Dr. Fernando
Zamora C.
Abogado constitucionalista
Publicado en el Periódico La
Nación así:
Nuestro problema es de
malformación cultural. Estamos aferrados a una idea ya fenecida respecto del rol
del Estado. ¿Cuál es la lógica existente detrás del gigantismo del sector
público? Sigue siendo la propia de la era industrial que muere: que el Estado
acumule recursos y autoridad a cambio de resolver, “en serie”, los problemas
ciudadanos. Por alcanzar esa quimera, se promueve un Estado invasor de todos
los aspectos de nuestra vida. Justificados en la legitimidad de la democracia
electoral representativa, transitamos el camino hacia un progresivo
totalitarismo legalista. Por muchas razones, hoy ésta no solo es una lógica perversa,
sino obsoleta. Es propia tanto de la era industrial, como de la etapa del
Estado representativo, y ambos paradigmas dan estertores de muerte. En la era nueva
del conocimiento y del Estado participativo, no funciona la fórmula del Estado burocrático
fiscalmente voraz. Además, la historia ha demostrado que la acción política
siempre arrastra hacia resultados distintos de los anticipados. Aunque la clase
política lo niegue, nada es más vano que los intentos de solucionar los
problemas sociales por la vía del decreto político. Ello es un espejismo. Permítaseme
solo un ejemplo práctico. En el afán de erradicar la corrupción, nunca en Costa
Rica han existido mayor cantidad de regulaciones, controles sobre controles y
leguleyadas. Sin embargo, no ha sido por ese costoso y excesivo control, -sino solo
gracias a la prensa-, que se han destapado los más gruesos desfalcos públicos
de la historia. Por el contrario, la cantidad de obstáculos que se imponen por
vía de la ascendente hiperlegalización de la vida ciudadana, está engendrando
una sociedad cada día más antidemocrática. Esta tendencia nos afecta a todos,
pero aún más a aquellos con menor poder económico, pues quien tiene recursos enfrenta
mejor los progresivos caprichos reguladores del sistema. ¡Ni qué decir de cómo
afecta ello al más débil! Lo condena a parasitarse en la oferta clientelista
del Estado, la cual -por antonomasia-, será siempre insuficiente, pues el
clientelismo es un concepto congénitamente errado. Durante el 2006-2010, la
Contraloría registró que el clientelismo estatal devoró el 26% del presupuesto
total promedio de los sectores de nuestro Poder Ejecutivo.
Ante el desafío de la
sobreregulación, ¿qué hacer? Ciertamente se deben tomar algunas medidas
inmediatas, como la de fortalecer en la administración pública el instituto jurídico
del silencio positivo, o la transformación del Título XIV constitucional, de
tal forma que las burocracias que venden bienes y servicios, -como los bancos
públicos, el INS, las telecomunicaciones estatales, los ferrocarriles, o por
ejemplo la Junta que emite la lotería-, se conviertan en empresas públicas con
un régimen de actuación menos caro y más expedito. Pero más que un asunto de
reformas inmediatas, es un cambio de la cultura política y constitucional. De
lo contrario, la voracidad de la fórmula en la que estamos enfrascados, -la de la
ascendente tendencia “más endeudamiento público y más impuestos”-, nos terminará
arrastrando al mismo drama en el que están países como Francia, donde Hollande se
ha visto obligado a solicitar un impuesto de hasta el 75% sobre los ingresos. Lo
preocupante es que no se escuchan voces, -con alguna autoridad política-, que
propugnen por una disciplina fiscal en la que el dinero esté firmemente
dirigido en hacer posibles los fines genuinos del Estado, como lo es la ejecución
de infraestructura, de producción, o de desarrollo de la educación y la cultura.
Por el contrario, hoy la deuda pública y la burocracia como tal, han adquirido
valor por sí mismas. ¡Ahora son fines y no medios! En la cosa pública, los
instrumentos se tornaron más importantes que los objetivos legítimos del Estado,
el cual se afirmó como finalidad en sí mismo.
Por ello, apenas entrando la
próxima administración constitucional, debería proponer una agenda de medidas
urgentes en al menos cuatro aspectos: a) la determinación de un inventario de
ejecución de infraestructura en orden de prioridad, de tal forma que sea
posible un acuerdo político que garantice los medios para financiarla y la
forma de ejecutarla, b) a partir del variopinto de reformas al Estado que han
sido propuestas por las diferentes mesas ciudadanas, -incluida la de la Comisión
de notables-, determinar cuáles de esas reformas políticas serán prioridad para
la nueva administración, en aras de alcanzar el acuerdo político que las haga
posibles, c) proponer al país un plan de disciplina fiscal a largo plazo, orientado
a garantizar que se destinen más recursos para inversión del que se aplica a
gasto corriente. Y finalmente, d) un plan sistemático de atracción de
inversiones internacionales que garantice el cierre de la brecha de desempleo
que nos amenaza. La resistencia vendrá de los usuales prejuicios domésticos que
resisten la innovación propia del progreso y de la competencia que nos imponen otros
países abocados en ese mismo esfuerzo de atracción de inversiones. Por ello es
indispensable transformar nuestra errada cultura política hacia el
emprendedurismo. Por ejemplo, una de las
noticias más preocupantes de los últimos días la he leído, -el 20 de agosto
pasado-, en un reportaje de este diario. Allí se denuncia que nuestro sistema
educativo no contribuye a la formación de emprendedores. Solo el 30% de los
entrevistados dijo haber recibido del sistema estímulos para pensar en desarrollarse
en actividades productivas de propia iniciativa. No por casualidad nos ubicamos
en el deshonroso puesto 110 de la escala mundial que evalúa el clima de
facilidad empresarial hecha por el Banco Mundial en 185 países. Ahora bien,
pese al desfavorable estado de cosas en el sector público, Costa Rica posee
tres factores que siguen inclinando a su favor la balanza de la historia. Una
envidiable posición geoestratégica en América, la herencia subsistente de un
sistema político estable, -y pese a la pequeña economía que somos-, un sector
empresarial audaz. Estas, entre otras, son razones que le ofrecen al gobierno
constitucional entrante condiciones envidiables para reactivar nuestra
economía. El nuestro no es un problema de diagnóstico, sino de determinaciones
políticas puntuales. El optimismo es hoy obligación política. Al fin y al cabo,
nuestros problemas no tienen las mismas dimensiones, -ni la misma dificultad
resolverlos-, como sucede en otras naciones del continente. No sufrimos azotes
como los que agobian a México o Venezuela. fzamora@abogados.or.cr
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