Dr. Fernando Zamora Castellanos.
Abogado constitucionalista
Publicado en el periódico La Nación bajo la dirección:
Nada más
peligroso que quien tenga el poder, avance por el camino incorrecto, porque si
se transita por la senda equivocada, el poder se deslegitima y fragmenta.
Cuando se es gobierno, la oposición siempre será un sano desafío. Pero otra
cosa muy distinta es la deslegitimación que se sufre cuando se pretende
transitar en contravía de lo conveniente, o de los valores que le han dado
sustento a una nación. Uno de los fenómenos que está caracterizando esta nueva
etapa de la humanidad, es que somos testigos de una circulación de bienes,
servicios, ideas, e información nunca antes vista. A ello, debe sumársele un
inusual aumento, tanto de la migración humana, como de la producción de bienes
y servicios. El Dr. Moisés Naím, es un destacado economista, y uno de los más reputados
analistas del mundo. El nos recuerda que las democracias pierden eficacia cuando
la deslegitimación del poder impide a los gobiernos tomar decisiones. O cuando
estas decisiones son pospuestas, o resultan diluidas al tomarlas. La deslegitimación
provoca atomización, y con ello, el marasmo del sistema político. Se impide a
la democracia satisfacer las expectativas de los administrados y resolver los
problemas que afrontan las sociedades. Lo agrava el hecho de que, en las
actuales sociedades de bienestar, dichas expectativas crecen a mayor ritmo que
la capacidad gubernamental de satisfacerlas.
¿Dónde
está la raíz del problema? Básicamente en el declive del ideal burocrático
industrial. Para el concepto weberiano-industrial de organización humana, la
eficiencia dependía de la dimensión o del tamaño de la misma. De hecho, los
grandes ejércitos eran el epítome de tal noción de organización, y las grandes
empresas del siglo XX, fueron el prototipo sin igual de estricta organización
burocrática. Sin embargo, con la eclosión de la era digital del conocimiento, este
concepto se está derrumbando por la incapacidad que tienen las pirámides
burocráticas de ejercer el poder con eficacia. En nuestro país, este problema
se agrava. Tal y como demostró la serie de reportajes del periódico La Nación, a los problemas estructurales
de inoperancia y progresiva inviabilidad del aparato, se le suman los abusos en
los que se ha incurrido en materia de prerrogativas y privilegios laborales.
Pero más que la insostenibilidad de nuestro régimen burocrático-industrial, lo
que realmente debe preocupar es la posición ideológica del partido gobernante ante
el problema. Los líderes del gobierno están firmemente convencidos de la
superioridad fundamental de las organizaciones burocráticas de gran tamaño. De
esto no cabe duda. No por casualidad, -siendo aún candidato-, el actual Presidente
de la República se pronunció expresamente sobre las bondades del Estado grande.
Lo anterior consta en declaraciones consignadas por el mandatario a este diario,
en diciembre del año 2013. El resultado práctico de tal convicción es que, -en
tiempos de déficit fiscal-, el aumento del presupuesto público para el año 2015
fue del 9,4%. Para agravar la situación,
no existe ninguna propuesta de disminución del gasto. Peor aún, -el 23 de julio
anterior-, el Vicepresidente de la República anuncia que no es prioridad del
gobierno resolver el desorden existente con los salarios públicos de las
entidades autónomas. Por el contrario, la peligrosa propensión sobre cómo
“resolver” el problema, es aumentando la ya de por sí onerosísima carga
tributaria que pesa sobre los costarricenses. Recordemos que, en términos
prácticos, la tasa impositiva de nuestro país es nada menos que del 58%, lo que
la convierte en una de las más altas de América latina.
A
lo anterior, se suman otros prejuicios ideológicos vetustos, que han
caracterizado a los líderes del Partido gobernante. Por ejemplo, desde la
alborada del PAC, Don Ottón Solís, -fundador de dicho Partido-, en su libro Etica, política y desarrollo (pág. 232, fecha
25/7/ 2000), proponía eliminar las condiciones de incentivo a las
exportaciones, a la inversión turística y a la inversión extranjera. Aquella
manifestación no fue un simple desliz. Declaraciones de las autoridades
gubernamentales, -tal y como las que le escuchamos al Viceministro de Trabajo-,
que propuso gravar las condiciones de operación de las empresas instaladas en
el régimen de exportación, lo que reflejan es la sinceridad de tal obsecuencia
ideológica. Es un condicionamiento mental que, como vimos, viene desde las
épocas de la fundación del PAC, cuando Don Ottón hacía este tipo de propuestas.
Finalmente, el tercer elemento que cierra la triada ideológica del PAC, -afín
por cierto a la del Frente Amplio-, es la que caracteriza sus acciones y luchas
contra la libertad de comercio internacional. Recordemos que, tanto el
Presidente Solís como Don Ottón, se unieron activamente a los distintos
movimientos contra los tratados de comercio internacional. Desde siempre, ambos
se han decantado contra la práctica de la economía abierta. Esa, por cierto, es
una de las razones por las que me resulta incomprensible que ahora Don Ottón se
rasgue las vestiduras contra la coalición PAC-Frente Amplio, vigente de por sí
desde el año pasado.
Al
fin y al cabo, dicha unión política es coherente con aquello que él defendió de
forma tan vehementemente en el pasado. Comprendo que hoy tenga motivos de
conveniencia electoral para aparecer como opositor a su propio gobierno. Sin
embargo, el oportunismo electoral es censurable si al asumirlo se contradicen
las banderas que antes se levantaron. En fin, permítaseme entonces resumir la peligrosa
triada ideológica del actual partido de gobierno, en materia tan vital como lo
es la económica: 1) creen en la superioridad fundamental de la organización
burocrática grande, 2) se oponen a incentivar la inversión productiva
exportadora e internacional y 3) rechazan las propuestas que permiten las
economías abiertas y el comercio internacional. Un panorama preocupante. fzamora@abogados.or.cr
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