ESTRATEGIAS CONTRA LA CORRUPCION

Dr. Fernando Zamora Castellanos

La Medusa era un ser mítico de la cultura griega, de cuya cabeza se multiplicaban serpientes por doquier y que, además, convertía en piedra a todo aquel que, tan solo con mirarla, se atreviera a interactuar con ella. Tal y como en los últimos días hemos sido testigos a raíz de los procesos penales de obra pública, la corrupción es una suerte de Medusa moderna. En momentos en que el problema de la corrupción resulta más serio de lo que creíamos, amerita anotar algunas reflexiones sobre cinco estrategias que hoy me parece indispensable implementar para combatir la corrupción en Costa Rica. En primer término, resulta urgente reformar nuestra legislación de contratación administrativa, para establecer un límite en los porcentajes de adjudicaciones de contratos a las empresas. En muchas áreas temáticas de la contratación pública, es indispensable imponer coto al casi monopolio privado existente en la adjudicación de contrataciones. Tal y como se ha dado a conocer recientemente, resulta inaceptable descubrir que las dos principales empresas penalmente denunciadas por corrupción en construcción de obra pública, tuviesen tan concentrada la ejecución de ella en nuestro país. Tal práctica es letal para la democracia económica, y limitar esa monopolización es también conveniente para garantizar la planificación de obra a largo plazo, pues no conviene depender de tan pocas empresas para la ejecución de éstas. Todo ello redunda, además, en un problema final de eficiencia administrativa al reducir la toma de experiencia a muy pocos contratistas. Así las cosas, resulta indispensable que cada empresa contratante tenga un límite de porcentaje global máximo de adjudicación de obra con el Estado.

 

La segunda estrategia es fortalecer la digitalización de los procedimientos administrativos de contratación, y así, además, estimular la transparencia de éstos. Los procedimientos administrativos de contratación que se realizan por medio de la web, tienden a estar mucho más naturalmente supervisados, al ser de más fácil acceso a cualquier ciudadano por medio del internet. Además, este tipo de procedimiento democratiza regionalmente, pues facilita a cualquier empresa que se encuentre geográficamente alejada de los centros de poder del país, participar con las mismas facilidades logísticas que tienen las empresas de la meseta central. Para la tercera estrategia, insisto en lo que he venido afirmando con particular vehemencia: es indispensable desregular y entrar en un fuerte proceso de eliminación de trámites, requisitos, trabas y controles “ex ante”, o sea, los engorrosos controles previos a los proyectos, priorizando en las garantías de responsabilidad de los profesionales encargados de las obras. ¿Por qué? La realidad es que, en la reciente historia de Occidente, resulta demostrado que la aprobación de trámites y requisitos, ha engendrado un mecanismo de tortuguismo y paralización de obras, que devino en una suerte de mecanismo para la extorsión, tal y como sucedía en la primera mitad del siglo XX en los Estados Unidos, cuando las uniones de transportistas y de trabajadores de los puertos, tomadas por grupos delictivos, paralizaban la circulación de materia prima a cambio de obtener ventajas indebidas. Si la extorsión no era pagada, se ralentizaban las operaciones, la materia prima no circulaba, y con ello se ocasionaban pérdidas multimillonarias a la actividad industrial, con lo cual el daño era mucho peor. Un personaje icónico que ilustra el ejemplo fue Jimmy Hoffa. Aunque el anterior es un ejemplo propio de la historia estadounidense, es un grito a voces que, a partir de la tramitomanía que nos asfixia, muchos empresarios costarricenses se enfrentan a este tipo de prácticas corruptas en nuestro país, so pena de que los procesos adolezcan de curso eficiente.

 

La cuarta estrategia tiene que ver con el fortalecimiento de la actividad represiva del Estado. Con los casos de corrupción que han salido a la luz recientemente, nuestra policía ha demostrado un adecuado nivel de efectividad en su actividad investigadora y de inteligencia, sin embargo, basta escuchar las reacciones populares, para tener por demostrado que nuestra ciudadanía demanda mayor eficacia por parte de los órganos judiciales superiores. En este sentido, me parece oportuna la recomendación del Lic. Juan Diego Castro, que aboga por separar tanto el Ministerio Público como las dependencias policiales que hoy se encuentran bajo control de la Corte. Coincido en que la actividad de los jueces plenamente especializada como meramente juzgadora, no debería coexistir con la actividad coactiva y policial de dependencias como el Ministerio Público o la policía judicial, a la que hoy deben dársele mayor importancia estratégica, poder e independencia funcional. En este sentido, es oportuno estudiar la posibilidad de un proyecto de ley que, “apeando varios mangos de una sola pedrada” separe del control de la Corte, dependencias como el Ministerio Público y la actual policía judicial, y por qué no, separe también de una vez nuestra Sala Constitucional como Tribunal independiente.

 

Para el final dejo la sexta estrategia que, a mi criterio, es la más importante. Me refiero a la idea de retomar con fuerza la hoy casi inexistente Comisión Nacional de Rescate de Valores. Dicha comisión fue creada en 1987 mediante el decreto ejecutivo #17908-J del 3 de diciembre, y tenía como función prevenir la deshonestidad en la función pública mediante la promoción en ella de valores morales y éticos.  Para esto, a dicha Comisión se le había dado una importancia cardinal, y periódicamente debía formular políticas, objetivos y acciones que permitieran el funcionamiento de un sistema ético y de valores mediante filiales distribuidas en las diferentes dependencias del sector público. La comisión incluso estimulaba la existencia de filiales en las municipalidades. Desde las administraciones 2014 en adelante, la labor de dicha Comisión Nacional se ha visto prácticamente anulada, limitándose a entregar un premio anual que, por tradición, entrega a algún costarricense destacado en ese tema. Retomar esa labor es indispensable.  fzamora@abogados.or.cr