TENTACION DEL ESTADO POLICIAL

 

Dr. Fernando Zamora Castellanos.Abogado constitucionalista

 

En su columna del 6 de noviembre, Armando Gonzalez advertía que el camino autocrático de Nicaragua se había urdido sutilmente desde años atrás. Lo cito para lo que nos interesa: “La obsecuente Asamblea Nacional venía preparando el terreno con la aprobación de un marco jurídico represivo, donde destaca la ley de Regulación de Agentes Extranjeros...En diciembre aprobaron un proyecto con título orwelliano: Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz.”  Ciertamente, tal y como Gonzalez denunció, esos son proyectos que imponen penas severísimas por acciones inofensivas e incluso conductas usuales en la vida democrática y económica de una nación. ¿Cuál es la característica principal de esas normas? Esencialmente dos: la imprecisión del tipo de conducta a castigar y, por otra parte, lo draconiano o severo de su sanción. Así se aprobó la tipificación criminal de conductas muy imprecisas como lo es “menoscabar la autodeterminación del país”, “incitar a la injerencia extranjera” o, por ejemplo, el simple hecho de ser parte de una fundación que recibe cooperación económica internacional.    

Invocando esas nuevas leyes, se encarceló a la mayoría de los líderes de la oposición, por el simple hecho de dar declaraciones agresivas contra el gobierno, o por acciones tan inofensivas como recibir fondos de cooperación internacional destinadas a fundaciones culturales. Aprobar estas leyes era indispensable para consolidar el Estado policial de Ortega, puesto que los Estados policiales, -o vigilantes-, están caracterizados por leyes que penalizan severamente tipos de conducta imprecisas y ambiguas. La vaguedad de la norma es indispensable para que el represor tenga plena libertad de interpretar a su capricho la mejor manera de “vigilar y castigar”, como titulaba Foucalt.

Ahora bien, al tiempo que me solidarizo con la situación de Nicaragua, he venido advirtiendo que, de un tiempo para acá, algunos políticos costarricenses están cayendo en la tentación de hacer del nuestro un Estado policial, y así dirigirnos hacia una sociedad cerrada. Espero que tal tendencia no sea por mala fe, sino por esa manía de la actual clase política, -claramente mediocre-, que tiene la superstición de que la solución para resolver los desafíos que se le presentan, es imponer cada día más controles y regulaciones a la vida y conducta de los ciudadanos, lo cual es un error evidente.

Como ilustración de esa tentación de convertir al país en un Estado vigilante y castigador, hay varias acciones e iniciativas que en los últimos días se han estado generando. Resumo algunas: un primer ejemplo es el proyecto #21.706, que pretende otorgarles a inspectores del Estado, prácticamente por sí solos, poderes totales para cerrar empresas después de inspeccionarlas. Para ello les basta la firma de su propia jefatura regional, e invocar la prueba que eventualmente ellos mismos recaben, la cual se considerará “calificada”. Otro peligrosísimo ejemplo es el de la nueva ofensiva para imponer -por otra vía y utilizando otro portillo-, la llamada ley mordaza para criminalizar opiniones políticas. Esta vez, la estrategia usada es la firma del Convenio contra la discriminación e intolerancia, el cual posee tipos penales indeterminados para criminalizar posiciones políticas que vayan en contra del discurso oficial. Inicialmente este proyecto se intentó bajo el expediente #20174, que cayó en desgracia el 28 de mayo del 2019, cuando fue denunciado por el periódico La Nación como una ley de odio que amordazaba además el trabajo periodístico.

 

Si no discernimos las implicaciones escondidas tras los conceptos jurídicos, las expresiones de ese tipo de proyectos de ley nos resultarán simplemente frases llenas de buenas intenciones. Pero la realidad es que ellas encierran graves devaluaciones a la libertad. Son amenazas a la ciudadanía y a los medios periodísticos, que se ocultan bajo la inocente apariencia de defender los derechos humanos. Aquel proyecto de ley, que hoy pretenden aprobar bajo la figura de convenio internacional, originalmente imponía 3 años de cárcel a todo aquel que realizara actos que el proyecto denominaba de “discriminación cultural”, y además imponía otra pena idéntica a aquel que publique información que “discrimine culturalmente”. La pena se agravaría si tal discriminación era hecha por los medios de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué significa discriminar culturalmente?  Casi cualquier forma de ejercer la cultura ciudadana implica asumir una cosmovisión particular de la existencia. El simple hecho de asumir una filosofía -o una ideología-, es un acto propio de cultura. Así las cosas, cuando asumo una convicción, es porque he decidido discriminar otras. Si decidí ser demócrata cristiano, es porque discriminé otro tipo de opciones políticas o filosóficas contradictorias a ella. Si soy democristiano, es porque discriminé ser existencialista o, por ejemplo, marxista. Si abracé convicciones judeocristianas, es porque discriminé una cosmovisión materialista o atea de la existencia. Escoger es discriminar. Desde esa perspectiva, lo que este tipo de proyectos provocan, es criminalizar el ejercicio del derecho a asumir cualquier convicción cultural.

