Dr. Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista.
Publicado en el Periódico La Nación:
Un desafío urgente es la reactivación de la
productividad y el empleo. Como la realidad inobjetable es que nuestra realidad
fiscal nos impide continuar con la “era dorada” del Estado empleador, nuestra
única salida es el estímulo de la actividad productiva privada. Amerita
advertir entonces que si a lo que aspiramos es a más empleos, entonces lo que
debemos generar es empleadores, pues son ellos los que producen los empleos. La
paradoja es que, en esta era de cambios drásticos, en donde los oficios poco
tiempo después se tornan obsoletos, la clase política latinoamericana sea tan
dada a prometerle a la juventud empleo, siendo que lo que el joven debe reclamar
del gobernante, es que le facilite el camino para ser emprendedor. Por ello, urge
comprender lo que requerimos para convertirnos en un entorno apropiado para la
generación de empleadores. Veamos. Silicon Valley –en el Valle de Santa Clara,
California-, es una de los lugares más prósperos del mundo. Esto por una razón:
es un núcleo urbano que concentra infinidad de empresas de alta tecnología. Atraer
ese tipo de actividad productiva es una lógica aspiración de cualquier dirigente
político sensato. Si bien es cierto, muchos países lo intentan mediante regímenes
legales de excepción, eso no basta. Atraerlas solo es posible si sus habitantes
abrazan una cultura de innovación, una cultura de emprendedores. ¿Qué implica
dicha cultura? Lo primero que la condiciona, es la vocación abierta de la
sociedad. Por el contrario, en las sociedades cerradas, es imposible generar el
entorno indispensable para la productividad, pues al ser hiperreguladas, poseen
sistemas normativos donde no hay margen de acción al carácter y criterio ético
del ciudadano. Son sociedades controladas. Esto porque son comunidades donde se
valoran las normas en menoscabo de las libertades. La tercera característica de
este tipo de sociedades es que son altamente burocratizadas, y además altamente
centralizadas. Una quinta característica de las sociedades cerradas es que son
comunidades de privilegios y nomenclaturas. Las castas que se enquistan en su
control público gozan de importantes prebendas. Por eso es que éstas se ven obligadas a un
progresivo e interminable crecimiento de las cargas fiscales.
La última característica es que son sociedades
de mucha ideología pero escasa cultura. Es inimaginable el daño que los modelos
educativos hacen a la cultura emprendedora, cuando estimulan en el estudiantado
ideologías y programaciones mentales que propician la confrontación social o de
clases. De ahí la vital importancia de la educación de calidad. Para alcanzar
una cultura de alto coeficiente productivo, se requiere un modelo proclive a
formar jóvenes con vocación de riesgo y emprendimiento. La educación del siglo
XXI debe tener como finalidad primaria la potenciación de la iniciativa.
Refiriéndose al gran orbe de la
hispanidad, en donde nos incluimos los países herederos de España, Felipe
González sostenía que nuestro principal déficit para dar el salto hacia el
futuro, es nuestra carencia social de espíritu emprendedor. Y como ejemplo de
ello ofrecía el caso de su país, que no es distinto al del resto de nuestras
naciones hispanoamericanas, legatarias de esa herencia. En nuestros países los
estudiantes acuden a las universidades básicamente con el sueño de convertirse
en funcionarios. Se refería a ese espíritu “burocratizado” que entiende que la
plena realización depende de la consecución de un empleo permanente que
garantice un ingreso hasta la muerte. Y aquí el problema es que -en la vorágine
de la cuarta revolución industrial-, esa aspiración de una experiencia laboral
pétrea es prácticamente inviable. En la productividad humana de hoy, lo que
cuenta es el elemento inmaterial de la innovación y el cambio. Las economías
que en este siglo prosperan, no lo hacen por su capacidad de producir materia
prima, sino por la de agregar valor intelectual innovador a ella. Es la razón
por la que, una compañía como Google, casi inmaterial y sustentada en la
inventiva tecnológica, ha conquistado productos económicos brutos superiores al
de muchas naciones del tercer mundo, cuyas geografías son plétoras en materia
prima. Es también la causa por la que los indicadores del desarrollo laboral
del Banco Mundial para los primeros años de este siglo, aseguran que frente al
30% que aportan la industria y la agricultura al producto bruto mundial, los
servicios lo hacen en un 70%.
Esencialmente, de lo que se trata la educación
para el emprendimiento es en invertir en “capital” humano, entrenando al
estudiante en tres aspectos: el primero de ellos, el estímulo a la vocación de
riesgo. La educación para el emprendedurismo también debe implicar el
entrenamiento en las capacidades para superar el fracaso, o la resiliencia, tal
y como denominan los psicólogos a dicha actitud de vida. El tercer aspecto, y por
cierto el más importante de ellos, es que el joven obtenga absoluta consciencia
de que su responsabilidad y misión de vida es añadir valor a su entorno social.
En otras palabras, que tenga la capacidad de comprender que, para aportar a la
comunidad, está obligado a emprender. De lo contrario, no será sino un perenne
acreedor de la sociedad, un asiduo requirente, un impetrador. Así las cosas, el
nuevo esquema de formación vocacional no puede ya limitarse a la simple
transmisión de conocimiento.
Pero para alcanzar el entorno del
emprendimiento, el Estado no solo está obligado a ese aspecto formativo. El
artículo 50 de nuestra Constitución Política, lo obliga a estimular la
producción para producir riqueza. Pues bien, en el mundo contemporáneo no hay
tal posibilidad si no se genera un entorno amigable a la cultura productiva.
Indefectiblemente, esto implica la planificación y ejecución de políticas
públicas en otros dos aspectos básicos. Como ya vimos, el primero consiste en repeler los sistemas jurídicos hiperregulados,
pues las sociedades que prosperan, son aquellas en donde existen menos
dificultades para que el ciudadano ponga en práctica las ideas productivas que
imaginan. Para defender este argumento basta la estadística: el talentoso investigador Emilio Zevallos,
documentó profusamente los datos que demuestran cómo el alto costo de
complejidad legal perjudica la activación productiva. El otro aspecto es la
política de atracción de inversiones. Richard Caves y John Dunning, resumen de
lo que se trata: seguridad jurídico-política, respeto a la propiedad, incentivos
tributarios, infraestructura adecuada para su logística, y sociedades con capacidad
de ofrecer a los inversores, servicios complementarios razonablemente eficientes
y a un costo razonable. fzamora@abogados.or.cr
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