Dr. Fernando Zamora C.
Abogado Constitucionalista
Publicado en el
Periódico La Nación bajo la cita:
El ideal de un gasto público equilibrado, está sustentado en el hecho de
que una política económica exclusivamente inmediatista y unigeneracional, es
perversa. El problema de fondo es que desde tiempo atrás el Estado
costarricense ha venido asumiendo los nefastos presupuestos filosóficos de estos
tiempos que Giles Lipovetsky denomina “hipermodernos”, en los cuales la lógica
del consumo presente también ha impregnado las crecientes dimensiones de la
vida pública. Como lo único legítimo es el aquí y el ahora, cobra aún más
popularidad la célebre frase Keynesiana que promueve el gasto público en razón
de que “a largo plazo todos estaremos
muertos”. La vertiginosa individualización que vivimos, ha provocado una indiferencia
por el bienestar de las siguientes generaciones. El eje del presente se ha
convertido en una temporalidad socialmente dominante y por doquier atestiguamos
la acelerada caducidad de todo. Así, el gasto inmediato es la promesa de un “hic
et nunc” eufórico, que ha hecho surgir una incultura gubernamental exclusivamente
centrada en la inmediatez de la satisfacción de las necesidades. La política
presupuestaria postrada a los pies de un espíritu de época dominado por la
absolutización del presente inmediato y la despreocupación por el porvenir. Al
encerrar el tiempo en la lógica absolutista de la urgencia, se ha proscrito
toda valoración de la visión nacional a largo plazo. Todo en función de un
estado de ingravidez temporal comprimido en una inmediatez desprovista de toda
herencia y proyecto. En palabras de Zaki Laidi, la hora del “hombre presente”,
que pulveriza las utopías y las certezas progresistas. La incultura del
presente perpetuo sin pasado ni futuro, de la que habló George Orwell. Esta
“crisis de futuro” se refleja -por una parte-, en el exceso de gasto público
que no es inversión, referido a las necesidades del día a día, que no coadyuvan
en la generación de riqueza y desarrollo. Lo que llaman los economistas, gasto
corriente. Y por otra parte, una aplicación decreciente de la inversión en
infraestructura, en educación o en investigación científica, que es lo que
garantiza la prosperidad futura. El estrechamiento del horizonte temporal que
padecemos, es lo que provoca esa economía de “tiempo escaso”. Por ello no es
sensato aplicar al pie de la letra las viejas teorías económicas que promueven
el gasto público, pues éste no es beneficioso por sí solo. Por el contrario, la
política de gasto y de impuestos crecientes ataca el ideal de herencia
generacional, por lo que atenta contra los valores constitucionales. Mientras
los agentes privados de la economía se ven obligados a planificar, anticiparse,
ahorrar y prever, el Estado -por el contrario-, vive una incultura presentista,
asumiendo el carpe diem de una moral del instante. En palabras de Nicole
Aubert, se vive una generalización del reinado de la urgencia, donde prima la
acción inmediata sobre la reflexión. La omnipresencia del saciamiento inmediato
sin confianza en el después, maximizando los resultados a corto plazo aunque
las consecuencias futuras sean insostenibles. Y aún peor, detrás de una
política de gasto público e impuestos crecientes, se oculta una lógica perversa.
Es la idea de que el ciudadano delegue su iniciativa y responsabilidad
individual en el Estado -y ya despojado de ellas-, pasivamente espera de éste todas
las soluciones. La proscripción del principio de responsabilidad individual. Como
consecuencia de ello, los estudios económicos de Charles Murray demuestran que
la asistencia social incondicional por parte del Estado, genera en sus
receptores la perdida del sentido de responsabilidad individual, sumiéndose en
una mayor pobreza. Ese celo estatista se sustenta en la falsa creencia de que
el cambio puede venir desde afuera, sin atender la consciencia y la iniciativa
responsable del ser humano.
Por eso nos encontramos en una grave encrucijada. Por una
parte, la realidad de un déficit fiscal alarmante. Por la otra, el perjuicio de
tomar el camino progresivo del aumento en los impuestos, que va en detrimento
del dinamismo, la competitividad y el crecimiento económico. Por ello, uno de
los grandes errores de la política nacional, fue la de no aprobar el proyecto
de garantías económico-constitucionales propuesto desde finales de la década de
los ochenta por el Dr. Miguel Angel Rodríguez. Tal error debe ser enmendado,
pues allí se establecen controles contra el desequilibrio en el gasto público, limitando
el incremento de los gastos totales anuales de los poderes del Estado. De
conformidad con la propuesta, el gasto público total no puede exceder el
porcentaje anual de crecimiento nominal del PIB estimado por el Banco Central
para cada año pasado. Si la tasa de inflación prevista por el Central supera el
6% anual, la tasa de crecimiento de los gastos estatales que supere ese mismo
porcentaje, no puede ser mayor del 50% de la tasa de la inflación. Salvo el
caso de emergencia nacional, la Constitución le impedirá a la Contraloría
aprobar presupuestos que excedan ese razonable parámetro. Aunque el proyecto original
establecía otra serie de disposiciones, el corazón de la propuesta es el que he
descrito. En síntesis, permitir el crecimiento del gasto público, pero de una
forma equilibrada y de conformidad con la proyección del comportamiento general
de la economía. El proyecto fue originalmente expuesto en un libro que aún
conservo de mis épocas de estudiante universitario, y fue formalmente impulsado
en el cuatrienio 90-94. Si los congresistas de entonces lo hubiesen apoyado, no
estaríamos viviendo el ruinoso panorama que actualmente atisbamos. Hoy el
proyecto debería simplificarse a ese único cambio aquí expuesto y presentarse
de nuevo. De no contarse con la voluntad para una reforma constitucional, otra
opción que en su momento planteó el Expresidente, fue la de aprobar una ley
para que dicho déficit, incluido el Banco Central, no supere el 1,5% del PIB
previsto para cada período presupuestario. El faltante no podría superar el 1%
del PIB esperado, si se prevé un crecimiento económico de entre 3% y 6% del PIB
en el próximo período. Y cuando el crecimiento previsto exceda el 6% del PIB,
el déficit fiscal no superará el 0,5% del PIB proyectado. Algún quijote
legislativo puede asumir el desafío en pro de una reforma tan impostergable. fzamora@abogados.or.cr
