Abogado constitucionalista.
Resumo un mensaje que he remitido al Sr. Presidente de la República. En
éste respetuosamente sugiero una prioridad
de ejecución en los dos años que restan al cuatrienio. La propuesta tiene como
objetivo enfrentar cuatro desafíos: el de la reactivación económica con
desarrollo, el de nuestra infraestructura, el del desempleo, y el de transporte
público. La potabilidad de la iniciativa dependerá del qué, del cómo, y del
mecanismo para su viabilidad política.
Respecto del qué: la propuesta plantea un
inventario prioritario de obra pública, con al menos tres proyectos que resultan
indispensables para tales propósitos: A) el primero de ellos, un aeropuerto de
envergadura, que permita la operación de un hub internacional o centro de
conexiones de vuelos de alto tránsito en la cintura del continente. Ello
generaría condiciones para implementar aquí un foco neurálgico de
comunicaciones, turismo, negocios y servicios. Para lograrlo, debe iniciarse la
expropiación de los terrenos técnicamente idóneos y acelerar las autorizaciones
internacionales. De hecho, ya hay firmado un contrato de un proyecto en este
sentido, que es viable. B) El segundo proyecto, es un sistema moderno de tren,
de conformidad con lo ya diagnosticado para los años 2011-2030
en el Plan de ordenamiento del Gran Área Metropolitana. Si dicho tren es
ligero y de tecnología sofisticada, transportaría más de 50.000 personas por
hora mediante travesías cada dos minutos, evitando 30.000 carros y acelerando los
tiempos de desplazamiento ciudadano. Este plan superaría las capacidades de
ejecución de entidades como INCOFER, pero es posible desarrollarlo a través de
una alianza público-privada internacional. Ahora bien, en el mundo, las
concesiones ferroviarias no generan grandes ganancias económicas, por lo que,
para hacerlo viable, el Estado deberá aportar un porcentaje de inversión al
costo de capital. C) El tercer proyecto es un corredor ferroviario transcontinental de mercancías -conocido
como canal seco-, que conectaría ambas costas del país. Estudios realizados por
empresas internacionales interesadas, demuestran su viabilidad y conveniencia.
Quien quiera entenderlo, recomiendo la lectura del artículo denominado Cómo insertarnos en el primer mundo, el
cual escribí en esta sección el año pasado (1/1/2015). De lograrse, se competiría
con el servicio que ofrece el Canal de Panamá, pues un corredor
transcontinental, antecedido por dos megapuertos, permitiría la clasificación y
almacenamiento para una distribución interregional de mercancías. Tal corredor
ofrece la solución de una necesidad cada día más urgente de la economía mundial:
grandes puertos en la cintura del continente que, además de permitir el paso
entre un océano y otro de la mercadería, también en cada puerto redistribuyan y
redirijan hacia otros destinos los contenedores que arriban.
El cómo. La realidad de la insolvencia económica y
operativa de nuestro Estado, descartan la posibilidad de que estas obras las
haga nuestra administración pública con fondos ordinarios o con créditos. Lamentablemente
además, por ser una figura ineficiente para grandes realizaciones, la
experiencia descalifica la opción de los fideicomisos establecidos en la ley N°9292.
¿Por qué lo afirmo? En primer término, porque establece como posibles
fiduciarios a los bancos, siendo que la figura del fiduciario implica la
omnicomprensiva tarea de desarrollar un megaproyecto, lo que escapa a la
especialidad de los bancos. Estos no están diseñados para todo lo que implica la
labor fiduciaria de una gran realización, que incluye fiscalización de obras,
elaboración de diseños, las tratativas negociales del desarrollo constructivo,
planeamientos estratégicos y administrativos, y el largo etcétera que implica
levantar y poner a caminar planes de gran calado. Es una responsabilidad que va
más allá de la especialidad de una entidad crediticia y que desestabilizaría la
institución bancaria y su prestigio en caso de imprevistos. Peor aún, la figura
del fideicomiso subordina la obra a una maraña reguladora similar a la que se
aplica al sector público. Me refiero a largos procesos de apelación, regímenes
de contratación laboral del sector público y al régimen presupuestario de la
administración pública. Es impensable pretender materializar planes de esa
naturaleza bajo tal esquema. La salida sensata es invocar la ley N°7762 y
otorgar en concesión dichas realizaciones. Esa normativa contempla el mecanismo
viable de alianza público-privada para los casos que propuse. Allí, el
financiamiento, las eventuales contingencias, la planificación y la
administración total, la asume el concesionario, quien debe ser una entidad con
especialidad y experiencia en cada proyecto propuesto. Por la naturaleza del contrato, está obligado
a actuar con eficiencia, celeridad, y un régimen de operación expedito, pues
cualquier atraso atenta contra su propio interés económico. Amén de que el
costo final es pagado por los usuarios únicamente, y no con tributos a cargo
del pueblo. La figura de la concesión se satanizó, pero lo cierto también es
que el país ahora tiene más experiencia negociadora. Es posible evitar los
errores del pasado estableciendo con claridad una estipulación contractual de
valor neto actualizado, lo que le permitiría al Estado asumir el bien en menos
tiempo posible en aquellos casos en que se demuestre un flujo de utilización del
bien superior al estimado, o en caso de que los costos resulten inferiores.
Corresponderá al gobierno garantizar un proceso transparente de concesión que
asegure el menor precio proyectado al usuario, para lo cual será necesario
eliminar el cobro del impuesto de renta a las obras, y no agobiar en exceso al
usuario.
Viabilidad
política. Ortega y Gasset
vaticinó la actual era posmoderna denominándola de rebelión de masas. Afirmaba
que, al culminar la era industrial, muchos individuos se resistirían a ser
dirigidos, queriendo imponer su voluntad a los detentadores del poder. Así las
cosas, si aspiramos al consenso para cualquier iniciativa gubernamental, permaneceremos
inmóviles. El disenso existirá siempre, pero es sabio buscar respaldo para
garantizar éxito y menor resistencia. Un mecanismo práctico para darle
viabilidad a esta propuesta, es un acuerdo político que represente una mayoría
del electorado entre los partidos representados en el Congreso. En el Partido del
que soy Secretario General, como en buena parte de otras agrupaciones, percibo
un sentido de urgencia por reactivar la economía, lo que ofrece condiciones
óptimas para hacer viable un acuerdo nacional en este sentido. fzamora@abogados.or.cr
No hay comentarios:
Publicar un comentario