 

Otras tentaciones típicas de un Estado policíaco, y en las que ha incurrido nuestra clase política recientemente, es la de vigilar la vida privada de los ciudadanos, como sucedió con la UPAD y las pruebas FARO. En su magistral obra Stasiland, -dedicada a la etapa histórica del Estado totalitario de la Alemania del Este-, su autora Ana Funder, afirmaba que en los Estados policíacos se privilegia el orden por encima de la justicia, y tal perfeccionamiento del orden y la eficacia administrativa, implica la imposición de innumerables normas y de procedimientos intrincados que deben ser cumplidos a pie juntillas. La gente resulta absorta por la completa y obediente implementación del sistema, y así, empantanada en la gestión del día a día, pierde la noción de lo absurdo que obedece. En su obra sobre la banalidad del mal, también Hanna Arendt alertaba sobre los peligros de la obediencia de las normas cuando no se discrimina antes si éstas son convenientes.  fzamora@abogados.or.cr  

¿Qué engendra al Estado fracasado?

Dr. Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista.

Publicado en el Periódico La Nación

http://www.nacion.com/opinion/foros/engendra-fracasado_0_1662033785.html

Por mejor diseñados que estén, los Estados son entidades sociales que dependerán de sus líderes para transitar sobre los rieles correctos, porque el mismo potencial de autoridad que les permite a los Estados garantizar la libertad de sus ciudadanos, también les permite conculcarla. Al fin y al cabo, tal y como afirmó Max Weber,  “el Estado en su mínima expresión es una entidad social que, en una jurisdicción determinada, posee el monopolio de la fuerza.” Por ello países como Haití, Ruanda, Siria o Afganistán, son prueba fehaciente de que los Estados fracasados provocan crisis humanitarias que derivan en graves conflictos internacionales. El ejemplo más ilustrativo lo ofreció el débil Estado afgano, tan fallido que, a inicios de este siglo, fue tomado por Al-qaeda, un grupo de delincuentes internacionales arropados con el disfraz del islamismo, para montar la base de una transnacional terrorista. Pues bien, en un afán de que nuestro país no caiga nunca en las profundidades en las que han caído países como los del triángulo norte centroamericano, amerita contestar cómo se engendra a un Estado fracasado. En función de tal cometido, lo primero que debemos aclarar es que el Estado surge en la historia humana, gracias a las culturas capaces de acumular bienes. A partir de que el hombre desarrolla la actividad agrícola, logra almacenar producto. Esto por cuanto la cosecha del trigo, la cebada o el arroz, se podía conservar por mucho más tiempo de lo que se podía acumular lo cazado o recolectado, que era rápidamente perecedero.  Así, la acumulación de producto agrícola permitió riqueza a algunos individuos y además aprovechar su tiempo en actividades que requerían mayor abstracción intelectual. Nació una cultura más sofisticada de la que surgieron logros como la escritura, la moneda, y los inventos técnicos con alguna sofisticación, como las nuevas herramientas agrícolas, las armas  y gracias a ellas, los ejércitos.  

Igualmente fue posible esa magna creación de la cultura humana que es el Estado. ¿Por qué? porque el almacenamiento de granos permitió el desenvolvimiento de la actividad crediticia, surgiendo la deuda con ello, y estimulándose el uso del dinero. Esto a su vez fue catalizador de la existencia del Estado, pues éste era indispensable para darle confianza al valor de la moneda, compeler por la fuerza el pago de las deudas y proteger las ciudades y sitios donde se almacenaban bienes agrícolas. Por el contrario, las sociedades cazadoras y recolectoras, como las hordas del África profunda, las tribus del Amazonas o de la Norteamérica precolombina, u otras comunidades como los aborígenes de Oceanía, no fueron capaces de instituir la escritura, los ejércitos formales, ni mucho menos Estados. Así las cosas, la primera enseñanza de tal realidad histórica es la siguiente: el superávit fue un factor que hizo posible al Estado. Y a “contrariu sensu”, el déficit provoca la inviabilidad de los Estados. Es por ello que podemos afirmar que una de las razones por la que fracasan los Estados, es el hecho de que pertenezcan a sociedades con una balanza económica deficitaria. Más no demos por sentada que esa es la conclusión final.

