que corresponde es honrar lo firmado, ejecutando en el Congreso la aprobación de los proyectos de ley que traducen la implementación de cada resolución pactada. Allí existe un marco de planteamientos en las materias sensibles de nuestro desarrollo, como lo es la descentralización político-administrativa, transporte público e infraestructura, reforma educativa integral, empleo público, simplificación de trámites, y reformas a la seguridad social, entre otros aspectos.

El segundo parámetro está condicionado por el reto inmediato que tiene el gobierno electo, consistente en frenar la grave hemorragia que desangra nuestras finanzas públicas. La situación se resume en una sentencia implacable: estamos endeudados hasta el copete porque tenemos un nivel de productividad que no puede sostener el caro aparato público que sostenemos. Don Pepe Figueres decía que teníamos gusto de champagne con bolsillo de agua dulce. Parafraseando su coloquial aforismo podemos afirmar que, teniendo bolsillo de agua dulce, se ha generado  una estructura pública cara como el champagne. Ante tal desafío, el gobierno electo habrá de armarse de una doble valentía para ello, pues su partido, -el PAC-, no solo aumentó sustancialmente ese gasto en los últimos cuatro años, sino que ha sostenido un discurso ideológico que prohíja un esquema estatista a la vieja usanza. Tanto así que los sectores sindicales del Estado apostaron por ese partido, al extremo de que, uno de sus sindicalistas prominentes, es segundo al mando en la fórmula presidencial. Además resulta molesto detectar, un día sí y otro también, que la voluntad real de salida al problema consiste simplemente en imponer nuevas cargas tributarias sobre las espaldas de la sociedad civil. Esta solución desviste un santo para arropar al otro. El gobierno no parece consciente de que limitarse a aumentar el peso impositivo, desestimula la economía privada, que es la que suministra los recursos a ese oso hambriento que es el Estado. Cuando terminen de arropar al segundo santo, verán entonces desnudo al primero, y habrán caído en la cuenta que no solucionaron el problema. Por ello, el reto inmediato es enfrentar el desafío en materia de contención de gasto, sobre la base de los presupuestos que paso a mencionar: erradicar los privilegios de la nomenklatura enquistada en las entidades públicas. La evidencia histórica es que, una vez consolidadas las burocracias que originalmente fueron instaladas para atender necesidades específicas del desarrollo, a mitad del camino, éstas terminan convirtiéndose en fines en sí mismas. La necesidad de garantizar la eficiencia de la administración pública es otro presupuesto. La ineficiencia hace que el Estado, originalmente destinado a resolver las urgencias del desarrollo, termine convirtiéndose en parte del problema. Aquí cito un ejemplo a manera de ilustración: en la comunidad de Palmichal de Acosta existe una loable iniciativa de turismo rural comunitario. Fue emprendida por la misma comunidad y genera ingresos a sus habitantes sin requerir de la asistencia estatal. Se trata de un proyecto de protección de las nacientes del río Negro y Tabarcia, con su respectiva cuenca en la zona. Además, el proyecto cuenta con zonas de alojamiento ecológicamente sustentables. La iniciativa incluso, ha sido reconocida por medios periodísticos, quienes han realizado reportajes divulgando su labor. Pues resulta que he sido testigo de cómo el poder estatal, -por una u otra nimiedad-, se ha dedicado a perseguirlos, llegando incluso al punto de amenazar su propia existencia.  Aquello es la inversión del sentido y razón de ser del poder de imperio estatal. La mejora en la eficiencia pública es urgente; iniciativas que busquen medidas que promueven la desregulación de todas las actividades productivas, así como la simplificación de trámites y procedimientos que estén asociados a ellas es un presupuesto fundamental de la eficiencia pública.

Otros presupuestos de eficiencia como la homologación de puestos en el sector descentralizado y en la administración municipal, lineamientos comunes sobre gestión y calificación del empleado público, así como el establecimiento de mecanismos rigurosos de evaluación en función de resultados, son elementos indispensables a implementar en el objetivo de dar eficiencia. El brutal atraso en la ejecución de obras públicas, -sobre los cuales se pagan intereses de préstamos millonarios-, no es sino un alarmante reflejo de nuestros actuales problemas de eficiencia pública. Otro presupuesto de ahorro, implica erradicar la duplicidad de funciones estatales. Costa Rica es un país con una población económicamente activa de apenas poco más de dos millones de personas. No somos Brasil. Nada justifica que aquí existan dos o más entidades públicas persiguiendo los mismos objetivos, o peor aún, realizando las mismas funciones.

El último parámetro básico consiste en la necesidad de reactivar la economía. Para ello, la responsabilidad del gobierno será proponer las iniciativas  que estimulen dos de las vías más eficientes para ello: por una parte, el inventario de ejecución de obra pública por medio de alianzas público-privadas, y por otra, las políticas públicas que implementará en los próximos cuatro años para atraer inversión en alta tecnología. El gobierno electo tiene la palabra. fzamora@abogados.or.cr