OBSERVACIONES DE LA OCDE

 Dr. Fernando Zamora Castellanos.

Abogado constitucionalista

 

Agradezco que me fuese remitido un ejemplar del documento técnico con las observaciones de la OCDE 2023, por lo cual aprovecho para anotar algunas reflexiones en torno al mismo. Vale advertir que el documento confirma la generalidad de los diagnósticos y advertencias de quienes, durante años, hemos venido estudiando la realidad nacional, lo cual además confirma la convicción igualmente generalizada, de que nuestro problema no radica en la urgencia de entender las causas de nuestros males, pues podemos asegurar que ellos están “sobre-diagnosticados”.  Pues bien, veamos algunas observaciones del informe que amerita subrayar. En primer término, debe preocupar en extremo el hecho de que, en momentos de bajo crecimiento para nuestro país, la OCDE nos lance un balde de agua fría, al augurarnos un decrecimiento aún mayor de nuestra economía. Un tema de fondo en ese mal augurio, es coincidente con la seria preocupación que yo señalé en mi anterior artículo titulado “Consecuencias sociales de no tener hijos”, pues tal y como también señaló la OCDE, el envejecimiento de la población provocado por la drástica caída de nuestra tasa de reposición poblacional, que no es otra cosa sino que la juventud se resiste a procrear, a mediano plazo eso influirá en una economía menos dinámica, en una seguridad social con menos ingresos y con costos de operación mucho mayores. Nos recuerdan que, en un panorama como el actual, en donde el 30% de los adultos mayores carecen de pensión, esta caída en la tasa demográfica pone en mayor riesgo la sostenibilidad, tanto de los sistemas de salud pública, como del de pensiones.  Si bien es cierto que atribuye los recientes problemas de crecimiento e inflación a factores externos, como las restricciones de suministro global y la reciente guerra en Ucrania, reconoce también que existe un potencial sin explotar en nuestro sector agrícola, en razón de una carencia de políticas que promuevan mayor impulso de dicho tipo de productividad.

En otras palabras, la OCDE reconoce que Costa Rica es una nación que abandonó a su sector agrícola, o como creo afirmarlo mejor, desmantela a paso acelerado su potencia y cultura agrícola y agroindustrial. Lamentablemente, en el informe se echa de menos una recomendación de fondo para impulsar ese sector, pues la única sugerencia, expuesta en la línea 18 del Cuadro 1.10 de las recomendaciones, es reducir la burocracia que atiende el ramo. Algo con lo que, independientemente estemos o no de acuerdo con dicha sugerencia, evidentemente no es un cambio que traiga solución al tema. Y agrego que en ese aspecto, el informe se aventura recomendando una plena integración al comercio internacional, propuesta que si bien es cierto en términos generales podría considerarse positiva, en materia agrícola resulta muy riesgosa si tomamos en cuenta que, liberalizar el comercio con países que subvencionan a sus agricultores y que son potencias agrícolas, sin que nuestros agricultores reciban ningún tipo de asistencia real, sea técnica o crediticia al menos, ello sería colocar al sector a competir en condiciones de absoluta desventaja. Consolidando con ello el proceso de desmantelamiento de nuestra cultura agroindustrial, un hecho grave para el país si consideramos que, sumados ambos estamentos, -el agro y el industrial-, de él dependen casi el 35% de la población trabajadora del país, y en la Costa Rica profunda o rural, la dependencia es aún mayor.

 

En materia de decrecimiento productivo, la OCDE reafirma un diagnóstico sobre el que hemos venido insistiendo los costarricenses que nos afanamos en estudiar nuestra realidad, y es el problema de la sobre regulación de nuestra actividad productiva. Parafraseando a los expertos de la organización: “las regulaciones no toman en cuenta su impacto sobre la competencia”, por lo que la informalidad del 45% de la población económicamente activa continúa siendo excesiva, y es una de las principales causas tanto de la desigualdad como de la baja productividad. En este aspecto nos urgen a bajar el entramado regulatorio que nos agobia, y además nos invitan a valorar la baja en los costos de la seguridad social para ampliar la cobertura del aporte que actualmente no hacen los sectores populares en estado de informalidad. Y sobre esa misma línea de reducción de la desigualdad, la OCDE nos advierte que, en materia de asistencia social, existe una excesiva fragmentación de los programas sociales. Además, yo considero que con una centralización excesiva, que provoca que las entidades dedicadas a dicha asistencia no focalicen bien su ayuda, pues tal verticalidad dificulta el conocimiento horizontal del conjunto de familias que realmente amerita atender.

En materia de energías y transporte, la OCDE aconseja algo que resulta un lugar común en ese aspecto, como lo es la sugerencia de acelerar el paso al vehículo eléctrico. Agrego algo de lo que, en este mismo foro he sido insistente, y es el hecho que uno de los grandes avances que se conquistarían con la transición eléctrica de la flota vehicular de los costarricenses, consiste en la sustitución de la importación de petróleo, lo que generaría cuatro enormes beneficios: el primero es salir del chantaje de la dependencia petrolera en la que nos encontramos como nación, con las implicaciones económicas que ello acarrearía en mayor circulante financiero que se mantendría en nuestra economía. En segundo término, elevaríamos los rendimientos financieros de las empresas nacionales que producen electricidad, la principal de ellas el ICE, actualmente en apuros, y finalmente un beneficio de carácter ambiental, en el tanto una flota eléctrica evidentemente produce menos huella de carbono. Sin embargo, lo anterior tiene una relación controversial con otra importante alerta que nos da la organización referida a nuestra cobertura boscosa, pues si bien reconoce los esfuerzos que ha hecho el país en este rubro, en el que ha crecido dicha cobertura, la OCDE nos recuerda que el financiamiento del programa de bonos forestales se ha logrado con los impuestos al combustible. Ello significa que, de continuar la transición hacia la matriz eléctrica, cada día serán menores los ingresos por ese concepto tributario, por lo que el programa de pago ambiental está seriamente amenazado en tanto no tendrá de donde financiarse. La propuesta de la OCDE es la de ampliar los mecanismos de financiamiento del programa, sin embargo, no indica cómo. Una sugerencia lógica precisamente sería que ellos, los países ricos del planeta, como lo son los miembros de dicha organización, aumenten los pagos hacia los pocos países tropicales que tenemos abundante bosque. fzamora@abogados.or.cr