Lo verdaderamente esencial en las sociedades no es su producción económica o comercial, sino los valores intangibles. Advierta el lector que al inicio anoté que el Estado fue una derivación de la cultura, y no de la economía, pues es el desarrollo cultural de una sociedad la que genera prosperidad económica, haciendo a su vez viable al Estado. Repasemos algunos elementos que sustentan esta afirmación. La Unión Soviética fue el Estado fallido más grande y poderoso de la historia humana. En su libro “El año que cambió el mundo”, Michael Meyer -periodista de Newsweek acreditado en Europa del Este-, revela cómo desde años atrás se tejieron  los liderazgos de los movimientos políticos, laborales, espirituales y culturales en general, que detonaron desde adentro la cortina de hierro. Hasta provocar, primeramente una crisis de la cultura, y consecuencia de ésta, un colapso del sistema productivo. Todo hasta el derrumbe económico del orbe comunista.

Donde no existe un fundamento cultural fuerte, el Estado fracasa. De ahí que gran cantidad de Estados fallidos modernos, son aquellos que no surgieron como resultado de un proceso cultural propio de la sociedad que aspiran controlar, sino que, en la mayoría de los casos, han surgido como imposiciones o construcciones artificiales. Así sucedió con Zimbawe, -originalmente denominado Rhodesia-, un Estado fundado por el británico Cecil Rhodes, colonizador y empresario minero. Es un ejemplo prototípico de muchísimos Estados, los cuales eran inexistentes antes del coloniaje europeo. Primero fueron construcciones artificiales de británicos, holandeses, franceses y portugueses, y finalizada la segunda guerra mundial, se generó el nacimiento de una oleada de Estados independientes donde antes existían colonias impuestas sin mayor antecedente histórico-cultural. El resultado: salvo contadas excepciones, la gran mayoría de ellos son Estados fracasados. Por el contrario, sabemos que el éxito de un Estado dependerá de la calidad de la cultura de la sociedad donde éste surge, pues es la cultura la que condicionará la calidad de las instituciones estatales.

 

Veamos a lo que me refiero. Por ejemplo, uno de los grandes debates ideológicos sobre el Estado se reduce al siguiente dilema: para alcanzar prosperidad ¿debe reducirse, o más bien aumentarse la fuerza y el alcance estatal? Pues resulta que el desarrollo de una sociedad más que depender del tamaño del Estado, dependerá de la eficacia de sus instituciones. Corea del Sur tiene un Estado con una buena dosis de intervención, como lo tenemos otras naciones latinoamericanas, sin embargo, Corea alcanzó niveles muy superiores de crecimiento, comparado con otros países intervencionistas de latinoamérica. Al leer a economistas como James Robinson y Daron Acemoglu, se infiere que los condicionantes fundamentales que inciden en la prosperidad en realidad dependen de la calidad de la política y de las instituciones de una nación, o sea, de su cultura. Y mucho menos de las variables económicas. De ahí lo grave que enfrentamos con hechos como el del “cementazo” y la corrupción asociada a su alrededor, pues si la descomposición de la cultura hace de las entidades públicas fines en sí mismas, socavando las instituciones democráticas que generan confianza, se está a las puertas del Estado fracasado. fzamora@abogados.or.cr

 

 

ESTADO FRAGMENTADO E INSULAR

Dr. Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista.

Publicado en La Nación:

http://www.nacion.com/opinion/foros/fragmentado-insular_0_1574842530.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_content=2016-07-24&utm_campaign=rss-opinion

 

¿Qué es un Estado fallido? Esencialmente, donde no es posible ejercer la autoridad. Ingobernable, sería un concepto sinónimo. Amerita escrutar las causas que imposibilitan ejercer la autoridad y algunas soluciones inmediatas para nuestro país. De esas causas, la principal es la indigencia cultural. Analicemos un ejemplo ilustrativo. Después de la sangrienta rebelión de los esclavos haitianos, el rey Carlos X acepta detener la represión contra aquella independencia, siempre y cuando éstos aceptaran la ordenanza que les exigía la bicoca de 150 millones de francos de oro. Como revancha a la atroz masacre de franceses hecha por los haitianos, los europeos impusieron esa grave indemnización con el objeto de resarcir a los colonos afectados. El historiador P. Girard, refiere que la exigencia fue remitida con una escolta de catorce buques artillados. Haití cedió, pues de no aceptarse la exigencia, sus puertos serían bloqueados y la isla sitiada hasta la inanición. Aquellas condiciones le impidieron a Haití su derecho humano al desarrollo, o niveles mínimos de educación para forjar una cultura básica. Así, permaneció en la miseria cultural que les caracterizó durante la era esclava, y que impidió el ejercicio natural de la autoridad y el poder en su sociedad. Desde entonces -por razones culturales-, ha sido un Estado fallido.

