Dr. Fernando Zamora C.
Abogado constitucionalista
Publicado en el Diario La Nación bajo esta dirección:
Costa Rica se prepara para el inicio de una
nueva jornada electoral. Quien pretenda dirigir los destinos de la nación, no
debe delegar en otros la impostergable tarea de proponer las líneas generales
del rumbo político que pretenda impulsar. En una sociedad tan diagnosticada, lo
que se proponga, lo debe proponer el mandatario. Y de forma puntual. Tal
esencialismo se le deberá contar como mérito. Por el contrario, si se inaugura enunciando
una larga lista de quimeras legales, su próximo gobierno se desgastará en bizantinos
debates políticos. En esto vale atender el famoso aforismo político de Robert
Greene: “el líder debe introducir cambios
sin pretender modificar demasiado a la vez.” En ese sentido, considero
importante enunciar algunas premisas básicas para un rumbo nacional, las cuales
debería tener en cuenta todo líder que pretenda dirigir nuestros destinos. Lo
primero de lo que debemos tomar consciencia como ciudadanos es que el problema
principal de nuestra sociedad es cultural. La decadencia de nuestro sistema de
valores -o del espíritu de la nación, es la amenaza más palpable que enfrentará
el siguiente mandatario. Y esto no es un asunto que se resuelve con cambios en
el sistema legal, por más revolucionarias que las transformaciones legislativas
pretendan ser. Por el contrario, la hiperlegalización y la judicialización de
una sociedad nos recuerda la sentencia de que, cada vez más regulaciones,
significa cada vez menos libertades. Es con más cultura, y no con más política,
como se engrandece la nación. La historia ha demostrado que los delirios
propios de las utopías políticas, solo han provocado dolor a los pueblos. Impulso
económico. Pocos niegan el hecho de que, -pese a los serios problemas
del país-, el clima de estabilidad que aún gozamos se debe en gran medida a la aún
buena salud de nuestro sector económico privado, acicateado por la ya tradicional tendencia de apertura a la
inversión extranjera, a la promoción de la exportación y a la libertad
comercial. En ello no hay misterios. La estadística confirma que los países de
mayor prosperidad, son aquellos donde es posible invertir con reglas estables. De
ahí que, en un afán de promover el sector privado de la economía, el próximo
gobernante deberá tener una clara convicción respecto de la necesidad, por una
parte, de controlar el gasto estatal, y por otra, la de promover un programa de
eliminación de impuestos y regulaciones. Al respecto escuché con agrado la idea
del Ing. Rolando Araya de transformar en empresas todas aquellas instituciones
estatales que venden servicios. La herramienta legítima de la justicia y la igualdad
social, es la educación y la propiedad ciudadana, nunca la voracidad estatal.
Recuérdese que el sustento ideológico de quienes prohíjan un estado cada día
más grande y con mayor capacidad fiscal, es el del equivocado concepto de que
las soluciones provendrán de la burocracia estatal. El estado es para la sociedad y no a la inversa. En la era de
la información, los habitantes intervienen más directamente en el desafío del
desarrollo, que se conquista poniendo en ejecución la iniciativa ciudadana. El
Estado ya no está en capacidad de ejecutar por medio de la burocracia estatal.
Un Estado moderno debe ser regulador y fiscalizador. Con un estamento de
funcionarios de dimensión razonable. Reto energético. La sustitución de la
importación de petróleo promoviendo la propia
producción de gas natural y electricidad, será otro de los desafíos más
urgentes del próximo mandatario. El reto de la implementación de las energías
limpias y producidas en nuestro propio suelo no solo tiene que ver con el tema
del brutal ahorro que ello representaría en nuestra factura de importaciones,
sino también en el de la protección ambiental. En esta última materia una
amenaza mayor contra el ambiente no es el progreso, sino la pobreza. Una
sociedad con capacidad económica posee las herramientas para implementar
políticas de desarrollo sostenible. Las sociedades pobres, no tienen otro
remedio que explotar con desesperación sus recursos naturales hasta
extinguirlos. El desertificado Haití, es un lamentable ejemplo de esta
situación. De ahí el peligro de arrastrar el discurso ambientalista al extremo
del chantaje, y amenazar así el curso equilibrado del progreso. Programa
puntual. Así, más que enfrascarse en una cruzada de innumerables
propuestas de cambio legal, proponer un programa puntual que permita ejecutar
objetivos inmediatos para dinamizar nuestra economía es una prioridad de
calidad política en momentos en que nuestra economía está amenazada por la
sustancial mejora en la competitividad de los países vecinos. Un breve repaso
nos recuerda que sobre la base de un marco legal amigable a la iniciativa
privada, -que seduce la voluntad de acción tanto del inversionista local como
de la inversión internacional-, Panamá creció un 10,4% en el tercer trimestre
del 2011 en comparación al mismo período del año anterior. Este crecimiento se
debe al dinamismo de su economía interna por la prestación competitiva y poco
onerosa de servicios. Amén de las facilidades que su sistema jurídico otorga
para la prestación de servicios financieros, inmobiliarios, servicios de
transporte y carga, tanto aéreos como terrestres. Ante la realidad que imponen
las agresivas decisiones de nuestros vecinos, se contrapone la estadística
objetiva respecto de la caída de Costa Rica en la escala que valora a los
países según su nivel de accesibilidad para la iniciativa empresarial. Peor
aún, pareciera que la tendencia de las decisiones políticas en materia de
tributos, impondrá aún más obstáculos en detrimento de nuestra proclividad como
país atractivo a la inversión. En síntesis, estabilidad y seguridad del sistema
jurídico, impuestos estables para la atracción de inversiones tecnológicas,
industriales y de servicios en función de una economía de exportación, y un
programa agresivo de desarrollo de infraestructura en concesión. Sumado a lo
anterior, disciplina en el gasto gubernamental no destinado a inversión. La
ruta sensata. fzamora@abogados.or.cr
