Dr.
Fernando Zamora Castellanos.
Abogado
constitucionalista
Publicado en el diario español El
Imparcial bajo las citas:
Publicado en el Diario La Nación bajo las citas: http://www.nacion.com/opinion/foros/escala-corrupcion_0_1424457545.html
El
Dr. Michael Stone es un psiquiatra forense de la Universidad de
Columbia que desarrolló una escala de veintidós niveles para medir la magnitud
de la maldad humana. Su trabajo fue popularizado al castellano con la
incorrecta traducción de “índice” de maldad, siendo una “escala” lo que en realidad
elaboró. Pues bien, en materia de liderazgo público también existe una escala
mediante la cual es posible medir el grado de iniquidad de la clase política. Y
allí son tres los niveles de ignominia identificables. En el primero -el más
básico-, encontramos al funcionario cuya transgresión consiste en la comisión
de actos aislados o que ejecutó en solitario. En su cometido no implica a nadie
más, ni urda ninguna asociación al defraudar las normas que juró resguardar. Lo
que afecta, esencialmente, es su propia
conciencia. El segundo nivel se alcanza cuando el jerarca -en su despropósito
de transgredir el sistema-, corrompe almas ajenas. Seduce a sus cómplices,
engendrándose así un subrepticio acuerdo para violentar, ya sea el principio
ético, o la norma de la que era depositario. Cuando la transgresión es descubierta, sale lo oculto a la luz, y
con ello, la caterva de involucrados. Tanto los tentados, como los tentadores. En
dicho segundo nivel de corrupción están los típicos escándalos con fondos públicos
que son tan usuales en todas las sociedades abiertas. Sin embargo, en la escala
de la iniquidad del liderazgo político, existe un tercer grado. Es el más
peligroso. Implica una trama mucho más sutil -y por ello-, es el grado más censurable.
¿En qué consiste dicha máxima magnitud? En la utilización de la influencia que
otorga el poder y en una manipulada instrumentalización de la ideología -redirigiendo
y transmutando el sistema de normas y valores que los líderes juraron
resguardar-, todo con el objetivo de obtener y conservar mayor poder. ¿Y por
qué es más subrepticia y por tanto, execrable? Porque se aprovecha del poder y
de la manipulación ideológica, para transmutar la ley en su favor sin
transgredirla en apariencia. Y al hacerlo, la pervierte. Requiere de la
solapada complacencia o de la complicidad de un estamento en busca del poder,
devaluando así, el futuro de los valores constitucionales de la nación, su régimen
de libertades, y el sistema legal y democrático que la resguarda. Por ello, el
grado superior de corrupción política no radica en la transgresión de la ley, sino
en la redirección de ella con el propósito de acumular y concentrar autoridad.
Es desviar el fin moral correcto del sistema jurídico, para redirigirlo en
favor propio. Es el abuso de la influencia política dirigido a implementar
cambios constitucionales y normativos que estimulen y faciliten la
concentración de cada vez mayores cotos de fuerza en la camarilla de poder. Es
la descomposición de las tradiciones democráticas de una nación, con el objetivo
de que, quien ostenta la autoridad, acumule aún más señorío del que goza. ¿Por
qué la excesiva confianza en algunos de que algo así nunca nos puede suceder,
si escribo acerca de algo de lo cual la historia es pródiga en ilustraciones? En
los períodos dominados por conductores acostumbrados a estas prácticas -etapas
que son ciénagas y bajíos para los pueblos-, generaciones enteras de promesas
políticas se ven condenadas a una disyuntiva: ser cortesanos genuflexos para participar
de las migajas del opíparo festín, o por el contrario, tomar el rumbo moralmente
altivo. Si deciden por el camino correcto, se convierten en proscritos de la sociedad.
Esto -por ejemplo-, lo experimentan en carne propia Leopoldo López y María
Corina Machado. El primero está en la cárcel. La segunda fue expulsada del
parlamento. Ambos perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro a raíz del
pecado de exigir el retorno de la democracia constitucional venezolana. Las
consecuencias de ello son lamentables para la salud moral de las repúblicas,
pues al tejido social le lleva decenios regenerar las tradiciones democráticas
destruidas por la idiosincrasia despótica y la política cortesana.
Hasta
la saciedad, la experiencia nos demuestra que los pueblos que se han derrumbado,
son aquellos que han distendido sus convicciones comunes y la identidad de
valores que forjaron su destino. En tiempos difíciles para Gran Bretaña, Edward
Gibbon escribió una obra esclarecedora que ilustraba la decadencia y caída del
imperio romano. En ella señalaba lo grave que es para las sociedades abdicar a
la identidad de su código común de virtudes. Y aunque el argumento de la
libertad es al que usualmente se apela cuando se promueve el relajamiento de
los consensos sociales, ello es un espejismo. Cuando la libertad es avasallada,
subordinándola exclusivamente en función de los apetitos, ésta degenera en
libertinaje, madre del cinismo, de la demagogia, y finalmente, del despotismo.
Y lo censurable del cinismo no radica en el hecho de que sus argumentos
carezcan de sustento lógico -pues algunas veces lo tienen-, sino en la
subrepticia intención de destruir la esperanza que combate por lo que es ideal
como bien supremo. Lo más valioso que poseen los que luchan. Las sociedades
libres no caen por los obstáculos y adversidades que enfrentan. Etnias y
naciones se han sostenido frente a adversidades inimaginables; asidas
únicamente a la colectiva lealtad a su identidad de valores comunes y a la
esperanza trascendente. Cuando años atrás Jean Francois Revel insistía en sus
temores de que las sociedades abiertas caerían frente a la amenaza del
totalitarismo stalinista, los hechos demostraron lo que ya la segunda guerra
mundial había probado: que las sociedades libres aferradas a sus convicciones
pueden confrontar y vencer al despotismo. Tal y como sucedió frente al horror
nazi. Por ello, no es un impedimento que evite la derrota del despotismo, cuando
éste ostenta poderío tecnológico y material. Así mismo, si una sociedad libre
goza de ellos, tampoco es garantía de que, al poseerlos, ella no degenere. Porque
lo esencial no es la potencia material de la autoridad, sino su fuerza moral. De
ahí que la mayor de las carencias de una nación es que, en circunstancias
relevantes, se encuentre ayuna de consensos básicos respecto de sus valores y ayuna
de quienes los inspiren. Más que desobedecer la ley, nada más grave que
desvirtuarla, pues tal es el camino de los despotismos. Me viene a la memoria
cuando en el diario español El País, -refiriéndose al Primer Ministro
Berlusconi-, José Saramago le espetaba indignado que su mayor pecado, “no es
que desobedezca las leyes sino, peor todavía, que las mande fabricar para
salvaguarda de sus intereses…” fzamora@abogados.or.cr
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