 

La segunda razón que engendra Estados fallidos e ingobernables, se deriva del abuso del poder. Ejemplos los hay en ambas frecuencias del espectro ideológico. En la derecha, vergonzosas dinastías como la Somocista. En la izquierda, los Estados tras la cortina de hierro, que colapsaron al unísono cuando el muro de Berlín se derrumbó. O la Venezuela de hoy, presa de saqueos por parte de un pueblo hambriento e indignado, es el ejemplo más reciente de un Estado fallido como resultado del ejercicio abusivo del mando.

 

Ahora bien, sin que medie la indigencia cultural o el abuso del poder, hay una tercera razón por la que las sociedades se tornan ingobernables. Dicha causa es el “Estado insular”, donde el poder está peligrosamente atomizado. En los Estados insulares el poder se fracciona en pequeños archipiélagos o feudos autónomos, de tal forma que, cada fragmento se anula recíprocamente hasta perder toda eficacia. Tal fragmentación es provocada por dos fenómenos sociológicos. Por una parte, una errática conducta política de la sociedad, que lleva a la inmovilización de la toma de decisiones como resultado de un exagerado desmembramiento político por la vía de una “democracia de cuotas”. La España parlamentaria de hoy, prolífica en opciones partidarias, y que alcanzó más de doscientos días sin formación de gobierno, es un ejemplo dramático. También Costa Rica ha venido experimentando esa peligrosísima tendencia a fraccionar la democracia en cuotas. Así se llegó al extremo de que un partido eligió un diputado que representa la cuota de interés de los taxistas informales. Llegará el momento en que los formales también pedirán la suya. No nos extrañe cuando los interesados en eliminar los exámenes de incorporación a los colegios profesionales hagan un partido, y así hasta el absurdo. En lugar de movimientos que velen por los ideales de la colectividad nacional, se están engendrando cascarones electorales representando cada interés creado. Un escenario digno de la dramaturgia de Jacinto Benavente.

 

 La otra razón por la que el poder resulta fraccionado, se debe a la patológica desviación de la cultura legalista; sucede cuando el sistema y los funcionarios públicos abusan de su potestad reguladora y de control. También cuando se tiene el prejuicio de que los problemas solo es posible solucionarlos con la instauración de entes burocráticos permanentes para cada situación. Lo que convierte a los Estados en entes fragmentados, o peor aún, con entidades duplicadas. No hay buen abogado litigante activo que no haya sufrido las consecuencias de esta patología. Un ente autoriza lo que tiempo después otro inspecciona desaprobándolo, y que a su vez es ratificado o rechazado por una tercera entidad, hasta que -luego de un vía crucis de años-, algún Tribunal descubre que toda aquella montaña rusa de aprobaciones y contra-aprobaciones, no era sino una arbitrariedad en perjuicio de algún cristiano arruinado por aquel macabro juego. Situaciones que parodian el hilarante son de Celia Cruz que cantaba “Songo le dio a Burundanga cuando Muchilanga y Borondongo pegó a Bernabé”.

 

Existen medidas que deben establecerse de inmediato para detener esta tendencia y que, entre otros, han sido propuestas por la Comisión sobre gobernabilidad en el cuatrienio anterior. Entre las más importantes, que los controles que no tengan relación con contrataciones o presupuestos, los ejerza la Contraloría General de la República posteriormente al acto y no antes. Darle carácter únicamente consultivo no vinculante a los dictámenes de la Contraloría y la Procuraduría, en aquellos casos que no sean estricta materia de protección de fondos públicos, y además, limitar las facultades de control y fiscalización de la Contraloría a las razones de legalidad. Bajo ese mismo enfoque, el diputado Guevara Guth nos entregó, y explicó al Comité Ejecutivo del PLN, un proyecto de ley denominado “Gobernar sin excusas”, cuya buena intención es facilitar la gobernabilidad y combatir la “insularización” estatal que he descrito. Aunque algunas de sus propuestas son improcedentes, una de las iniciativas viable, coincide con la recomendación de la Comisión de gobernabilidad, en el sentido de ordenar los entes descentralizados según sectores, y por vía decreto. Así mismo, que los incumplimientos de las directrices ejecutivas sean conocidos por el Consejo de Gobierno con fines correctivos y disciplinarios, incluida la eventual destitución de los jerarcas, de tal forma que al Presidente de la República se le faciliten sus potestades constitucionales de gobierno. Sin embargo, amerita advertir la tesis reiteradamente expuesta por el experto en administración pública Johnny Meoño, quien insiste en que buena parte de la causa de la ingobernabilidad del país no está en las leyes, ni en sus instituciones, sino en la reticencia de los gobernantes a “planificar, liderar, decidir y articular” conforme al marco normativo que ya ofrecen las leyes de planificación nacional, y general de administración pública. fzamora@abogados.or.cr