Abogado constitucionalista.
Publicado en el diario La Nación:
http://www.nacion.com/amp/opinion/foros/hacer_0_1616838322.html
El año 2017 presenta tres desafíos inmediatos al gobierno. El primero, el
ya conocido problema fiscal. El segundo reto lo imponen las nuevas políticas
proteccionistas de Estados Unidos. De hecho, la empresa Suttle -ubicada en la zona
franca Saret-, ha anunciado su regreso a Minnesota. El tercer problema urgente,
lo ofrece la situación de infraestructura que, a raíz de los embotellamientos
producidos con ocasión del cierre del puente de la “platina”, nos saltó agresivamente
a la cara. Así, sustentado en la experiencia histórica, esbozo ideas para
enfrentar las amenazas. Veamos.
En relación al reto fiscal, el año pasado, el directorio político
nacional del PLN tomamos la decisión de apoyar una propuesta de acuerdo en
materia tributaria, del cual el Presidente de la República tuvo conocimiento. Se
sustentaba en la tesis expuesta por el Expresidente Arias en el artículo “Un
acuerdo posible” (30/9/2014), publicado en este diario. Allí el elaboró una
iniciativa consistente en disminuir el déficit durante dos años en un 5% del
PIB, donde solamente un 3% se obtenga con un nuevo tributo, y el restante 2%
con reducción de gasto. Con nuestros diputados hemos estado dispuestos a impulsar
ese planteamiento como un acuerdo nacional. Lo esencial para nosotros es reactivar
la económica estimulando la producción, y moderar el gasto público que no es
inversión. Es irresponsable seguir cargando al pueblo con un ilimitado crecimiento
de la voracidad fiscal. Ello no ha dado resultados en los países donde se tomó tal
camino. Aún más, la propuesta de convertir el impuesto de venta en uno que grave
más actividades, -como lo es el del “valor agregado”-, implicará un mayor
desestimulo a la economía de las empresas pequeñas y medianas no vinculadas al
sector público. Está estadísticamente demostrado que el costo de la legalidad
no afecta a los grandes conglomerados, sino a las iniciativas de clase media y
popular. Una salida para aumentar el ingreso, al tiempo que no se cae en la
trampa de un progresivo agravamiento fiscal, es aplicar la fórmula implementada
en 1995 con la ley de ajuste tributario, la cual aumentó a un 15% el impuesto
de ventas -pero por 18 meses-, para luego regresar al 13%. Esta medida,
complementada con otras propuestas para racionalizar el gasto público que no es
inversión, permitiría una salida al problema fiscal sin perjudicar permanentemente
la economía de las clases populares.
El segundo desafío lo planta el proteccionismo del nuevo
gobierno estadounidense. La inversión norteamericana directa disminuirá y ese principal
mercado puede tender a cerrarse. Progresivamente, pero con urgencia, debemos
compensar, tanto la inversión directa, como el mercado que perderemos. Nuestro gobierno
debe generar condiciones que motiven a los europeos y a naciones asiáticas como
Corea, Japón o China, a aumentar la inversión de alto valor agregado en nuestro
país. No será algo nuevo. A inicios de los años ochenta -e invitados por el
gobierno de Don Luis Alberto-, Corea del Sur instaló en Santa Ana la exitosa
planta “Daewoo Bus”. Esta ensambla y desarrolla producción industrial de buses
utilizando recursos y mano de obra costarricense. Es el momento para abrir
otros mercados y buscar nuevas naciones inversoras, y no el de imitar la
actitud proteccionista de Estados Unidos. Quien insista en negar las bondades
de la apertura económica, debe leer las estadísticas del estudio “Inversión extranjera, desarrollo y
globalización”, elaborado por la prestigiosa economista Eva Paus, invitada a
nuestro país por la UCR como investigadora académica.
El tercer
desafío que impone el 2017 es el de infraestructura. Allí el partido de
gobierno sufre las consecuencias de su propio error, pues en el cuatrienio
pasado se opuso a la concesión a San Ramón, de lo cual hoy su Viceministra
Alfaro ha reconocido que no ejecutarla fue un error. Pues bien, después del
calvario que vivimos por el cierre del puente, finalmente tendremos un paso de
menos cantidad de carriles de los que tendríamos de haberse ejecutado la
concesión. El proyecto de concesión a San Ramón establecía un paso adicional de
dos carriles donde hoy se amplía el actual puente, con lo cual las próximas
generaciones habrían disfrutado ocho carriles y no los seis que ahora construye
el gobierno. Además, el puente no solo tendría meses de estar funcionando, sino
que, como se proyectaba un paso adicional, no hubiese sido necesario el cierre
que hoy nos tortura. Sería interesante que un estadístico pudiese cuantificar
la dimensión del perjuicio causado a la economía por la cantidad de horas
trabajo que se están perdiendo con este cierre, el cual era innecesario en el
proyecto original que los activistas del actual gobierno sabotearon. Igualmente,
sería valioso cuantificar el perjuicio que implicará a futuro tener un puente
de menor tamaño al originalmente proyectado y con muchos años de retraso en su
ejecución, pues aún no se sabe cuándo iniciará esa pista. Aún peor, el
argumento para desprestigiar la obra fue su costo, para enterarnos después que el
valor del peaje propuesto por los activistas de la revuelta es prácticamente el
mismo al de la concesión, con la diferencia que la obra estaría ya terminada. No
solo no estaríamos viviendo este calvario, sino que el concesionario original
se comprometía a financiar los trabajos con su propio capital, asumiría
los costos si los materiales aumentaban de precio, o si se retrasaba su
conclusión. O sea, el riesgo no iba a ser del Estado. La réplica a mi argumento probablemente
será que las concesiones son caras. No necesariamente. La realidad de la insolvencia operativa y económica del
Estado descarta que éste las realice. Otra alternativa, los fideicomisos, han
demostrado su ineficiencia para grandes realizaciones. La experiencia los
descalifica, pues los bancos -administradores por ley-, no se especializan en administrar
el desarrollo de megaproyectos. Así, no hay otra
opción sensata que asumir el reto infraestructural por la vía de la concesión. Es
posible evitar los errores del pasado estableciendo con claridad una
estipulación contractual de valor neto actualizado, lo que permitiría asumir el
bien en menos tiempo en los casos en que se demuestre una utilidad superior a
la estimada, si los costos resulten inferiores. Y hoy el país tiene más
experiencia para negociarlos. fzamora@abogados.or.cr
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