Dr. Fernando Zamora Castellanos
Por la única vía de las medidas fiscalistas no salimos del atolladero en
que nos encontramos. Para lograrlo, debe aplicarse una combinación simultánea
de cuatro estrategias que, antes de referirme a ellas, las enuncio brevemente:
a) iniciar un proceso serio de desregulación para bajar el altísimo “costo de
legalidad” que, tanto los ciudadanos como las empresas pagan para operar; b)
simplificar al máximo posible nuestro sistema tributario; c) detener el
derroche en el gasto revisando la tendencia creciente y generalizada de aumento
en el costo de los contratos públicos. Sobre esto último, adelante abordaré el
punto con ejemplos concretos. Y finalmente, d) la más importante de las
estrategias: entender que no hay mejor revulsivo para reducir el déficit
fiscal, que hacer crecer la economía.
En relación a lo primeramente citado, sobre la regulación excesiva que
afrontamos, vale aclarar que el denominado “costo de legalidad”, no es otra
cosa sino la cantidad de horas y recursos que gastan los ciudadanos y las
empresas para estar “a derecho”, o sea, al día con el Estado. Según lo expuesto
por investigadores como Hernando De Soto, hay una proporción inversa entre ese
costo y la capacidad productiva de las sociedades abiertas. En otras palabras,
entre más alto el costo de legalidad, menor es la capacidad productiva de la
sociedad. Es indispensable entonces implementar
un inventario de desregulación, y por la ingente naturaleza de la tarea, el
Ministerio de Planificación es la entidad apropiada para llevarla a cabo. Aquí
citaré solo dos ejemplos que reflejan la inflación regulatoria en la que
estamos; algunas medidas que deben implementarse de inmediato consisten en
eliminar absurdos como la obligatoriedad en la que están miles de empresas
nacionales, de volver a registrar cada año su capital accionario. Lo sensato es
que este registro se actualice únicamente en caso de que exista variación. ¿Qué
sentido tiene realizar la engorrosa gestión de reportar todos los años la misma
información original que ya el Ministerio de Hacienda posee? Otra ilustración
de lo que debe corregirse, es la disposición de exigir doble seguridad social a
aquellos pensionados rentistas, incluso en circunstancias en las que demuestran
que ya cuentan con seguridad internacional, la mayoría de éstos con servicios más
sofisticados de los que ofrece la nuestra. El doble pago encarece enormemente
su estadía en el país, y ha provocado que este tipo de rentistas, que antes generaban
importantes ingresos al país, gradualmente hayan dejado de radicarse aquí, para
irse a otros destinos, como el sur de Panamá.
En relación al segundo aspecto, el de simplificar nuestro sistema
tributario, esto significa, entre otras medidas, la de facilitar el cobro de
los impuestos, fusionar algunos de los impuestos actualmente existentes, y si
es posible también, valorar la baja en los porcentajes de cobro de algunos de
ellos, como señal generadora de confianza al sector productivo. E incluso,
estudiar la posibilidad de aplicar estrategias que han resultado exitosas en
otras naciones, como lo es, por ejemplo, un modelo similar al “flat tax”, que
resultó muy exitoso para la recaudación tributaria de los países de Europa del
Este, en donde se ha implementado.
La tercera
estrategia consiste en detener el derroche provocado por la tendencia creciente
y generalizada de aumento en el costo de los contratos públicos. Mediante
oficio fechado 16 de octubre del 2020, remití a los diputados de oposición una
solicitud formal para que se constituyera una comisión para investigar, entre
otros, cuatro contratos firmados por la administración pública a un precio totalmente
desproporcionado. Entonces solicité que se investigara, 1) el sospechoso
aumento en $10,5 millones de dólares en el contrato UNOPS vía Lindora, para un
excesivo precio total de casi $20 millones en tan solo dos kilómetros de
carretera. Tal investigación la solicité a raíz de las denuncias periodísticas
hechas el año pasado por el periódico La Nación; 2) el leonino costo
del sistema de cómputo del Ministerio de Hacienda por la exagerada suma de
$156.000.000 de dólares. Este contrato ha sido cuestionado por expertos en el
tema, entre otros, el fundador y CEO de la empresa Bearsoft Inc, Jimmy
Figueroa, experto en big data, ingeniero en sistemas con una amplia carrera en
el manejo de productos Microsoft, Oracle, Java e IBM, entre otros. Incluso, por
irregularidades de orden legal, personalmente denuncié este contrato mediante
un proceso que fue acogido y se encuentra en espera de sentencia; 3) igualmente
solicité que se investigara el altísimo gasto y costo, hecho en medio de esta
pandemia, de $54.000.000 de dólares para cámaras de vigilancia en carreteras,
en momentos en que no puede ser prioridad un contrato de tan altísimo costo. Es
necesario revisar el precio y la conveniencia del mismo; 4) la denuncia de la
prensa respecto al hecho de que la planta Reventazón del ICE, con un sobreprecio
de seiscientos millones de dólares y un costo final de 1500 millones de
dólares, produce apenas la mitad de lo prometido. En fin, se las trae el tema del derroche del erario por la vía de los
contratos abusivos.
Finalmente, la cuarta y última estrategia. Allí donde la economía se
expande, el déficit fiscal puede reducirse como consecuencia de su carácter
relativo. Ilustro el punto con un ejemplo básico: no es lo mismo una deuda
pública de 40 billones de dólares en una economía anual de 67 mil millones de
dólares, que lo que esa misma deuda podría significar si logramos hacer crecer dicha
economía mediante la oferta de nuevos servicios de gran escala al mundo. Por eso, hoy los proyectos de servicios
sofisticados de gran calado son más indispensables que nunca, como los que he
venido exponiendo en los últimos meses, tal cual lo hice en un reciente artículo
publicado en este diario bajo el título “Cuatro proyectos para desarrollar
sin dinero del Estado” (27/abril/2021). fzamora@abogados.or.cr
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