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La desigualdad
es consecuencia pero también causa de muchos de los males de una nación. Los socialdemócratas creemos que imputar
su existencia únicamente al comportamiento de la economía de mercado, es un
reduccionismo simplista, pues la desigualdad es reflejo de un conjunto de
variables que la condicionan, entre otras realidades culturales, sociales,
educativas y políticas, aparte de las estrictamente económicas. Pero en el polo
opuesto, el error inverso es el que asumen los adoradores del dios mercado, que
aúpan un capitalismo sin las previsiones que garantizan equilibrio, lo que también
es un peligroso inductor de desigualdad. Tal y como Thomas Pikkety lo expuso en
su afamada obra El capital en el siglo XXI,
el concepto que describe el origen del índice de desigualdad entre los ciudadanos,
radica en la diferencia entre el crecimiento de la economía y las cantidades de
capital que retornan individualmente. En palabras simples, la desigualdad surge
cuando la cantidad de capital que retorna a determinadas manos, supera en mucho
el índice de crecimiento de la economía general. Esta es una descripción de la
realidad que, como Pikkety lo hizo, se puede reducir a una fórmula técnica que
difícilmente alguien contradiría. Incluso la fórmula adquirió tal grado de notoriedad,
que entre los cultos estudiantes de Boston circula la venta de camisetas
estampadas con su simbología r >g.
Ahora bien, este
artículo no pretende describir la desigualdad, sino, a partir de una perspectiva
socialdemócrata, aportar elementos para combatirla. Señalaré algunas políticas
públicas contendoras de la desigualdad, que amerita enumerar aquí. No las cito
en orden de importancia, sino en el que las he recordado al momento de
escribirlas. Veamos.
A) Es fundamental la inversión pública en tecnología. Por
sí sola ella estimula el aumento de las capacidades y cualidades de aquellos
trabajadores que se ven expuestos a laborar en destrezas ligadas a la alta
tecnología. El uso y aplicación del cambio tecnológico, por sí solo capacita a
los empleados que lo aplican.
B) En el Acuerdo Nacional recientemente negociado
con los otros partidos políticos del país, suscribí en mi condición de
Secretario General del PLN, la necesidad de crear un Consejo Económico y Social
que involucre al gobierno en un foro permanente de actores sociales. El fin es garantizar,
entre otros aspectos, políticas públicas que equilibren distribución,
competencia, y riqueza. Ese sería un foro de entendimiento que iría mucho más
allá de lo que hace el CNS (Consejo Nacional de Salarios), órgano tripartito integrado
por patronos, trabajadores y gobierno, y que actualmente solo negocia aumentos
salariales. Un nuevo Consejo Económico Social, podría implementar un diálogo
nacional permanente que, para el sector privado, estimule políticas
distributivas de la riqueza, como salarios mínimos crecientes y además promueva
otras prácticas remunerativas paralelas en ese sector.
C) Nadie duda
que la reducción drástica del desempleo debe ser una prioridad política
fundamental para combatir la desigualdad. En el caso de Costa Rica, tanto el actual
déficit fiscal, como el abuso del gasto corriente en salarios del sector
público, impiden que el Estado aumente hoy la planilla pública, y resuelva de
forma directa el problema del desempleo. Ante tal imposibilidad, solo resta que
el crecimiento en el empleo se alcance mediante el estímulo de la economía
social solidaria, que es buen oferente de empleos justos.
D) Sostener la
política nacional de crédito para el desarrollo enfocado en pequeños y medianos
emprendimientos, cuya tasa de interés sea menor a la tasa de interés sobre
créditos de consumo suntuario. Tal política de crédito, estimularía la
actividad productiva y exportadora en los sujetos de menor ingreso.
E) Reducir el
costo de la legalidad económica. Es claro que la hiperregulación estatal ha hecho que producir siguiendo al pie de la
letra los reglamentos, regulaciones, tasas e imposiciones, sea un privilegio. En
sociedades hiperreguladas, producir respetando la estricta normatividad termina
siendo un privilegio al que solo se accede con poder económico o político. Así,
un habitante de escasos recursos que emprende alguna iniciativa productiva,
solo puede hacerlo desde la economía informal, la cual termina siendo su tabla
de salvación. Sin recursos simplemente no puede legalizar una iniciativa
empresarial de mediana escala. La consecuencia indirecta es que el costo de
complacer al sistema burocrático-legalista, termina privilegiando a los ya
favorecidos, quienes son los que tienen recursos para acatar los caprichos del
sistema. Por el contrario, los desventajados, quienes no pueden pagar los altos
costos de la legalidad económica, son hostigados al punto en que terminan
expulsados hacia la economía informal, donde no pueden encontrar el amparo del
sistema, sino solamente su hostilidad. En este punto, la moraleja es que una
política pública de simplificación de trámites y desregulación, es otra política
eficaz en el combate a la desigualdad. En este sentido, el Dr. Miguel Angel
Rodríguez, en su administración hizo un esfuerzo con la ley 8220 de protección
al ciudadano frente al exceso de trámites, pero hoy debe avanzarse mucho más en
este sentido.
F) He dejado
para el final lo que tirios y troyanos creen que es el principal sistema
inmunizador contra la desigualdad: elevar la educación y la cultura nacionales.
No me referiré a la decadencia o superación de la cultura nacional, pues es un
elemento que ameritaría un espacio que supera el tema de este artículo, pero en
relación al mejoramiento de la calidad educativa, sí quisiera reiterar lo que
he venido sosteniendo con insistencia. La única materia en la que el MEP debe
concentrarse, es en los aspectos curriculares y de mejoramiento de los recursos
técnicos. Me refiero por ejemplo a los métodos y técnicas para educar, al mejoramiento
del contenido de la enseñanza y a una evaluación verdaderamente seria de los
docentes. Por el contrario, aspectos como la administración pública de la infraestructura
inmobiliaria educativa o el pago y administración de las planillas de personal
docente, deberían ser responsabilidad de entidades federativas regionales de
jurisdicción municipal. Mientras el MEP disperse sus esfuerzos en asuntos
ajenos a la calidad educativa, será difícil mejorar la educación en el país.
Otra propuesta, puramente economicista, suscrita por Anthony Atkinson y
Pikkety, entre otros economistas, es aumentar más la carga impositiva para que el
Estado clientelar “la reparta” entre los pobres. Pero por la historia sabemos
que esa fórmula ha producido frutos amargos. fzamora@abogados.or.cr
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