lunes, 4 de marzo de 2013

PREMISAS DEL RUMBO NACIONAL



Dr. Fernando Zamora C.
Abogado constitucionalista

Publicado en el Diario La Nación bajo esta dirección:



Costa Rica se prepara para el inicio de una nueva jornada electoral. Quien pretenda dirigir los destinos de la nación, no debe delegar en otros la impostergable tarea de proponer las líneas generales del rumbo político que pretenda impulsar. En una sociedad tan diagnosticada, lo que se proponga, lo debe proponer el mandatario. Y de forma puntual. Tal esencialismo se le deberá contar como mérito. Por el contrario, si se inaugura enunciando una larga lista de quimeras legales, su próximo gobierno se desgastará en bizantinos debates políticos. En esto vale atender el famoso aforismo político de Robert Greene: “el líder debe introducir cambios sin pretender modificar demasiado a la vez.” En ese sentido, considero importante enunciar algunas premisas básicas para un rumbo nacional, las cuales debería tener en cuenta todo líder que pretenda dirigir nuestros destinos. Lo primero de lo que debemos tomar consciencia como ciudadanos es que el problema principal de nuestra sociedad es cultural. La decadencia de nuestro sistema de valores -o del espíritu de la nación, es la amenaza más palpable que enfrentará el siguiente mandatario. Y esto no es un asunto que se resuelve con cambios en el sistema legal, por más revolucionarias que las transformaciones legislativas pretendan ser. Por el contrario, la hiperlegalización y la judicialización de una sociedad nos recuerda la sentencia de que, cada vez más regulaciones, significa cada vez menos libertades. Es con más cultura, y no con más política, como se engrandece la nación. La historia ha demostrado que los delirios propios de las utopías políticas, solo han provocado dolor a los pueblos. Impulso económico. Pocos niegan el hecho de que, -pese a los serios problemas del país-, el clima de estabilidad que aún gozamos se debe en gran medida a la aún buena salud de nuestro sector económico privado, acicateado por  la ya tradicional tendencia de apertura a la inversión extranjera, a la promoción de la exportación y a la libertad comercial. En ello no hay misterios. La estadística confirma que los países de mayor prosperidad, son aquellos donde es posible invertir con reglas estables. De ahí que, en un afán de promover el sector privado de la economía, el próximo gobernante deberá tener una clara convicción respecto de la necesidad, por una parte, de controlar el gasto estatal, y por otra, la de promover un programa de eliminación de impuestos y regulaciones. Al respecto escuché con agrado la idea del Ing. Rolando Araya de transformar en empresas todas aquellas instituciones estatales que venden servicios. La herramienta legítima de la justicia y la igualdad social, es la educación y la propiedad ciudadana, nunca la voracidad estatal. Recuérdese que el sustento ideológico de quienes prohíjan un estado cada día más grande y con mayor capacidad fiscal, es el del equivocado concepto de que las soluciones provendrán de la burocracia estatal. El estado es para  la sociedad y no a la inversa. En la era de la información, los habitantes intervienen más directamente en el desafío del desarrollo, que se conquista poniendo en ejecución la iniciativa ciudadana. El Estado ya no está en capacidad de ejecutar por medio de la burocracia estatal. Un Estado moderno debe ser regulador y fiscalizador. Con un estamento de funcionarios de dimensión razonable. Reto energético. La sustitución de la importación de petróleo  promoviendo la propia producción de gas natural y electricidad, será otro de los desafíos más urgentes del próximo mandatario. El reto de la implementación de las energías limpias y producidas en nuestro propio suelo no solo tiene que ver con el tema del brutal ahorro que ello representaría en nuestra factura de importaciones, sino también en el de la protección ambiental. En esta última materia una amenaza mayor contra el ambiente no es el progreso, sino la pobreza. Una sociedad con capacidad económica posee las herramientas para implementar políticas de desarrollo sostenible. Las sociedades pobres, no tienen otro remedio que explotar con desesperación sus recursos naturales hasta extinguirlos. El desertificado Haití, es un lamentable ejemplo de esta situación. De ahí el peligro de arrastrar el discurso ambientalista al extremo del chantaje, y amenazar así el curso equilibrado del progreso. Programa puntual. Así, más que enfrascarse en una cruzada de innumerables propuestas de cambio legal, proponer un programa puntual que permita ejecutar objetivos inmediatos para dinamizar nuestra economía es una prioridad de calidad política en momentos en que nuestra economía está amenazada por la sustancial mejora en la competitividad de los países vecinos. Un breve repaso nos recuerda que sobre la base de un marco legal amigable a la iniciativa privada, -que seduce la voluntad de acción tanto del inversionista local como de la inversión internacional-, Panamá creció un 10,4% en el tercer trimestre del 2011 en comparación al mismo período del año anterior. Este crecimiento se debe al dinamismo de su economía interna por la prestación competitiva y poco onerosa de servicios. Amén de las facilidades que su sistema jurídico otorga para la prestación de servicios financieros, inmobiliarios, servicios de transporte y carga, tanto aéreos como terrestres. Ante la realidad que imponen las agresivas decisiones de nuestros vecinos, se contrapone la estadística objetiva respecto de la caída de Costa Rica en la escala que valora a los países según su nivel de accesibilidad para la iniciativa empresarial. Peor aún, pareciera que la tendencia de las decisiones políticas en materia de tributos, impondrá aún más obstáculos en detrimento de nuestra proclividad como país atractivo a la inversión. En síntesis, estabilidad y seguridad del sistema jurídico, impuestos estables para la atracción de inversiones tecnológicas, industriales y de servicios en función de una economía de exportación, y un programa agresivo de desarrollo de infraestructura en concesión. Sumado a lo anterior, disciplina en el gasto gubernamental no destinado a inversión. La ruta sensata. fzamora@abogados.or.cr

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